Investigaciones a profundidad para comprender mejor lo que ocurre y, al mismo tiempo, identificar las formas más viables de incidir en la realidad, a fin de que sea más justa y más digna para todas las personas

En tiempos en que los videos cortos son la principal fuente de información para los jóvenes, el reportaje se mantiene como un género rebelde y urgente a la vez, que permite hacer un análisis concienzudo de los cambios de nuestra era. La amplitud de voces y perspectivas es clave en un trabajo de investigación que busca ofrecer la radiografía completa de un asunto, que presenta todas las piezas de un rompecabezas. Pero, en muchas ocasiones, esas mismas piezas forman parte de otro rompecabezas, uno mayor, que tampoco acepta ser observado a medias o en partes, porque cada historia, grande o pequeña, va armando el continuo movimiento del cambio social.

Desde hace 19 años, la sección Indivisa de MAGIS ha presentado reportajes de investigación profundos, con diferentes perspectivas, acerca de asuntos propios de diferentes campos profesionales y en los que se han registrado los cambios políticos, económicos o tecnológicos. Pero, en el camino, también se ha convertido en una valiosa fuente documental para conocer las luchas sociales y los movimientos de resistencia en Jalisco, en México y en otras latitudes, de tal modo que al revisar esta historia se facilita el reto de observar esas luchas en su conjunto, como las “líneas de continuidad de las que depende el futuro del mundo”, según las describiera el sociólogo irlandés John Holloway.

Indivisa es una palabra que proviene del vocablo latino indivīsus y, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa “no separado o dividido en partes”. Lo que no se puede dividir. Desde la edición 379, de junio de 2005, según el clavado que me eché en la hemeroteca digital de MAGIS, en dicha sección se ha ahondado en una amplia variedad de temas, desde el desarrollo local de la biotecnología hasta el auge del trabajo freelance; desde la lucha por la transparencia y la batalla por el conocimiento en la era digital, hasta las peores rutas del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Es un registro de grandes cambios ocurridos en 19 años, con una enorme cantidad de buenos reportajes. Seleccionar sólo cinco como los más destacados no fue nada sencillo. En esas páginas hay historias como la de los sembradores de agua, de Priscila Hernández (edición 489); el ejemplo maorí, de Eugenia Coppel (471); las reflexiones en torno al caso Ayotzinapa, de Daniela Pastrana y Édgar Velasco (448); la memoria del año 68, de Rubén Martín (466); la exposición de las caras de la pobreza, de Gabriel Orihuela (459); las condiciones laborales en la industria electrónica, de Vanesa Robles (432), o las historias de muerte y vida en los incendios forestales, de Agustín del Castillo (409), por citar apenas algunos ejemplos.

Al revisar esta hemeroteca y encontrar la enorme cantidad de cambios sociales documentados, decidí visualizar Indivisa como una de las “líneas de continuidad” en las “grietas” sobre las que invitaba a pensar Holloway al plantearlas como clave para cambiar el mundo. “Hay una línea de continuidad entre lo obvio y lo escasamente visible”, escribía el sociólogo, invitando a observar una grieta en una pared, con un extremo claro y ancho y en el otro una delgada línea que apenas podemos ver. “Las líneas de continuidad son las líneas del movimiento potencial y de posibles confluencias. El extremo obvio de la grieta es el levantamiento zapatista o las grandes manifestaciones contra las reuniones cumbre. El extremo delgado es la mujer que se sienta a la mesa de su cocina leyendo con entusiasmo las últimas manifestaciones antiimperiales, o la muchacha que, en lugar de ir a trabajar, se sienta en el parque a leer un libro, sencillamente por placer”.

Holloway plantea que las claves del cambio social profundo no sólo están en las grandes “grietas” del sistema, sino también en las pequeñas fisuras, en las transformaciones de las actividades cotidianas de millones de personas, de sus emociones o saberes, que abren alternativas desde la negación y la dignidad. En su libro Agrietar el capitalismo. El hacer contra el trabajo, el irlandés invita a observar “las líneas de continuidad que corren desde las grandes insubordinaciones hasta las pequeñas, aparentemente insignificantes insubordinaciones. La cuestión central no es la conciencia, sino la sensibilidad: la capacidad para palpar esas insubordinaciones”.

Palpar: ésta fue otra capacidad que encontré en la redacción de los reportajes de Indivisa en torno a problemas sociales y políticos, con una amplitud de miradas de profesionales comprometidos, en algunos casos escritas por los sujetos mismos de las historias. Con sensibilidad abordan cuestiones dolorosas pero urgentes, de muerte y vida en las múltiples crisis que nos siguen afectando hoy, como la violencia, la devastación ambiental, los despojos de territorios y los efectos psicológicos que ocasionan. Pero también hay espacios para la esperanza, la celebración y la organización de las personas que, como dice Holloway, surgen de un grito de ira, de negación, a partir del cual crece la dignidad y van formándose grietas que se mueven por el sistema.

Pero la principal línea de continuidad que encontré es la que forma una serie de personas, de pueblos y comunidades que luchan por la vida, desde encontrar vivos a sus seres queridos o proteger a la naturaleza, hasta sobrevivir a la contaminación, al despojo de tierras y al olvido.

Ayotzinapa, “la indignación y la rabia no pueden acabar”

MAGIS 448

Para mantener vivas la memoria y la demanda de justicia por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, resulta importante revisar los dos textos que aparecieron en la sección Indivisa de la edición 448 de MAGIS, publicada poco después del primer aniversario de los ataques que ocurrieron en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. En el primero, la periodista Daniela Pastrana ofrece un recuento de lo ocurrido hasta esa fecha en términos de la investigación que, para el gobierno de Enrique Peña Nieto, había terminado con la así llamada “verdad histórica”, una tesis según la cual los estudiantes presuntamente fueron asesinados y sus cuerpos quemados en un basurero en Cocula, y que fue desacreditada por el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El reportaje de Pastrana recuerda la extraordinaria respuesta social ante la desaparición de los estudiantes, con miles de protestas que se realizaron de manera espontánea por todo México y en numerosos países. Uno de los testimonios más poderosos del texto es el de Anna Gatica, joven creadora de Chilapa, quien el 29 de mayo de 2015, durante un frívolo evento organizado por el Instituto Electoral para tratar de frenar el rechazo popular a las elecciones intermedias de ese año debido al caso Ayotinapa, irrumpió con micrófono en mano para denunciar que: “La indignación y la rabia no se pueden acabar […] pedir un minuto de silencio por cada desaparecido y por cada asesinado en nuestro país es quedarnos callados eternamente”.

Pastrana también recuerda cómo después de la desaparición de los normalistas se organizaron brigadas comunitarias que recorrieron cerros y destaparon otra cloaca: la de los otros desaparecidos en la región. Ayotzinapa se había convertido en un caso paradigmático de la crisis por desaparecidos. En el otro texto de esa edición, Édgar Velasco consigna la conversación sostenida con Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante de los familiares de los normalistas, quien le dijo: “Ayotzinapa condensa todas las problemáticas que vive México. Ahí se condensa la desaparición forzada como un hecho orquestado desde el Estado contra las personas. Se condensa la corrupción de las elites y de la clase política, el autoritarismo, la falta de acceso a la justicia, las violaciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, el olvido en que se encuentra la educación pública”.

Vidas en búsqueda de los desaparecidos

La primera publicación en formato digital de Indivisa, en junio de 2005, casi coincide con el inicio de la crisis por la violencia que se desató en 2006, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, lanzó a las Fuerzas Armadas a una supuesta guerra contra el narcotráfico. Desde entonces fueron escalando las cifras de personas asesinadas y desaparecidas, y junto con ellas la cantidad de familiares que también son víctimas de las muchas formas de violencia y horror.

Todos los trabajos al respecto pueden leerse como parte de una línea que inicia en los años setenta del siglo pasado, en el marco del periodo de represión conocido como guerra sucia, y llega hasta el presente, cuando la cantidad de desaparecidos en México supera las 100 mil personas. Un grito ha recorrido durante casi 50 años las diferentes demandas por la aparición de los ausentes: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. Los familiares de las personas desaparecidas, en especial sus madres, muchas veces agrupadas en colectivos que se han multiplicado en los últimos 19 años, representan una de las mayores luchas por la vida que se niegan a dejar desaparecer en el olvido del sistema. Y por ello se juntan, organizan y salen ellas mismas a buscar a quienes arrebataron de su lado.

Un ejemplo es la historia de Las Rastreadoras de El Fuerte, un grupo de madres buscadoras que se organizaron en Sinaloa en septiembre de 2014, ante la inoperancia de las autoridades, para buscar a sus tesoros. Su historia está documentada con detalle en el reportaje “‘¡Promesa cumplida!’ Madres que desentierran a sus tesoros”, escrito por Darwin Franco y Dalia Souza, con fotos de Héctor Guerrero, en la edición 462 de MAGIS (marzo-abril de 2018). El relato se centra en la señora Mirna Nereyda, una de las fundadoras de este colectivo, y la búsqueda de su hijo, Roberto Medina Quiñónez, desaparecido en 2014. El reportaje describe los “dos entierros” que ha vivido la madre: el primero cuando ella misma, con sus propias manos, desenterró la osamenta de su hijo en 2017, y el segundo ese mismo año, cuando Roberto fue sepultado en el panteón de El Fuerte, momento en el cual Mirna gritó: “¡Promesa cumplida!”. Franco y Souza explican que “un crimen como la desaparición rompe toda lógica de vida, y lo que para otros habría significado un espacio de duelo, para ella fue un acto de memoria, una catarsis con la que pudo romper, por fin, la incertidumbre de no saber dónde y en qué condiciones estaba Roberto. Se cumplió una misión de esperanza, porque la vida le alcanzó para hacer regresar a su hijo de una desaparición”.

Aunque cumplió su promesa de recuperar a Roberto, Mirna siguió comprometida con la misión de sus compañeras. Les dijo a los reporteros: “Mi vida ahora es esto; Las Rastreadoras ya no tenemos otra vida: ésta es nuestra vida. Nosotros no somos sólo un grupo, somos una familia y a esta familia aún le hacen falta muchos tesoros” (así es como llaman a sus hallazgos). “Yo vengo a las búsquedas a encontrar tesoros; así lo hago cada miércoles y domingo, porque ésta es mi vida. Yo encontré a Roberto, pero me hacen falta los tesoros de mis compañeras… Mi Roberto es de ellas y míos son cada uno de sus tesoros, y hasta que no los encontremos a todos, yo no dejaré de buscar. Buscar es ahora mi vida”.

Para otros familiares, la búsqueda de un desaparecido puede llevar a la muerte. En los últimos años han aumentado los ataques a madres, padres, esposas o hermanos que buscan a sus ausentes. Analy Nuño documentó las historias de 17 de ellos, quienes “por meses y años enfrentaron en su camino el desdén de las autoridades y la persecución de los perpetradores. Abandonaron su vida para dedicarse a investigar, a desenterrar huesos, a buscar indicios, a perseguir culpables, y pusieron a prueba a un Estado que hasta ahora no les ha hecho justicia”.

En el reportaje “Morir en la búsqueda: la otra pesadilla”, publicado en la edición 493 (mayo-junio de 2023), Nuño cita a Silvia Chica Rinckoar, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD): “A las personas buscadoras ya no les importa ser blanco de amenazas, porque su objetivo es encontrar a sus familiares y en la búsqueda están revelando lo que está pasando en esas zonas de estos contextos tan violentos. Cuando encuentran fosas en ciertas zonas, te preguntas: ¿por qué están ahí?, ¿quiénes están ahí?, ¿qué historia traen los cuerpos hallados?, ¿a qué grupos está señalando esa fosa? Se está abriendo una caja de Pandora y hay mucha responsabilidad, por el encubrimiento que pueden estar haciendo las autoridades. Por esta razón, del conjunto de víctimas que nos deja la violencia en México, los familiares de personas desaparecidas son a quienes más debemos proteger y tener siempre el foco sobre ellos”.

La clave en el trabajo de Nuño está en la impunidad de los crímenes de alto impacto, como la desaparición o el asesinato de buscadores. En el reportaje, Alejandra Cartagena López, abogada, activista y académica del ITESO, advierte que, a causa de su desconfianza originada por la falta de resultados, las familias salen a buscar aceptando los riesgos, pues es claro que las autoridades no buscan a los desaparecidos y muchas veces están involucradas, ya sea por omisión o por acción.

Las raíces de la crisis por desapariciones de personas, caracterizada por la impunidad y, en muchos casos, por la participación de las autoridades, están en el pasado, en la llamada guerra sucia, como demuestra el reportaje “La memoria de la búsqueda más dolorosa”, escrito por Alejandra Guillén en la edición 450 de MAGIS (febrero-marzo de 2016). Se trata de un importante trabajo de rescate de memoria que narra cómo hace 50 años, en 1974, se creó en Jalisco el primer Comité de Familiares en Defensa de los Presos Políticos, que desde sus inicios exigía la presentación con vida de algunos detenidos. Va refiriendo con detalle, a partir de los testimonios de familiares, una historia de búsqueda que sigue hoy en día, porque aún hay alrededor de 20 de los detenidos entonces que continúan desaparecidos. La lucha era por la presentación con vida, “por el acceso a la verdad y la justicia y para que episodios como el de la guerra sucia no se volvieran a repetir. Y, sin embargo, se repitieron, con un despliegue refinado de técnicas de contrainsurgencia —como lo han explicado los académicos Carlos Fazio y Jacobo Silva, exintegrante de la guerrilla rural en Guerrero—, cobijados por el discurso de la supuesta guerra contra el narcotráfico, señala Guillén.

En el reportaje habla Leticia Carrasco, hermana de Jorge Carrasco, detenido y desaparecido en 1977 en el barrio El Zapote, de Guadalajara, quien piensa que no se aprendió nada de aquella época; que, en lugar de solidarizarse con las familias de los desaparecidos, la sociedad ha preferido pensar que de seguro en algo andaban, un discurso con el que “el exterminio se sintió como ajeno y se pensó que sólo alcanzaba a los que andaban por mal camino. Tanto entonces como ahora, las familias de los desaparecidos —casi siempre sus madres— salieron a buscar a su gente, a repetir el nombre de los que faltan, a luchar por la vida entre tanto horror, a enfrentar a ‘los criminales mercenarios del gobierno’, como los llamaba doña Rosario Ibarra de Piedra”.

“Una vieja sentencia afirma que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y México es un país dado a olvidar: la falta de memoria colectiva es uno de los principales males que afectan al país. Hace casi 40 años era una veintena de familias jaliscienses la que buscaba a sus desaparecidos y las madres iban acompañadas por el Frente Nacional Contra la Represión. Ahora, según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, en la entidad hay 2 mil 113 personas de las que no se conoce su paradero”, anotó Guillén en 2016. Ocho años después, hay casi 15 mil desaparecidos en Jalisco.

Justicia comunitaria para sanar heridas colectivas

MAGIS 432

En 2013 brotaban por el país expresiones de ciudadanos que se organizaban para defenderse del crimen organizado. Pero la experiencia de la Policía Comunitaria en la Montaña de Guerrero es un caso aparte y especial, porque surgió desde las propias creencias y costumbres ancestrales de las comunidades indígenas, no sólo como un grupo de autodefensa; más allá de ello, es una forma de justicia en comunidad para sanar de forma colectiva las heridas de la violencia.

Daniela Rea documentó muy bien la historia de esta policía comunitaria en el reportaje “La justicia de todos”, que es un capítulo del libro Entre las cenizas: historias de vida en tiempos de muerte, escrito por 10 integrantes de Periodistas de a Pie, y publicado en MAGIS . Ahí la autora hace un gran resumen de esta forma de justicia: “Para la Policía Comunitaria, con base en sus creencias ancestrales, si una persona hace daño a otra es porque la educación en el hogar falló y la comunidad entera debe salir al paso para que no vuelva a hacer mal. Así, cada habitante tiene tarea por hacer. En su estructura, los policías vigilan el camino y detienen a los delincuentes, otros habitantes actúan como jueces y dictan el tiempo de castigo que pasarán de pueblo en pueblo haciendo faenas. Los mayores, como Fulgencio, son los responsables de la reeducación, y las mujeres preparan la comida para alimentarlos a su paso por el pueblo. Mientras en el sistema tradicional a alguien que robó un pescado le dan un año de cárcel, en este sistema la condena es sanar con su trabajo las heridas colectivas”.

Heridas emocionales de un pueblo en crisis

Asociada a la escalada de la violencia ha crecido otra crisis que permanece latente pero silenciada: la de la salud mental. Pocos trabajos periodísticos han abordado la trascendencia de los traumas asociados a las diversas formas de violencia en el estado emocional de miles o millones de personas afectadas en un país donde la atención mental aún es insuficiente y en muchas ocasiones lejana del alcance de la mayoría de la población. Alicia Calderón abordó este asunto desde 2012, cuando contó cómo grupos de profesionales de la salud se organizaban para aprender a tratar las heridas emocionales causadas por la crisis.

Las cifras que ofrecía Calderón entonces para dimensionar el daño emocional me congelaron. “Se calcula que por cada persona asesinada durante la guerra contra el narcotráfico hay 10 víctimas con daño psicológico, de las que 20 por ciento desarrollará una enfermedad mental mayor”, advertía en el reportaje “Terapeutas contra la violencia: Profesionales para sanar las heridas de un pueblo en crisis”, publicado en la edición 426 de MAGIS.

Si actualizamos las estadísticas, considerando los asesinatos ocurridos durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, con casi 449 mil 856 víctimas acumuladas, hoy habría casi 4.5 millones de afectados, con casi 900 mil personas padeciendo algún trastorno mental mayor. Y si se considera a los casi 100 mil desaparecidos, habría otros 997 mil afectados, casi 200 mil de ellos con trastorno mental mayor.

Contacté a Alicia Calderón, quien vive desde hace ocho años fuera de México, y me contó que la idea del reportaje surgió a partir de su primer documental, Retratos de una búsqueda, en cuya producción “conocí a un niño pequeño que se llama Diego, que es hijo de Dalia, una mujer desaparecida, y en el proceso de investigación de este documental me di cuenta de que la familia no sabía cómo gestionar emocionalmente la desaparición […] A partir de ahí, me preguntaba cómo ayudar a gestionar las emociones de las personas que son víctimas secundarias, digamos, de una desaparición o de un asesinato, y tenía ganas de hacer un documental sobre eso. Entonces empecé a buscar grupos que trabajaran en el ámbito de la salud mental y, desgraciadamente, encontré poquísimos; sin embargo, di con el grupo Monterrey, que tenía muy poco de empezar a organizarse; eso dio como fruto ese reportaje, que considero la semilla de mi segundo documental, Dibujos contra las balas”.

Desde la distancia, Calderón considera que “desgraciadamente es un asunto que va a peor”. Me explicó que su principal motivo para emigrar de México fue la permanente ansiedad, el estado de alerta y el miedo que suelen sentir periodistas documentales o personas que ejercen profesiones de riesgo en un contexto de violencia como el que impera en nuestro país. “Me diagnosticaron estrés postraumático, y no fue sino hasta prácticamente ocho años después del diagnóstico que pude iniciar un proceso terapéutico, porque no lo podía pagar. Somos muy pocas las personas que tenemos esa posibilidad de tener atención y ayuda para trabajar con nuestros procesos emocionales derivados de experiencias con la violencia en México”.

La precariedad laboral detrás de los gadgets

MAGIS 432

La posibilidad que tiene un obrero de la industria electrónica de comprar uno de los teléfonos “inteligentes”, computadoras, pantallas u otros aparatos de alta tecnología que él mismo fabrica, es remota. Vanesa Robles expuso la realidad del trabajo precario en este sector de manufactura tan consentido por los diferentes gobiernos. Si la persona que ensambló la computadora quisiera comprarla, no podría, porque “tendría que dejar de comer, no enfermarse, declararse en moratoria ante su casero y permanecer encerrada, para no gastar en los traslados”.

En su reportaje, titulado “¿Cuánto ganan los que ensamblan tus gadgets?”, Robles explica que “todos los días se inventa, lejos de México, el-aparato-más-veloz y se necesita quién lo haga rápidamente y barato, para que otro lo compre caro y lo ame hasta que se invente otro más-veloz”. Como ejemplo, recuerda que según el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), por el modelo “BlackBerry Torch 9800, que se fabricó en la planta de Jabil, en Zapopan, y se vendió en 9 mil pesos en México, cada obrero tapatío que participó en la producción ganó 0.1 por ciento del costo final del aparato. O sea: nueve pesos. Mientras tanto, la Rest In Motion (RIM) —la compañía canadiense detrás de los aparatos BlackBerry— anunció que en su último año fiscal, que terminó el 26 de febrero de 2011, obtuvo 3 mil 400 millones de dólares en ganancias por la venta de 52.3 millones de teléfonos. El factor de ganancia de la trasnacional fue de 65 dólares por teléfono, en tanto que cada trabajador obtuvo seis centavos de dólar”.

A la orilla del infierno ambiental

Una de las peores crisis que vive Jalisco es la del medio ambiente, que se agudiza en sitios como en El Salto y Juanacatlán. El daño causado por la contaminación en sus poblaciones fue silenciado durante muchos años por las autoridades, mientras las personas iban enfermando y muriendo en una región denominada “infierno ambiental” por el secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, en 2019, cuando finalmente hubo un reconocimiento oficial de la gravedad del daño. Pero hace 15 años, las autoridades insistían en ocultar el problema. Eso impulsó a Paula Islas a realizar un doloroso pero importante fotorreportaje que presenta los rostros de personas, todas vecinas del río en El Salto y todas enfermas con cáncer, insuficiencia renal u otros padecimientos.

Algunas de las personas que aparecen en “A orillas de la enfermedad”, publicado en la edición 411 de MAGIS (agosto-septiembre de 2009), murieron poco después de que el reportaje fuera publicado, entre ellas un niño llamado Ramón, quien en la fotografía de Islas aparece junto a su padre y uno de sus seis hermanos. Otras 2 mil 646 personas han fallecido afectadas por la contaminación del río Santiago, según el recuento de víctimas que lleva el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto desde 2008 (El Informador, 15 de febrero de 2024). Para dimensionar la extensión de la catástrofe, en el reportaje de Paula se menciona que ese comité había contabilizado —hace 15 años— “11 muertos en lo que va de 2009 por cáncer o insuficiencia renal, y seis personas en fase terminal por estas enfermedades”.

Paula me contó que la idea surgió “en algún momento previo a 2007: antes de dejar el periódico Público, donde trabajaba como fotógrafa, visité la zona de El Salto. Algunos vecinos que recién se mudaban a los nuevos fraccionamientos estaban preocupados por los olores penetrantes y pestilentes del río. Al estar ahí, recuerdo que me impactó que las rejas de los canceles, así como cualquier objeto de metal, estuvieran completamente carcomidos; y el olor que desprendía el río era denso, flotaba en el aire haciendo muy difícil respirar sin tener una sensación de entumecimiento en la lengua, que permanecía por horas”.

“Fue en abril de 2009 cuando sentí la necesidad de contar esta historia”, continúa, “ante la insistencia, por parte de las autoridades de Salud del gobierno, en no reconocer que había un grave problema producto de la contaminación en el río Santiago, en su paso por las zonas de El Salto y Juanacatlán. Había sonado el caso del niño Miguel Ángel López Rocha, quien cayó al río jugando con amigos y no sobrevivió [en 2008]. Era evidente el daño causado por la contaminación en el agua y en el aire, producto de los desechos que el corredor industrial arrojaba sin pudor, sin responsabilidad alguna. Empresas agroindustriales, sustancias químicas, aguas negras y un basurero mal planeado muy cerca de ahí”, señala, en referencia al vertedero de Los Laureles.

Paula contactó a Graciela González y a Enrique Enciso, de la asociación Un Salto de Vida, “quienes en ese momento me orientaron y acompañaron en la búsqueda de casos de personas que me permitieran entrevistarlas. La intención era darles voz a las personas que experimentaban alguna enfermedad derivada de la exposición al río y que fueran ellas quienes contaran su historia y su experiencia viviendo ahí”. Historias y rostros como los presentados por Paula ayudaron a revelar la negligencia de las autoridades.

Cuando Paula hizo su trabajo, aún no “había estudios científicos oficiales que dimensionaran el grado de perjuicio de esta crisis ambiental”. Después fueron apareciendo varios; uno fue el que realizó en 2010 un equipo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) acerca de la contaminación del río Santiago y su efecto en los habitantes de la zona, para el cual se muestreó a 330 niños de entre seis y 12 años, de seis poblaciones cercanas al río; los resultados demostraron que más de 40 por ciento de ellos tenía padecimientos relacionados con enfermedades graves como cáncer, daño neurológico o renal, así como alteraciones hematológicas terribles (Aristegui Noticias, 30 de enero de 2020).

Lo más grave es que esa investigación fue solicitada por la propia Comisión Estatal del Agua de Jalisco a la UASLP, por medio de un convenio interinstitucional, curiosamente en 2009, mientras Paula realizaba su trabajo. Pero en Jalisco, las autoridades lo ocultaron durante 10 años, hasta que el periodista José Carlos Toral lo reveló gracias a las peticiones hechas vía Transparencia en enero de 2020.

A 15 años de distancia, Paula reconoce que “la situación sólo ha empeorado en la zona desde entonces. Son muchos años ya sin que haya habido una intervención seria para sanear el río. Ahora se sabe que no sólo es la zona de El Salto, sino toda Guadalajara la que sufre un alto grado de contaminación, y eso tiene repercusiones serias en la salud de la ciudadanía. Basta con percibir el olor al llegar a Guadalajara a la altura del aeropuerto, o de la central camionera, o la zona de Tlaquepaque, o en Las Pintas. La calidad del agua con la que nos lavamos los dientes, con la que nos bañamos. Ahí creo que nos alcanza a todas y todos sin importar la clase social. Considero que es urgente crear leyes que produzcan las sanciones a los responsables de verter por más de 30 años desechos industriales nocivos para el medio ambiente en el río y, por otro lado, provocar los cambios necesarios para comenzar a sanearlo”.

La trata, viejo y agazapado fantasma

MAGIS 418

Un fantasma viejo, del que nadie quiere hablar, recorre desde hace años las rutas de la migración entre Centroamérica y Estados Unidos, y suele aparecerse en la frontera entre México y Guatemala. Es la trata de personas en esa región donde el contubernio entre autoridades y crimen tejió una fina red difícil de descifrar “que hace que la trata no parezca trata”, explica el periodista salvadoreño Óscar Martínez, sino que es “culpa de la muchacha. Ella quiso quedarse. Los métodos de chantaje de los tratantes se camuflan como propuestas en las mentes de mujeres acostumbradas a sufrir y a ser valoradas como mercancía. Al final, nadie tiene la culpa. Las cosas son como son. Así han sido siempre”.

Esa terrible realidad es la que descubrió el periodista al intentar desenredar esa fina red para exponer cómo funciona la trata en los muchos burdeles que abundan en esa frontera. Su relato quedó plasmado en crónicas que forman parte del libro Los migrantes que no importan, del que MAGIS reprodujo el capítulo “Las esclavas invisibles, el infierno centroamericano en Chiapas”. Por medio de entrevistas con mujeres hondureñas, salvadoreñas y guatemaltecas que se dedican al trabajo sexual, Martínez expone en un relato detallado cómo opera la trata. “La trata es confusa hasta para aquellos para los que no debería serlo”, cuenta Martínez, porque “a veces las autoridades migratorias actúan como acosadoras de las mujeres. ¿Quién quiere denunciar en un caso de trata a un agente que te ofrece sexo a cambio de libertad? Y la negligencia no termina ahí. El Instituto Nacional de Migración, como ya explicaba el fiscal antitrata, es el que muchas veces impide que estos testimonios lleguen a un juzgado o a los cónsules”, al deportar a las migrantes sin entrevistas previas. Por medio de dolorosos testimonios, como los de Connie, Keny y Érika, el periodista narra cómo operan ahí los mecanismos que mantienen a miles de mujeres, muchas de ellas desde que son niñas, convertidas en esclavas invisibles.

El territorio como vida e identidad

El 28 de octubre de 2021, el pueblo coca de Mezcala, en la ribera del lago de Chapala, logró una victoria histórica: el Tribunal Superior Agrario ordenó la restitución de las tierras comunales que estaban en litigio luego de que fueran invadidas por un influyente empresario tapatío. Después de 21 años de lucha buscando recuperar su territorio, la autoridad le dio la razón a la comunidad, que celebró otra victoria en la larga historia de defensa de su tierra, de su cultura y de su vida, como cuenta Manuel Jacobo en el reportaje titulado “Mezcala: una lucha ganada”, publicado en la edición 485 de MAGIS (enero-febrero de 2022).

Seleccioné este reportaje por varias razones. En primer lugar, porque lamentablemente aún son pocas las historias de éxito en el país de comunidades originarias en defensa de su territorio, aunque la justicia aún está pendiente. Y también porque la redacción de Manuel Jacobo se siente desde el corazón, es vívida y detallada, en buena medida porque él mismo es miembro de la comunidad indígena, ha defendido a Mezcala desde joven y le gusta narrar su tradición oral con el periodismo.

Debido a su gusto por narrar la tradición oral de la comunidad, Jacobo incluyó un corrido que canta Silvino Sepúlveda García, quien es el encargado de los cantos durante el ritual que se realiza en el sitio sagrado La Nola para pedir la lluvia, con el que resume la invasión más reciente y el proceso para recuperar el territorio sagrado:

Voy a cantar un corrido, sin agraviar al presente,
lo que sucedió en Mezcala, municipio Poncitlán.
Se querían robar la Isla pa’ poderla negociar…
También llegaron avisos de unos señores muy listos,
que vendieron El Pandillo por querer hacerse ricos,
pero nunca lo lograron porque les salieron al brinco,
un grupo de comuneros les hicieron el plantón.
Fueron los que defendieron con muchísimo valor,
se fueron contra Guillermo pa’ quitarle lo ca… mpeón.

Manuel me dijo que escribir el reportaje “fue un torbellino en la cabeza”, por muchas razones: “la gente externa puede tener sensibilidad o no, pero muchas veces les falta el contexto de lo que se vive diariamente en la comunidad. Hubiera sido imposible que alguna persona externa lograse captar la importancia histórica que tenía, por ejemplo, para el señor Silvino Sepúlveda, la recuperación de ese territorio. Yo sentía que tenía la responsabilidad de escribirlo, pero también mi corazón estaba cantando ese corrido que hizo Silvino, o la canción que le cantaron en 2008 en el predio cuando aún estaba invadido: ‘Sacaremos a ese buey de la barranca’”.

También dijo que ese trabajo “dejó claro que el ejemplo ante la privatización es la colectivización” y que “las amenazas al territorio eran las mismas desde hace casi 500 años y que quizá no va a cambiar el panorama dentro de mucho tiempo, debido al auge inmobiliario”.

La invasión más reciente forma parte de esas amenazas inmobiliarias que acechan a Mezcala, en parte por las vistas del lago desde de sus cerros. Y sigue vigente. Si bien la comunidad logró la restitución de sus tierras, Jacobo explicó que “la reparación de justicia no ha concluido por diversos asuntos: el invasor no se fue de nuestro territorio. En el paraje del Camalito sigue teniendo la charca que usó para desviar aguas y formar un sistema productivo de acuicultura financiado, en parte, con recursos públicos, pues obtuvo dinero de un programa estatal. Ahí tiene un criadero de pescado con el que continúa su actividad y sigue dividiendo a la población, pese a las denuncias ante las instituciones pertinentes por deforestación y daño al medio ambiente, pues está en el bosque. A eso podemos sumar las denuncias que siguen vigentes contra los habitantes que fueron criminalizados en 2011 y que fueron procesados después de la detención de Rocío Moreno. Aunque no lo buscamos y sólo queremos que se largue, tendría que hacer reparación del daño, tanto al bosque como a las familias afectadas y a la comunidad”.

Por eso, “mientras las autoridades no solucionen esta invasión por completo, la justicia será incompleta. A eso se siguen sumando las amenazas del desarrollo inmobiliario que nos llegan cada día más a la puerta de la casa. Ahora llegó la voracidad del agave azul y la contaminación que sigue sin resolverse de fondo”. Además de que hay una deuda histórica con los pueblos originarios, porque “las constituciones en Jalisco y en otros estados no reconocen a las comunidades como sujetos de derecho”. Además, el sistema agrario está en su contra: “desde que inició el proceso de Mezcala se ha señalado que los juicios agrarios están hechos para que las comunidades desistan, pues son caros y con mucha burocracia. El caso de Mezcala fue único, duró sólo poco más de 20 años, pero hay comunidades que tienen 50 años con sus procesos y no ven el final. Es decir: el sistema agrario no se hizo para proteger a las comunidades, sino todo lo contrario”.

La defensa del viento y de la vida

MAGIS 451

“Hasta ahora, el balance de la energía eólica muestra un serio desequilibrio en el reparto de beneficios, que intensifica las desigualdades en una región históricamente marginada”, como lo es el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, escribe Étienne von Bertrab en el reportaje “Energía eólica: la lucha por el viento en México”.

La narración arranca el 29 de enero, cuando la comunidad de San Dionisio del Mar, asentada entre las lagunas costeras del Istmo de Tehuantepec, celebraba los cuatro años del inicio de la movilización que llevó a la cancelación del que sería el proyecto eólico más grande en América Latina, que surtiría de energía no al pueblo ikotjs (o huave), habitante originario de esa región, sino a la Coca-Cola y a la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma-Heineken. Fue una victoria histórica donde “la experiencia de los pueblos vecinos, más la suya propia, llevó al pueblo huave, en 2012, a desconocer a la autoridad municipal (acusada de recibir cuantiosos sobornos por parte de la empresa) y a conformar la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar (APSDM). En su así llamada defensa del mar, esta comunidad de pescadores y campesinos —algunos de los cuales habrían sufrido amenazas de muerte y agresiones por parte de fuerzas policiales— mantuvo una larga resistencia que llevó a la suspensión del proyecto”. El reportaje expone cómo el gobierno “literalmente repartió el territorio con potencial eólico en el Istmo entre las empresas y los consorcios interesados”, lo que llevó a la formación de “un cártel territorial: permitió a las empresas fijar los precios que pagarían por el uso de la tierra, impidió a las comunidades llevar a cabo negociaciones con distintas empresas con el fin de elegir la que mejores condiciones ofreciese y dividió el mercado eólico entre un oligopolio de operadores que compartieron los beneficios entre sí”. Al final, se hace una pregunta que hoy sigue siendo pertinente ante el avance de la imposición de estos megaproyectos: “¿A quién le pertenece el viento en un territorio y quiénes tienen derecho a decidir si se ‘aprovecha’ y de qué manera? […] Ojalá que la historia de la transición energética mexicana en el Istmo no termine en la imposición y el despojo, y sean los pueblos indígenas quienes finalmente decidan qué hacer y cómo aprovechar los bienes comunes en su territorio”.

EZLN, las muertes que dan vida

La epopeya del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) ha sido narrada desde diferentes miradas en las páginas de la revista MAGIS. Uno de los trabajos más destacados es el que escribió David Velasco Yáñez, SJ, en el marco de los 20 años de la lucha zapatista, en la edición 441, de agosto-septiembre de 2014. Titulado “EZLN: más allá de Marcos”, el artículo ofrece importantes claves acerca de la organización zapatista, su autonomía y su relevo generacional y de pensamiento, que siguen vigentes 10 años después. Esa historia, “condensada” por Velasco, está narrada por alguien que dedicó años al acompañamiento de luchas populares y al análisis y estudio del zapatismo. Con esa experiencia, el académico investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, que falleció el 8 de agosto de 2023 a los 70 años, construyó un relato en torno al “sentido permanente que los zapatistas le dan a la muerte, una muerte para dar vida”.

Al calor del comunicado que publicó el EZLN en mayo de 2014, “Entre la luz y la sombra”, donde el subcomandante Marcos anunció que dejaba de existir para renacer con el nombre de Galeano, en honor al maestro José Luis Solís López, asesinado ese año, Velasco Yáñez inicia el relato de “una historia llena de historias”, donde hay un constante movimiento entre la muerte y la vida. Uno de ellos ocurrió en 2005 con la sexta declaración del EZLN, en la que “los llamados ‘Aguascalientes’, lugares de encuentro, reflexión y diálogo entre zapatistas y ‘sociedades civiles’, mueren para dar lugar a los ‘Caracoles zapatistas’, sede de las juntas de Buen Gobierno, instancia de coordinación de las diversas tareas de las comunidades zapatistas y lugares donde se practica, de facto, el ‘mandar obedeciendo’ que marca una manera diferente de hacer política, con cargos rotatorios y temporales, y donde, además, participan por igual hombres y mujeres”.

Después, en el marco de las campañas electorales de 2006, los zapatistas lanzaron La Otra Campaña, la propuesta política de la sexta declaración, invitando a la construcción de la autonomía en todas las geografías, “lo mismo en los barrios de las grandes ciudades que en el campo, en las fábricas y las escuelas. Y esa misma es la lectura que hacen las y los zapatistas de estos veinte años: ‘Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud, y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo’”.

Don David Velasco, SJ, murió pocos meses antes de que el EZLN resurgiera de otro periodo de silencio para anunciar un nuevo “movimiento de muerte para dar vida”. El 4 de noviembre de 2023, en el marco de una serie de comunicados que los zapatistas iban publicando de cara a los 30 años del levantamiento zapatista, se publicó el comunicado “Varias muertes necesarias”, donde el movimiento informó sobre la decisión de desaparecer los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas y las Juntas de Buen Gobierno y, unos días más tarde, anunció “la Nueva Estructura de la Autonomía Zapatista”, cuya base principal “es el Gobierno Autónomo Local”. Esa reorganización forma parte de la “Epopeya zapatista por la vida”, título del reportaje que tuve la oportunidad de publicar en la edición 497 de MAGIS a propósito de los 30 años de “la guerra contra el olvido”.