Tras las sangrientas manifestaciones de 2018, la dictadura de Daniel Ortega extendió su estrategia represiva al cierre de los últimos espacios de lucha por la verdad y la justicia, como la clausura de la Universidad Centroamericana y las agresiones a la Compañía de Jesús. El número de exiliados es casi igual al que se alcanzó durante la guerra civil en los años ochenta, y las crisis económica y social se acentúan. ¿Por qué es tan grave la situación que atraviesa aquel?

“Cuando te dicen que no puedes regresar a tu país, esa noticia te cae como una losa y quieres llorar”, narra Ernesto, un sociólogo e investigador académico nicaragüense que hace poco fue forzado a vivir en el exterior, el mismo destino de miles de sus compatriotas que están abandonando Nicaragua, ya sea como exiliados por órdenes del régimen de Daniel Ortega, o por voluntad propia ante la crisis social y económica que afecta al país. Pero la situación está empeorando con el desmantelamiento de los últimos espacios de pensamiento crítico y defensa de la justicia, organizaciones no gubernamentales (ONG), la prensa y universidades. La última estocada es el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA), la confiscación de los bienes y la cancelación de la personalidad jurídica de la Compañía de Jesús. Estas medidas están agravando la crisis económica con la pérdida de miles de empleos, además de que han impulsado la crisis migratoria y dejado en gran indefensión a la población atrapada por una dictadura que traicionó los ideales revolucionarios sandinistas de los que surgió.

Ernesto, quien hace poco llegó exiliado a México y prefiere mantenerse en el anonimato para evitar represalias, comenta que actualmente Nicaragua vive una etapa de “represión institucional, porque se ha cebado principalmente sobre las ONG, los medios de comunicación, las universidades y las dirigencias católicas; hay un desmantelamiento de espacios de disidencia de la sociedad civil que fueron identificados por el régimen como sus adversarios y poco a poco los han ido conquistando, decomisando, cerrando”. Para entender las razones que llevaron a la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, a ahondar en su totalitarismo con esta represión a gran escala, en particular en contra de la UCA y de la Compañía de Jesús, hemos consultado a algunos investigadores, académicos y periodistas, exiliados, quienes advierten también sobre las graves consecuencias del golpe contra los jesuitas, desde la pérdida de opciones de estudio para miles de jóvenes y empleos para miles de trabajadores, hasta la cancelación de espacios formación de pensamiento crítico y de organizaciones de defensa de los derechos, e incluso de una parte de la historia nicaragüense.

107 años de labor jesuita

Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica a la Compañía de Jesús el 23 de agosto de 2023. Según la información oficial, el régimen ordenó disolver la orden religiosa por no reportar sus estados financieros en 2020, 2021 y 2022 y por no haber renovado la junta directiva, cuyo periodo venció desde el 27 de marzo de 2020. La medida también supone el traspaso de sus bienes e inmuebles al Estado de Nicaragua, lo que afectará a los colegios Loyola y Centroamérica, además de a las escuelas de Fe y Alegría. Una semana antes, la dictadura ordenó confiscar la Universidad Centroamericana (UCA), que había sido administrada por la Compañía de Jesús desde hacía más de 60 años y que ahora llevará por nombre Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. Además, abrió una causa penal contra la uca por el delito político de “terrorismo” (BBC, 23 de agosto de 2023).

Con esas medidas, la dictadura acabó con 107 años “de labor continúa de los jesuitas en Nicaragua, en especial en el ámbito de la educación. Pero también Ortega eliminaría a una de las órdenes católicas que más lo apoyaron durante el primer régimen sandinista de los años ochenta. Los jesuitas fueron en esa época grandes valedores de la revolución sandinista, al punto de que el padre jesuita Fernando Cardenal fue el encargado de coordinar uno de los mayores logros de los que el sandinismo se enorgullece, la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) de 1980”, recuerda un reportaje publicado en el portal Nicaragua Investiga, que toma como fuente el libro La UCA: una historia a través de la historia, del historiador Enrique Alvarado Martínez.

En ese reportaje se menciona que los primeros jesuitas llegaron a Nicaragua en 1615, pero su estadía fue breve. Más de 200 años después, en 1871, llegó asilado un grupo de jesuitas perseguidos en Guatemala por el dictador Justo Rufino Barrios. “Crearon varias escuelas en diferentes partes del país, aunque su misión principal era evangelizar, y hasta crearon un noviciado de padres jesuitas en Matagalpa” (Región Central), pero fueron expulsados en 1881 por órdenes del presidente Joaquín Zavala, quien “los acusó de instigar a los indígenas de Matagalpa a sublevarse, pues estos últimos realizaron protestas porque estaban siendo explotados y maltratados cuando fueron utilizados en la instalación de las líneas telegráficas hacia ese departamento”. Los jesuitas regresaron a Nicaragua en 1916 procedentes de México, expulsados por el gobierno revolucionario. “Fue en este tiempo cuando fundaron la Escuela Academia del Sagrado Corazón de Jesús, que después se llamó Colegio Centro América. En 1946, los jesuitas fundaron la Escuela Loyola, que después se convirtió en el Instituto. En 1960 inauguraron la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua. A través de esas tres instituciones académicas, los jesuitas tuvieron un gran impacto en la sociedad nicaragüense”.

Poco después, “la UCA sería convertida por el recién creado Frente Sandinista en un centro de reclutamiento de jóvenes para esa causa guerrillera” en su lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. “Casimiro Sotelo fue el responsable de los sandinistas en la UCA, a inicios de los años sesenta, y su ayudante era el hoy dictador Daniel Ortega. Por eso, el régimen puso ese nombre a la confiscada UCA recientemente. En la UCA estudiaron renombrados guerrilleros sandinistas, como el exalcalde [de Managua] Dionisio Marenco”. Pero las cosas cambiaron a partir de 1990, cuando los sandinistas perdieron las elecciones que ganó Violeta Chamorro. Ortega enfocó sus esfuerzos en lograr que el gobierno asignara constitucionalmente seis por ciento del presupuesto del gobierno a las universidades. En declaraciones a Infobae, el excatedrático de la UCA, Alfonso Malespín, indicó que los sandinistas, en los primeros años de la década de 1990, utilizaron esa universidad jesuita como “cuartel de la lucha por el seis por ciento […] el divorcio entre los jesuitas y Daniel Ortega sobrevino tras un comunicado del entonces rector, el sacerdote jesuita Xabier Gorostiaga, tomando distancia de las acciones sandinistas […] ‘Quienes lo conocen dicen que Ortega no olvida una afrenta’, añadió Malespín”.

El reportaje incluye declaraciones de un teólogo, quien pidió no mencionar su nombre, que señala que “los jesuitas no rompieron con el sandinismo necesariamente en 1994, pero sí con Daniel Ortega. Y cuando este último regresó al poder, en 2007, los jesuitas tampoco estuvieron de acuerdo con las actuaciones desde entonces de la esposa del dictador, Rosario Murillo. ‘Los jesuitas no rompieron con el proyecto original del sandinismo, el proceso del pueblo en la revolución, pero sí se rompió con el orteguismo y el murillismo. Como los jesuitas tienen un pensamiento abierto, ellos le tienen miedo a esa parte de los jesuitas y por eso los quieren eliminar’” (Nicaragua Investiga, 24 de agosto de 2023).

Muchos excombatientes sandinistas consideran a Daniel Ortega un traidor. Entre ellos, Mónica Baltodano, quien dirigió en Managua la lucha guerrillera a finales de los años setenta y hoy está exiliada. En una entrevista del 19 de julio de 2023, Baltodano dijo que “Ortega es un traidor a todo lo que se predicaba en el sandinismo […] En los años ochenta, el hecho de que por lo menos hubiera una conducción colegiada no le permitió mostrar esa naturaleza, y en los noventa él comienza rápidamente a mostrar un talante autoritario, obsesivo de poder, obsesivo de control” (Infobae, 19 de julio de 2023).

Abril 2018: escala la represión

La tensión terminó por romperse a partir de abril de 2018, cuando la dictadura liberó su fuerza represora en contra de la población que salió a protestar por una serie de sucesos, empezando por el “manejo negligente de un incendio monumental en la reserva Indio Maíz que afectó un poco más de 5 mil hectáreas” al sur del país, cerca de la frontera con Costa Rica —país que ofreció apoyo a Nicaragua, pero Ortega lo rechazó—. “Éstas y otras circunstancias generaron malestar, en parte también porque estaba la sospecha de que el incendio fue provocado por las mafias madereras y al final iba a ser capitalizado por ellas. Hay mafias madereras en la costa Atlántica de Nicaragua que están practicando un expolio a costa de nuestras zonas forestales y de las propiedades comunales de los indígenas. Todo eso genera malestar y los estudiantes se manifiestan y protestan de forma pacífica, pero en este país, desde que subió el Frente Sandinista al poder, está tácitamente prohibida cualquier manifestación de protesta contra el régimen”, explica Ernesto.

Poco después, el descontento escaló por una propuesta de reformas a la seguridad social que “no contaban con la aprobación de ningún sector de la sociedad y sólo el gobierno las quería impulsar, así que inició una serie de protestas que el gobierno reprimió con violencia y empezó a haber muertos en esas protestas. Del 18 de abril al 30 de mayo se contabilizaron más de 350 asesinatos, y esto fue confirmado por una comisión de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que en Nicaragua había elementos para decir que se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Eso, sumado a que Ortega está en el poder desde 2007 y que la mayor parte de las elecciones desde entonces tenían señalamientos de fraude, se fue convirtiendo en una de las crisis políticas más complicadas del continente”, explica Carlos Herrera, fundador de Divergentes, una plataforma de periodismo de investigación, y hoy exiliado.

Durante ese ciclo de protestas en 2018, “en repetidas ocasiones la UCA abrió las puertas del campus a quienes estaban siendo violentamente reprimidos en aquellos días”, recuerda Mario Patrón, rector de la Ibero Puebla y exdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (ProDH), en un artículo titulado “UCA de Nicaragua: bastión de la lucha por la justicia”, donde señala que “según el Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, durante los últimos cinco años, 3 mil 144 organizaciones sin fines de lucro han perdido su personalidad jurídica de manera arbitraria; muchas personas han sido privadas de su nacionalidad y han sido expulsadas del país; tres partidos políticos de oposición han sido perseguidos y 13 medios de comunicación operan desde el extranjero, en tanto que los que permanecen dentro operan bajo una forzada autocensura. Según la investigadora Martha Molina, se sabe de 529 ataques contra la Iglesia católica, y ya son 27 centros de estudios superiores confiscados por el régimen, entre los que destaca la UCA” (Centro ProDH, 28 de agosto de 2023).

Patrón recuerda que “el 15 de agosto, el gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo incautó los bienes muebles e inmuebles de dicha universidad, así como sus cuentas bancarias, en un episodio que supone un atentado flagrante contra la autonomía universitaria y una vulneración del derecho a la educación de miles de jóvenes nicaragüenses. Días después, el 19 de agosto, las autoridades gubernamentales desalojaron a los sacerdotes jesuitas de su residencia, a pesar de haber comprobado que esta instalación no forma parte de la universidad. La narrativa oficial justificó dichas acciones acusando a la universidad de ser un ‘centro de terrorismo para organizar grupos delincuenciales’, por haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense y por transgredir el orden constitucional, jurídico y el de las instituciones de educación superior del país. Estos hechos se inscriben en el contexto de la represión sistemática operada por el gobierno nicaragüense contra quien demande la restitución de los controles democráticos del país y la garantía de los derechos humanos”.

“Una piedra en el zapato para la dictadura”

Carlos Herrera explica que en el último año “el régimen ha consolidado el Estado policial en el que poco a poco ha venido cerrando todos los espacios democráticos y las voces críticas dentro del país, incluidos medios de comunicación, pero también universidades privadas, porque las universidades que son del Estado ya estaban controladas a través del brazo del partido de gobierno, que es la organización estudiantil: básicamente, las universidades públicas son centros donde no existen la libertad de cátedra ni el pensamiento crítico. Ese brazo, digamos, represivo, ha alcanzado a las universidades, entre ellas la UCA, que es la más importante de Nicaragua, pues es un centro de pensamiento crítico que incluía a otro montón de organizaciones que trabajaban a la sombra de la universidad. La UCA nunca bajó la cabeza, en el sentido de que siempre se mantuvo con una posición crítica ante los atropellos. Además, es cuna de un montón de personajes que se graduaron ahí, entre ellos varios de los nuevos líderes estudiantiles que se dieron a conocer a partir de las protestas de 2018, y bueno, pues realmente era una piedra en el zapato para la dictadura”.

El Espacio Psicosocial Latinoamericano, integrado por organizaciones de México, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Brasil, El Salvador y Honduras, condenó en un comunicado el cierre de la UCA porque “se trata de un acto de extrema intolerancia y violencia política hacia la Compañía de Jesús y la comunidad universitaria, actores que históricamente han acompañado y apoyado a las víctimas de la violencia estructural en sus luchas contra la desigualdad, el abuso de poder y la represión estatal. Consideramos que este hecho representa un grave atentado contra la autonomía universitaria, los derechos de libertad de pensamiento y de acceso a la educación superior de calidad y, en especial, contra la promoción del conocimiento crítico desde el quehacer educativo universitario. Es el cierre de un espacio humanista que ha brindado a las juventudes un entorno seguro y de esperanza” (Pie de Página, 18 de septiembre de 2023).

El comunicado agrega que desde 2018, “el terror ha imperado en Nicaragua: miles de personas defensoras, periodistas, estudiantes, madres, políticos, han sido víctimas de amenazas, encarcelamientos, torturas (incluida la sexual), desapariciones forzadas y asesinatos. Quienes han manifestado solidaridad también han sido castigados. Hoy, el exilio es una realidad para miles de nicaragüenses. Por si fuera poco, este año, 300 personas opositoras al régimen fueron desterradas y se llegó al extremo de quitarles la nacionalidad, sus bienes y el derecho a la salud, estrategia utilizada por el régimen nazi contra quienes consideraba sus enemigos”.

Esta represión también trae ecos de una de las situaciones más graves y dolorosas que ha sufrido la Compañía de Jesús en Centroamérica, pues el Espacio Psicosocial Latinoamericano señala que “la expropiación de la universidad, las difamaciones contra la Compañía de Jesús, la expulsión de los sacerdotes de sus casas, nos hacen recordar la masacre de los jesuitas en 1989 en El Salvador, que buscó acallar a quienes contribuían a develar las injusticias y la represión, a crear conciencia y a acompañar a comunidades en resistencia. Al respecto, Ignacio Martín-Baró, una de las víctimas de asesinato en El Salvador, señaló: ‘La expresión pública de la realidad, la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, el desenmascaramiento de la historia oficial, de la mentira institucionalizada, son consideradas actividades subversivas —y en realidad lo son, ya que subvierten el orden de mentira establecido—’”.

Efectos masivos

Las consecuencias del cierre de la UCA son “terribles”, dice Ernesto, quien fue docente de 1997 a 2012 en esa institución, pues “el régimen dijo que la van a transformar en la Universidad Casimiro Sotelo; pero la UCA está cerrada, no está funcionando porque el estudiantado huyó. Una buena parte del estudiantado se había ido antes por temor a que la cerraran, por temor a lo que terminó ocurriendo”. Además, muchos estudiantes no han podido tener acceso a los documentos que acreditan las clases que han cursado. Miles quedaron a la deriva y muchos siguen sufriendo el rigor de la represión. Por ejemplo, alrededor de 600 alumnos lograron inscribirse en la privada Universidad Americana (UAM), que maneja el Ejército, pero por presiones del gobierno luego les cerró las puertas, al igual que otras universidades.

El personal académico y administrativo de la UCA también sufre, pues, según refiere Ernesto, no todas las personas serán reintegradas por las autoridades impuestas en la Casimiro Sotelo: “La gente a la que ponen a hacerse cargo de estas instituciones no son académicos, son operarios del régimen y lo que saben es eso, reprimir, pero no tienen idea de cómo llevar una institución académica, y como muchos estudiantes no quieren seguir ahí, no están pagando, entonces tampoco tienen cómo operarla financieramente. Eso va a desaparecer, igual que muchos otros espacios: ellos terminarán utilizando las instalaciones con otras finalidades no académicas, es lo que va a terminar ocurriendo. Y estamos hablando de una masa enorme de trabajadores”, dice, “la sumatoria de todas las instituciones a las que les han hecho esto mismo, en otras universidades, más las ONG cerradas, es una masa inmensa de desempleados forzosos”.

El Espacio Psicosocial Latinoamericano advierte que el cierre de la UCA “afecta directamente a 5 mil estudiantes, 420 docentes y 435 trabajadores académicos y administrativos. El régimen ha violentado el derecho de acceso a la educación de calidad del estudiantado de la UCA, pues ha prohibido al resto de universidades del país que los matriculen, privándoles así del derecho a elegir otra opción educativa y obligándoles a estudiar en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, centro educativo que se creó para sustituir a la UCA y que está bajo total control del gobierno. El personal académico y administrativo de esta casa de estudios quedó sin empleo, sin liquidación y sin el pago de la correspondiente quincena, dado que el poder judicial congeló las cuentas bancarias de dicha universidad el 10 de agosto de 2023; situación que les coloca en total indefensión, incertidumbre y angustia” (Pie de Página, 18 de septiembre de 2023).

Al mismo tiempo, continúa la represión extrema. El comunicado del Espacio Psicosocial denuncia que “mientras los operadores políticos que ocuparon la UCA no tienen palabras para responder a los cuestionamientos del estudiantado, la policía arremete con arrestos e intimidación contra quienes valientemente denuncian los atropellos. Destacamos la detención de las estudiantes Adela Espinosa, Mayela Campos y Gabriela Morales, así como de la profesora y socióloga Melba Damaris Hernández, quienes fueron extraídas de sus casas de manera forzosa en agosto pasado y sometidas a juicio por ‘ciberdelitos’. Ellas se suman a las 81 personas presas políticas, víctimas de tortura y recluidas en condiciones inhumanas”.

Otra consecuencia de la clausura de la UCA y los ataques contra la Compañía de Jesús es el cierre de espacios de fomento del pensamiento crítico y la investigación, la denuncia y la defensa de los derechos humanos, comenta Carlos Herrera, quien opina que Ortega golpea a la Compañía de Jesús “porque las instituciones siempre han seguido los valores jesuitas y nunca, digamos, han bajado la cabeza o se han callado ante las injusticias. Además, la UCA era una de las pocas universidades donde realmente se fomentaba el pensamiento crítico y de ahí salieron muchísimas personas que luego tuvieron incidencia política o de activismo en derechos humanos e, incluso, gran parte de los periodistas del país, incluyéndome”.

El cierre tendrá efectos en la generación de memoria histórica. Herrera destaca el trabajo que hacía el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA, y que “ahora está confiscado por hacer investigaciones sociales sobre todos los procesos históricos que ha vivido el país, incluidas la revolución sandinista y la guerra civil en los ochenta […] desde una mirada un poco más científica, académica. Esto lamentablemente ya no existe”.

Carlos Herrera agrega que “lo que ha logrado Ortega es el cierre de casi todos los espacios democráticos en el país y, a través de infundir terror, ha ido contra todo, contra la libertad de expresión, contra la libertad de culto. Mientras, los nicaragüenses están saliendo en masa hacia el exilio, tanto así que la misma crisis ha logrado tender como una camita a la economía nicaragüense, las remesas ya representan como 25 por ciento del Producto Interno Bruto de Nicaragua, así que Ortega juega con eso: hasta pareciera como que intencionalmente pone las cosas más difíciles, para que la gente se siga yendo y, de pronto, el asunto de la crisis económica se resuelve un poco con las remesas”.

“Todo lo que tengo está en dos maletitas”

Justamente, el exilio es el tema que aborda La otra ola, el documental que produjo Herrera con Divergentes, retratado “a través de la historia de Xaviera, que es una madre soltera que tuvo que salir a exilio forzado por la represión […] siguiendo su historia, lo que tratamos de mostrar son las dificultades de estas personas en el exilio forzado para integrarse en una sociedad nueva, como la de Costa Rica”, país que, junto con Estados Unidos, es el principal destino de los exiliados y migrantes: “Sólo en 2022, en Costa Rica se recibieron más de 180 mil solicitudes de refugio de nicaragüenses. Por eso, el documental se llama La otra ola: la primera ola de gente que salió en masa tuvo lugar en la guerra civil de los años ochenta, pero ya estamos superando esos números, y se supone que estamos en tiempos de paz”.

Sin embargo, también desde el exilio se le teme a la represión de Ortega. Carlos Herrera dice que “las cosas siempre pueden estar peor. Mucha gente en Costa Rica vive en constante estado de miedo porque realmente está muy cerca [de Nicaragua] y sabemos que el Frente [Sandinista] tiene la capacidad de extender el brazo represor hasta por fuera de las fronteras. Pero, además, no es necesario ni siquiera que lleguen a vos físicamente, porque muchas de las personas que siguen siendo públicas y muy activas tienen familia dentro del país, así que siempre pueden encontrar formas de dañarnos”. Una es, por ejemplo, la desnacionalización y la confiscación de bienes, como ocurrió recientemente con Gioconda Belli, la poeta nicaragüense y exmilitante del Frente Sandinista hoy exiliada, a quien el régimen despojó de su nacionalidad y cuyos bienes en Nicaragua confiscó.

Desde el exilio en México, Ernesto dice que no teme: “Si estuviera en Costa Rica, sí”. Ahora, este sociólogo con larga experiencia académica y editorial trata de rehacer su vida. “Yo estuve un mes en Guatemala trabajando en un archivo, y cuando intenté abordar ese vuelo de regreso a Nicaragua, la funcionaria del mostrador me dijo que no lo podía abordar porque el Ministerio de Gobernación había lanzado una alerta contra mí diciendo que me prohibía el reingreso al país. Entonces claro, esa noticia es un golpetazo, te cae una losa y quieres llorar. Yo estaba parado ahí, en el aeropuerto, como si estuviera en el vacío y sin tener idea de qué hacer. Y ahora mismo ando nómada, en busca de trabajo, de una posición más estable, para dar también estabilidad a mi familia, garantizar ingresos y tener un sitio donde ir. Eso es lo que no siento ahora. Antes, en Nicaragua estaba mi casa, adonde sabía que regresaba, estaban mis cosas, mi seguridad, y ahora no, ahora todo lo que tengo está en dos maletitas y me muevo de un sitio a otro. Es una sensación realmente fea”.

En cuanto al futuro, Ernesto duda que la situación política vaya a cambiar próximamente, pues “no veo al gobierno abierto y la oposición no tiene ningún espacio de negociación, aparte de que está bastante dividida y débil en muchos aspectos”. Incluso, advirtió que el régimen “perdió la posibilidad de contención […] El aislamiento nos perjudica”.

Carlos Herrera opina que “el futuro es bastante incierto: yo creo que va a ser muy importante lo que pase a partir de la liberación de varios de los líderes de la oposición que estaban encarcelados, que se dio a inicios de este año, y [habrá que ver] cómo se podrá reconfigurar la oposición desde el exterior. Parte de la gente dentro de Nicaragua está haciendo un trabajo más de resiliencia y de resistencia, en el sentido de que es muy difícil que haya expresiones de descontento o de protesta dentro del país. Yo creo que lo único que pueden hacer los nicaragüenses que están todavía dentro es no caer en la desesperanza, como lo están haciendo cientos de miles que terminan cediendo y saliendo del país para buscar un mejor futuro en el exterior. Claramente se están tomando acciones a escala de política internacional para presionar al gobierno a través de negociaciones de alto nivel, para que, por lo menos, en algún futuro exista la posibilidad de una puerta de salida. No es claro, realmente. Por ahora, mucha gente en el exilio más bien está comenzando a aceptar que muy probablemente no regrese en muchos años”.

En lo inmediato, está pendiente el cumplimiento de las demandas de la Provincia Centroamericana y de la Curia General de la Compañía de Jesús, retomadas por la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal): que se “reviertan y corrijan inmediatamente las drásticas, inesperadas e injustas medidas adoptadas por el órgano judicial nicaragüense y el Consejo Nacional de Universidades; cese la que hasta ahora ha sido una actitud de creciente agresión gubernamental en contra de la Universidad y sus integrantes y se busque una solución racional en la que imperen la verdad, la justicia, el diálogo y la defensa de la libertad de cátedra”.