La creciente presencia del crimen organizado y la aparición de nuevos delitos, como los secuestros extorsivos, reflejarían que el país vive la etapa de violencia delictiva más aguda desde el retorno a la democracia

Los niveles de preocupación por el aumento de la criminalidad en Chile no tienen precedentes. La Fundación Paz Ciudadana, en su último Informe sobre victimización por robo e intento de robo, da cuenta de un incremento de la victimización en relación con la medición previa, y revela que el porcentaje de los encuestados que expresan alto temor alcanza los niveles más altos desde que se realiza la encuesta (IFPC 2023). La explicación a la que se alude con frecuencia es que ese temor se debe al importante aumento de los homicidios con uso de armas de fuego, la creciente presencia del crimen organizado y la aparición de nuevos delitos, como los secuestros extorsivos, que reflejarían que el país vive la etapa de violencia delictiva más aguda desde el retorno a la democracia.

A continuación, nos referimos a la información existente con el objeto de caracterizar los fenómenos en curso a partir de lo que efectivamente sabemos sobre estos, además de presentar algunas reflexiones dirigidas a nutrir el debate y políticas ante lo que ocurre.

Caracterización del fenómeno criminal

La información existente permite aseverar cambios profundos en las manifestaciones de la criminalidad, aunque por ahora la evidencia respecto de los factores que los impulsan es menos clara. Las tendencias son a un incremento de homicidios cometidos con armas de fuego, los que tienen lugar entre hechores desconocidos entre sí y crecientes dificultades para identificar sospechosos por parte de las policías. Asimismo, la participación de extranjeros como víctimas y hechores viene aumentando, así como la ocurrencia de agresiones mortales en el contexto de la actuación de bandas y pandillas.

Un informe nacional que se refiere únicamente a homicidios consumados, y que fue realizado mediante la cooperación de diversas instituciones estatales, confirma que los homicidios consumados han aumentado entre 2018 y 2022, pasando de una tasa de 4.5 fallecidos por cada cien mil habitantes a 6.7 en 2022 (Subsecretaría de Prevención del Delito y Ministerio Público 2023). La proporción de casos con imputado conocido ha experimentado una disminución sostenida a lo largo de los años, del 76 por ciento al 58 por ciento durante este periodo. Ello se explica probablemente porque en los hechos no intervienen conocidos entre sí, lo que ha llevado a sostener muchas veces que se trata de manifestaciones de crimen organizado, lo que sin embargo requiere ser comprobado. A su vez, el porcentaje de hechores conocidos de nacionalidad extranjera ha venido creciendo, aunque sigue siendo muy minoritario. El año 2022 solo el 13.1 por ciento de los hechores identificados eran extranjeros.

En tanto que el contexto predominante en el que ocurren los hechos, indica que el grupo más numeroso de los homicidios con causa conocida corresponden a la categoría de hechos ocurridos como producto de la ejecución de otros delitos (robos con violencia que culminan en homicidios) o con la participación de grupos organizados, el que ha venido reduciendo su participación en el total. Un segundo contexto predominante corresponde a la violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, tanto el aumento de los hechos que se encuentran en investigación, como la falta de desagregación de la primera categoría, impiden establecer con claridad en este informe el peso relativo de las organizaciones criminales en el aumento de la violencia letal.

Por otra parte, resulta de gran interés que, en promedio, el 70 por ciento de quienes han sido identificados como hechores tengan condenas previas en el país. Esto quiere decir que ya han tenido contacto con el sistema de justicia penal y que no se trata de inmigrantes irregulares con antecedentes previos desconocidos.

Aunque no constituye una realidad que pueda extrapolarse al resto de Chile, una región que ha sufrido los cambios delictuales a los que nos referimos es la llamada Macrozona Norte, que comprende las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Se trata de un área geográfica que constituye la puerta de entrada para la inmigración irregular y vecina de grandes centros productores de droga. Una comparación realizada por la Fiscalía entre los años 2011 y 2021 valida lo señalado en párrafos anteriores, dando cuenta de un contexto de los homicidios en los que aumentan los casos de venganza y ajustes de cuentas, las disputas territoriales entre bandas rivales y la presencia de extranjeros como víctimas, testigos e imputados (Unidad Coordinadora del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Nacional 2022).

Factores explicativos del fenómeno criminal

Las explicaciones del incremento de los homicidios varían en cuanto a su certeza y la rigurosidad de los estudios en los que se basan. Un aspecto que exponen la Fiscalía y el gobierno hace referencia a la penetración creciente del crimen organizado que trae consigo disputas territoriales, venganzas y quitadas de droga. Asimismo, ello explicaría la ocurrencia de nuevos delitos que se han venido extendiendo en el país, tales como secuestros extorsivos y otras expresiones de extorsión. En ocasiones, a lo anterior se agrega que el país se encuentra en una primera etapa de penetración del crimen organizado, y que esto traería consigo violencia al interior de los mismos grupos.

En respuesta a este diagnóstico, el gobierno lanzó un Plan de Lucha contra el Crimen Organizado, ha impulsado la creación de un Ministerio de Seguridad Pública y ha apoyado al Ministerio Público con la contratación de profesionales analistas criminales que apoyen en la investigación de homicidios y secuestros. Esta explicación es plausible, pero como veremos más adelante requiere ser afinada, a objeto de determinar la magnitud de la amenaza que enfrenta el estado de derecho. Por otra parte, el porcentaje de homicidios sin explicación es elevado, y no puede asumirse todavía que aquellos sin explicación correspondan de por sí a la acción de grupos criminales organizados.

Un estudio reciente centrado en el análisis de la Región Metropolitana, intentó determinar la correlación existente entre variables de tipo comunal y tres tipos de homicidios diferentes de acuerdo con su contexto: aquellos con participación de organizaciones criminales, los cometidos para consumar otro delito y los que resultan de conflictos interpersonales que no constituyen violencia intrafamiliar. Los resultados parecen indicar que los factores sociales asociados a cada tipo de homicidio pueden ser distintos (Mohor, por publicar).

Esto es, que a mayor concentración de desventajas sociales aumenta la probabilidad de concentración de homicidios interpersonales no intrafamiliares. La prevalencia de población migrante estimada no se constituye, en esta muestra, como un factor explicativo de ninguno de los tipos de homicidios analizados. Respecto de la dimensión que caracteriza la criminalidad comunal, los porcentajes de victimización por robo resultan relevantes en todos los casos analizados, aunque particular y naturalmente importantes en relación con homicidios asociados a otras actividades criminales. Por su parte, la tasa de casos policiales respecto del delito de tráfico de drogas, resulta significativa para homicidios asociados a organizaciones o pandillas y para aquellos relacionados a otros delitos. No ocurre así respecto de casos de microtráfico, que solo es significativa si se relaciona con otras actividades criminales.

Algunas reflexiones

La prensa y los comentaristas tienden a explicar los hechos criminales que se han venido describiendo como el producto de la penetración del crimen organizado, sin lograr caracterizar más precisamente los contornos del fenómeno. El concepto de crimen organizado es genérico y tiene características y dimensiones diversas. Basta que exista una organización de carácter permanente de al menos tres personas dedicada a cometer delitos con fines de lucro para que se hable de una organización dedicada al crimen organizado. La constante referencia al crimen organizado en los medios de nuestro país no define suficientemente el poderío y complejidad de esas organizaciones ni su capacidad para penetrar y corromper los organismos públicos. Va de suyo que mientras más borrosos los contornos de un fenómeno, más difícil resulta definir políticas dirigidas a mitigarlo. Al mismo tiempo, esta referencia constante al crimen organizado moviliza la ansiedad pública y un debate público emocional.

En rigor, todo parece indicar que estamos en presencia de organizaciones que cometen delitos en el territorio y que tienen por ahora limitado alcance internacional. Eso no significa que no exista el intento de ingreso de bandas criminales provenientes de otros países y que actúan con extrema violencia. Pero la información corroborada hasta ahora no modifica sustancialmente lo anterior.

Como sabemos, expresiones de crimen organizado y crecimiento de mercados ilegales han existido en nuestro país desde hace muchos años. Las manifestaciones del tráfico minorista de drogas y el uso de armas han obtenido espacio suficiente en los medios y han sido la razón para ejecutar diversos programas públicos dirigidos a barrios vulnerables durante los últimos veinte años. En consecuencia, resulta difícil explicar la nueva violencia como producto del ingreso del crimen organizado. Los diagnósticos del Observatorio del Narcotráfico (2022) entregan información de interés, pero no logran construir una hipótesis respecto de los cambios que ha experimentado el mercado de drogas ilícitas y los participantes de este, ni explican la creciente violencia en nuestro país.

La literatura indica que en la violencia producto del narcotráfico pueden intervenir actores distintos en disputa por el control del negocio (Bergman, 2018). Podría consistir en lucha armada entre vendedores en la calle, violencia, asesinatos que involucran a distribuidores, transportistas y vendedores al detalle. También podría ocurrir que bandas dedicadas al narcotráfico diversifiquen su accionar hacia la comisión de delitos violentos o que los hagan necesarios. ¿Cuál o cuáles son los casos aplicables a nuestro país? Un diagnóstico más acabado permitiría pensar en estrategias innovadoras y más precisas que aborden el fenómeno. A la fecha ello no existe y constituye un desafío importante para el Gobierno y la investigación académica.

Chile es destacado como uno de los países latinoamericanos que cuenta con instituciones sólidas. El incremento de la violencia letal no constituye, por ahora, un desafío a la gobernabilidad. Sin embargo, es imprescindible un funcionamiento eficiente de la inteligencia policial a efectos de identificar las bandas que actúan hoy, el tipo de crímenes que cometen y sus víctimas. Es comprensible que ello tome tiempo, pero el Gobierno debiera asegurarse de que efectivamente exista un enfoque proactivo, pues la ciudadanía experimenta la sensación de que reina impunidad.

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REFERENCIAS

— Índice Paz Ciudadana , Presentación de Resultados, Octubre 2023.

— Mohor, Alejandra, “Análisis de los homicidios en la Región Metropolitana de Chile: una exploración ecológica sobre tres tipologías”, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana.

— Subsecretaría de Prevención del Delito 2023. “Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados: Una visión integrada e institucional 2018 – 2022”. — Unidad Coordinadora del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Nacional, “Informe comparativo de homicidios de los años 2011 y 2021 en la Macrozona Norte”. En Fiscalía, VII Informe Anual, Observatorio del Narcotráfico, diciembre de 2022.

Violencias en América Latina: un frente común

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