En los años setenta se llevaron a unos jóvenes por difundir sus ideas; ahora son más de 15 mil personas desaparecidas en Jalisco a lo largo de la última década

Víctor Arias nació en Jocotán, en una familia campesina. Desde joven comenzó a trabajar como obrero en la fábrica de zapatos Canadá, en Guadalajara. Ahí conoció al Flaco, que lo invitó a leer el Manifiesto Comunista y a participar en círculos de lectura, donde conoció a Alfredo. El Flaco pertenecía a la Liga Comunista 23 de Septiembre, que buscaba concientizar al sector obrero a través de la publicación Madera. Víctor, Alfredo y otros amigos o familiares comenzaron a participar en la redacción, preparación e impresión de materiales para repartir en fábricas.

Por difundir ideas, el Estado los desapareció en 1977. Los jóvenes provenían en su mayoría del barrio El Zapote, en Zapopan, Jalisco; eran familiares o amigos desde chiquillos. Sus madres se conocían entre sí y en el camino de búsqueda conocieron a don Luciano Rentería y a otras familias que peleaban contra la represión desde 1973, con quienes se integraron como Comité Pro Defensa por los Presos, Exiliados, Perseguidos y Desaparecidos Políticos, vinculado a nivel nacional con la señora Rosario Ibarra de Piedra y con otros colectivos de estados como Chihuahua, Sonora o Guerrero.

A pesar de la incansable lucha y de la importancia que tuvieron don Luciano y “las doñas” en la búsqueda a nivel local y nacional, en Jalisco es casi inexistente la memoria de los desaparecidos de la época y también de las estrategias políticas de búsqueda de sus familiares. La impunidad fue total.

De acuerdo con el historiador Camilo Vicente, las desapariciones de personas comenzaron antes de los años sesenta, pero fue hasta los setenta que se instaló la desaparición forzada en política de Estado:¹ mediante esta práctica, el gobierno del presidente José López Portillo logró concretar la eliminación de las guerrillas. 

En sus tesis de doctorado, los historiadores Camilo Vicente² y Adela Cedillo³ plantean que hubo una intersección entre la etapa contrainsurgente y la guerra contra el narco —llamada entonces Operación Cóndor—, pues los perpetradores de la desaparición y las ejecuciones extrajudiciales fueron premiados con el negocio de las drogas. Asimismo, las técnicas de violencia aprendidas contra jóvenes idealistas fueron usadas contra campesinos de las montañas de Durango, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, lo que Adela Cedillo llama “el cuadrilátero de oro”. Para Cedillo, la Operación Cóndor permitió continuar la contrainsurgencia, ya que se inhibieron muchas rebeliones de la Sierra Madre Occidental, y provocó la concentración en pocas manos del negocio de las drogas.

Cárteles y guerra contra las drogas

En este contexto surgió el Cártel Guadalajara, en la capital jalisciense. De los años ochenta y noventa existe el imaginario de que no hubo desapariciones. Pero hay indicios que indican que tendríamos que investigar toda esa época: el 2 de diciembre de 1984 desaparecieron a Benjamin, Pat, Dennis y Rose, estadounidenses que tocaban casa por casa para compartir sus creencias como testigos de Jehová. La versión oficial es que los desaparecieron después de presentarse en una finca del narcotraficante Ernesto Fonseca. Hasta la fecha siguen desaparecidos. En enero de 1985, el periodista John Clay Walker y su amigo Albert G. Radelat, también estadounidenses, salieron a cenar, llegaron a un restaurante donde realizaban una fiesta privada de Rafael Caro Quintero, los confundieron con agentes de la DEA (siglas en inglés de la Administración para el Control de Drogas, de Estados Unidos), los desaparecieron, los torturaron y seis meses después encontraron sus cuerpos.⁴ Un mes después desaparecieron al agente Enrique Camarena, quien fue torturado y asesinado.

Estos casos nos muestran que, efectivamente, la desaparición ya no sólo era ejecutada por elementos del Estado, sino que las empresas criminales como el Cártel Guadalajara podían usar la tecnología de la desaparición porque tenían la protección política de los gobiernos en turno y del poder económico que se había instalado en la capital jalisciense.

En esta década y los años noventa se fortalecieron redes de poder político-criminales, en las que lo legal y lo ilegal son dos caras de la misma moneda; se utilizaron prácticas violentas que fueron invisibles para la sociedad porque se pensaba que a toda la gente que se llevaban o que era asesinada “en algo andaba”, y más si se trataba de un asunto de drogas.

Con el inicio de la supuesta guerra contra las drogas, emprendida por el presidente Felipe Calderón en 2006, la violencia se recrudeció, principalmente en el norte de México. En Jalisco el conflicto se sentía ajeno, hasta que en 2011 la señora Guadalupe Aguilar salió a gritar a los cuatro puntos cardinales que buscaba a su hijo José Luis Arana Aguilar. El mismo año que se lo llevaron, su madre acudió a marchas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y fue a gritarle a Calderón que le ayudara a encontrar a José Luis. Ni con las promesas del todavía entonces presidente lo encontró.

Con ella comenzaron a caminar otras madres, cada año más y más, crearon el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), luego surgieron Por Amor a Ellos, Entre Cielo y Tierra y, en los últimos cinco años, más de 10 colectivos en respuesta a la grave catástrofe de desaparición en toda la entidad.

¿Cuál es el puente entre las desapariciones forzadas de los años setenta, el uso de la práctica de empresas criminales y la instalación de un dispositivo desaparecedor en el siglo XXI? Uno de los desafíos que enfrentamos es que no sabemos qué pasó en los años setenta; sabemos que hubo impunidad, pero poco entendemos acerca de las desapariciones como técnica de las nuevas estrategias de dominación. Y no logramos responder como sociedad para encontrar a los desaparecidos y para que no se lleven ni a una persona más.

Desaparecidos por sus ideas

Ante el contexto de represión generalizado contra las y los jóvenes que participaban en la lucha política, don Luciano Rentería creó en 1973 un comité con otras madres para liberar a sus hijos encarcelados; en 1977, después de que el Estado comenzó a desaparecer jóvenes, se convirtieron en el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos.

La historia de desaparición de los años setenta en Jalisco tiene que ver con la estrategia nacional de desarticular a la Liga Comunista 23 de Septiembre. No sabemos con exactitud a cuántos se llevaron en Jalisco, pero sí que a los que desaparecían participaban en la brigada encargada de publicar el periódico Madera.

En 1976 ya había habido detenciones de muchos integrantes de la Liga, y en ésta se decidió que ya no podían trasladar propaganda, así que plantearon que en Guadalajara se armara una imprenta y que el periódico se distribuyera en camiones y fábricas, para incorporar al sector obrero a la lucha.

Ese año, Francisco Mercado, El Flaco, ya había invitado a obreros a círculos de estudios de títulos como el Manifiesto Comunista, a los que acudían jóvenes como Víctor Arias, perteneciente a una familia campesina de Jocotán, y Alfonso Guzmán Cervantes, del barrio El Zapote, a quienes integraron a la Brigada Jorge Poinsot Basave, encargada de la difusión de las ideas.

Francisco fue detenido y posteriormente fue uno de los que escaparon durante la célebre fuga de la Penal de Oblatos, en 1976.⁵ Entonces mandaron llamar a Víctor Arias y Alfonzo Guzmán, a quienes les pidieron restablecer el comité de impresión de Guadalajara, y fueron los encargados de generar conciencia de clase en la fábrica de calzado Canadá, en la Tabacalera Mexicana, en los ferrocarriles, y también en autobuses urbanos. Guardaron un mimeógrafo, esténciles picados⁶ y aprendieron a usar el equipo. Hicieron la edición 27 de Madera y la número 28 ya no pudieron repartirla.

Alfonso Guzmán Cervantes, Emeterio, trabajaba en una cigarrera. Lo desaparecieron elementos de la policía de Zapopan, la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial. Desapareció el 27 de febrero de 1977.

A Víctor lo desaparecieron la Brigada Blanca, la Dirección Federal de Seguridad y la Policía Judicial el 28 de febrero de 1977, en la colonia Oblatos. Ese mismo día se llevaron a Jorge Salvador Carrasco Gutiérrez, quien también participaba en la Brigada Jorge Poinsot Basave.

Las doñas

Gracias a la investigación de Vanessa Martínez Carvajal (+)⁷ sobre el Comité Eureka en Jalisco, tenemos acceso a algunos testimonios de la señora María Luisa Gutiérrez, mamá de Jorge Carrasco Gutiérrez; doña Felícitas, mamá de Alfonso Guzmán Cervantes y abuela de Guillermo Bautista Andalón; y de Isabel, la esposa de don Reyes Mayoral.

María Luisa narra que se enteró por una publicación en el diario El Occidental de que su hijo había sido detenido en la localidad de La Purísima. Iba a una y otra dependencia y le decían: “Aquí no”, hasta que en las instalaciones de la Procuraduría de las avenidas La Paz y Unión, en Guadalajara, le dijeron: “Ya se los han de haber llevado a la Ciudad de México”. Un poco antes, su esposo también fue desaparecido y torturado para que confesara dónde estaba su hijo: al señor lo sacaron de su trabajo en la aceitera La Gloria y luego lo regresaron, pero tuvo represalias laborales y secuelas psicoemocionales.

La señora Felícitas, o doña Felis, también se enteró días después de la desaparición de su hijo por una nota en los medios. Estaba herido, con un rozón de bala en la cabeza y otro en el tobillo; se lo habían llevado policías de Zapopan. “Mi sobrina me enseñó el periódico, que agarraron a Alfonso, sentí casi que me dieron un golpe en el cerebro”.⁸ Acudió al Hospital Civil, luego a la Penal de Oblatos, y en este último lugar le confirmaron que estuvo ahí, pero que ya se lo habían llevado a Ciudad de México.

Dos meses después llegaron a la casa de la hija de Felícitas, de nombre María Elena. Se llevaron a su hijo adolescente, de 17 años, Guillermo Bautista Andalón.

Felícitas buscó a ambos, a su hijo y a su nieto. María Elena, mamá de Guillermo, le contó en 2002 a Vanessa Carvajal que los policías le dijeron que llevaban a su hijo para una investigación y luego se lo regresaban.  Con el tiempo liberaron a otras personas de El Zapote, pero a Guillermo nunca; su participación en la Liga era repartir volantes en las fábricas. Una semana antes habían ido por él pero no estaba, andaba en Talpa. En esa ocasión llevaban en el vehículo a Raúl Mercado Martínez, vecino de El Zapote y desaparecido hasta la fecha.

En junio de 1977 se llevaron al señor José Reyes Mayoral Jáuregui, de quien hay una fotografía del periódico El Informador justo en el momento en que la policía secreta lo desaparece. Ese día había llegado su hijo Rubén, El Manzo, quien era docente e integrante de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP). Llegó a las 10:15 de la mañana, para regresarse a Cabo Corrientes. Alcanzó a escapar por la azotea, y horas después se llevaron al señor Reyes Mayoral. La casa la “ametrallaron”, la saquearon y la señora Isabel Román de Mayoral tuvo que irse a refugiar con una vecina.

María Luisa, Felícitas, Lupe Arias (mamá de Víctor Arias de la Cruz), Antonia Mercado (mamá de Raúl Mercado), eran amigas de El Zapote. Ellas atestiguaron que de la misma colonia se llevaron a uno, a otro, “hicieron un agarradero”.

En todos los casos hay testimonios de que elementos municipales, estatales o federales se llevaron a personas que en Jalisco eran acusadas de repartir el periódico Madera. Las doñas buscaron con don Luciano en el comité que luego fue conocido como Eureka Jalisco, vinculado con doña Rosario Ibarra de Piedra y colectivos de otros estados, que sin duda son el antecedente de la defensa de los derechos humanos.

Treinta años y 15 mil desaparecidos después

Con la lucha política de la señora Guadalupe Aguilar se abrió el camino, primero, para hacer ver lo que estaba ocurriendo en la entidad y que había que resignificar la figura del detenido-desaparecido, porque la técnica se utilizaba ya contra toda la población. Las desapariciones comenzaron a ocurrir por diversos motivos, igual en las carreteras que en los propios hogares de las personas. Dejó de haber pueblo o lugar que fueran seguros.

Actualmente hay alrededor de 20 colectivos de búsqueda, y la diversificación del uso de la desaparición es atroz. Cada colectivo tiene sus propias formas de hacer política. Algunos prefieren atender la crisis forense, ya que al menos los cuerpos de cinco mil personas no identificadas están atrapados en el Servicio Médico Forense en Jalisco y es urgente hacer que regresen a casa. Otras organizaciones hacen búsqueda de fosas en campo (lo que empezó a ocurrir en 2014, cuando el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, en Guerrero, decidieron no esperar a que el Estado buscara a sus seres queridos). Y también hay protestas, actos de memoria, creación de leyes y búsquedas en vida.

Las buscadoras son las que tienen el pulso de lo que ocurre en nuestro país. Las madres que acompañan a otras saben que existen desapariciones para eliminar personas (que luego encuentran en fosas clandestinas), a través de despliegues que el crimen organizado nombra como “limpias”. Una estrategia territorial similar a la que hubo en los setenta en El Zapote: hacen listas de personas “eliminables” por cuadrantes, barrios o pueblos, sean cuales sean sus móviles. En segundo lugar está el reclutamiento forzado, la leva o nuevas formas de esclavitud, es decir, que se llevan a personas diversas para incorporarlas en labores que requiere la estructura criminal. También están las desapariciones forzadas de luchadores políticos, ambientales, o periodistas; y, desafortunadamente, ante la prevalencia de la impunidad, se ha utilizado la práctica de la desaparición en conflictos que serían comunes, como una disputa legal por un predio, o por hombres que desaparecen y posteriormente asesinan a sus parejas sentimentales.

Y, por supuesto, hay casos como el de Ayotzinapa, donde toda la evidencia nos confirma una y otra vez que fue el Estado el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Quién sabe qué encontremos cuando logremos investigar otros casos de desaparición. Esa lectura es clave en el horizonte organizativo para detener la catástrofe.

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1. bit.ly/Desapariciones_Jalisco1

2. Camilo Vicente, Estado y represión en México. Una historia de la desaparición forzada, 1950-1980, tesis del programa de maestría y doctorado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, 2018.

3. Adela Cedillo, Intersección entre la Guerra Sucia y la Guerra contra las Drogas, tesis para obtener el grado de doctorado por la Universidad de Wisconsin-Madison, 2021.

4. bit.ly/Desapariciones_Jalisco2

5. https://magis.iteso.mx/nota/desaparecidos-la-memoria-de-la-busqueda-mas-dolorosa/

6. Relata Víctor Arias de la Cruz en la declaración de su detención-desaparición del 27 de febrero de 1977. El documento es de la Dirección Federal de Seguridad y se puede consultar en los Archivos de la Represión de Artículo 19.

7. Vanessa Martínez Carvajal, Ellas son fuerza: Las mujeres del Comité Eureka-Jalisco, trabajo para obtener título de licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara, 2003.

8. La señora Felícitas fue entrevistada el 5 de mayo de 2002 por Vanessa Carvajal; en paz descansen ambas. 

Violencias en América Latina: un frente común

Diferentes revistas jesuitas latinoamericanas unimos esfuerzos para reflexionar sobre las violencias que aquejan a la región

• Presentación
• Jalisco, tierra de desaparición y colectivos de búsqueda
• Latifundio y genocidio indígena en Paraguay
• Paz Total: avances, retos e interrogantes en Colombia
• Violencia en Venezuela: lenguaje común en nuestras fronteras
• Crimen e inseguridad en el Chile actual
• Violencia contra la mujer e impunidad en Bolivia
• Hay un Dios de la esperanza escondido en el sur de Chiapas