El asesinato de los sacerdotes Javier Campos, SJ, y Joaquín Mora, SJ, se enmarca en la crisis de violencia que afecta a todo México. Pero, como lo atestigua el trabajo que hace la Compañía de Jesús al acompañar a los más vulnerables, en distintos puntos de la geografía nacional surgen luces de esperanza que permiten entrever que la situación cambiará

Hasta el 20 de junio de 2022 muy pocos habitantes de México sabíamos que en el mapa de Chihuahua, en el norte mexicano, existe una población llamada Cerocahui, así como tampoco sabíamos, antes del 26 y el 27 de septiembre de 2014, de dos pueblos llamados Ayotzinapa e Iguala, en Guerrero. Cerocahui saltó a las tendencias noticiosas tras el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, SJ, y Joaquín César Mora Salazar, SJ. Ambos habían trabajado allá casi toda su vida y los pobladores del lugar les reconocían su autoridad moral.

Se dice que el presunto responsable, José Noriel Portillo, alias “El Chueco”, un hombre joven que estaría ligado a una organización criminal de aquella zona, no pudo con la frustración de ver perder a su equipo de beisbol, un día antes, y se dice también que es probable que hubiera estado bajo el efecto de algún enervante. De lo que se tiene certeza es de que buscó a dos jugadores contrincantes, a uno lo mató y a otro lo secuestró; de que, luego, le prendió fuego a una casa, y después secuestró al guía de turistas Pedro Eliodoro Palma. Este último pudo escapar y pidió auxilio en el templo San Francisco Xavier, donde los párrocos responsables le abrieron las puertas… Paul Osvaldo, Javier Campos, Joaquín Mora y Pedro Eliodoro fueron asesinados antes de que cayera la tarde.

Ubicado en el municipio de Urique, y con apenas unos mil 200 habitantes, para el 22 de junio Cerocahui se había ganado así un espacio en los noticiarios nacionales e internacionales que narraban la infamia.

En las misas y jornadas que siguieron a la tragedia, los colegas y amigos de los padres Javier y Joaquín han insistido en que la locura que estalló ese lunes se venía fraguando desde hace varios años —a José Noriel se le buscaba por otras muertes—. Lo ocurrido en la sierra Tarahumara no fue brote psicótico, sino más bien la normalidad en centenares de ranchos, cabeceras municipales, barrios populares a lo largo y ancho del país.

Para José Rosario Marroquín, SJ, responsable del programa de Agua y Territorio del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO, los hechos de Cerocahui no son por sí solos una amenaza contra otras misiones jesuitas, sino más bien una muestra de la constante reconfiguración de la violencia en México. “Les tocó lo que le toca a otra gente […] Un fuego cruzado incesante”.

Desde el municipio de Creel, en Bocoyna, Chihuahua, Javier “Pato” Ávila, SJ, quien es vicario de la parroquia Cristo Rey y presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., añade que hace medio siglo ya existían la narcosierra, el tráfico y el consumo de drogas en todo el norte mexicano. Añade que la impunidad provocó que “hoy todo el país y la Tarahumara estén inseguros, amenazados”.

Los números que le dan la razón están ahí. Hace ya un par de meses la noticia era que México había llegado a las 100 mil denuncias por desaparición de personas, la mayoría de éstas a partir de 2008. Sólo entre enero y diciembre de 2021, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, había contabilizado 35 mil 625 homicidios, un poco menos de cien diarios.

Ojalá las cifras de la brutalidad se hubieran quedado ahí. Pero no: al 12 de agosto pasado, tres mil 546 hombres y mujeres se han sumado a las desapariciones, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

En síntesis, todo el país, y por supuesto también las comunidades donde trabaja la Compañía de Jesús, está atravesado por la violencia, lamenta el asistente del Sector Social del Gobierno de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, Jorge Atilano González Candia, SJ.

Estudioso de las dinámicas de la violencia y el tejido social, es además el encargado de visitar las obras sociales de la Compañía de Jesús para supervisar su pertinencia y su buen desarrollo González Candia señala que el control territorial que tienen las economías criminales en México se ha acelerado, entre otras razones, por los vacíos de atención que ha dejado el Estado, y que se han llenado con las acciones de grupos criminales. En apariencia, estos grupos resuelven problemas básicos de la población. En realidad, cooptan la institucionalidad y propician la desorganización y las divisiones de las comunidades.

Desde 2010, los jesuitas en México se preguntaron cómo podrían atender la violencia a través de la reconstrucción del tejido social, y se pusieron a estudiar; más tarde, realizaron un diagnóstico a partir de las percepciones de los y las habitantes de poblados diferentes, a lo largo del país.

La pregunta llevó a una serie de estudios encabezados por el Centro de Investigación y Acción Social por la Paz (CIAS por la Paz). Tal vez la conclusión más importante fue que, lo mismo en los territorios urbanos que en los rurales, las comunidades han perdido su capacidad de organización, ya sea para celebrar una fiesta o hasta para gestionar los servicios que las afectan. A decir de González Candia, esto ocurrió porque, en la medida en que la desigualdad social crece, se acelera el individualismo.

Las entrevistas realizadas para estas investigaciones arrojaron que mientras las personas mayores narraban historias sobre su familia, las fiestas patronales, el trabajo de la tierra y la ética comunitaria, en los mismos territorios las poblaciones más jóvenes habían construido nuevas narrativas sobre el éxito personal versus el fracaso.

Muchas veces como consecuencia de los subsidios individuales y las políticas de asistencialismo clientelar que durante varios años han tenido los gobiernos de distintas escalas, el individualismo ha provocado que los vecinos no puedan ni deseen ponerse de acuerdo. Cada quien procura su propio beneficio. El espejismo es que “los asuntos que podrían resolverse de forma colectiva pueden resolverse de manera personal. Así, desde distintos poderes se está desmantelando a la comunidad; la ayuda y el trabajo mutuos se están cambiando por el recurso económico”, lamenta el asistente del Sector Social.

Algunos piensan que las personas más pobres necesitan un piso económico mínimo para ejercer otros derechos…
Es bueno atender la desigualdad y garantizar los derechos económicos de todas las personas, pero los subsidios individuales fracturan el tejido social si no fortalecen el sentido de identidad, la recuperación del territorio y la capacidad de la asamblea. Y cuando esto no sucede, se va esparciendo la certeza de la mercantilización de la vida familiar, la escuela y las relaciones sociales. Y como en México abundan la desigualdad y el individualismo, también hay muchos que piensan que tienen derecho a robar y a ser violentos.
El individualismo se suma a otros problemas. Uno de ellos es el concepto del poder que se extiende en México, continúa. ¿Cuál es el concepto? El de autoritarismo, la dominación, la imposición. De esta forma, cuando alguien tiene poder en un cargo público o porque trae una pistola, este concepto emerge enseguida: Aquí mando yo.

La combinación de todos estos ingredientes —la pérdida del sentido de comunidad, el debilitamiento de las instituciones, la mercantilización de las relaciones sociales y el individualismo— ha resultado en el uso de la violencia para resolver los problemas, o sencillamente para demostrar el malentendido poder.

Para el asistente del Sector Social del Gobierno de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, la violencia es un fenómeno de múltiples causas, que genera traumas en las comunidades afectadas. Por esa razón, no sólo debe atenderse desde sus causas, sino, además, el origen y las consecuencias de esos traumas.

El panorama puede parecer desalentador, considerando que en México vivimos más de 126 millones de personas distribuidas en un poco menos de 2 mil 500 municipios. Sin embargo, igual que otros jesuitas que trabajan en comunidades marginales, González Candia llama la atención sobre algunos focos de esperanza que se mantienen encendidos: en las alcaldías de San Nicolás, Escobedo, y San Pedro Garza García, en Nuevo León; en Saltillo, Coahuila; en Chihuahua, Chihuahua; en Cherán y Tancítaro, Michoacán, y en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, se han reducido las cifras de la violencia y la percepción de inseguridad entre los años 2011 y 2020.

La investigación Policías municipales y organización comunitaria: un desafío para la paz, que realizó el CIAS Paz, descubrió que estos sitios se distinguen de otros por la relación que han establecido las policías municipales con la población, y porque sus policías colaboran con consejos, mesas y redes vecinales conformadas por ciudadanos y ciudadanas.

Las entrevistas a servidores públicos, especialistas y personas comunes que se hicieron para esta investigación arrojaron que, a raíz de las crisis de inseguridad que vivieron estos municipios, una gran parte de sus habitantes pasó “de una ciudadanía beneficiaria a una ciudadanía colaboradora, de una seguridad militar centrada en el uso de la fuerza para resolver problemas a una seguridad ciudadana centrada en la resolución de problemas a través de la palabra y el acuerdo”.

González Candia recuerda que el trabajo también identificó 18 factores que han contribuido para que los hechos y la situación de seguridad en esos lugares permanezcan más bajos que en el resto del país: 1, la existencia de espacios de encuentro y colaboración entre policías y ciudadanos; 2, la capacidad de las autoridades para atender problemas y generar confianza; 3, las relaciones sociales con los y las jóvenes; 4, la colaboración de los y las habitantes con sus gobiernos, empresas, escuelas, organizaciones sociales, iglesias, etcétera; 5, la generación de instrumentos para que la policía rinda cuentas de sus acciones; 6, mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas; 7, las experiencias que remiten a una ética del servicio público; 8 y 9, el conocimiento de la policía del territorio y de las causas de la violencia, así como orgullo de pertenecer a su corporación; 10, una cultura ciudadana de toma decisiones en democracia; 11, la formación de las policías en derechos humanos y perspectiva de género; 12, los liderazgos con un enfoque comunitario; 13 y 14, la participación de la comunidad en el diseño de acciones de prevención del delito y la selección de los policías; 15 y 16, la existencia de instancias municipales para el análisis, la planeación y la evaluación de las estrategias de seguridad, y para atender los conflictos vecinales; 17, el uso de la tecnología para la prevención y la reacción, y 18, el diseño de estrategias de seguridad flexibles y de acuerdo con el contexto del territorio.

Para quienes estudian el tejido social, una de las claves para desarticular  las violencias que afectan a México está en el involucramiento de la comunidad: la identificación los problemas y los traumas que generaron, la asistencia a encuentros de conocimiento mutuo con sus vecinos, el hecho de asumirse como actores responsables de lo que pasa en su entorno, la vinculación y la construcción de los acuerdos comunes.

La tendencia en México es al revés, pues se cree que por sí solas la generación de reglamentos y leyes o, más todavía la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército, disolverán los problemas de inseguridad.

¿Hay esperanza? Sí, a decir de Jorge Atilano González, SJ: “Todavía se puede recuperar la vida pública y animar la vida colectiva: le hemos dejado lo público a los políticos; lo público es de todos y todas. Todavía podemos ver qué vacíos existen y comenzar un diálogo, poniendo al centro los sueños, lugares y necesidades comunes, para que se transformen en encuentros, propuestas, compromisos. Las obras y universidades jesuitas tenemos la posibilidad de fortalecer los significados del territorio, la identidad y el medio ambiente natural, y de acompañar la capacidad de agencia de personas no beneficiarias de programas oficiales, sino constructoras de su destino, desde un sentido de comunidad”. ·

Donde hay poblaciones vulnerables, ahí está la Compañía

Están las que trabajan para que se resuelva el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos —y, en algunos casos, asesinados— en Ayotzinapa, Guerrero; las que defienden los derechos laborales de los miles de personas contratadas en las líneas de las empresas de la industria electrónica; las que acompañan a los y las migrantes que debieron buscar refugio en México, y las que intentan que las comunidades indígenas tengan una voz en la radio. Las siguientes son algunas obras sociales  y de acompañamiento de la Compañía de Jesús. En diferentes casos, algunas parroquias se consideran obras sociales, por la labor de acompañamiento que ofrecen a las comunidades en las que están situadas. Puedes consultar qué hace cada una y cómo apoyarlas en Jesuitas México.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A. C.
Desde 1988, tiene la misión de promover y defender los derechos humanos de personas y colectivos excluidos, en situación de vulnerabilidad o de pobreza.

Centro de Reflexión y Acción Laboral, A. C.
Por medio de la defensa, la investigación y el diálogo intersectorial con empresas, organismos, académicos, empresarios y gobierno, trabaja por garantizar el derecho de las personas al trabajo digno y libre de violencia y discriminación.

Centro de Investigación y Acción Social, A. C.
Con investigaciones y acciones de intervención, jesuitas y mujeres y hombres laicos de distintos perfiles profesionales trabajan para construir condiciones de paz.

Servicio Jesuita a Migrantes Trotasueños, A. C.
A través del acompañamiento a las personas migrantes de paso por México, esta organización no gubernamental sin fines de lucro busca disminuir la vulnerabilidad de las personas en situación de migración.

Servicio Jesuita a Refugiados, A. C.
Tiene la misión de acompañar, servir y defender los derechos de las personas refugiadas.

Misión Santísima Trinidad de Arena, Chiapas, A. C.
Está integrada por 44 comunidades de los municipios de Palenque, Ocosingo y Chilón, en Chiapas, donde habitan los pueblos c´hol, tseltal y zoque. Su misión es el arraigo de la identidad cultural a través de un trabajo de acompañamiento y diálogo con la iglesia autóctona y la fe cristiana.

Parroquia San Francisco Xavier de Bachajón, Chiapas, A. C.
Radio Bachajón Ach’ Lequil C’op pertenece a esta parroquia. Su misión es aportar al buen vivir de la comunidad, con una radio que promueva la comunicación horizontal para compartir, mantener y recuperar los conocimientos ancestrales, cuidar el planeta, vivir con dignidad y armonía.

Complejo Asistencial Santa Teresita, A. C.
Tiene el propósito de mejorar las condiciones de vida de las personas de pueblos originarios rarámuri: la salud, la educación, la cultura y el entorno.

Proyecto Sierra Norte de Veracruz, Fomento Cultural y Educativo, A. C.
En el 105.5 de FM esta radio comunitaria acompaña y difunde los pensamientos y sucesos en los pueblos originarios de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Tamaulipas y Querétaro, con transmisiones en voces ñühü, náhuatl, masapijni y español.

Fundación San Ignacio de Loyola, A. C.
Ofrece soporte institucional y financiero a los Proyectos Sociales y Pastorales de la Compañía de Jesús en México.

Fundación Justicia y Amor, I. A. P.
Desde 1950 trabaja con población vulnerable y comunidades indígenas, a través de espacios formativos para promover la salud, la participación organizada y la autogestión económica.

Además
:: Centros sociales y culturales de la Plataforma ChiapasIndígena.
:: Parroquia San Miguel, en Samachiki, Chihuahua. :: Parroquia San Francisco en Cerocahui, Chihuahua.