Paz Total: avances, retos e interrogantes en Colombia

Mauricio García Durán, SJ – Edición Especial violencias

El presidente colombiano Gustavo Petro enfrenta el reto de pacificar a su país. Foto: Chepa Beltran / VWPics, vía Newscom.

Este artículo analiza hasta dónde existe una política de Paz Total, el proyecto pacificador en Colombia, para luego considerar el desarrollo de los componentes de la misma, tanto a nivel de la llamada “paz negativa” como de la denominada “paz positiva”

La Paz Total se ha ido configurando como el gran eslogan del actual gobierno, con el cual el presidente Gustavo Petro ha querido no sólo darle más identidad a su gestión en estos primeros siete meses, sino para ser recordado en el futuro. De ahí la relevancia de la Paz Total en las actuaciones y discursos del presidente, la vicepresidenta Francia Márquez y gran parte de los funcionarios públicos de alto nivel. Sin embargo, es preocupante percibir ciertos niveles de improvisación y desacierto en la puesta en marcha de esta política gubernamental, como se ha evidenciado en el tuit del presidente Petro el 31 de diciembre de 2022 sobre el cese al fuego con el ELN; en el nombramiento como gestor de paz de Jorge Luis López, el encarcelado hijo de “la Gata”; en la falta de claridad en los acercamientos, tipo de negociación y cese al fuego con sectores criminales y del narcotráfico; y en la ambigüedad sobre el estatus político de Iván Márquez y la Nueva Marquetalia.

El gobierno de Petro tiene que mostrar resultados muy concretos en los avances posibles hacia la Paz Total, para evitar que sus esfuerzos terminen convertidos en otra “paz parcial” o, peor aún, en un recrudecimiento de la violencia, a niveles no vistos en muchos años. El presidente Petro y su equipo tienen el reto de potenciar eficazmente los elementos positivos de la política de paz propuesta, aclarar aquellos que todavía están confusos y proponer alternativas frente a los obstáculos que se están levantando en el camino de la Paz Total, para que, de manera realista, el gobierno pueda avanzar durante su cuatrienio, en pos de una paz posible.

¿Existe una política de Paz Total?

En la discusión sobre la Paz Total, tanto en el ámbito político como en el académico y de activistas por la paz, surgen muchas preguntas sobre su real significado. Algunos analistas consideran que lo que la caracteriza es la improvisación (Pizarro, 2023). De hecho, el gobierno no ha dado a conocer un documento claro que explicite y muestre los distintos contenidos, objetivos y estrategias que componen dicha política. Hasta el momento el debate se ha centrado en los procesos de negociación y sometimiento de los actores armados ilegales, dejando de lado otros componentes que debería tener la política, para ser realmente una Paz Total, grande e integral.¹ La Paz Total requeriría, con relativa urgencia, una hoja de ruta clara y realista sobre cuál es la paz posible en las actuales circunstancias, a fin de avanzar hasta el 2026, no solo en la desactivación de los factores de violencia, sino también para promover dinámicas de desarrollo integral, fortalecimiento de la democracia y promoción de una cultura de paz y reconciliación, las cuales son condiciones para consolidar un país en paz, potencia para la vida, como reza el Plan Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, al tratar de revisar las características de esta política en documentos y discursos oficiales, paradójicamente se descubre que no hay un desarrollo sistemático y completo de lo que ésta significa para el gobierno de Petro. “Hay por el momento un vacío, y es la carencia pública de un documento de política que recoja” (Vargas y Jaramillo, 2022: p. 51) y explique con claridad, todos los componentes de la Paz Total del gobierno de Petro. Ahora bien, no es sólo la ausencia de un planteamiento claro y completo de la política de Paz Total, sino también el tono discursivo en que se plantea. “La grandilocuencia de los lemas de Petro, [quien] tiende también a la hipérbole, algo que se ve en algunas de sus consignas, [y en la] desmesura que también se advierte en la ‘Paz Total’, una consigna ambiciosa que aspira a diferenciarse de ‘la paz con legalidad’ de Iván Duque (…) pero también de la paz pragmática de Santos… [emergiendo como] un discurso utópico que resulta de improbable cumplimiento dadas las circunstancias actuales” (Bonet, 2022).

Se necesita, por tanto, que el gobierno explicite una política de paz propiamente dicha en todos sus componentes; no bastan las puntadas o consignas que se han dado en discursos, entrevistas o en Twitter. Contar con una política de paz significa generar las condiciones de posibilidad para que el camino hacia la paz se concrete, se haga realidad; ello implica no solo estrategia, sino también mecanismos concretos que garanticen su implementación (estrategia de negociación, estrategia de política criminal, estrategia de seguridad y orden público, estrategia antinarcóticos, estrategia de participación ciudadana, estrategia de desarrollo territorial y promoción de una cultura de paz). Es decir, exige una política pública clara e integral, que también explicite los mecanismos de coordinación entre las distintas instancias del Estado, de forma que se garantice que todas apuntan en la misma dirección y objetivos.

¿Paz total como negociación y desmonte de actores armados ilegales?

Una política comprensiva de paz, como la Paz Total, requiere contar con una dimensión de paz negativa,² es decir, una política de negociación, contención y disuasión de los actores armados para frenar la violencia y las afectaciones a la población civil. Ello implica al menos cuatro componentes:

a) Cumplimiento del Acuerdo de paz con las FARC en 2016,³ el cual todavía tiene en promedio un poco más del 50% de lo estipulado por implementar, pero en algunos puntos apenas arranca su implementación (Instituto Kroc 2022, p. 9).

b) Una ruta de negociación con actores de carácter político, como el ELN y las disidencias de las FARC que no entraron en los acuerdos de 2016, buscando alcanzar un acuerdo de paz y un proceso de desmovilización, desarme y reintegración (DDR).

c) Una política criminal, que fije las pautas para el manejo jurídico y control institucional de actores ilegales vinculados a dinámicas de economía ilícita, donde no cabe una negociación política; debe fijar las condiciones de sometimiento a la justicia y de cese al fuego.

d) Una política de seguridad, que ofrezca los lineamientos claros para la operación de la Fuerza Pública y su contribución a consolidar condiciones de seguridad y paz en toda la sociedad, con capacidad disuasiva respecto de actores armados ilegales, incluido el narcotráfico.

La mayoría de referencias en medios de comunicación sobre la Paz Total aluden ante todo a las propuestas de negociaciones o sometimiento con distintos grupos armados, para evitar una “paz fragmentada”. El gobierno Petro busca pasar de paces parciales y fragmentadas con actores armados desagregados, a una paz simultánea con todos los actores armados ilegales actualmente existentes (Cepeda 2022: p. 35).

Negociaciones políticas con el ELN y las disidencias de las FARC

Con relación a las rutas de negociación con organizaciones que persiguen objetivos políticos, caben aquí claramente las negociaciones con el ELN y, en alguna medida, las negociaciones con las disidencias de las FARC-EP, quienes no firmaron el acuerdo de paz de 2016. Esta ha sido la prioridad del gobierno a este nivel, particularmente retomando las negociaciones con el ELN, iniciadas por el gobierno Santos, pero suspendidas por el gobierno Duque luego del atentado a la escuela de cadetes General Santander a comienzos de 2019. El marco legal de estos nuevos esfuerzos de negociación es la Ley de Orden público de 1997, la cual ha sido ajustada y actualizada por medio de la Ley 2272 de 2022, conocida como Ley de la Paz Total. En este punto de las negociaciones con el ELN es donde el actual gobierno más ha avanzado en su política de paz, aunque no es claro que la estrategia de negociación se haya construido sobre las lecciones que nos quedan de los procesos de paz de los últimos 40 años (Orozco y Sánchez, 2022) y de las experiencias internacionales.

El actual gobierno ha logrado mostrar avances en el proceso de negociación con el ELN, al retomar la negociación en noviembre de 2022 y reconstruir el soporte internacional al proceso, incluyendo a Venezuela y Cuba. No obstante el desencuentro en torno al cese al fuego, anunciado por el presidente el 31 de diciembre pasado, se han avanzado dos ciclos de conversaciones en Venezuela y en México. En el último ciclo se pudo acordar una agenda de negociación, que ha suscitado reacciones muy diversas de anteriores Altos Comisionados de Paz, unas de valoración y apoyo (Daniel García-Peña: 2023), otras de crítica y cuestionamiento (Sergio Jaramillo: 2023a y 2023b). Las inquietudes mayores están relacionadas, por una parte, con la ausencia de un cese al fuego, que lleva a situaciones dramáticas como el atentado del 29 de marzo en Norte de Santander donde murieron nueve militares; es una situación que le quita legitimidad al proceso y hace muy difícil avanzar en una negociación dada la prioridad de los actos de guerra sobre los gestos de paz.⁴ Por otra parte, también hay preguntas sobre el horizonte final del proceso de paz, es decir, hasta dónde este lleva a terminar con la lucha armada y la desmovilización del ELN como guerrilla por el peso de las transformaciones del modelo económico, político y social que un eventual acuerdo podría implicar. Queda un interrogante si la envergadura de las reformas planteadas, tanto por el ELN como por el gobierno, no desbordan las posibilidades de un proceso de paz, necesariamente acotado a ciertos puntos para que tenga la legitimidad de poder ser aprobado por el Estado y la sociedad colombiana. En ese sentido, queda la duda de si con la negociación se pone en juego el gran Acuerdo Nacional del que el gobierno ha comenzado a hablar (Cepeda 2023a: p. 16).

En cuanto a procesos de paz con carácter político, el gobierno acaba de abrir otro frente de negociación con las disidencias de las FARC que no firmaron el acuerdo de paz del 2016, conocidas como Estado Mayor Central de las FARC. Es una negociación que se inicia en el marco de la ya mencionada Ley de la Paz Total, aprobada en noviembre de 2022. Queda por definirse cuáles pueden ser los objetivos de esta negociación, es decir, si es una negociación para acogerse a lo acordado con las FARC en el proceso de La Habana, o si esta negociación implica nuevos puntos de agenda que irían más allá del comprensivo acuerdo de 2016. Al ser grupos minoritarios, hay dudas de que exista la legitimidad política necesaria para acordar asuntos de envergadura adicionales a los ya pactados; queda también el interrogante de si miembros de estas disidencias pueden ser admitidos en algunas de las medidas de justicia transicional pactadas, como la JEP.

Pero en este frente de las negociaciones políticas, se ha suscitado un gran debate sobre si las disidencias de la Nueva Marquetalia, lideradas por Iván Márquez, pueden ser considerados de nuevo sujetos de negociación política, luego de traicionar el acuerdo de paz de 2016, al que se habían acogido; hay posiciones contrarias en este sentido. Por una parte, funcionarios gubernamentales o de la coalición del Pacto Histórico consideran que, dado que fueron víctimas de entrampamiento, deberían tener la puerta abierta a una negociación como las otras disidencias (Cepeda 2023b: p. 1-15). Pero, por otra parte, hay quienes se oponen férreamente a ello, entre otros Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno Santos en La Habana.⁵ Pero también hay funcionarios del sistema de justicia transicional, como el magistrado Roberto Vidal (actual presidente de la JEP), quien considera que legalmente están excluidos de ser readmitidos a la JEP y que el gobierno tendría que modificar la ley para poder darles cabida (Vidal 2023: p. 1-4). ¿Es viable una negociación centrada en un pedido de “amnistía, perdón y olvido”?⁶ En este momento no es claro cómo el gobierno va a hacer frente a las serias resistencias para admitir esta disidencia en un nuevo esquema de negociación política.

Alternativas para el sometimiento a la justicia

El gobierno Petro no ha logrado precisar los componentes de política criminal que le permitan avanzar sin tropiezos en los diálogos que se ha propuesto con todos los actores armados ilegales vinculados a dinámicas criminales y de economía ilegal. Inicialmente consideraron que con la actualización de la Ley de Orden Público de 1997 se tendría el mecanismo jurídico para hacerlo; sin embargo, pronto quedó claro que la Ley de la Paz Total (2272/22) sólo cubría a las organizaciones con algún carácter político. No obstante existir una ley de sometimiento a la justicia (Ley 1908 de 2018), el actual gobierno decide tramitar una nueva ley que favoreciera más claramente la acogida al sistema judicial de grupos criminales y vinculados al narcotráfico; es la ley que hace trámite en el Congreso, con serias resistencias y críticas de muy distintos sectores, comenzando por el Fiscal General de la Nación (Barbosa 2023: p. 1-14).

Aunque la nueva ley de sometimiento a la justicia sea aprobada pronto, el camino para avanzar está lleno de obstáculos, dada la magnitud de grupos armados ilegales existentes, que pueden alcanzar una cifra entre 40 o 50 (Pizarro 2023), y dado que no todos están dispuestos a entrar por el camino abierto por el gobierno. De hecho, la declaratoria de un cese al fuego solo se ha planteado con diez de estos grupos. Existe el riesgo de un cese al fuego que no sea verificable y que fácilmente pueda ser roto por una de las partes, como pasó en el proceso de paz durante Belisario Betancur y en el proceso durante Pastrana con el despeje de 42.000 Km²en el Caguán, y se ha constatado con 2,5 violaciones diarias al cese al fuego luego del 31 de diciembre de 2022.⁷ Esto se ha puesto dramáticamente en evidencia, dada la situación de “confrontación” con el Clan del Golfo, quienes además de no cumplir con el cese al fuego, han promovido protestas y revueltas sociales como el “paro minero” en el Bajo Cauca Antioqueño, las cuales tienen claros vínculos con iniciativas de minería ilegal y narcotráfico. Esto llevó al presidente Petro a dar por terminado el cese al fuego con este grupo el 19 de marzo, ordenando a la fuerza pública “actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa”.⁸

Más allá de esta situación particular con el Clan del Golfo, hay una pregunta de fondo para la Paz Total y es su capacidad para hacer frente a los grupos ilegales que están detrás de las economías ilícitas, tanto narcotráfico como minería ilegal, extorsión y tráfico de personas. ¿Es realista plantear que la política de la Paz Total va a desmontar el narcotráfico y demás economías ilícitas junto a los grupos armados que les dan soporte? Surgen serias dudas al respecto, y más cuando no se cuenta con una política de seguridad y una política antinarcóticos que de manera efectiva logren controlar dichas economías. En ese sentido, hay el riesgo de volver a cometer los errores de la administración Uribe con los grupos paramilitares, cuando se desmovilizaron unos 32 mil hombres armados, pero no se lograron desmontar las estructuras existentes vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, estructuras que rápidamente se reprodujeron y dieron vida a grupos surgidos de la desmovilización paramilitar como el Clan del Golfo, los Caparrapos, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, los Rastrojos y otros más, a los que se suman grupos regionales, no necesariamente ligados a la desmovilización paramilitar, y otras estructuras mixtas locales surgidas en medio del vacío de poder (Ávila 2022: pp. 24-25).

¿Es posible la Paz Total sin una política de seguridad?

Dados los grupos armados ilegales existentes y sus vínculos indiscutibles con las dinámicas de las economías ilícitas, particularmente narcotráfico y minería ilegal, los niveles de violencia se vienen incrementando de forma importante desde 2018, luego del descenso significativo que se presentó con la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016; el incremento de los niveles de violencia se ha concentrado en algunas zonas más vinculadas con las economías ilegales, pero su impacto va creciendo a nivel nacional. El asesinato de líderes sociales ha crecido de manera exponencial, llegando en marzo 15 de 2023 a mil 438⁹ desde noviembre de 2016. “Actualmente Colombia se halla en una situación que podría denominarse un empate técnico criminal” (Ávila 2022: p. 26), para caracterizar las disputas criminales que se dan en las zonas de economías de guerra en una fase de postconflicto, que ya ha durado más de cuatro años. La Paz Total tiene que responder a ello.

Una política de paz no es viable sin contar de forma paralela con una política de seguridad que le dé respaldo. En otras palabras, sin medidas disuasivas en el orden militar es difícil que se avance en negociaciones de paz y en alternativas de sometimiento a la justicia. El actual gobierno ha hablado de una política de Seguridad Humana, que reemplazaría una política de seguridad nacional; el problema está en que se desconoce dicha política, sobre la cual tampoco hay un documento público claro que muestre sus componentes y estrategias. Las consecuencias de esta ausencia de política de seguridad han sido de un gran impacto sobre la Fuerza Pública, dado que sus miembros no cuentan con directrices claras para responder a los retos militares y policiales que está planteando la compleja situación de orden público y violencia que se vive en distintas regiones del país. “Entonces las fuerzas militares están profundamente desconcertadas porque no saben cómo actuar”(Pizarro 2023), lo cual lleva a que estén en gran medida inmovilizadas y muy desmotivadas, en razón del trato del presidente Petro a las fuerzas, lo que se expresó en la descabezada de 50 generales de fuerzas militares y policiales en agosto de 2022, salidas que han continuado dándose a lo largo de este año.¹⁰

¿Cuenta el gobierno Petro con el respaldo efectivo de la fuerza pública para hacer frente a estos retos de orden público y garantizar un cese al fuego multilateral? Se ha observado en estos años recientes que “las Fuerzas Militares (FF.MM.) habían reducido sustancialmente su presión sobre las organizaciones criminales, lo que se acompañó del deterioro de la seguridad en todo el país. La inoperancia es más que evidente” (Ávila 2022: p. 32). Como razón de este comportamiento, se da una combinación de miedo jurídico, ausencia de liderazgo de parte del gobierno, ausencia de una política seguridad clara, y un posible cálculo político de las FF.MM. sobre su futuro. Cualquiera que sea la razón de esta inmovilidad y deterioro de la seguridad en el país, la política de la Paz Total no logrará funcionar sin contar con el claro respaldo de las Fuerzas Armadas, cuya capacidad disuasiva es condición necesaria para poder avanzar exitosamente en un proceso de negociación y desmovilización de grupos armados ilegales (Orozco y Sánchez 2022). Este es uno de los mayores retos que tiene el presidente Petro si quiere sacar adelante su política de Paz Total.

¿Paz Total como transformaciones que llevan a una paz integral y sostenible?

La construcción de una política de paz comprensiva e integral, también demanda que la política tenga una dimensión de paz positiva que explicite las estrategias hacia una paz grande e integral, esa paz querida por las comunidades en los distintos territorios y que demanda los esfuerzos mancomunados de todos los colombianos/as, tanto desde las instituciones estatales como desde las organizaciones sociales y entidades de la sociedad civil. Sin lugar a dudas, los escritos gubernamentales que han ido más a fondo en cuando a una visión de la Paz Total como “paz positiva” serían los documentos del Departamento Nacional de Planeación,¹¹ tales como las Bases para el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, presentado en noviembre, como la propuesta entregada al Congreso en febrero del 2023, “Colombia, potencia mundial de la vida”. En esta discusión del plan nacional de desarrollo, se considera que consolidar la paz es un esfuerzo que tomará generaciones. En estos documentos se plantea que además de las estrategias de paz negativa como son el diálogo con actores armados y el desescalamiento de la violencia (DNP 2023: pp. 201-204), hay otras tres estrategias que se enmarcan en el horizonte de la paz positiva: (1) “Cumplir con lo pactado en el Acuerdo del Teatro Colón” para llevar a transformaciones en los territorios; (2) “instaurar cambios culturales que erradiquen la violencia como herramienta de trámite de conflictos”, es decir, promover una cultura de paz; y (3) “impulsar ajustes institucionales que permitan instaurar la paz como política de Estado”, como parte de la esencia del gobierno (DNP 2022: p. 29).

Lo anterior implica al menos tres componentes adicionales en una política de paz:

a) Una política de desarrollo económico integral, que muestre la ruta para el crecimiento económico y la integración incluyente de los sectores sociales y territoriales, particularmente los más excluidos de las dinámicas productivas. Sin una clara política de desarrollo a nivel rural y a nivel urbano, no hay condiciones para que se consolide una apuesta de paz integral. La implementación de los Acuerdos con las FARC¹² juega un papel clave a este nivel, pero también algunas de las líneas fuerza del Plan Nacional de Desarrollo a nivel del ordenamiento del territorio, la transformación productiva, el empoderamiento económico de la mujer, y el impulso a la economía popular y comunitaria (DNP 2023).

b) Procesos de ampliación de la democracia, que consoliden la participación social y ciudadana, que pueda incidir en la acción colectiva y la vida política del país, lo cual demanda la doble dinámica de fortalecimiento de las instituciones públicas para responder a las necesidades sociales y garantizar una seguridad que cuide de las personas y proteja sus derechos humanos, así como de apoyo a las dinámicas organizativas y empoderamiento de los sectores que han sido excluidos y victimizados, para que puedan jugar un rol proactivo en la construcción de la paz. El PND 2022-2026 incluye el impulso de mecanismos democráticos de participación, para promover un diálogo permanente que lleve a la toma de decisiones, desde y para el territorio (DNP 2023: pp. 189/90).

c) Un esfuerzo sostenido por promover una cultura de paz y reconciliación, que haga frente a las culturas de violencia, discriminación y exclusión que se han arraigado en la sociedad colombiana a lo largo de estos 60 años de conflicto armado. Ello demanda una apuesta educativa y cultural de envergadura que debe llevar a consolidar “una cultura de paz en la cotidianidad de las poblaciones y territorios” (DNP 2023: pp. 204/05), la cual debe potenciar los dinamismos de vida y convivencia de la sociedad colombiana, promover ciudadanías activas y participativas, e impulsar los procesos de justicia transicional para la reconciliación (pp. 80/82).

El gobierno ha hablado de esta necesidad de participación más amplia de la sociedad en los procesos de construcción de paz en sus distintas dimensiones. Dicha participación fue clara en el proceso de elaboración del plan de desarrollo, a partir del ejercicio nacional de los diálogos vinculantes. “El nuevo contrato social que propone el Plan Nacional de Desarrollo requiere consolidar un profundo cambio cultural, en el cual las relaciones entre el Estado y la ciudadanía propicien entornos pacíficos, seguros, de respeto a la diferencia y a la diversidad” (DNP 2022: 29). Aunque los diálogos vinculantes ya se culminaron y se recogieron en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, queda una inquietud sobre la manera como el gobierno va a seguir promoviendo la construcción de paz “desde abajo” en los territorios, y así animar un proceso social verdaderamente democrático y empoderante hacia la paz en toda la sociedad.

En conclusión, si el presidente Petro quiere avanzar hacia una Paz Total en Colombia, su equipo de gobierno debe diseñar un plan realista de una paz posible y alcanzable en las actuales circunstancias, así sea una paz imperfecta e incompleta, pero con un norte claro que permita consolidar los logros alcanzados hasta el momento en los procesos de paz anteriores y seguir trabajando para que una paz grande e integral se vaya haciendo realidad en un futuro no tan lejano y con la participación social más amplia posible. “El horizonte final es la ‘paz grande’, que incluye las otras dos [paz total y paz posible] y hay que construirla todos los días, y significa la convivencia en los territorios y la reconciliación nacional” (De Roux, 2023: p. 1-12).

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REFERENCIAS

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Bonet, Piedad (2022-11-12), “La Paz Total – El discurso utópico de Gustavo Petro”, en: El País (España), https://elpais.com/america-colombia/2022-12-11/la-paz-total-el-discurso-utopico-de-gustavo-petro.html?event_log=oklogin

Cepeda, Iván (2022) “La Paz Total”, en: Carlos Medina Gallego (compilador) La Paz Total – Insumos para la formulación de una política pública integral de paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Aula Libre, pp. 31-38.

Cepeda, Iván (2023a) “Queremos avanzar hacia un acuerdo nacional” (entrevista), en: El Espectador, 19-03-2023, pp. 16/17.

Cepeda, Iván (2023b) “Desde la izquierda invitamos al centro y a la derecha a un gran acuerdo nacional” (entrevista), en: El Tiempo, 19-03-2023, p. 1-15.

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Velandia, Carlos Arturo (2022) “La Cultura de la Paz Total en Colombia”, en: Carlos Medina Gallego (compilador) La Paz Total – Insumos para la formulación de una política pública integral de paz. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Aula Libre, pp. 121-132.

Vidal, Roberto (2023) “JEP no puede volver a recibir a los desertores” (entrevista), en: El Tiempo, 10-03-2023, p. 1.4.

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Notas al pie

1. Como tituló el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, una presentación para Colombia Human Rights Network el 18 de febrero pasado: Política de Paz Total, Grande y Positiva. Esto contrasta con el énfasis del mismo Comisionado a nivel nacional en las medidas orientadas hacia una paz negativa de negociación y sometimiento de grupos armados ilegales.

2. Algunos análisis sobre la Paz Total ponen en su definición el énfasis en los componentes de paz negativa, incluido el acuerdo de paz con las FARC (Cf. Vargas y Jaramillo 2022: pp. 51/52; Velandia 2022: p. 122); falta un mayor reconocimiento de los componentes de paz positiva, como se señalará en este artículo.

3. Muy recientemente, el presidente Petro planteó la necesidad de hacer cambios en el Acuerdo de Paz con las FARC, ya que no se discutió allá el modelo económico (ver El País [Cali, Colombia], 18-03-23, p. A4). No es claro que convenga ajustar un acuerdo que no se ha cumplido completamente. Si hay nuevos puntos a considerar se lo debe hacer en los actuales procesos de paz o, si la magnitud de los asuntos es de marca mayor, en un proceso político de concertación que pueda llevar a un Acuerdo Nacional.

4. Cf. El Tiempo, 30-03-2023, pp. 1-1 y 1-2.

5. Cf. El Tiempo, 24-02-2023, p. 1-7.

6. “Pedimos amnistía, perdón y olvido” (entrevista con jefe de las disidencias de las FARC), en El Espectador, 12-03-2023, p. 16.

7. Cf. El Tiempo, 26-03-2023, p. 1.2.

8. El Tiempo, 19-03-2023, en: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/presidente-petro-suspende-cese-al-fuego-bilateral-con-el-clan-del-golfo-751734

9. Información actualizada permanentemente por INDEPAZ sobre los líderes sociales asesinados.

10. “23 tenientes coroneles del Ejército solicitaron la baja”, en El País (Cali, Colombia), 17-03-2023, p. B9.

11. Es llamativo el lugar que ocupa el tema de la Paz Total en ambos documentos. En el de noviembre 2022, hay un apartado al comienzo del documento donde se desarrollan las ideas sobre la Paz Total; en el documento de febrero 2023, se lo integra como una de las líneas transversales al final del documento, lo que le quita un poco de peso. En ambos casos, hay otras alusiones a la construcción de paz en otros apartados, como en el tema de seguridad y en el tema de actores transversales.

12. Para el gobierno Petro se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo en un anexo titulado “Plan Cuatrienal de Implementación del Acuerdo de Paz con las FARC – EP”, donde se fijan las metas a alcanzar en cada uno de los 6 puntos del acuerdo (DNP 2023).

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