Después de dos décadas buscando recuperar un territorio del que habían sido despojados, sus habitantes celebran que la autoridad les diera la razón y ordenara su restitución. La historia de esta victoria en la defensa del territorio y la identidad se remonta muchos años atrás

El cerro El Pandillo forma parte del espacio sagrado de Mezcala. Silvino Sepúlveda García es el encargado de los cantos durante el ritual que se realiza en el sitio sagrado de La Nola para pedir la lluvia. Él explica que cuando el ritual se hacía y no llovía, se llevaban a  cabo dos procesiones: una parte de la comunidad salía de la Piedra Herrada, desde el barrio de La Cuesta, mientras que otra parte salía del cerro El Pandillo, hasta juntarse nuevamente en La Nola, donde el ritual concluía con la lluvia sobre su pueblo.

Para él, recuperar el cerro El Pandillo no sólo tiene que ver con el territorio: significa salvaguardar también parte de la cultura que le da identidad al pueblo de Mezcala. Silvino resume el proceso de invasión y recuperación del predio en una canción que va, dice él, con la tonada de la canción “Soy un pobre venadito”:

Voy a cantar un corrido, sin agraviar al presente

Lo que sucedió en Mezcala, municipio Poncitlán

Se querían robar la Isla pa’ poderla negociar…

También llegaron avisos de unos señores muy listos,

que vendieron El Pandillo por querer hacerse ricos,

pero nunca lo lograron porque les salieron al brinco,

un grupo de comuneros les hicieron el plantón,

fueron los que defendieron con muchísimo valor,

se fueron contra Guillermo pa’ quitarle lo ca… mpeón.

El grupo de comuneros defiende a capa y espada,

para defender su pueblo no se detienen por nada,

O defienden a Mezcala o se los lleva la… tiznada

Mientras vivan esos hombres yo les digo con razón,

que estaremos muy seguros pa’ quitar el invasor,

y le formaremos guerra porque tenemos razón.

Silvino Sepúlveda canta con vigor a pesar de su edad. Y en esas estrofas resume los 21 años de lucha y decisión del pueblo coca de Mezcala, Jalisco, que el pasado 28 de octubre de 2021 obtuvo una victoria histórica: el Tribunal Superior Agrario ordenó la restitución de las tierras comunales que estaban en litigio luego de que fueran invadidas, como dicen sus defensores, por el empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra.

La defensa del territorio: rasgo de identidad

La comunidad de Mezcala de la Asunción forma parte del municipio de Poncitlán, en la región Ciénega de Jalisco. Su ubicación geográfica le proporciona una vista excepcional del Lago de Chapala, y ese privilegio se puede resumir en las palabras que pronunció Cirilo Rojas, presidente de Bienes Comunales, el 28 de octubre de 2010 en el Museo Regional de Guadalajara:

“La laguna ha sido nuestra Madre, pues en ella nuestro pueblo ha encontrado el alimento, el pescado, el agua para el riego de las siembras, la vida, pues; los cerros que cobijan al pueblo de Mezcala han sido el Padre, pues en él se trabaja, se crece, se muere. Entre la laguna y el cerro nace el corazón de nuestro pueblo, la isla de Mezcala”. 

Aquí, los integrantes de la comunidad dan muestra de tres cosas: por un lado, el respeto que le tienen a su entorno al considerar el territorio como parte de su familia; después, el privilegio de estar entre un lago y las montañas que los cobijan, pero, sobre todo, el ejemplo de lucha que tienen en ese corazón que su ancestros les enseñaron a defender.

Mezcala cuenta con 3 mil 602 hectáreas de terreno comunal. Sus habitantes pueden demostrar su posesión histórica mediante su Título Primordial, documento que data del 5 de febrero de 1534 y que fue ratificado por el gobierno mexicano mediante una Resolución Presidencial, el 18 de agosto de 1971.

La defensa del territorio es un quehacer histórico y cultural para los habitantes coca de Mezcala, y es precisamente su territorio lo que ha permitido que su cultura siga viva a pesar de las pérdidas que ha tenido.

Según la comunera e historiadora Rocío Moreno, la comunidad de “Mezcala se aferra a su territorio por la pérdida lingüística que tuvo desde el siglo XVII, causada por la conquista de los españoles en la región occidente del país”. Dicho de otro modo, la defensa del territorio fue la manera de defender su propio derecho a existir.

“Cuando un pueblo originario tiene una pérdida fundamental, como es la lengua, lo que hace es aferrarse, mantenerse, sobrevivir desde lo que tiene, y Mezcala se quedó con sus tierras, con su territorio. A Mezcala se le reconoce en toda la región como un pueblo celoso, aferrado a sus tierras, y esto tiene una razón histórica”, explica la historiadora.

En repetidas ocasiones, los habitantes de Mezcala han dejado claro que su cultura está viva, y lo hacen celebrando las fiestas tradicionales que aprendieron de sus ancestros, reproduciendo su tradición oral, con danzas y rituales, haciendo vida comunitaria: de ahí que posean autoridad tradicional.

Los marcos normativo y jurídico de la comunidad —el Estatuto Comunal— se remiten al artículo 13 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (oit) y describen que “el territorio consiste en la totalidad del hábitat de la región que la comunidad ocupa o utiliza de alguna manera y que incluye las tierras, los montes, aguas, arroyos, ojos de agua, lugares sagrados, cerros, valles, llanos, lomas, barrancas, plantas, hongos, animales, milpas, caseríos, magueyales, piedras y demás elementos utilizados por la comunidad”.

Las invasiones y la guerra

Desde la llegada de los conquistadores a la comunidad indígena de Mezcala, en 1530, se tiene registro escrito de las luchas libradas por defender el territorio que habita la comunidad coca, y que dan cuenta de por lo menos cuatro invasiones en la zona y una guerra.

En su tesis para obtener el grado de licenciada en Historia, titulada “La comunidad indígena coca de Mezcala: el sujeto de la historia en la defensa de la tierra”, Rocío Moreno relata la primera invasión a uno de sus bosques: “Una de las primeras invasiones que se registraron fue en el periodo colonial por parte del español Francisco Casillas de Cabrera, donde solicita El Comal en su merced; era hijo del alarife de Guadalajara. El proceso comenzó en 1665 y terminó hasta 1668 a favor de la comunidad de Mezcala”.

El Comal es un cerro que está al noroeste de la comunidad y que colinda con el cerro El Pandillo, pero que hoy día se ha visto afectado por la invasión realizada por Guillermo Moreno: se desviaron arroyos y cauces y se tienen construcciones para abastecer de agua la casa de descanso del invasor, que han afectado el bosque de pino-encino.

La segunda invasión se registró durante los años de 1900, cuando el capitán Tomás Moreno, quien había regresado de luchar en la Revolución mexicana, logró sacar a dos invasores: uno de la comunidad vecina de San Pedro Itzicán y el otro en El Comal, que había sido invadido por un terrateniente de la ciudad de Ocotlán.

Rocío Moreno cuenta que el revolucionario dijo al invasor: “Mire, amigo, aquí no es de usted, le voy a dar quince días para que se salga de aquí, usted y todas sus cositas y animalitos, en quince días me echo otra vuelta, y si sigue aquí, pues yo lo saco a puros tiros, así que usted verá”. Cumplido el plazo, regresó. Al ver que quedaban poquitas cosas, “le dijo mi abuelo: ‘Pues mañana vengo y ahora así ya no tiene que haber nada’, y pues así se salió de aquí”.

La tercera invasión está muy fresca en la memoria de los habitantes de Mezcala, ya que se originó en 1990. En ese entonces, algunos pobladores del lugar subieron con machetes y herramientas para evitar que su tierra fuera invadida.

“Fue cuando estaba el Salinas de presidente de México; yo estaba de delegado municipal y pues ni me había dado cuenta de que estaban circulando varias hectáreas en la parte de uso común de El Comal; y pues me puse de acuerdo con el de Bienes Comunales y los comuneros y población en general de Mezcala, y pues ya nomás nos fuimos todos a cortar los alambres con los que habían cercado nuestras tierras”, relató el comunero Agapo Baltazar a Rocío Moreno.

Este contexto de descontento social llevó a los pobladores de Mezcala a aprovechar la coyuntura política, de tal manera que tomaron la presidencia municipal, encabezada por el entonces alcalde Manuel Velázquez Gutiérrez. Un mes después se logró detener la invasión.

Sólo habían pasado nueve años desde que la comunidad había defendido su territorio cuando Guillermo Moreno Ibarra ya estaba invadiendo y comenzando la construcción de una mansión. Primero se apropió de nueve hectáreas, para después sumar tres más; la lentitud del proceso y la impunidad propiciaron las condiciones para que se siguiera extendiendo hasta superar las 20 hectáreas, con terrenos que incluyen los cerros El Pandillo y El Comal.

Éstas son algunas de las invasiones que ha sufrido la comunidad indígena de Mezcala, pero la lucha que ha dado valor, significado e identidad a los habitantes es la que se sostuvo contra la Corona española entre 1812 y 1816. Sus habitantes actuales han mencionado en repetidas ocasiones que fue entonces cuando los ancestros les enseñaron a luchar y a defender su territorio, dando así una lección a escalas local y nacional.

La defensa más reciente

Mezcala ha defendido su territorio, sobre todo, con el uso de las armas: pocas veces ha recurrido a la vía legal. En todos los casos ha puesto por delante el Título Primordial para demostrar su legítima posesión de la tierra.

Con estos antecedentes, cuando ocurrió la última invasión, la comunidad entró en una discusión interna en su Asamblea y se decidió que, en esta ocasión, darían una batalla legal para que les restituyeran sus tierras. La decisión no fue sencilla. Algunos comuneros argumentaban que no tenían que pedir permiso para recuperar lo que les pertenecía; no obstante, la propuesta de hacer un juicio por restitución de tierras fue la que triunfó.

Los representantes de la comunidad acudieron al Tribunal Unitario Agrario, con sede en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, con el Título Primordial y la resolución presidencial para demostrar que ellos son los dueños legítimos de los terrenos. Sin embargo, eso no bastó, y pasaron siete años para completar el expediente agrario 653/2006 a fin de iniciar así el juicio.

Durante este tiempo, Mezcala insistió en el influyentismo de la esposa del invasor, Socorro Levy Alarcón, quien tenía a su primo, José Levy García, en el gabinete del entonces gobernador Alberto Cárdenas Jiménez. Aunque el gobierno del panista concluyó en 2001, los comuneros insistían en que seguía influyendo en los jueces por medio de  conocidos.

Por su parte, el invasor Guillermo Moreno Ibarra inició, mediante diversos recursos legales, un proceso para que le dieran la sucesión del comunero Nicolás Indalesio, y en 2002 denunció a cuatro integrantes de la asamblea comunal, acusándolos de privación ilegal de la libertad. Como resultado, el representante de la comunidad, Santiago de la Cruz, junto con Salvador de la Rosa Paredes, Esteban Indalesio —actual representante de la comunidad— y Seberiano Blatazar fueron criminalizados.

Según el relato de Salvador de la Rosa Paredes, la Asamblea pidió que Crescenciano Santana se presentara ante su máxima autoridad, la Asamblea General, para explicar por qué habían invadido el cerro El Pandillo. Sólo obtuvieron negativas, hasta que un día apareció:

“El día que fue, llegó muy agresivo. Era una reunión de Asamblea que teníamos para que nos explicara por qué había enajenado ese terreno, pero, en vez de explicar algo, llegó echándole malo a la gente. Los que estábamos ahí le dijimos al comisariado: ‘Sería bueno que le hablaras a la policía, que lo vengan a sacar de la casa comunal’”, recuerda Salvador de la Rosa.

La estación de la policía del municipio de Poncitlán está a escasos 100 metros de la oficina comunal, por lo que un policía llegó rápidamente. Crescenciano Santana dijo: “¡Ah!, ¿me van a meter a la cárcel?”, y caminó hasta entrar a la celda. Sin embargo, unos días después los comuneros tenían un proceso legal por privación ilegal de la libertad en la ciudad de Ocotlán.

El proceso fue duro y violento, la policía investigadora acudió a los domicilios de los comuneros y, sin mediar palabra, se los llevó. Por no poder probar la privación ilegal de la libertad, los afectados llevaron el proceso en libertad, pero durante dos años acudieron a firmar a Ocotlán, donde finalmente los absolvieron, aunque no del todo.

En 2006, el proceso agrario cambió de sede: de estar en el Tribunal Unitario de Atotonilco pasó al Tribunal Unitario Agrario 16, en Guadalajara. Fue así que el proceso logró dar otros pasos y la comunidad cumplió con todo lo que la autoridad pedía para comprobar la invasión.

Mezcala convocó a un acto público el 3 de febrero de 2008, a las faldas del cerro El Pandillo, al que acudieron diversas comunidades indígenas de Jalisco, organizaciones sociales y periodistas. Llegar fue difícil, pero no imposible: el camino que va desde el cementerio de la comunidad hacia el predio invadido estaba sembrado con artefactos punzocortantes de elaboración casera, con los que dañaron los neumáticos de los vehículos, pero una comisión los retiró del camino.

Cuando la comitiva se acercaba al predio invadido se encontró con personas encapuchadas para amedrentar; otros tantos, como Crescenciano Santana, portaban armas largas con las que amenazaron a algunos habitantes e hicieron disparos al aire, como lo evidencian las imágenes de Refugio Ruiz publicadas entonces en La Jornada Jalisco.

Ese año, la comunidad integró medidas cautelares para que no se siguiera destruyendo el bosque y detener las construcciones, pero entonces el expediente volvió a cambiar de sede y fue enviado al Tribunal Unitario Agrario 56, en Ciudad Guzmán, para después volver a Guadalajara.

Mientras tanto, el tiempo era aprovechado por el invasor. En 2010 comenzó a desviar arroyos y a usar maquinaria pesada para derribar árboles y hacer represas. Fue hasta la asamblea del 20 de marzo de 2011 cuando se atendió el asunto. La máxima autoridad fue decisiva e instruyó a una comisión de habitantes para desmontar los paneles solares y así evitar que siguieran avanzando los trabajos. Cuando la comisión subió, en abril, fue interceptada desde su llegada  por la policía municipal de Poncitlán, que se retiró al ver que los habitantes tenían en su poder el acta de asamblea para dicho trabajo —no sin antes intimidarlos—. Después llegó el invasor con personas armadas, pero la comisión cumplió con su trabajo.

El 7 de septiembre de 2011, Rocío Moreno fue citada en el diario Milenio para una supuesta entrevista, pero no era así: la policía mintió para detener a la líder comunitaria. Hubo una intensa movilización para exigir su libertad y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) urgió su liberación. Rocío comprobó que ese día no estuvo en la comunidad y, por lo tanto, era imposible que estuviera implicada en los hechos denunciados; fue liberada y se demostró que los testigos presentados por Guillermo Moreno estaban mintiendo —a pesar de esto, sus testimonios se mantuvieron contra otros 10 habitantes de la comunidad, según consta en el expediente 318/2011-C—.

El informe del Cepad¹ señala que la Averiguación Previa 1327/2011 fue integrada por la abogada Lucero Moreno Murguía, agente del Ministerio Público de Poncitlán, y que fue aceptada por el abogado Óscar Martín Morales Vázquez, juez penal de Ocotlán, en donde se abrió el expediente 318/2011-C e incluyó los atropellos en el debido proceso y la violación de derechos humanos.

El 27 de mayo de 2015, el juez Morales Vázquez dictó sentencia, condenando a los habitantes por la responsabilidad de daño a las cosas e ignorando los atropellos en el debido proceso. El 6 de noviembre de ese mismo año, los afectados interpusieron una apelación ante la Sexta Sala especializada en materia penal, donde fueron absueltos mediante dos amparos directos, promovidos el  5 de agosto de 2016 y el 27 de abril de 2017, con los que se demostró que los habitantes no habían participado en los hechos y que Guillermo Moreno Ibarra no había comprobado la posesión de la tierra. Sin embargo, el 17 de mayo de 2018 se reiteró la sentencia de 2015, a pesar de que contradecía lo que antes habían considerado los jueces.

El 15 de febrero de 2019 se dictó un acuerdo, por lo que el caso sigue abierto a proceso, tal como lo explica Denisse Montiel Flores, integrante del Cepad: “Sobre el proceso penal instruido en contra de la y los comuneros, este proceso no ha culminado todavía. Actualmente se encuentra en proceso de resolución por parte del Primer Tribunal Colegiado en materia penal del Tercer Circuito”. Después de 11 años de proceso legal, las artimañas, la falsificación de testigos, la mala actuación en el debido proceso y la violación de derechos humanos no han sido suficientes para probar la inocencia de los habitantes de la comunidad indígena de Mezcala.

Sin embargo, Denisse Montiel añade que la “sentencia recientemente obtenida y donde se reconoce la invasión de las tierras por parte de Guillermo Moreno Ibarra cobra gran relevancia, ya que con ella se sustenta lo que se ha planteado desde el inicio: que él es un invasor, que llegó a ocupar tierras que no le pertenecen, y que precisamente la comunidad actuó en defensa de sus derechos, principalmente a la tierra”.

La otra lucha: por la identidad

Uno de los factores que han complicado al pueblo de Mezcala la defensa de la tierra por la vía legal es que la Ley Estatal Indígena de Jalisco no reconoce a este pueblo como originario. Sin embargo, la autoadscripción al pueblo coca no ha sido un problema en Mezcala, pues la comunidad así se ha reivindicado en repetidas ocasiones. El problema reside en quien otorga el reconocimiento de manera oficial.

El 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en Chiapas, entre el gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Dichos acuerdos integraron por primera vez la voz de las comunidades indígenas para reconstituir sus derechos y su cultura. No obstante, fueron violados por las autoridades.

Como respuesta a esta falta de cumplimiento nacieron las leyes indígenas en diversos estados. En el caso de Jalisco, el proceso para formular la ley inició con un censo en 2008; sin embargo, en Mezcala no se hizo una visita a los pobladores. En lugar de eso, los encargados del levantamiento fueron a la presidencia municipal, donde les indicaron que el municipio no contaba con población indígena, por lo que la Comisión Estatal Indígena (CEI) no los tomó en cuenta, a pesar de que desde ese mismo año la comunidad había hecho las gestiones para ser incluida.

La historiadora y comunera Rocío Moreno señala que Mezcala nunca tuvo  problemas para autoadscribirse como pueblo indígena, y que fue hasta 2008 cuando, a manera de “burla, Mezcala ya no era considerado un pueblo originario”.

La reforma en 2012 a la Ley sobre los Derechos y Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas no incluye a Mezcala. Sin embargo, las autoridades tradicionales siguen buscando ser integradas y han participado en diversos proyectos de reforma a la ley para que se les considere una comunidad indígena coca.

Con las medidas cautelares y la resolución 07/2020 que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la situación crítica de salud que viven los habitantes de San Pedro Itzicán y Mezcala, donde los índices de enfermos renales y enfermedades crónico-degenerativas están en aumento, esta instancia internacional obligó a las autoridades de Jalisco a revisar la problemática que ha impedido que las comunidades sean consideradas  pueblos originarios.

La CEI lleva el proceso de integración de la comunidad de Mezcala y, a decir de Rocío Moreno, ahora se lleva a cabo un censo en forma. “Es el primer paso. Después, cuando se actualice la ley, se podrá incorporar al pueblo de Mezcala porque ya aparecerá en el censo de la cei”; y añade que “hasta el momento no nos han especificado en qué momento van a hacer este reconocimiento público y oficial del pueblo de Mezcala, pero tendrán que dar una respuesta, porque todo lo hicimos por escrito; entonces estamos a la espera de la respuesta de la CEI”.

Esta falta de reconocimiento ha generado diversas problemáticas y desencuentros con las instancias de gobierno, pues la última criminalización contra diez habitantes sigue en proceso debido a que no se acepta como válido el sistema normativo de la comunidad por falta del reconocimiento en dicha ley.

Para Denisse Montiel, se debe “partir del reconocimiento de la comunidad indígena y de los derechos como comunidad que han ejercido, y no criminalizarlos en la defensa del territorio, como hasta ahora se ha venido haciendo”.

Por su parte, Rocío Moreno apunta que el reconocimiento sería un elemento más a favor de la comunidad y facilitaría sus luchas en defensa del territorio; ayudaría a fortalecer la identidad de la gente y permitiría, además, “preservar la memoria y la cultura cocas”.

La Universidad de la Tierra

El  futuro del espacio que fue privatizado desde hace 21 años y que regresará a la comunidad ya fue sometido a una asamblea comunal y se decidió que su destino ahora será albergar una universidad comunitaria, lo que los habitantes llaman Universidad de la Tierra.

La idea de hacer una universidad tiene como base “simple y sencillamente darle un uso colectivo, comunitario [a esa tierra] que, además, creemos que puede generar un espacio para el conocimiento donde se fortalezca la identidad y se forme a jóvenes profesionistas que piensen desde la comunidad, desde el territorio. Creemos que puede haber una transformación interesante y que ésa es una guía fuerte, profunda, para revitalizar las estructuras agrarias, las estructuras comunitarias, la historia de nuestro pueblo, la identidad de nuestros jóvenes, de los pobladores. Un proyecto de este tipo engloba todos los trabajos en los que hemos estado tratando de caminar”, explica la comunera e integrante del Consejo de Vigilancia de la autoridad tradicional, Rocío Moreno.

No sólo es una buena intención, sino que ya trabajan en el proyecto educativo y se tienen planes de iniciar la universidad con cuatro carreras: Derecho, Pedagogía, Agroecología y Antropología de la Alimentación y la Hospitalidad.

Una de las carencias en las comunidades indígenas es la falta de herramientas legales para la defensa de sus territorios, por eso se pensó en la carrera de Derecho: “se está pensando desde el derecho agrario y el ambiental”, dice Rocío Moreno.

Otra necesidad de estas comunidades es la educación de sus propios menores, por ello se ha incluido Pedagogía. “Necesitamos semilleros para que se vayan a las primarias, a los preescolares, a las secundarias, y que sean los mismos jóvenes de sus pueblos”, agrega.

Para preservar el conocimiento ancestral de siembra y cosecha se pensó en la carrera de Agroecología. “Lo decimos con mucho gusto: aún mucha gente joven le apuesta a la tierra y creemos que hay una manera más digna y más coherente de producir y sembrar”.

Finalmente, ante el potencial de las comunidades y su biodiversidad apostarán por la carrera de Antropología de la Alimentación y la Hospitalidad, que se relaciona “con lo que conocemos como Turismo y Gastronomía; todos estos jóvenes viven en territorios privilegiados naturalmente y creemos que pueden desarrollarse proyectos ecoturísticos desde los pueblos, obviamente, y creemos que esa carrera puede dar esas herramientas”.

El proyecto educativo busca emprender su camino con estas cuatro áreas y así apoyar en el quehacer educativo desde el sentido comunitario. Si bien no pretende solucionar la precariedad ecológica y de salud que no ha podido resolver el Estado, tiene la mira puesta en avanzar, proponer y construir conocimiento para hacer frente a las adversidades y seguir haciendo lo que hasta ahora: defender el territorio y la cultura desde su identidad comunitaria. .

Para saber más

:: Por el rescate de la lengua coca después de 500 años.