No hay violencia más violenta que la que ejerce un Estado contra sus propios ciudadanos, que pone a sus tres poderes y su fuerza policial a las órdenes no del bien común sino de una minoría insaciable

En diciembre de 2021 el Congreso paraguayo aprobaba un polémico proyecto de ley que establecía la modificación del artículo 142 de la Ley 3.440/2008 que ampliaba las penas carcelarias de 5 a 10 años para los invasores de tierra. La ampliación según sus creadores buscaba proteger la propiedad privada. En realidad, se trataba de un proyecto de ley represivo y violento pensado no para proteger lo que de facto en Paraguay está sumamente protegido, sino para atemorizar y ensañarse contra las organizaciones sociales y para criminalizar todavía más a los pobres y su derecho a la tierra.

Algunos datos de nuestra realidad

Paraguay es un país donde la ley permite que el 2.5 por ciento de la población acapare el 85 por ciento de la tierra cultivable y el 35 por ciento de la población campesina apenas tenga el 6 por ciento; un país donde sólo 15 propietarios poseen un millón 500 mil hectáreas; un país que permite que algunos de los que han promovido y votado esta reforma de la ley sean parte de esos 15 mayores terratenientes del país; un país donde, además, los dueños de prácticamente la mayoría de los MCS son propietarios de algunos de este mismo grupo de 15 privilegiados, que, además, también son legisladores.¹

En Paraguay lo que verdaderamente se ha invadido y se sigue invadiendo de manera sistemática e impune son los bienes públicos, las tierras comunales y las pertenecientes a los indígenas y campesinos. Desde la dictadura hasta la actualidad casi ocho millones de hectáreas de tierra destinadas a la reforma agraria fueron invadidas y acaparadas por grandes terratenientes ganaderos, personajes del régimen, sojeros y narcotraficantes; millones de hectáreas que materialmente desaparecieron de los registros de la reforma.² La reforma de la ley señalada está también pensada para consolidar la posesión de tierras mal habidas en manos de grandes terratenientes y protegerse de posibles reclamos futuros.

En Paraguay se cumple a cabalidad lo que dice el profeta cuando denunciaba a los que acaparan casa tras casa y se apropian de campo tras campo hasta que no dejan lugar para nadie más (Isaías 5, 8).

En los últimos años la presión se ha volcado sobre las comunidades indígenas y las pocas tierras que todavía conservan. Durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2020-2023) las comunidades indígenas sufrieron al menos 36 desalojos forzosos de sus tierras.³

Pueden dar testimonio de ello los mbya guaraní de Loma Piro’ y cuando el 16 de diciembre de 2020 unos 35 hombres con escopetas y picanas eléctricas aparecieron por sorpresa en su comunidad. Golpearon a hombres, mujeres y niños y quemaron sus casas, chacras, su pequeña iglesia y su escuela. Robaron sus teléfonos, su comida y sus animales. Los indígenas agredidos vivían en sus tierras ancestrales.

La comunidad ava guaraní de Minga Porã, en Alto Paraná, la vivió el 13 de mayo de 2021 cuando un contingente de la policía los desalojó violentamente. Los indígenas llevaban desde tiempos ancestrales viviendo en esas mil 750 hectáreas. Los nuevos ocupantes son sojeros y reclaman que ellos son los legítimos propietarios. El 1 de junio le llegó el desalojo a la comunidad indígena de Yvy Porã en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro. Aparte de la brutalidad de la expulsión, las familias denunciaron que la policía les robó sus pertenencias. El 9 de junio fue desalojada la comunidad ava guaraní de Acaraymí, en Alto Paraná. Un total de 150 familias reclaman desde hace años estas tierras ancestrales. Varios indígenas fueron violentamente golpeados.

El 16 de junio fue expulsada violentamente la comunidad ava guaraní de Ka’a Poty 1, en Itakyry, Alto Paraná. Los policías destruyeron su escuela —incluso ya reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias—, su capilla y todas sus viviendas. El 7 de julio la expulsión le alcanzó a la comunidad ava guaraní Cristo Rey, de Ybyrarobaná, en Canindeyú. Los indígenas reclaman 800 hectáreas como parte de sus tierras ancestrales. Las aproximadamente 100 familias viven ahora al costado de la ruta. El 12 de julio la tragedia del expolio le tocó a la comunidad paî tavyterã Yvy Pyte, en el departamento de Amambay. El 18 de julio fue la comunidad ava guaraní Ka’avusu en Itakyry, Alto Paraná. Esta vez fueron 60 familias las desalojadas de sus tierras ancestrales.⁴

Apenas iniciado 2023, con el nuevo presidente, Santiago Peña, ya son seis los casos de violencia contra las comunidades indígenas y campesinas por parte de civiles armados y policías que responden a los intereses del agronegocio.

En las expulsiones se da casi siempre el mismo patrón: la presencia en el lugar del supuesto dueño con su título falso de propiedad en mano; es acompañado de civiles armados, policía y/o de antimotines, a veces portando carro hidrante y helicóptero. No suele faltar la presencia de un fiscal corrupto que se presta para darle formalidad al acto. Enfrente: un grupo de indígenas —mujeres, varones, ancianos y una infinidad de niños y algunos animales domésticos— indefenso y sumido en el abandono. Después se desencadena el procedimiento: intimidación, violencia física, topadora que arrasa las precarias edificaciones, quema de sus humildes hogares, chacras, útiles de trabajo y de sus pobres pertenencias. El siguiente paso es la expulsión fuera del terreno.

Un Estado represor y cómplice

No hay violencia más violenta que la que ejerce un Estado contra sus propios ciudadanos, que pone a sus tres poderes y su fuerza policial a las órdenes no del bien común sino de una minoría insaciable; un Estado que cae encima de sus propios ciudadanos más humildes con todo su aparataje, tan legal como injusto, para intimidarlo, reprimirlo y seguir facilitando el expolio de lo que en justicia les corresponde, convirtiéndolos en parias en su propio país.

Esa es la realidad de gran parte de los pueblos indígenas del país que, desde hace años, van llenando más y más los rincones, las esquinas, los baldíos de Asunción, del resto de las ciudades de Central y del interior del país. La gran mayoría de sus niños y jóvenes están enfermos, expuestos al desprecio, las drogas, la prostitución y a todo tipo de abusos para poder sobrevivir.

No dudamos de que dentro de los tres poderes que nos gobiernan hay políticos excelentes, honestos y que buscan el bien de todos. Y es de agradecer. Pero lo que acontece con los indígenas en Paraguay no es el simple producto de su marginación crónica o de una política de desamparo sistemático en sus derechos y reclamos territoriales por parte del Estado.

Junto al expolio a sus tierras con la participación de los poderes del Estado se da la realidad de que 455 de las 711 comunidades indígenas del país no tienen instalaciones de salud de ningún tipo, que 253 no cuentan con ningún promotor de salud, que el riesgo de desnutrición en los niños indígenas es del 51 por ciento, que el 69.2 por ciento de los niños indígenas viven en condición de indigencia, que sólo el 9 por ciento tienen acceso a agua potable, que el 69 por ciento de la población indígena vive entre la pobreza y la pobreza extrema.

Ambas realidades unidas nos hacen concluir que en Paraguay, en la práctica, se dan con renovada vigencia una masiva limpieza étnica, así como procesos indirectos y directos de genocidio.

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1. García, Luis; Ávila, Claudia. Atlas del agronegocio en Paraguay. BASE investigaciones, 2019, p. 23. Puede verse en: https://www.baseis.org.py/wp-content/uploads/2020/03/2019_Dic-ATLAS.pdf

2. El informe conclusivo de la Comisión de Verdad y Justicia de 2008 en el n. 195 habla de un total de 7 millones 851 mil 295 hectáreas que fueron adjudicadas con “graves irregularidades a la legislación agraria”. Puede verse en: https://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/paraguay/Informe_Comision_Verdad_y_Justicia_Paraguay_Conclusiones_y_Recomendaciones.pdf. Otras fuentes, que incluyen el expolio a los indígenas, hablan de más de 20 millones de hectáreas. Puede verse en: https://www.iniciativa-amotocodie.org/2021/09/22/en-paraguay-hay-mas-de-20-millones-de-hectareas-de-tierras-malhabidas/#

3. BASE IS hace un recuento de las expulsiones a indígenas durante el anterior gobierno de Mario Abdo Benítez. https://www.baseis.org.py/36-casos-de-violencia-contra-comunidades-indigenas-en-los-ultimos-anos/

4. Desde finales de 2022 se registraron al menos 22 desalojos forzosos en comunidades indígenas y asentamientos campesinos. El uso de la violencia y la participación de civiles armados vinieron unidos a la destrucción de viviendas, cultivos, escuelas, enseres personales. Como consecuencias, miles de familias quedaron en las calles, sin protección estatal. Abel Areco y Abel Irala, “Desalojo forzoso como respuesta a quienes reivindican acceso a la tierra”, en Derechos Humanos en Paraguay 2021 (Codehupy, 2021), 299- 314. Puede verse: https://www.codehupy.org.py/informe-anual-sobre-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-paraguay-2021/

Violencias en América Latina: un frente común

Diferentes revistas jesuitas latinoamericanas unimos esfuerzos para reflexionar sobre las violencias que aquejan a la región

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• Jalisco, tierra de desaparición y colectivos de búsqueda
• Latifundio y genocidio indígena en Paraguay
• Paz Total: avances, retos e interrogantes en Colombia
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