Alberto Herrera Aragón, egresado del ITESO y director ejecutivo del organismo en México, asegura que habrá solución a las perversiones del sistema de justicia mexicano, cuando la sociedad asuma que es su obligación pedir cuentas a los funcionarios cuando cometen actos ilegales

 Para Amnistía Internacional, el tema de la impunidad tiene dos expresiones: por un lado, individuos que son perseguidos por el sistema de justicia como si fueran delincuentes, cuando deberían ser defendidos por el Estado mexicano; por otro, varios casos de violaciones a la legalidad, avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son tratados con desdén y olvidados en los archivos oficiales.

Alberto Herrera Aragón, egresado del ITESO y director ejecutivo del organismo en México, asegura que habrá solución a las perversiones del sistema de justicia mexicano, cuando la sociedad asuma que es su obligación pedir cuentas a los funcionarios cuando cometen actos ilegales.

Nuestro entrevistado recuerda la persecución —primero por el Ejército y luego por la justicia— de los dos campesinos ecologistas de la sierra de Guerrero, Rodolfo Montiel y Rodrigo Cabrera; el caso de las violaciones de mujeres en San Salvador Atenco por parte de policías del Estado de México, cuyas indagatorias se realizan desde hace cuatro años; o la persecución y la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, por parte del gobierno de Puebla.

Ninguno de los tres casos, a pesar de ser tan visibles mediáticamente, ha merecido un castigo.

Desde el punto de vista de Amnistía Internacional, ¿cuál es la evaluación del sistema de justicia mexicano?

Es una situación crítica. Prácticamente todos los temas que Amnistía Internacional trabaja sobre México —violencia contra las mujeres, agresiones contra defensores de derechos humanos y periodistas, abusos cometidos por integrantes del Ejército, violencia contra migrantes— tienen como común denominador la impunidad, el uso deficiente del sistema de procuración e impartición de justicia, por un lado; e incluso el uso inadecuado del sistema de justicia para procesar a individuos que en realidad deberían ser protegidos.

¿Dónde podemos encontrar la falla más recurrente? ¿Es la legislación, la administración del sistema de justicia, o son los responsables de su aplicación?

Ojalá hubiera una sola respuesta, un solo elemento que tuviera que mejorarse; la realidad es mucho más compleja. No es únicamente un tema de legislación. Por supuesto que siempre se puede mejorar, pero no es un tema de legislación. Ya con la reforma constitucional en materia de justicia penal aprobada en 2008, se generó un marco jurídico sólido para modernizar en muchos sentidos el aparato de justicia. Los códigos penales procesales que existen en los estados y a nivel federal son herramientas sólidas en la mayor parte de los casos. El tema no pasa tanto por la legislación, sino por la operación práctica en el día a día de ministerios públicos, procuradurías, juzgados y tribunales…

Otro tema que sí tiene relación particular con la legislación, pero también con un tema de voluntad, es el caso de San Salvador Atenco. Es un asunto emblemático por varias razones que se presentan en otros casos en nuestro país: en primer lugar, una falta de claridad sobre competencia. ¿A quién le corresponde de manera absolutamente indiscutible investigar los actos delictivos cometidos en San Salvador Atenco? Pues no lo sabemos. Por un lado, se pelea la competencia el Estado de México, luego la Procuraduría General de la República (PGR), que después de cuatro años dice que “siempre no era mía”, se la regresa al Estado de México; y en medio de esta confusión entra la Suprema Corte, que emite su dictamen pero no se puede ejecutar o nadie sabe cómo ejecutarlo. Finalmente termina sucediendo —y esto es otro rasgo emblemático de las fallas del sistema de justicia en nuestro país— que la única esperanza de justicia se encuentra fuera del país, es decir, acudiendo a tribunales internacionales.

¿Qué se puede hacer en adelante, por parte del Estado mexicano, si quisiera y tuviera realmente la voluntad de cambiar las cosas y de hacer que esto funcione?

La palabra clave es rendición de cuentas. Es decir, podemos hablar de muchas cosas periféricas como capacitación, protocolos, de muchas cosas, pero la palabra clave es rendición de cuentas. En la medida en que los responsables —por mandato de ley— de sacar adelante investigaciones, no lo hagan de manera diligente y no sean llevados ante la justicia o deslindados administrativa o políticamente por esa responsabilidad, ya sea por negligencia o por obs-taculizar proactivamente el sistema de justicia, esto va a seguir ocurriendo una y otra y otra vez. m