Nuestra dependencia del petróleo está generando consecuencias dramáticas en el planeta. La revolución de las energías renovables está en marcha

La Comunidad Autónoma de Cataluña, en España, anunció el 31 de agosto de 2010 que invertirá 207.5 millones de euros en acciones para fomentar el uso de automóviles eléctricos. Esta apuesta busca que en 2015 circulen 76 mil autos eléctricos —15,200 cada año dentro del próximo lustro—, y que existan 91,200 lugares para recargar los vehículos con electricidad.

La apuesta no es en vano: el uso y el abuso del petróleo a partir de la Revolución Industrial ha traído, además de guerras por esta materia prima, concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente de dióxido de carbono, con cambios climáticos de consecuencias globales.

El informe dado a conocer el 1 de septiembre por la Agencia Internacional de Energía, denominado Key World Energy Statistics, señala que 33.2 por ciento de la combustión para generar energía proviene del petróleo, 27 por ciento del carbón y 21.1 por ciento del gas. Agrega que 64 por ciento del petróleo se utiliza en el sector transporte. Por  tanto, la estrategia catalana requerirá un consecuente incremento en el consumo de energía eléctrica limpia, para evitar que el aumen-to de autos eléctricos sea contraproducente.

España, al igual que Alemania, ha impulsado como política de Estado la generación de energía renovable. De los 152.358 gigawatts/hora que se consumieron entre enero y julio de 2010, por ejemplo, 38.2 por ciento provenía de energía renovable —eólica, solar o hidroeléctrica—, de acuerdo con la empresa Red Eléctrica de España.

La  independencia de los combustibles fósiles no es fácil, admite Hans-Josef Fell, diputado alemán promotor de la Ley de Energías Renovables de su país. Sugiere que, al igual que en Alemania, los gobiernos de otros países deben modificar las leyes y evitar la subvención de una economía que promueve la contaminación ambiental con el subsidio al precio de la gasolina.

En el caso de México, las políticas públicas que incentivarían la generación de energía renovable caminan a contracorriente de dos de las empresas más fuertes del país, ambas propiedad de la Nación: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. m.