Como el agua y la energía proveniente del Sol, el viento es un bien inherentemente común. Sin embargo, así como en México el agua sufre un proceso de mercantilización, el Estado hace ahora lo propio con el viento. Regiones antes ignoradas por sus gobiernos y por los grandes capitales —pero donde el viento es generoso— experimentan una carrera por acaparar el recurso. Es el caso de lo que ocurre en el Istmo de Tehuantepec, una de las regiones con mayor potencial eólico en el mundo

El pasado 29 de enero, en la comunidad de San Dionisio del Mar, asentada entre las lagunas costeras Superior e Inferior del Istmo de Tehuantepec, tuvo lugar una celebración que para muchas personas podría resultar incomprensible. Ese día, el pueblo ikotjs (o huave) celebraba, a cuatro años del inicio de su resistencia, la movilización que llevó a la cancelación, en febrero de 2013, de un enorme proyecto eólico que era, de hecho, el más grande de América Latina.

Quienes concibieron la empresa Mareña Renovables habían decidido que la Barra de Santa Teresa, una franja de tierra en las lagunas costeras, perteneciente a San Dionisio del Mar, era el sitio idóneo para el proyecto. Éste consistía en 102 torres eólicas (o aerogeneradores) con turbinas de 3 megawatts (mw), más otras 30 en Santa María del Mar, logrando una capacidad total de 396 mw. Surtiría energía tanto a Coca-Cola FEMSA como a Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma-Heineken. Para observadores internacionales de la industria eólica, este proyecto de autoabastecimiento (una de las formas que hasta 2015 contemplaba la legislación mexicana) era de lo más robusto: no sólo tenía asegurada la compra de la energía generada y contaba con el respaldo de los tres ámbitos de gobierno, sino que además su esquema de financiamiento era infalible: detrás del proyecto estaba un poderoso consorcio conformado por el fondo de inversiones globales Macquaire Group (con sede en Australia), Mitsubishi Corporation y el grupo holandés de inversión de pensiones PGGM.

Cuando Mareña Renovables tenía acercamientos con pobladores de San Dionisio para firmar contratos por usufructo de la tierra, llegó la alerta del pueblo zapoteca de Juchitán, movilizado desde tiempo atrás por lo que denominan el despojo de sus tierras y territorios por causa de los parques eólicos. Al cabo del tiempo, la experiencia de los pueblos vecinos, más la suya propia, llevó al pueblo huave, en 2012, a desconocer a la autoridad municipal (acusada de recibir cuantiosos sobornos por parte de la empresa) y a conformar la Asamblea del Pueblo de San Dionisio del Mar (APSDM). En su así llamada defensa del mar, esta comunidad de pescadores y campesinos —algunos de los cuales habrían sufrido amenazas de muerte y agresiones por parte de fuerzas policiales— mantuvo una larga resistencia que llevó a la suspensión del proyecto.

 Bettina Cruz, ingeniera agrícola de origen zapoteca e integrante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Juchitán, ha sido perseguida judicialmente tras participar en protestas y amenazada de muerte. Enfrenta un proceso desde 2012. Fotos: Prometeo Lucero

Y así, esa mañana, como todos los días, sonaron las campanas de la iglesia de San Dionisio. Pero no era un día cualquiera. Con una misa de acción de gracias, los ikotjs festejaron la resistencia de su pueblo y sostuvieron una asamblea, a la que acudieron mujeres y hombres de comunidades de la región, miembros de otras asambleas de pueblos, activistas y defensores sociales. A las consignas “¡Fuera Mareña Renovables!” y “¡Fuera el Banco Interamericano de Desarrollo!” (bid, que apoyaba el proyecto) se sumaría “¡Fuera Gabino Cué!”. Y es que, de acuerdo con pobladores y observadores, fue el mismo gobernador de Oaxaca quien, siguiendo la exigencia de la empresa para “aplicar la ley”, envió a las fuerzas policiales a reprimir y a desalojar a la población en resistencia. Para Bettina Cruz, defensora indígena zapoteca, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), sólo mediante la siembra del terror en la población se habría logrado imponer tal proyecto.

Imposición de megaproyectos eólicos en Oaxaca

Hay casualidades que son poco afortunadas. Además de la conocida relación que suele existir entre la presencia de recursos naturales y las condiciones de marginación y pobreza, se encuentran las particularidades locales. Como lo vitorea el actual gobierno de Gabino Cué Monteagudo, con 21 centrales eólicas integradas por mil 609 generadores, Oaxaca es “capital” de la energía eólica a escala nacional y podría serlo a escala latinoamericana.¹

Esta ambición parece ser de la magnitud de los intereses económicos en juego. El reporte Mexico Energy and Sustainability Review 2015/16 indica que las inversiones en el sector están por llegar a 14 mil millones de dólares (mmdd) y estima que alcanzarán los 30 mmdd en 2022. Gran parte de estas inversiones ha tenido lugar, y seguirá teniéndolo, en proyectos en la región del Istmo de Tehuantepec. Por otra parte, está la dudosa trayectoria del gobierno de Oaxaca en cuanto a calidad democrática, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos. Al actual gobernador, recientemente señalado por tener su propia “casa blanca” de varios millones de dólares, lo anteceden Ulises Ruiz, famoso por la represión de los movimientos sociales durante su administración (2004-2010), y José Murat (1998-2004), señalado en una investigación de The New York Times como uno de los magnates detrás de la compra oculta de propiedades multimillonarias en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos.

Pero hagamos un poco de historia. En 1994, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instaló La Venta, el primer parque eólico en Oaxaca, con siete aerogeneradores y una capacidad instalada de 1.57 mw. Ocho años después se instaló La Venta II, incrementando en 83 mw la capacidad de generación. Pero no fue sino hasta 2006 cuando se detonó la expansión de los campos eólicos. Ante la previsible apertura energética, el gobierno mexicano invitó a empresas a una “temporada abierta”, esto es, un periodo de alrededor de medio año en el que inversionistas podían declarar la capacidad que querían instalar, para de esta forma considerarlos en una nueva línea de transmisión de 145 kilómetros de largo que permitiría integrar la energía generada a la red nacional.

De acuerdo con Sergio Oceransky, especialista en economía del desarrollo y experto en energía eólica, los proyectos se instrumentaron en el marco de un vacío legal en el que el gobierno utilizó formas de decisión y mecanismos paralegales. Por ejemplo, en aras de incentivar la inversión privada, el gobierno literalmente repartió el territorio con potencial eólico en el Istmo entre las empresas y consorcios interesados, de forma que no compitieran entre sí a la hora de iniciar negociaciones con los propietarios de la tierra por el uso de la misma. Esta repartición tuvo efectos equivalentes a la formación de un cártel territorial: permitió a las empresas fijar los precios que pagarían por el uso de la tierra, impidió a las comunidades llevar a cabo negociaciones con distintas empresas con el fin de elegir la que mejores condiciones ofreciese y dividió el mercado eólico entre un oligopolio de operadores que compartieron los beneficios entre sí. De un plumazo, los consorcios interesados, primordialmente españoles, adquirieron derechos exclusivos de explotación del viento en las zonas que les fueron designadas.² A casi diez años de tan particular reparto, en la región operan alrededor de 20 parques eólicos, con cerca de mil 500 aerogeneradores y una capacidad instalada cercana a los 2 mil 200 mw. Aunque algunos empresarios hablan de una región saturada, la realidad es que más proyectos, y más grandes, están contemplados para la región del Istmo.³

Ninguno de los proyectos considera dotar de energía eléctrica a las poblaciones locales, sino que están concebidos para suministrar la energía generada mediante la red eléctrica nacional. La mayoría se creó conforme el esquema de autoabastecimiento —que surgió en 1992 con la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica—, como uno de los cinco casos en los que el sector privado podía invertir en la generación eléctrica. En términos generales, el esquema plantea contratos que permiten a compañías generar la electricidad que luego consumirán. Empresas individuales, así como consorcios en los que una empresa vende la energía y otra la compra, podían obtener los contratos. Gracias a una cuota de transacción, las empresas pueden usar la red eléctrica de la CFE. Como señala Oceransky, los términos de este tipo de contratos son muy ventajosos para las empresas, por lo que el modelo alimentó la acelerada expansión en inversiones.

 Un mural en el kiosko central de Álvaro Obregón relata la lucha de los pescadores.

Del lucrativo negocio de las empresas eólicas, los propietarios de las tierras, comunales en su mayoría, perciben sumamente poco. Por lo general se les ofrece, conforme diversas fórmulas, compensaciones que suman 1.5 por ciento de los ingresos derivados de la producción energética, un porcentaje mucho menor al que obtienen propietarios de las tierras en otros países. Además, los pobladores difícilmente pueden validar las contabilidades de las empresas. El modelo no sólo parece implicar contratos desventajosos para propietarios y posesionarios, sino que, en la práctica, la industria contribuye poco con los gobiernos locales.

En el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde está asentada la mayoría de los campos eólicos de Oaxaca, las empresas parecen hacer todo lo posible para evadir el pago de impuestos. En un video publicado en febrero de 2015, el actual presidente municipal, Saúl Vicente Vázquez (del Partido de la Revolución Democrática), denuncia que las empresas eólicas no cubrieron ninguno de los conceptos de la Ley de Ingresos de 2014 y que deben al municipio más de 2 mil mdp. Como un valiente soldado sin fusil, en el video pide audiencia al gobernador de Oaxaca al tiempo que advierte que buscará el pago por la vía de los tribunales. Con la pobreza existente en un municipio como Juchitán, ¿qué no podría lograrse con miles de millones de pesos que se fugan de las arcas públicas?

La consulta indígena “modelo”

“Aunque la mayoría de las carreras tienen sólo un ganador, lo mejor de la carrera por la energía verde es que en ella ganamos todos”, versa un entusiasta video de la empresa Mareña Renovables. Uno de los responsables del fallido proyecto, Jonathan Davis Arzac, presidente ejecutivo del australiano fondo de infraestructura Macquaire, hacía en septiembre de 2012 un tímido acto de contrición: “Nos hemos equivocado en la manera de ofrecer información a la comunidad; es un proyecto extraordinario que va a beneficiar a todos. Es de esos casos en donde no hay perdedores”: una percepción muy distinta a la del pueblo huave, que, en su resistencia, sufrió represión y diversas formas de violencia por parte del Estado mexicano.

En relación con los actos violentos de febrero de 2013, en los que estuvo involucrada la policía estatal, el gobernador Gabino Cué insistía: “Hay quienes buscan el protagonismo”; “el aire es patrimonio público”; “la policía fue agredida por estos pobladores, minoritarios, jóvenes alcoholizados en su mayoría”; “la población manifestó su interés en la asamblea comunitaria”. En suma, una versión que dista mucho de la de los comuneros.

 Algunos aerogeneradores han traspasado límites geográficos y se han instalado en las cercanías de la población. En la escuela secundaria pueden verse a poca distancia desde la ventana de un aula.

Poca gente sabrá lo que el caso de Mareña Renovables movió en las altas esferas políticas y del sector energético. Analistas de la industria se refieren a la experiencia como “una historia de cautela sobre las graves consecuencias que ocurren cuando el puente entre el proyecto y la comunidad colapsa”. Lo cierto es que la experiencia marcó un primer precedente importante. Comunidades indígenas en el Istmo se sienten, cuando menos, engañadas, mientras que la idea de ganar-ganar parece muy lejana de la realidad: para Bettina Cruz, los megaproyectos eólicos impuestos no sólo han afectado sus vidas y formas de sustento, sino que no parten de una necesidad de las comunidades. En el caso de Mareña Renovables, por ejemplo, la empresa desestimó el hecho de que los pobladores efectivamente viven de las lagunas, a las que se impediría el acceso por la Barra de Santa Teresa (un sitio importante para la pesca artesanal), además de que se minimizaron los efectos que la construcción y la operación tendrían en el ecosistema local. “Sin el mar y sin las tierras, ¡seríamos más pobres!”, resume Bettina.

Motivados por la experiencia de Mareña Renovables, los gobiernos federal y estatal, ante un “nuevo” proyecto denominado Eólica del Sur (en realidad, el mismo proyecto de Mareña Renovables, pero en otra localidad de Juchitán de Zaragoza), decidieron armar un proceso de consulta indígena. Referida por el gobierno como la primera consulta indígena del país, tuvo lugar de noviembre de 2014 a julio de 2015. El proceso comprendió distintas etapas, siendo las más importantes la de acuerdos previos, la informativa y la deliberativa, de acuerdo con Mariano López e Isabel Jiménez, miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteca (APPJ). Sin embargo, sostienen ambos, la consulta no sólo tuvo importantes irregularidades, sino que, sobre todo, no fue llevada de buena fe por parte del Comité Técnico, encabezado por la Secretaría de Energía (Sener).

En Washington, durante una reciente audiencia como parte del 156 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Isabel Jiménez explicó cómo fue que la consulta incumplió los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen que una consulta a pueblos indígenas tiene que ser previa, informada, culturalmente adecuada, libre y de buena fe. El proceso y sus irregularidades fueron documentados por una misión de observación conformada por varias organizaciones de la sociedad civil. Como resultado, a la larga lista de acciones legales por parte de propietarios y posesionarios de tierras en el Istmo se sumaron dos recursos de amparo por violaciones del derecho a la consulta. Una de estas demandas, interpuesta por mil 166 miembros de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Eólica del Sur, obtuvo una orden de suspensión que paraliza el proyecto hasta la resolución del caso.

 Un pescador lanza una atarraya a las aguas de la Laguna Superior, en Álvaro Obregón. Hacia el fondo se ven los cerros que corresponden al pueblo de San Dionisio del Mar.

En la sesión pública de la CIDH (donde se daban testimonios de casos paradigmáticos de defensores del medio ambiente del continente), Isabel narró cómo su compañero Mariano López ha sobrevivido intentos de atropellamiento y cómo ambos, entre otras compañeras y compañeros, han sufrido persecuciones, amenazas, agresiones físicas e intentos de secuestro, así como actos de difamación y hostigamiento generalizado. Isabel concluyó su participación en Washington diciendo: “Dejar la lucha por nuestro territorio para nosotros no es una opción… esta lucha no es para nosotros, sino en beneficio de las futuras generaciones”. Seguramente hay matices en la diversidad de los casos, pero todo parece indicar que algo fundamental no está funcionando en el modelo escogido por el Estado mexicano y aprovechado por las grandes empresas; un modelo que, parece ser, fue diseñado de manera conjunta con la industria eólica nacional e internacional.⁴

En cuanto a la consulta indígena, el gobierno de Oaxaca la anuncia como un éxito que derivó en la autorización del proyecto Eólica del Sur. Por otro lado, con las acciones legales emprendidas por las comunidades y ante la determinación de pobladores de defender sus tierras, será cuestión de tiempo saber si el proyecto se logrará poner en marcha y, más importante aún, si algo cambiará en la forma de instrumentar éste y otros proyectos sucesivos.

Nuevos aires soplan desde Ixtepec

Mientras que el gobierno mexicano intenta sentar un precedente con la consulta indígena, no muy lejos de las zonas en conflicto, en el municipio vecino de Ciudad Ixtepec, otro precedente se gesta. Se trata también de un proyecto eólico, pero uno que parte de principios y objetivos muy distintos. Para los pueblos indígenas del Istmo, hasta ahora han existido dos opciones: aceptar los proyectos de las grandes corporaciones en los términos que éstas establecen, o rechazarlos. Esta situación no sólo es lamentable, sino, para algunos, innecesaria. Es así que la comunidad de Ixtepec ha decidido iniciar un proyecto de parque eólico comunitario, con el fin de generar electricidad y venderla a la red eléctrica. El proyecto permitiría garantizar a la comunidad el control de los recursos naturales de su territorio y obtener ingresos para el desarrollo de sus comunidades.

Pero el viaje no ha sido fácil. Por una parte están las limitaciones de la legislación. Como señala Oceransky, el marco legal mexicano, que comprende la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética de 2008 y la Ley de la Industria Eléctrica de 2014, tiene un marcado sesgo que favorece a los grandes jugadores. Dado el marco legal, únicamente las grandes corporaciones energéticas pueden asumir los riesgos y superar las barreras que se han introducido en el recientemente creado Mercado Eléctrico Mayorista. Por otro lado están el escepticismo y la renuencia por parte de las autoridades. Según Oceransky, la mayoría de las autoridades parece considerar a las comunidades incapaces de instrumentar proyectos más allá de la escala minúscula.

 Personas habitan en las cercanías de un aerogenerador en La Venta.

Después de años de negativas y trabas administrativas, en octubre de 2012 los representantes de la Comuna de Ixtepec interpusieron un juicio contra la cfe y se ampararon ante los obstáculos que ésta puso para la instalación del parque comunitario. No fue sino hasta septiembre de 2015 que, en una mesa de trabajo con la Sener, ésta respaldó el proyecto y se comprometió a intervenir ante la cfe para que se concrete, cosa que no ha pasado todavía.

La iniciativa comunitaria que está sobre la mesa no es poco ambiciosa: junto con la fundación Yansa,⁵ la comunidad apuesta a un parque eólico de 585 mw, una escala que permite contemplar la manufactura de aerogeneradores en la localidad como resultado de un proceso de transferencia de tecnología y capacitación. Se contempla, además, la participación activa de las mujeres de la comunidad, quienes, desde la educación popular y en función del análisis colectivo de su realidad, contribuyen a dar forma al proyecto a través de talleres y de un proceso organizativo para cogestionar los beneficios que generará el proyecto para la comunidad.

 Aerogeneradores instalados en medio de campos de cultivo.

Un parque eólico de esta naturaleza podría verse muy parecido a los demás, pero las dinámicas sociales, ambientales y políticas no podrían ser más distintas. En un intento por romper con la falsa dicotomía entre “aceptar” o “rechazar” proyectos eólicos, y al poner a la comunidad, y no las utilidades, en el centro de un proyecto, esta forma de aprovechamiento del viento en una de las regiones más marginadas del país puede significar un precedente importante de libre determinación, de autogestión y de sustentabilidad ambiental, social y política.

Hasta ahora el balance de la energía eólica muestra un serio desequilibrio en el reparto de beneficios, que intensifica las desigualdades en una región históricamente marginada. Ante esto valdría preguntar: ¿a quién le pertenece el viento en un territorio y quiénes tienen derecho a decidir si se “aprovecha” y de qué manera? Para Bettina Cruz, así como la tierra y el mar, el viento es la vida y está estrechamente ligado a la cultura de su pueblo. Ojalá que la historia de la transición energética mexicana en el Istmo no termine en la imposición y el despojo, y sean los pueblos indígenas quienes finalmente decidan qué hacer y cómo aprovechar los bienes comunes en su territorio. m.

1. La cifra que publicita el Gobierno de Oaxaca incluye el proyecto de Eólica del Sur (antes Mareña Renovables), que aún no se pone en marcha.

2. En el capítulo “Fighting the Enclosure of the Wind: Indigenous Resistance to the Privatization of the Wind Resource in Southern Mexico”, del libro Sparking a Worldwide Energy Revolution: Social Struggles in the Transition to a Post-Petrol World, de Kolya Abramsky (ak Press, 2010), Oceransky ofrece un recuento detallado de cómo se desarrollaron los primeros campos eólicos en México.

3. Estados como Chiapas, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y Baja California también cuentan con proyectos eólicos, algunos ya en operación. Se estima que la capacidad instalada en el país llegue a 9 mil 500 mw para 2018 y ascienda a entre 15 mil y 20 mil mw para 2024 (Mexico Energy and Sustainability Review).

4. Así lo sugieren declaraciones de Adrián Escofet Cedeño, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (que agrupa a la industria eólica que opera en el país), en una entrevista disponible en el reporte Mexico Energy and Sustainability Review 2015.

5. El Grupo Yansa establece colaboraciones con comunidades para facilitar su participación directa en la transición justa a las energías renovables, mientras que asegura que sean éstas quienes mantengan el control sobre sus recursos.

* El autor agradece a Bettina Cruz y a Sergio Oceransky sus testimonios y precisiones, así como a Viliano Fassini, por alimentar el interés original.