Las personas sacan la basura y el camión se la lleva. Mientras para la mayoría el asunto queda cerrado, lo cierto es que la recolección de los residuos que se producen diariamente en las grandes ciudades es apenas la primera etapa de un problema que cada vez es más difícil resolver y que es necesario atender con urgencia

La basura es un problema para la población únicamente cuando los desechos están cerca. Si las bolsas negras se acumulan en casa o en la esquina más cercana, hay conflicto. En cuanto pasa el servicio de recolección terminan la incomodidad y el interés sobre el lugar al que van nuestros desechos. El último destino de la basura es como una caja negra a la que la gente prefiere no asomarse.

En las grandes ciudades del mundo, la disposición final de los residuos es un problema sin resolver. Guadalajara no es la excepción. Como en buena parte de Latinoamérica, el destino de la basura es un “relleno sanitario”, un espacio donde, con mejores o peores medidas de mitigación ambiental, se entierran los desechos. En otros lugares la basura se quema, se convierte en algún nuevo producto o se intenta reintroducir en la industria con la promesa del reciclaje. Sin importar la opción que se elija, todas implican afectaciones al medio ambiente y, por tanto, para la humanidad.

La pregunta se repite: ¿qué hacemos entonces con la basura?

Sin lugar para la basura

Sentada a la sombra de un árbol en el parque Santa Elena, en Guadalajara, Maite Cortés hace una pausa en la revisión minuciosa de los contenedores de basura instalados en el lugar. Reflexiona acerca de la frase “Ponga la basura en su lugar”, acuñada en la década de los sesenta por el Consejo Nacional de Publicidad como parte de una campaña de comunicación que logró posicionarse en la memoria colectiva de la población mexicana.

Esa idea ya no es vigente, advierte la integrante del Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), organización que nació en los ochenta y que desde entonces tenía entre sus luchas centrales la exigencia de soluciones sustentables al problema de la basura. “De esta idea sesentera de poner la basura en su lugar nos tenemos que mover a: no hay lugar para la basura; no hay dónde ponerla. Dejemos de producirla ya, es una urgencia planetaria”, dice Cortés.

Pero es realista: sabe que dejar de generar basura no es siquiera algo imaginable para la mayoría de la gente: se compra basura todos los días cuando se adquieren productos creados para ser desechados o que vienen envueltos en materiales que se tiran de inmediato.

En promedio, cada habitante del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) produce 1.13 kilos de basura al día, según el gobierno de Jalisco. Puede parecer poco, si se piensa en una bolsa de un kilo de arroz, compara Maite, pero cuando los desechos se revuelven, el volumen de la bolsa de desperdicios —restos de comida junto con desechables de unicel, pañuelos de papel, botes de plástico, latas, vidrio y residuos especiales, como baterías, cables o escombro— es bastante grande.

El CEJ forma parte de Break Free From Plastic, una alianza internacional de organizaciones que alertan sobre la producción excesiva de desechos, en especial plásticos, y exigen acciones para reducir la generación de residuos.

Maite Cortés atiende la entrevista una mañana de sábado mientras realiza, junto con otros integrantes del CEJ, una “auditoría de basura” en la que se analizan los desechos plásticos depositados por la gente en los contenedores públicos. Para ella, el mensaje de poner la basura en su lugar es nocivo, pues incentiva la generación de más residuos. “Lo primero que hay que hacer con la basura es no producirla”, dice.

Porque poner la basura “en su lugar” no es el final de los problemas. Cuando el camión de la basura se lleva los desechos es apenas el inicio para las comunidades que los reciben.

“El camión recolector no es mágico”, menciona Graciela González Torres, integrante de la agrupación Un Salto de Vida, situada en el municipio de El Salto, Jalisco, cuya cabecera se encuentra a menos de tres kilómetros del punto al que por más de tres décadas fueron enviados los desechos de la capital jalisciense, el basurero Los Laureles.

Durante el conversatorio “La basura nos alcanzó”, realizado en el iteso en octubre de 2021, la activista dijo que “nos han acostumbrado a pensar que si el servicio de recolección es bueno, entonces está resuelto el problema”. Pero los pobladores de El Salto, Juanacatlán y Tonalá padecieron desde los años ochenta la acumulación de desechos en Los Laureles. Desde entonces y hasta el final de sus operaciones, en noviembre de 2021, se reunieron más de 21 millones de metros cúbicos de basura, el equivalente al volumen de 21 pirámides del Sol de Teotihuacán. Una verdadera montaña de basura que, a pesar de su clausura, sigue contaminando.

“Ese lugar va a dar dolores de cabeza ambientales por las próximas cinco décadas, por lo menos”, asegura Gerardo Bernache Pérez, especialista en manejo de residuos. El académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) advierte que el relleno sanitario (nombre técnico de los basureros) operó como un tiradero de desechos a cielo abierto, un modelo que se repite por todo el mundo y que propicia la acumulación excesiva de basura, producto de políticas públicas que incentivan su generación.

En el caso particular de Guadalajara, tanto la recolección como la disposición final y el manejo del basurero se concesionaron a una empresa, Caabsa Eagle, desde 1994. La concesión se ha renovado de forma ininterrumpida desde entonces y está proyectado que concluya en 2024, aunque hay la posibilidad de una prórroga por 15 años más. El contrato contempla que la empresa cobre por tonelada de basura que recoge. “Es una empresa que tiene una lógica de negocios que es muy sencilla: más basura, más dinero”, menciona Bernache.

Las afectaciones para las poblaciones aledañas a los basureros son prácticamente las mismas en cualquier lugar del mundo: malos olores, incineración intencionada, derrame de lixiviados (los líquidos tóxicos que desprende la basura en descomposición), fauna nociva. En resumen: contaminación del aire, la tierra y el agua del lugar.

En el caso de Los Laureles, las movilizaciones contra la operación del tiradero comenzaron en la primera década del siglo XXI con protestas de organizaciones como Un Salto de Vida. Pero la promesa del cierre se consiguió sólo hasta que en abril de 2019 ocurrió un incendio en el enorme basurero, que se prolongó por ocho días y ocasionó una contingencia atmosférica en la capital del estado.

María Luisa Medina, habitante de Tololotlán, un pueblo originario del municipio de Tonalá que colinda al norte con el basurero, recuerda las afectaciones a la salud durante el incendio. “Veíamos el humo como si fuera neblina y en la tarde ya no podías estar en la calle porque era un ardor de ojos y una hediondera insoportable, lo único que podíamos hacer era cerrar ventanas y puertas”, se lamenta la mujer de la tercera edad, quien relata que terminó en cama y con problemas respiratorios agravados por su condición asmática.

El anuncio del cierre de operaciones de Los Laureles fue festejado por los habitantes cercanos, pero sólo significó problemas para los nuevos sitios a donde comenzó a llevarse la basura. Caabsa Eagle reactivó de forma ilegal el basurero de Matatlán, una zona arqueológica al norte del AMG que operó como tiradero a cielo abierto desde diciembre de 2021 a pesar de no contar con los permisos correspondientes y de que alrededor de diez mil personas habitan en un diámetro de cinco kilómetros.

El espacio se convirtió rápidamente en un nuevo conflicto socioambiental y se intensificaron las protestas. En febrero de 2022, Verónica Patricia Guerrero Vinueza, abogada y vecina del lugar que impulsaba acciones legales contra el nuevo destino de la basura en Guadalajara, fue asesinada tras denunciar amenazas en su contra. Su caso fue consignado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental en el Informe 2022 sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales en México (cemda.org.mx/informe-2022).

Tras más de un año de acumular toneladas de basura en Matatlán, a finales de mayo de este año ocurrió un incendio que estuvo activo varios días. Semanas después, a principios de junio, ocurrió otro en Los Laureles. Ambos episodios provocaron alertas atmosféricas y constituyen un recordatorio de los riesgos de los rellenos sanitarios. 

“El sistema que hay actualmente es francamente insostenible porque no existe un espacio suficiente de tierra para seguir enterrando los residuos”, dice Mariana Carrillo Andalón, ingeniera ambiental y supervisora de Sustentabilidad en el ITESO.

Sanear un basurero

Ante los problemas que genera la acumulación de desechos revueltos en un relleno sanitario, en Barcelona invirtieron recursos millonarios para dejar de enterrar los residuos y reducir los impactos.

Entre 1974 y 2006, los residuos de la segunda ciudad más grande de España fueron llevados al vertedero del Garraf, ubicado en un valle rodeado de montañas. En el espacio, de 60 hectáreas, fueron enterradas más de 26 millones de toneladas de basura. Durante años, grupos ecologistas advirtieron de las afectaciones ambientales por infiltración de lixiviados hacia pozos de agua subterránea e incluso al mar Mediterráneo, pues el vertedero se ubica a cinco kilómetros lineales de la costa.

En 2001, el gobierno local anunció una inversión de alrededor de 15 millones de euros para regenerar el espacio y convertirlo en un parque natural. Sin embargo, los trabajos quedaron en suspenso en 2010 por falta de fondos, si bien en 2018 se anunció una nueva asignación de más de 27 millones de euros.

Actualmente, el espacio está irreconocible. Ya no queda basura expuesta y en las zonas más bajas de la pendiente del valle la vegetación ha recuperado terreno. Los lixiviados son recolectados con canales construidos a lo largo del basurero y enviados a una planta de tratamiento. Buena parte del biogás que genera la basura al descomponerse es aprovechado para producir energía, pero todavía es perceptible el inconfundible olor a basura.

“Es un modelo que podemos implementar en Matatlán y Los Laureles”, asegura Sergio Chávez Dávalos, alcalde de Tonalá, Jalisco, quien visitó El Garraf en 2022 en calidad de presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana, con el objetivo de aprender sobre la tecnología y la experiencia catalanas.

El presidente municipal resalta que, pese a que ambos tiraderos del AMG fueron clausurados, continúa el derrame de lixiviados tanto de forma superficial como subterránea. “Los Laureles y Matatlán están envenenando la barranca y el río Santiago. De nada sirve que estemos ampliando la planta de tratamiento de El Ahogado, hacia el área del aeropuerto [de Guadalajara], cuando aguas abajo se siguen vertiendo lixiviados”, advierte.

Para dejar de enterrar la basura, las autoridades de Barcelona promovieron la separación de residuos desde casa, con la instalación de contenedores en la vía pública donde la ciudadanía debe depositar vidrio, plástico, cartón, papel o restos de alimentos. Los materiales que pueden volver a ser aprovechados se envían a reciclar, mientras el resto se quema en una incineradora que genera electricidad.

La solución no está exenta de críticas: las y los habitantes de los alrededores de la planta que incinera los residuos se oponen a su operación con manifestaciones y recursos legales, poniendo como argumento las emisiones a la atmósfera y los daños a su salud provocados por la quema de basura. Y no sólo eso: a más de 15 años de su cierre, El Garraf sigue contaminando.

Falsas soluciones

Los basureros son zonas de sacrificio. Así lo resume la chilena Mariela Pino, encargada de la Coordinación Técnica y de Membresía en América Latina de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA, por sus siglas en inglés).

Ante los conflictos sociales y ambientales que generan los basureros, advierte que los gobiernos locales de países del sur global, como México, se ven tentados por compañías extranjeras que ofrecen soluciones casi mágicas.

“La industria busca vender desesperadamente esta solución como una panacea, entonces buscan convencer a las autoridades de que esta forma de deshacerse de la basura es beneficiosa para el medio ambiente porque se va a generar electricidad”, dice la activista.

Sin embargo, las incineradoras ocasionan problemas de contaminación y liberan al ambiente químicos perjudiciales para la salud, aun en países ricos que han instrumentado legislaciones al respecto. Además, es un método ineficiente: al estar revueltos materiales orgánicos e inorgánicos, se necesitan aditivos para que la quema avance. Por si fuera poco, se necesita mucha basura para hacer viable la incineración y recuperar los recursos invertidos.

Hasta el momento, las incineradoras de basura no han prosperado en América Latina, a excepción de proyectos vinculados con las cementeras, que procesan los residuos y les agregan aditivos para utilizarlos como combustible en la producción. En México, desde 2012, la empresa Cemex utiliza basura de la capital del país como combustible en una cementera de Huichapan, Hidalgo. Por otro lado, en Ciudad de México arrancará operaciones este año la Planta de Carbonización Hidrotermal, una instalación industrial que busca procesar 2 mil 500 toneladas de desechos orgánicos diariamente para utilizarlos como combustible de plantas cementeras o carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el AMG, los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan avalaron proyectos de empresas extranjeras que ofrecen invertir en la construcción de plantas industriales con tecnología de procesamiento de residuos a cambio de beneficios fiscales, facilidad de trámites, la cesión de terrenos públicos y la garantía de recibir la basura recolectada en cada municipio por décadas.

El proyecto en Tlajomulco, presentado en 2021 por el municipio y la empresa RCRWTE, quedó entrampado legalmente porque el predio ofrecido por el ayuntamiento, conocido como Cajilota, es utilizado por Caabsa Eagle como basurero a cielo abierto.

En Zapopan, el municipio aprobó a finales de febrero la firma de un contrato de concesión con la empresa Blue Arrow Biojet Holdings, en el que se promete la entrega por 20 años de la basura recolectada para que, mediante un proceso de gasificación, se transforme en combustible para aviones.

“Ni la gasificación ni la incineración ni la pirólisis son soluciones buenas porque, además, tienen este incentivo perverso que hace consumir y generar basura de forma igual o peor”, considera la integrante de GAIA.

Economía circular

Desde la perspectiva de activistas y especialistas, el actual modelo de producción y manejo de residuos es lineal e insostenible, pues consiste en extraer materias primas, convertirlas en un producto para consumir y posteriormente desechar.

Hay modelos de negocio diferentes, como la economía circular impulsada por el Programa para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas (UNEP, por sus siglas en inglés), con los que se busca que las empresas, desde un inicio, diseñen sus procesos y productos para eliminar los residuos y reducir la contaminación.

Desde este punto de vista, todos los sectores deben impulsar la reutilización de materiales, la reparación, así como la remanufactura, el reciclaje y el compostaje, con la finalidad de regenerar la naturaleza. Pero, como ocurre con muchos conceptos ecologistas, el de “economía circular” ha sido utilizado como eufemismo para disfrazar proyectos que en realidad no lo son.

En 2021, el gobierno de Jalisco y la empresa Caabsa Eagle intentaron impulsar en el municipio de Tala, fuera del AMG, una instalación que llevaría el nombre de Centro Integral de Economía Circular (CIEC). El proyecto no fue anunciado públicamente hasta que apareció en medios de comunicación debido a las protestas de los habitantes. Tras el escándalo, el Ejecutivo estatal intentó promover la iniciativa como un sitio de vanguardia que recibiría los residuos de la capital tapatía para su reciclado.

Expertos, como Gerardo Bernache, advirtieron que la mayor parte de los trabajos en el ciec estaba dirigida a la disposición final de residuos, para enterrarlos, y sólo en una pequeña parte se consideraba la separación de la basura. Con los antecedentes de malos manejos de Caabsa Eagle, los pobladores presionaron hasta conseguir la cancelación del proyecto.

Basura cero

Desde el enfoque de GAIA, la visión que debe promoverse es la de “basura cero”: una postura donde se cuidan los recursos, se cambian los hábitos de consumo y se rediseñan los procesos industriales para encaminarlos a no generar residuos.

“Si tú generas un producto que está destinado a ser desechable, de entrada tenemos un problema”, dice Maite Cortés. Desde esta perspectiva, no pueden considerarse como solución de fondo ni el reciclaje ni la producción de embalajes y envases con materiales orgánicos o compostables, que requieren agua y energía para su producción y que son utilizados una sola vez.

La visión de estas activistas es la de generar la menor cantidad posible de desechos retomando prácticas como la del uso de envases de retorno, que hace años fueron sustituidos por plásticos. “¿Hace cuántos años la gente tenía sus refrescos retornables? Los mismos medios con los que antes se tenía esa retornabilidad se pueden usar ahora”, considera Cortés. El problema es que para la industria del petróleo, materia prima del plástico, lo retornable no es negocio.

Por ello, es importante difundir información sobre las cantidades y los tipos de materiales que se desechan, así como presionar a las empresas para que se utilicen envases y procesos que eviten lo desechable y promuevan la reducción de residuos. También es recomendable fomentar el trueque, el reúso de materiales y la compra a granel de productos en comercios locales.

Otro paso importante, que puede darse en cada hogar, es el de hacer composta, así los desechos orgánicos se convierten en abono y se evita que al mezclarse con materiales inorgánicos se generen los temidos lixiviados. “Lo más sencillo es compostear. A mucha gente le da flojera hacer composta en casa porque piensan que es mucho trabajo, que va a generar vectores [esto es, atraer animales como moscas, cucarachas y ratas], que va a oler mal. Pero si una composta se hace de forma correcta, no tiene por qué ser incómoda”, asegura la ingeniera ambiental Mariana Carrillo.

Poblaciones cercanas a los basureros han comenzado a promover este tipo de prácticas como una alternativa para disminuir las afectaciones para sus territorios y el ecosistema. “Desde hace años planteamos lo de la compostera, que es un asunto sencillo. En el medio rural uno lo hace en casa regularmente”, cuenta José Casillas Martínez, comunero de San Francisco Ixcatlán, una población indígena de Zapopan que, ante las afectaciones por los lixiviados, en 2009 paralizó el ingreso de residuos al tiradero de Picachos.

Desde su perspectiva, el municipio podría generar un proyecto para depositar residuos orgánicos y, mediante el uso de larvas, hongos o lombrices rojas, acelerar el procesamiento para generar fertilizante natural. Lamenta que, en lugar de eso, la autoridad construyó en 2016 una planta de separación de residuos en la que invirtió 32 millones de pesos y que está abandonada.

Aunque en Jalisco la separación de residuos y la recolección diferenciada están contempladas en la ley desde 2008, en la práctica no se llevan a cabo.

“La norma puede cumplir 20 años y va a seguir siendo la letra muerta que es ahorita”, dice Patricia Moreno González, abogada ambiental y académica del ITESO, quien critica el hecho de que la legislación únicamente contempla multas, que no se aplican, en lugar de buscar incentivos fiscales y, en especial, la sensibilización de la ciudadanía.

La abogada afirma que la población no conoce el valor que tiene la basura y los costos de su recolección. Sólo entre los municipios metropolitanos de Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y El Salto se han pagado, de octubre de 2021 al cierre de 2022, cerca de 700 millones de pesos a Caabsa Eagle por llevar los desechos a basureros.

También es importante que el costo ambiental de la generación de basura deje de ser asumido por la sociedad y los ecosistemas, y sea transferido a las empresas que generan ganancias con su producción. “Los costos no los pagan las empresas, los han pagado quienes enfermaron de cáncer, las especies que murieron, y los pagarán las generaciones futuras”, dice Maite Cortés.

Mientras termina la auditoría de plásticos que practica en Santa Elena, la ecologista celebra que la mayoría de las personas que se integran a la asociación es gente joven, de alrededor de 20 años. “Para mí es una maravilla y un regalo de vida que haya chicos y chicas que quieren trabajar en el colectivo, subiéndose al camión de la basura, separando los residuos, aprendiendo, preguntando y, además, haciendo cambios”.