El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes arman a niños “deberían avergonzarse”; mientras tanto, los residentes siguen profundamente desconfiados de las autoridades regionales y de los escasos policías locales en sus pueblos

Cuando la suegra de David Sánchez Luna, de 56 años, fue torturada y asesinada después de aventurarse fuera de su pequeña comunidad mexicana rodeada por los cárteles de la droga, él dejó que sus hijas de siete y 10 años recibieran entrenamiento con armas de estilo militar.

Imposibilitados para enviar a sus hijos a la escuela y demasiado temerosos de salir de su enclave de 16 aldeas montañosas en el estado de Guerrero, plagado de violencia, los residentes dicen que no les queda otra opción.

“Hacen esto para prepararse para defender a la familia, a sus hermanos, y para defender el pueblo”, dice Sánchez Luna, agricultor de maíz en una región accidentada, que hace cinco años formó una milicia de autodefensa —una “policía comunitaria”— para protegerse. La decisión de los aldeanos de ofrecer entrenamiento con armas a niños en edad escolar conmocionó a la nación y ocupó los titulares mundiales después de que los medios locales transmitieran imágenes de niños de hasta seis años portando armas y realizando maniobras militares.

Si bien los ancianos de la comunidad cercana a la ciudad de Chilapa admiten en privado que los niños pequeños no serían utilizados para luchar contra los pistoleros de los cárteles, dicen que su táctica para conseguir la ayuda de funcionarios lejanos en Ciudad de México surge de la desesperación.

Diez músicos de la zona fueron emboscados y asesinados el mes pasado por presuntos miembros del cártel de Los Ardillos después de salir del territorio custodiado por su milicia de autodefensa, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF). Sus cuerpos fueron quemados. El ataque siguió a una serie de asesinatos en el último año, incluida una decapitación, que sacudió a los 6 mil 500 residentes cuyas exuberantes tierras se encuentran en medio de fértiles tierras de cultivo de amapola que alimentan el comercio de heroína de Guerrero y las rutas de suministro a Estados Unidos.

Los espantosos asesinatos y las condiciones de asedio que enfrentan los residentes van al corazón del poder de los cárteles y del fracaso del Estado en el México moderno, donde la violencia descontrolada desgarra el tejido social.

“Éste es un grito público de ayuda por parte de una comunidad que ha sido acorralada”, explica Falko Ernst, analista del International Crisis Group. “Han estado tratando de obtener asistencia del gobierno federal y estatal sin éxito, por lo que buscan intensificar el lenguaje para tratar de negociar y obtener ayuda”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quienes arman a niños “deberían avergonzarse”, y denunció el uso de niños para llamar la atención. Mientras tanto, los residentes siguen profundamente desconfiados de las autoridades regionales y de los escasos policías locales en sus pueblos, a quienes acusan de ser los ojos y oídos de Los Ardillos.

Los padres dicen que sus hijos se ven obligados a abandonar la educación formal una vez que cumplen aproximadamente 12 años, ya que las escuelas secundarias están en territorio controlado por el cártel.

Abuner Martínez, de 16 años, dejó de asistir a la escuela hace un año, después de que su padre fue  secuestrado fuera del territorio de la CRAC-PF, torturado y decapitado.

“Me asusté en ese momento. No quería ir a la escuela”, dice Abuner, quien ahora empuña una escopeta mientras vigila un puesto de control. La esposa de David Sánchez Luna, Alberta, solloza al describir cómo recibió el cuerpo de su madre plagado de marcas de tortura. “Es terrible lo que nos está pasando”, dice, secándose las lágrimas.