Maestros, indígenas, estudiantes, defensores de derechos y de territorios, familiares de víctimas… entre 2006 y 2016 irrumpieron luchas sociales que se abren camino en un sistema de represión, despojos y horrores: el camino por el que México realmente ha venido moviéndose

El año 2006 fue marcado por la irrupción de una serie de resistencias que desafiaron al sistema político, social y económico de México. Numerosas organizaciones, colectivos y sujetos se encontraron y reconocieron en rebeldía, desde las barricadas de la Comuna de Oaxaca hasta los encuentros de La Otra Campaña a lo largo de los 47 mil 890 kilómetros que recorrió por el país. Esas experiencias siguen resonando. Oaxaca, Chiapas y Atenco hoy vuelven a ser puntos de referencia en la cartografía de las luchas sociales, y resurgen con nuevos horizontes, nuevas formas de resistencia y de hacer política. Junto con otros grupos que se fueron organizando en los últimos once años, como los estudiantes o las víctimas de la violencia, los movimientos ahora se multiplican como las grietas en un sistema de dominación que se resquebraja ante la indignación popular.

“Lo que pasa con este tipo de movimientos, que de alguna manera no son los movimientos sociales clásicos, sino movimientos antisistémicos, con una perspectiva emancipatoria, es que obviamente tienen una continuidad, pero también ruptura e innovación. Pensar que hay una línea continua de los movimientos es algo bastante vago; uno la puede imaginar y recrear, pero si se fija con más cuidado se da cuenta de que aparecen rasgos nuevos que son totalmente diferentes”, explica Jorge Alonso, profesor investigador emérito del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS de Occidente).

 El subcomandante Marcos en un mitin en el zócalo de la Ciudad de México (2006). Foto: AP

Como ejemplos, señala que en 2006 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) “todavía estaba muy puesto en hacer un movimiento de tipo nacional”, con La Otra Campaña, “pero cayó en la cuenta de que ese esfuerzo, de alguna manera, no tuvo el efecto que se necesitaba, y entonces ideó otras formas. Cuando todo el mundo pensaba que se había agotado el zapatismo, en 2012 volvió con fuerza y en 2013 hizo la Escuelita Zapatista”, invitando a miles de colectivos y sujetos a conocer el camino de la autonomía que ha seguido.

“Eso fue muy novedoso, y se vinieron los movimientos de indignados en 2011 y el #YoSoy132 en 2012 y muchos más que tenían un común cuestionador de la situación”. Jorge Alonso identifica también cambios en la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que camina con la experiencia del pasado, pero ahora participa en un movimiento popular más amplio. Por ello, no debemos “tratar de ver estas continuidades sin ver el quiebre, las renovaciones y nuevas formas que se han ensayado”.

 Manifestación de estudiantes e integrantes del movimiento #YoSoy132 en la Ciudad de México (2012). Foto: EFE

Jorge Rocha, investigador del ITESO, explica que “por la misma naturaleza de los movimientos sociales, no son procesos continuos; digamos que no se mantienen en un mismo estatus todo el tiempo: podemos hablar de altas o picos en cuanto a manifestaciones públicas o acciones colectivas, pero luego hay como valles donde los movimientos siguen trabajando”, pero en la base.

“Lo importante es reconocer que sí hay gente organizada. Hay un deterioro generalizado de la vida de los mexicanos, que es un caldo de cultivo importante para la resistencia de esta gente organizada que, dependiendo de los momentos políticos, vuelve a emerger. Nos muestra que no podemos seguir con la lógica de creer que los movimientos sólo existen cuando salen a la calle (…) permanecen organizados en estos procesos de análisis y conciencia y vinculación con la gente de base”.

 Integrantes del EZLN muestran su solidaridad a los compañeros y familiares de los desaparecidos en Ayotzinapa (2014). Foto: suversión.org

Encendieron las luces

2006 comenzó en la carretera para las personas que acompañaron al movimiento zapatista en su recorrido por el país con La Otra Campaña. En la gira buscaban encontrarse con “la gente humilde y sencilla como nosotros. Y no es que vamos a decirles qué deben hacer, o sea a darles orden […] Tampoco es que les vamos a decir que hagan igual a nosotros, ni que se levanten en armas. Lo que vamos a hacer es preguntarles cómo es su vida, su lucha, su pensamiento de cómo está nuestro país y de cómo hacemos para que no nos derroten”.

El EZLN publicó en 2005 la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, de la que se extrae el fragmento anterior, documento en el cual, entre otras cosas, el movimiento se distanciaba de la carrera presidencial que ya estaba en marcha; por eso, la acción política que arrancó el 1 de enero de 2006 se llamó La Otra Campaña. Aquel día, en San Cristóbal de las Casas, primer punto del recorrido, el Delegado Zero (Subcomandante Marcos) advirtió: “Cuando veníamos en la marcha, llegando al boulevard, conforme íbamos avanzando, las autoridades iban apagando las luces de la calle […] De eso se va a tratar todo esto, ellos allá arriba van a tratar de hacer la oscuridad en torno nuestro […] Y así como avanzamos todo ese trecho a oscuras, poco a poco, despacio, cuidando nuestros pasos, así habrá de ser el inicio de La Otra Campaña. Llegará el momento, como pasó de por sí en esta marcha, en que se rindan y las luces se mantengan encendidas ahora con un nuevo brillo, el que nosotros podamos otorgarle con nuestras luchas y con nuestras palabras que van de unos a otros, abajo y a la izquierda”.

En su recorrido, la caravana hacía paradas para encontrarse con organizaciones, colectivos y sujetos en resistencia, desde indígenas hasta campesinos, obreros, estudiantes, amas de casa, maestros, trabajadores de la calle, sexoservidoras, opositores a megaobras. Una a una, las personas tomaban el micrófono para compartir sus historias, los demás escuchaban. La Otra Campaña, ese año, sólo fue interrumpida el 3 de mayo, cuando se desató la represión en contra de la población de San Salvador Atenco.

 Armados con machetes, campesinos de San Salvador Atenco asisten a una manifestación en Teotihuacán, encabezada por el subcomandante Marcos, para protestar por la construcción de un Wal-Mart (2006). Foto: AP

Represión e impunidad

Poco antes, el 26 de abril, La Otra Campaña había visitado ese lugar. Ahí, el Delegado Zero destacó la historia del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), que en 2001 se organizó con habitantes de Tocuila, Nexquipayac, Acuexcomac, San Felipe, Santa Cruz de Abajo y Atenco para defender su territorio ante la imposición del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en tierras agrícolas de Texcoco. Aunque en 2002 el gobierno de Vicente Fox canceló el plan por la presión popular, la sombra de la obra permaneció amenazante sobre estos pueblos que seguían en movimiento.

El 3 de mayo de 2006, las policías de Texcoco (gobernado por el PRD) y del Estado de México (PRI) realizaron un operativo para reubicar por la fuerza a un grupo de vendedores de flores afuera de un mercado en la cabecera municipal, pese a que, días antes, Ignacio del Valle y otros dirigentes del frente habían intentado negociar con las autoridades su permanencia. Integrantes del FPDT y simpatizantes de La Otra Campaña bloquearon la carretera Texcoco-Lechería para exigir la reinstalación de los comerciantes. Ante la arremetida policial, los pobladores se refugiaron en algunas viviendas que fueron allanadas con violencia y más de 80 personas resultaron detenidas.

Los manifestantes retuvieron a 12 policías para exigir la liberación de los detenidos. El gobierno del Estado de México, encabezado por Enrique Peña Nieto, ordenó romper el bloqueo en la carretera, pero los casi 200 policías fueron repelidos por los pobladores. En este punto, las cámaras de las televisoras privadas grabaron el momento en que un policía era golpeado por los manifestantes, mientras los reporteros clamaban en directo por mayor intervención policial para “rescatar” al elemento. Esas imágenes fueron repetidas constantemente en la televisión.

 Adán Espinosa, uno de los dirigentes perseguidos del Frente por la Defensa de la Tierra. Foto: contrapapelnoticias.files.wordpress.com

El gobierno preparó un operativo a gran escala que inició a las 6:00 de la mañana del 4 de mayo, cuando mil 815 policías estatales y 700 federales ingresaron a San Salvador Atenco y con violencia excesiva liberaron a los elementos retenidos. La represión se saldó con dos muertos (incluido Javier Cortés Santiago, de 14 años de edad, por disparos de arma de fuego), más de 200 personas detenidas y cerca de 30 mujeres que sufrieron abusos sexuales por parte de los policías, según el balance del FPDT, cuyo dirigente, Ignacio del Valle, enfrentó una pena de 112 años de prisión.

En octubre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que documentó diez formas de violación de los derechos humanos en contra de 209 personas: detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante y lesiones; allanamiento de morada; retención ilegal; incomunicación; tortura; abuso sexual y violación; violación del derecho a la vida, de los derechos de los menores y de los derechos a la legalidad y la seguridad jurídica. En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acreditó el uso excesivo de la fuerza del Estado y la violación a garantías de los pobladores, pero no sancionó a quienes ordenaron el ataque.

El recuerdo de la impunidad permaneció. El ataque a Atenco en 2006 tiene una fuerte conexión con otro movimiento social que surgió en 2012 al grito de #YoSoy132. El 11 de mayo de aquel año, el entonces candidato por el pri a la presidencia de México, Peña Nieto, visitó la Universidad Iberoamericana, donde defendió el operativo: “asumo plena responsabilidad por lo sucedido en Atenco. Los responsables fueron consignados ante el Poder Judicial, pero reitero: fue una acción determinada para restablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de usar la fuerza pública”.

Aquellas palabras encendieron a los estudiantes, quienes al grito de “asesino” y “todos somos Atenco”, obligaron al candidato a abandonar la universidad, dejando tras de sí el semillero de lo que en pocos días se convirtió en uno de los movimientos sociales más jóvenes y dinámicos surgidos en los últimos años.

 Choque entre policías y manifestantes en San Salvador Atenco (2006). Foto: Reuters.

Aterrizan nuevas amenazas

Trinidad Ramírez, integrante del FPDT y esposa de Ignacio del Valle, comentó que “la represión del 3 y el 4 de mayo de 2006 no fue sólo porque hayamos ido a solidarizarnos con nuestros compañeros floristas. Más bien, fue por haber desafiado al Estado, tirando un decreto presidencial”, en referencia al proyecto del fallido aeropuerto (Desinformémonos, 13 de mayo de 2010).

En el encuentro del 26 de abril de La Otra Campaña con Atenco, el Delegado Zero advirtió que el FPDT derrotó “al gobierno de Fox y a los grandes ricos que querían apoderarse de estas tierras”, pero éstas “son todavía ambicionadas por los poderosos, es un punto estratégico en todo su desarrollo”.

En septiembre de 2014, al presentar su segundo informe de gobierno, el presidente Peña Nieto anunció la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una obra largamente codiciada por los capitales nacionales y extranjeros, que ahora tendrá un costo de casi 200 mil millones de pesos. El lugar seleccionado para el negocio es, otra vez, las tierras de Texcoco.

Desde entonces, el FPDT, junto con otras poblaciones afectadas por la obra, ha resistido con acciones políticas, como marchas y campamentos, mientras que en el frente jurídico ha interpuesto siete amparos y espera el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde promovió medidas cautelares en favor de los habitantes de los pueblos y comunidades en la zona de influencia del aeropuerto.

Desde el 11 de abril de 2016, el FPDT mantiene un plantón en defensa de los territorios, ante las agresiones de las constructoras y de grupos de choque afines al gobierno. El 20 de agosto denunció que alrededor de 100 personas agredieron con palos y piedras a los integrantes del frente que mantenían el campamento, pero el pueblo logró reinstalarlo poco después. El frente también forma parte de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, que surgió en 2016 integrando a 180 organizaciones y colectivos, como el pueblo de Temacapulín, en Jalisco, que luchan contra despojos por la minería, la industria petrolera, presas o megaobras del gobierno.

 Barricada de la APPO en las calles de Oaxaca (2006). Foto: Reuters

La Comuna de Oaxaca

A partir de la represión en Atenco, La Otra Campaña se estacionó en la Ciudad de México, desde donde llamó a protestar por la liberación de los presos. Pocos días después, maestros de la sección 22 de la CNTE se manifestaron en Oaxaca, agregando la liberación de los detenidos en Atenco a sus demandas de homologación y aumento salarial para miles de profesores oaxaqueños. El gobierno, encabezado por Ulises Ruiz (PRI), quien ya enfrentaba un fuerte rechazo social, denegó las peticiones.

El 22 de mayo de 2006, miles de maestros, ya en paro indefinido, apoyados por otras organizaciones sociales, instalaron un plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca. En ese contexto, con una campaña de criminalización con llamados desde el sector empresarial para usar la fuerza pública, el gobernador Ulises Ruiz ordenó un operativo para desalojar la protesta.

A las 4:30 de la madrugada del 14 de junio, más de 2 mil policías atacaron el plantón y las oficinas magisteriales, incluida la estación Radio Plantón, desde donde se pedía apoyo para los maestros. Miles de personas acudieron al llamado y reforzaron las posiciones de los manifestantes. Aunque repelieron la agresión policial, 113 personas resultaron heridas.

La represión de Ruiz fue duramente criticada desde Oaxaca y el resto del país. Lejos de debilitar al movimiento, la acción lo fortaleció. Más de 360 organizaciones, sindicatos, asociaciones, colectivos y sujetos se solidarizaron con los maestros y el 17 de junio conformaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). A la demanda gremial del magisterio se sumó un grito colectivo de “¡Ya basta!” al sistema de dominación política y social que se vivía en la entidad. Además de luchar por la destitución de Ruiz, la APPO peleaba por la defensa de los territorios y los recursos naturales, por la justicia ante los asesinatos y violaciones de derechos humanos en la entidad desde mucho antes de la rebelión.

 Choque entre simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y policías (2006). Foto: AP

El movimiento fue creciendo en medio de ataques de las fuerzas de seguridad y paramilitares afines al gobierno, mientras las autoridades se iban esfumando de la escena pública. Entre junio y noviembre se desarrollaron experiencias de autonomía entre los sujetos y colectivos en resistencia, organizando brigadas de autodefensa, levantando y manteniendo las barricadas o haciendo labores de comunicación a través de los medios, como Radio Plantón y Radio Universidad, que fue tomada y operada por la población durante meses.

El periodista Luis Hernández Navarro escribió en La Jornada que “la APPO sintetiza la cultura política local nacida de las asambleas populares, el sindicalismo magisterial, el comunalismo indígena, el municipalismo, el extensionismo religioso, la izquierda radical, el regionalismo y la diversidad étnica de la entidad. Expresa, además, las nuevas formas asociativas que se crearon en Oaxaca a raíz del levantamiento popular pacífico: las organizaciones de los barrios pobres de la ciudad de Oaxaca y su zona conurbada, las redes juveniles libertarias y las barricadas. En el entorno de la APPO, pero más amplio que ella, se ha creado un movimiento sociopolítico conocido como la Comuna de Oaxaca. Ella es la expresión organizativa autónoma de la resistencia popular, el embrión de un poder distinto”.

El 25 de noviembre se generó una de las represiones más brutales, cuando miles de personas realizaron la séptima megamarcha en el centro de la ciudad, con el objetivo de acordonar, de manera pacífica, a miles de policías federales que se habían atrincherado en el Zócalo desde el 29 de octubre. Los policías rompieron la acción civil lanzando un ataque que duró más de seis horas y dejó varios muertos, más de 40 heridos y alrededor de 150 detenidos, la mayoría de manera arbitraria. Pero fue sólo el inicio de una persecución que se prolongó durante varias semanas.

El balance de las continuas agresiones contra el movimiento social de Oaxaca entre 2006 y 2007 fue de 25 muertos, 500 detenidos, cerca de 380 torturados y cinco desaparecidos, según el Servicio Internacional para la Paz (Serapaz). En marzo de 2016, la Comisión de la Verdad de Oaxaca entregó su informe, donde concluye: “El Estado violó de manera masiva y sistemática los siguientes derechos humanos: violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como también incurrió en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad.”

 Manifestación en contra de la reforma educativa impulsada por el gobierno federal. Foto: AFP

Una movilización imparable

Los maestros siguieron movilizados y, desde 2013, la sección 22 de la CNTE es uno de los principales colectivos en lucha contra la reforma educativa impuesta por el gobierno de Peña Nieto ese año, y cuya abrogación es la demanda central de la movilización social de 2016, la más grande desde la Comuna de 2006. Ahora, como entonces, el magisterio ha sido arropado por la población, no sólo en la capital, sino en casi todo el territorio de Oaxaca; de manera similar a como ocurre en otras entidades como Chiapas y Guerrero.

El 14 de junio de 2016, mientras la sección 22 y la sociedad civil recordaban en el centro de Oaxaca la represión de 2006, y en el marco del paro que mantenían los profesores desde el 15 de mayo, los pobladores de Asunción de Nochixtlán vieron “llegar 14 autobuses llenos de policías, piensan que van a reprimir a los compañeros en el Zócalo y deciden bloquear la carretera. Nadie lo esperaba, fue una reacción espontánea de la gente”, recuerda Gustavo Esteva, activista y fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, quien participó en aquella actividad.

El 19 de junio, cientos de policías estatales y federales atacaron el bloqueo durante horas. El balance de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca es de ocho personas muertas y 198 heridos, 84 de ellos por disparos de armas de fuego. Al igual que el 14 de junio de 2006, la represión impulsó mayor solidaridad. “Después del 19 de junio dejó de ser lucha magisterial. Había, antes del 19 de junio, conciencia en los pueblos de que la reforma educativa los afectaba a ellos también, no sólo a los maestros. Después del 19 de junio empiezan a presentarse demandas que no tienen que ver con la reforma educativa, tienen que ver con los productores de maíz o del campo, tienen que ver con la vida de Oaxaca”.

La lucha magisterial popular de 2016 se nutre de decisiones que toman los pueblos y los maestros en colectivo. Un ejemplo es la Asamblea General de Autoridades de los Pueblos de Oaxaca, donde están representadas las comunidades de la entidad y en sus encuentros se delinean los planes de acción.

 Enfrentamientoentre la policía y habitantes de Nochixtlán, Oaxaca (2016). Foto: AFP

Resistiendo la barbarie

Para Javier Sicilia, poeta y activista, no se puede hablar de “paralelismo” entre el escenario de 2006 y el de 2016: se trata de “la continuación de un desastre anunciado. Los zapatistas fueron muy claros, hay que revisitar sus discursos de hace 20 años, cuando dijeron: ‘Si siguen por este camino, pues están abriendo las puertas del infierno’. Ya estamos en el infierno. Es la lógica de gobiernos que están podridos probablemente desde la Revolución, que han tratado a este país como si fuera su patrimonio y han corrompido el esqueleto moral de la nación”.

El 11 de diciembre de 2006, Felipe Calderón, a pocos días de haber asumido la presidencia de México con una legitimidad cuestionada por el conflicto electoral de ese año, lanzó un operativo en Michoacán para, supuestamente, combatir a las bandas de narcotraficantes de la entidad. Fue el inicio de lo que se llamó la “guerra al narco”, que desde entonces y hasta 2014 produjo más de 164 mil víctimas mortales, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esa cifra es superior a la de las muertes ocurridas en las guerras de Afganistán e Irak, según el periodista Jason M. Breslow, del portal Frontline. A los fallecidos se suman las casi 28 mil personas desaparecidas desde el año 2007, además de los miles de desplazados con violencia: 281 mil, según el Centro de Vigilancia de Desplazados Internos.

 Javier Sicilia y Luz María Dávila durante la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad (2011). Foto: Reuters

Mientras crecían los horrores y las denuncias por abusos de las fuerzas armadas, el gobierno criminalizaba a las víctimas afirmando que eran integrantes del crimen organizado. Miles de familiares de las personas caídas comenzaron a organizarse en la búsqueda de sus desaparecidos o en la demanda de justicia por los asesinados.

“Cuando sale el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en 2011, a raíz de una masacre, estaban mi hijo Juan Francisco y seis amigos suyos (asesinados en marzo), pues se hizo algo muy importante para este país: darle dignidad a las víctimas, volverlas sujetos sociales”, explica Javier Sicilia. Ante el “desprecio” del gobierno por las víctimas, éstas “tomaron conciencia de su condición de sujetos sociales y se han multiplicado las organizaciones de víctimas”.

Jorge Rocha explica que, a diferencia de experiencias como las de la APPO o La Otra Campaña, donde participaban sujetos con “indignación sociopolítica”, los movimientos de las víctimas de la violencia “incorporan a gente que, pienso, en su vida habría imaginado estar hablando con un secretario de Gobernación […], ahora se ven obligados a estar en la arena política porque algún familiar desapareció […] en la cotidianidad estaban haciendo su vida en otros escenarios y ahora están haciendo política porque la situación los orilló. Es una característica diferente. Claro, había gente como Sicilia, que era activista antes y le toca la tragedia y ya entra muy fuerte al Movimiento por la Paz, pero, para la gran mayoría, la historia es distinta”.

 Marcha para protestar por las personas desaparecidas en México (2016). Foto: Reuters

En los últimos diez años surgieron agrupaciones como Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, con representación en varias entidades; Por Amor a Ellxs y Siguiendo tus Huellas, en Jalisco, además de otros colectivos que buscan a sus seres queridos por cuenta propia, como Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero) o la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos.

En opinión del sacerdote y activista Alejandro Solalinde, “la gente está despertando, la gente está madurando y está entendiendo que tiene que hablar, está perdiendo el miedo, está empezando a organizarse, y esto es bueno porque estamos viendo cada día más que el país se nos va de las manos y vemos el descontrol de parte del gobierno, no tienen capacidad para responder a todos los desafíos que están viviendo los sectores más agraviados del país. Pienso que la gente se da cuenta de que está sola, que el gobierno nunca se va a preocupar por ella, y entonces está tratando de organizarse y de hacer cosas”.

  Brenda Rangel, familiar de un desaparecido, durante la presentación del informe de Amnistía Internacional sobre personas desaparecidas en México (2013). Foto: EFE

“Fue el Estado”

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 fueron atacados los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en un operativo de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado en Iguala, Guerrero, que dejó seis muertos y 43 desaparecidos. Ese crimen es considerado uno de los acontecimientos más importantes para los movimientos sociales en los últimos años, porque desnudó a gran escala la crisis de derechos humanos en México y la responsabilidad de los gobiernos en la desaparición de personas, incluidas a quienes representan un obstáculo para sus intereses. Millones de personas en México y el mundo se han sumado en solidaridad a las acciones globales y han exigido la aparición de los normalistas y denunciado al Estado mexicano. “Ayotzinapa sigue vigente porque es la primera gran evidencia pública de lo que todos sabíamos: el mundo del crimen y de las instituciones es la misma cosa […] esa evidencia sigue vigente y también está conectada con los maestros, con la normal, donde se forman maestros comprometidos con los campesinos no separados del movimiento de la gente”, señala Gustavo Esteva.

 Marcha en Montevideo, Uruguay, durante la Caravana 43 en Sudamérica (2015). Foto: EFE

La entrevista con Javier Sicilia para este artículo quedó incompleta. El poeta tuvo que excusarse a mitad de la plática porque surgió una urgencia en la movilización del Frente Amplio Morelense, donde participa, que exige la destitución del gobernador de Morelos, Graco Ramírez. A la lista de denuncias por la violencia y la inseguridad se suma el descubrimiento de las fosas clandestinas de Tetelcingo, con 117 cuerpos enterrados por las fuerzas de seguridad, donde los activistas señalan que se pudieron cometer crímenes de lesa humanidad.

Su reflexión final acerca de los movimientos sociales sucedidos entre 2006 y 2016 fue: “estamos justamente en una lucha que ya es de las víctimas, de los pueblos originarios; el Movimiento por la Paz también llevó a los indígenas a los diálogos porque también son víctimas estructurales, y entonces hay un montón de agravios y un montón de sujetos sociales que se van unificando, se van uniendo porque el Estado ya no representa los intereses de la gente y, hay que decirlo con todas sus letras, nos encontramos en un momento de revolución, y pues tratamos de devolverle la moral al país. Los que integramos estas organizaciones tratamos de lograr un cambio revolucionario de manera no violenta”. m.