Uno de los puntos más discutidos de la ley es la presencia del Ejército en las calles. Foto: http://zapateando.wordpress.com

El proyecto de la Ley de Seguridad Nacional ha dado mucho de qué hablar. Y no es para menos. Para empezar, por la falta de claridad en la definición de conceptos como “Seguridad Nacional”, “Seguridad Interior” y “Seguridad Exterior”, explica Jorge Rocha, coordinador de la Maestría en Política y Gestión Pública del ITESO, quien añade que otras cosas no definidas están relacionadas con la figura de “Amenazas y Riesgos”, la cual podría tener consecuencias.

Rocha destaca que si de por sí deja mucho qué desear el hecho de que haya indefinición en lo que respecta a los conceptos de los diversos tipos de seguridad, en el caso de “Amenazas y Riesgos” la vaguedad es más grave ya que “no define qué es. El problema es que la Ley plantea que se van a generar políticas de seguridad en función de eso, pero, ¿qué considera el gobierno como amenazas y riesgos? Es peligroso que pase esto, porque en un Estado históricamente autoritario como el mexicano, se puede prestar a que protestas sociales puedan ser equiparadas a situaciones de amenaza y riesgo, con lo cual se daría cierta certeza jurídica a la posibilidad de represión política”.

Uno de los aspectos más controversiales de la minuta de Reforma a la Ley de Seguridad Nacional tiene que ver con la inclusión de las fuerzas armadas (Ejército y Marina) en labores distintas a las que les corresponden de origen, ya que existía “el debate de que si era constitucional que las fuerzas armadas pudieran participar en tareas de seguridad pública. Habemos quienes seguimos pensando que no va con la Constitución, pues es una tarea que le corresponde a los policías”, expresa el académico, quien agrega que en el actual gobierno ya se ha visto al Ejército hacer “tareas de nivel más bajo en términos policiales, como el patrullaje de calles. Entonces, lo que hace esta ley es incorporarlas”.

El académico recalca el hecho de que en las recomendaciones que han hecho las organizaciones de Derechos Humanos a escala internacional se encuentra que “el Ejército vaya abandonando las calles”, mientras que con la propuesta que se está discutiendo se busca lo contrario, es decir, “se intenta dar una certeza jurídica a esa situación,  aunque obviamente se corre el riesgo de caer en una situación de inconstitucionalidad: van a crear una ley que no está acorde con la Constitución”.

Según Rocha, otro tema contradictorio tiene que ver la reciente Reforma constitucional en Materia de Derechos Humanos, ya que se dice que la Ley de Seguridad Nacional debe apegarse a dicha reforma, “pero hay algunas figuras, como la posibilidad de intervenir comunicaciones telefónicas o electrónicas, que vulneran la privacidad, la libertad de expresión y demás. Se habla de que se van a respetar los Derechos Humanos, pero existen cosas que van en contra de esto. Se habla de Derechos Humanos, pero no se habla de derechos en específico”.

A su vez, el académico destaca que recientemente la UNAM presentó un 30 propuestas para hacer un plan de seguridad, que si bien contempla cuestiones como el lavado de dinero, también integra acciones como un foro internacional sobre las problemáticas asociadas a la migración y perfiles multidisciplinares para el reclutamiento de policías, entre otros temas.

Dentro de la reforma propuesta, que fue creada en el Senado y que ya pasó por la Cámara de Diputados y regresó a la Cámara Alta con modificaciones para ver la posibilidad de su aprobación, se encuentra la regulación de tareas del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) al tratar puntos como “atribuciones, quiénes lo pueden integrar, se establece el tema de controles de confianza, es otra parte más organizativa. En los gobiernos panistas, el Cisen pasó de ser una dependencia con mucha fuerza a ser un centro de muy pequeño impacto. Lo que pretende la ley es situar al Cisen en un lugar adecuado”, explica Rocha, quien añade que esto puede ser positivo siempre y cuando esta dependencia no vuelva a tener el peso y la labor que tuvo en los años setenta o en la llamada “Guerra Sucia”.

El académico destaca que se trata de una Ley que no cuenta con un consenso social. Aun cuando hubo algunos foros de consulta, éstos enrealidad fueron muy pocos. Por otra parte, entre los partidos hubo consenso entre el PAN y el PRI, pero no se tomaron en cuenta a los demás, por lo que su aprobación puede dar como resultado algo “con poca legitimidad. Tiene francos desacuerdos. Incluso las redes más importantes de Derechos Humanos se han pronunciado en contra de ella”.

Rocha sugiere que una acción sensata, ante la premura de aprobarla por parte del Senado para enfocarse al debate electoral, sería someter la ley a un debate público. Para concluir, señala que lo más viable políticamente hablando es que la ley “no se apruebe y que, una vez pasadas las elecciones de 2012, el nuevo congreso y el nuevo Presidente evalúen los saldos de la actual estrategia de seguridad”.