Los periodistas, particularmente los que cubren la fuente policiaca, han tenido que aprender el modo y ejercicio particular de las agresiones de cada organización delictiva hacia los medios de comunicación.

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El reto más grave de los periodistas en 2012 fue el simple ejercicio de su profesión en entidades afectadas por el enfrentamiento entre grupos rivales de la delincuencia organizada y de éstos contra las fuerzas federales, principalmente el Ejército y la Armada de México.

Tratando de silenciar a los medios o convertirlos en su caja de resonancia durante los enfrentamientos entre sí o con las fuerzas federales, las bandas de la delincuencia organizada mantuvieron una presión exacerbada contra periodistas, que incluía la amenaza de muerte, el secuestro, los golpes, la desaparición forzada y el asesinato. En algunos casos documentados en este informe, los grupos delictivos también recurrieron al uso de explosivos y granadas contra instalaciones de medios de comunicación.

Esa violencia contra periodistas fue más intensa en los estados de Veracruz y Coahuila, lugares donde se han extendido una serie de enfrentamientos armados entre la Nueva Federación, una coalición de grupos criminales que incluye al Cartel del Golfo, al Cartel Sinaloa y La Familia Michoacana, además de otros de reciente creación como Jalisco Nueva Generación, contra Los Zetas, un grupo que fue formado originalmente por ex soldados del ejército mexicano.

En 2012 ocurrieron 8 asesinatos de periodistas, 6 de ellos del estado de Veracruz, y 4 casos de desaparición, 2 en Veracruz, uno en San Luis Potosí y otro en Tamaulipas.

Esas agresiones extremas han contribuido a crear un clima de angustia y zozobra permanente, que ha llegado a provocar el abandono de la profesión o el éxodo masivo de periodistas que abandonan sus empleos y se desplazan a localidades de menor riesgo. Algunas organizaciones periodísticas han preferido no publicar más información de violencia relacionada con la delincuencia organizada, aunque eso no les ha protegido de las agresiones provenientes de grupos criminales y funcionarios públicos corruptos.

Los grupos criminales han impuesto distintos niveles de agresión a periodistas y medios que no siguen sus instrucciones al pie de la letra. En el caso de Coahuila, los grupos criminales empezaron a realizar secuestros al azar de empleados de los medios locales para presionar a éstos a cubrir incidentes a su conveniencia y satisfacción. Esto puso en evidencia que no sólo reporteros y editores estaban en riesgo, sino que también personal administrativo y de producción. Las amenazas provenientes de la delincuencia organizada se extendieron a todos los medios de comunicación de ciudades como Torreón.

Los periodistas, particularmente los que cubren la fuente policiaca, han tenido que aprender el modo y ejercicio particular de las agresiones de cada organización delictiva hacia los medios de comunicación. Periodistas de Tamaulipas, por ejemplo, reportan que el Cartel del Golfo no permite la publicación del nombre de sus integrantes que mueren asesinados o en enfrentamientos, ni tampoco el nombre de las personas que sus miembros asesinan. Para este grupo lo importante es mantener la noción pública de que en sus zonas de control hay paz relativa.

La colusión de este cartel con funcionarios públicos se hace evidente cuando sus integrantes prohíben a los medios la difusión de noticias sobre la corrupción de ciertos funcionarios. Según reporteros de la zona, las prácticas de este grupo hacia los medios son siempre agresivas, y sus miembros suelen citar y golpear a los reporteros que no obedecieron las órdenes para cubrir eventos de su interés.

El contacto directo y amenazante entre grupos criminales y periodistas se ha multiplicado en el país. Los grupos criminales mantienen presión sistemática a periodistas locales a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes electrónicos.

En algunos estados del país, los grupos delictivos obligan a los periodistas a asistir a reuniones de control. Periodistas de Tamaulipas reportan que, en otro ejemplo de esa tendencia, Los Zetas llamaron a reporteros de Nuevo Laredo que cubren la fuente policiaca para convocarlos a la colaboración a cambio de prebendas. Aquellos colegas que rehúsan colaborar con el grupo criminal se ven obligados a dejar la fuente policiaca, cambiar de medio y, en ocasiones, salir de la ciudad.

La intimidación a periodistas se ha vuelto una práctica extendida a todo el país. Según testimonios de reporteros de Michoacán, el grupo Los Caballeros Templarios, que se presenta como un grupo de empresarios del aguacate, convocaron a una reunión a reporteros, editores y productores de los medios de comunicación del estado para informarles sobre sus planes de inversión. En la reunión, los integrantes de esa organización criminal amenazaron de muerte a todos los periodistas reunidos y les exigieron que no perjudicaran la imagen de Michoacán y sólo publicaran notas aprobadas previamente por el grupo criminal.

El secuestro intimidatorio de periodistas se ha vuelto otra tendencia en el país, junto con el silencio de las víctimas y de sus propios medios de comunicación. Ese parece ser el caso de los medios de comunicación de Torreón, Coahuila, donde las amenazas de la delincuencia organizada se han concretado en el secuestro de periodistas o de empleados que salen o entran de las instalaciones de los medios. Los grupos criminales secuestran periodistas con el fin de que sus medios publiquen noticias a modo del grupo de interés. Los grupos rivales responden con el secuestro y golpes contra los periodistas que firmaron las notas y publicaron la información conveniente al grupo rival.

No todas las entidades con presencia de los cárteles del narcotráfico presentan las mismas tendencias de agresión hacia periodistas. Algunos estados como Nayarit, Baja California Norte y Jalisco no han presentado los mismos niveles de agresión, aunque persiste ahí la práctica de los grupos criminales de dejar mensajes o mantas con el objeto de que su contenido sea divulgado en los medios de comunicación.

Las agresiones extremas ocurrieron en el contexto de varios factores como las elecciones federales, estatales y locales; el uso predominante de la fuerza militar en la ofensiva gubernamental en contra de la delincuencia organizada; el reacomodo de las organizaciones criminales en algunas regiones del país y los niveles de impunidad en la investigación de los crímenes contra periodistas, factores todos que contribuyeron a incrementar el nivel de riesgo general y tuvieron como resultado un número muy elevado de ataques contra periodistas en el país.

Análisis de las estadísticas disponibles

Por lo general, no existen en el país estadísticas completas sobre ataques contra periodistas debido, entre otras cosas, a la dificultad de obtener información sobre esos crímenes y al silencio de las víctimas de la agresión. A eso se agregan las diferencias de criterios entre las organizaciones que se dedican a la protección de periodistas para reconocer casos de agresión originados por motivos profesionales.

Algunas organizaciones como el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York y la organización Article19 están trabajando de manera permanente para registrar y documentar casos de agresión contra periodistas. Éstas son algunas aproximaciones al análisis de los datos presentados por Cencos en el registro de casos ocurridos en 2012, el último año del sexenio de Felipe Calderón y uno de los peores que haya registrado la historia reciente del periodismo en México:

Durante 2012, los reporteros que trabajan para medios estatales y locales son los de mayor riesgo y sufren las agresiones más graves. Todos los casos de agresión grave que resultaron en muerte, desaparición o atentados contra periodistas ocurrieron en poblaciones del país donde existe una presencia importante de la delincuencia organizada y donde ocurren enfrentamientos frecuentes con las fuerzas federales. Ninguno de ellos ocurrió en el Distrito Federal o en alguna de las grandes zonas metropolitanas. Esa situación podría implicar que la mayoría de las agresiones graves ocurrieron en poblaciones relativamente pequeñas con uno o dos medios locales donde el periodista está muy reconocido o identificado. Las condiciones de vulnerabilidad en estas poblaciones se agravan cuando los medios locales están sujetos a la presión de funcionarios públicos o de grupos criminales.

Veracruz fue la entidad donde ocurrió el mayor número de agresiones graves a periodistas (seis de ocho asesinatos y dos de cuatro desapariciones). Sin lugar a dudas, esas agresiones tuvieron lugar en medio de una lucha armada entre grupos criminales que se disputan el control de la ruta del tráfico de drogas por el Golfo de México, así como de las ciudades donde existen facilidades relativas para las industrias del secuestro, la extorsión y la trata de personas. Durante 2011 y 2012, la entidad estuvo afectada por manifestaciones de violencia inusitada que incluyeron la matanza masiva de presuntos narcotraficantes a manos de grupos delictivos de otras partes del país, en una aparente disputa territorial con organizaciones criminales antagónicas.

A esa situación podemos agregar dos factores más: la aplicación de la fuerza naval y/o militar para controlar la situación de violencia, así como la posible existencia de fuerzas criminales interesadas en provocar desestabilización política a través de agresiones a periodistas. Esos crímenes ocurrieron antes de las elecciones federales y estatales del 1 de julio, lo que lleva a pensar en la posible existencia de elementos de política local o federal en la decisión de asesinar a los periodistas.

Los periodistas de la fuente Policiaca siguen siendo los que están en mayor riesgo y sufren los ataques más graves. Según el recuento de Cencos, los periodistas de la fuente experimentaron el 42% del total de agresiones graves en 2012. La cifra se eleva a 67% si incluimos en la misma categoría a periodistas de la fuente de Seguridad. Esa condición de vulnerabilidad expresa la encrucijada que viven muchos periodistas del país que reciben órdenes, a menudo encontradas, para publicar información de policía que beneficia a un grupo criminal y perjudica a otro. Algunos reporteros de Torreón, Coahuila, por ejemplo, se quejan de que un cártel les da instrucciones para guardar silencio sobre un incidente, mientras que el grupo rival fuerza a los editores a publicar información sobre el mismo incidente.

La agresión Física/Material fue la categoría más numerosa en el registro de casos (poco más de 51% de las 258 agresiones registradas en el país durante 2012), seguida por la Amenaza (15.9%) y la Detención (12.8%). Es posible que en estos casos exista una cifra negra de periodistas que no denuncian la agresión sufrida con tal de conservar su seguridad. De acuerdo con la investigación de Cencos, los cinco municipios con más agresiones físicas registradas son Ensenada, Baja California; Saltillo, Coahuila; Morelia, Michoacán; Totolapan, Morelos; San Pablo Huixtepec y Oaxaca de Juárez, en el estado de Oaxaca.

El mayor número de agresiones Físicas/Materiales con armas de fuego o explosivos contra instalaciones y oficinas de medios de comunicación ocurrió en Tamaulipas y Nuevo León, ambos estados donde ocurre una confrontación aún no resuelta entre el Cartel del Golfo, Los Zetas y células de otras organizaciones de narcotraficantes provenientes de otras partes del país, y en donde el gobierno federal ha ocupado principalmente la fuerza militar y naval en contra del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada.

En 2012, las instalaciones de Televisa Matamoros y El Mañana de Nuevo Laredo sufrieron dos ataques cada uno. Las instalaciones del Expreso de Matamoros y Hora Cero también fueron víctimas de ataques semejantes. El Norte de Monterrey experimentó tres agresiones y la distribuidora Dipsa sufrió un incendio provocado. Un total de 37 medios de comunicación del país sufrieron ataques en 2012.

La Amenaza de daño a la integridad física o psicológica fue el segundo tipo de agresión contra periodistas con 41 casos registrados en el país. Aunque la mayor parte de las amenazas de daño ocurren de manera verbal, los grupos criminales lanzaron una amenaza contra periodistas a través de un mensaje abandonado cerca del cadáver de personas asesinadas. También ocurrieron cuatro amenazas vía electrónica, dos por Twitter y otras dos por correo electrónico. En el caso de Coahuila, Durango y Michoacán, las amenazas son lanzadas contra el gremio periodístico en general con el objeto de silenciarlo o forzar su anuencia para publicar datos que beneficien los intereses del grupo criminal.

Los funcionarios públicos son los supuestos responsables de la mayor parte de los 258 casos de agresión registrados. Es posible que esa cifra esté determinada por el hecho de que los periodistas estén más inclinados a reportar agresiones provenientes de funcionarios públicos que a reportar agresiones cometidas por grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, el hecho de que el 55.04% de las agresiones registradas sean atribuidas a funcionarios públicos es una evidencia de la necesidad de monitorear a las autoridades que muestran rechazo al escrutinio público a través de los medios de comunicación y están inclinadas a reprimirlo.

Algunas aproximaciones generales

Los periodistas están siendo sujetos de agresión principalmente en contextos locales donde podríamos presumir que existe contubernio entre autoridades civiles y policiales con organizaciones criminales, o bien existe negligencia y desinterés de las autoridades para investigar los casos de agresión y propiciar su impunidad.

Los asesinatos de periodistas en Veracruz nos permiten establecer la hipótesis de que grupos criminales y grupos políticos han estado interesados en la muerte de periodistas como una forma de ejercer presión ante la proximidad de las elecciones estatales y federales en la entidad. Esto cambiaría por completo los parámetros futuros de cobertura electoral en el país, pues los procesos políticos podrían estar contaminados de una mezcla de intereses políticos, económicos y criminales que actúan con relativa impunidad y constituyen un factor de riesgo para los periodistas.

Es necesario resaltar que los periodistas que trabajan para medios del Distrito Federal no están exentos de riesgo. Aunque ninguno ha experimentado un ataque grave como los ocurridos en otras entidades del país, algunas experiencias recientes nos indican que esos periodistas aumentan su nivel de riesgo cuando salen a los estados a cubrir incidentes sin conocimiento del terreno, del contexto y sin fuentes confiables que puedan facilitar su labor. Por otra parte, en la ciudad de México y su zona metropolitana está ocurriendo un proceso de control criminal por parte de grupos delictivos que tienen su sede en otras entidades del país, pero mantienen operaciones importantes en la capital. Esa condición es indudablemente una situación de riesgo para periodistas que debe tomarse en su magnitud adecuada.

A pesar de que tienen la intención de recuperar territorio controlado por la delincuencia organizada, las operaciones militares han resultado irrelevantes para evitar o prevenir los atentados contra periodistas. Esto es particularmente grave, porque a pesar de los esfuerzos federales, los indicios de contaminación criminal en las filas policiales a nivel municipal o estatal siguen constituyendo un factor de alto riesgo para el gremio.

Los grupos responsables de ataques contra periodistas están utilizando explosivos o secuestros aleatorios en operaciones de intimidación y control de medios de comunicación. Este uso de explosivos, aunque no ha resultado en la muerte o daño masivo de empleados de los medios atacados, podría ser el preámbulo de ataques terroristas de una magnitud mucho mayor, si no se define una política gubernamental diseñada específicamente para prevenirlos a través de sus sistemas de inteligencia o la coordinación con los medios de comunicación.

El predominio de agresiones hacia reporteros y editores que trabajan para medios locales en poblaciones relativamente pequeñas, donde está registrada una alta actividad de grupos criminales, hace pensar en la necesidad de que autoridades federales, estatales, municipales trabajen con una intensidad y niveles de cooperación no observados hasta el momento para proteger a comunicadores, prevenir futuros ataques en su contra y sancionar a los responsables.

Es importante también observar que un número significativo de reporteros de la fuente política o de la fuente general sufrió ataques en el ejercicio de su labor. Los asesinatos y ataques contra candidatos en procesos electorales hacen visible que la política y el crimen puedan coincidir en momentos determinados, lo que podría ser un elemento desfavorable para la seguridad de los reporteros de dichas fuentes que no están capacitados para cubrir crímenes y carecen de información del contexto de criminalidad.

Sigue siendo una prioridad la inversión de recursos para capacitación de los periodistas que cubren la fuente policiaca y de seguridad. En la medida en que las organizaciones criminales buscan de manera activa y planificada controlar mediante el terror a los equipos de reporteros y editores de esa fuente, las organizaciones periodísticas deben reforzar sus esfuerzos de entrenamiento, cuidado y prevención hacia estos periodistas.

Dado que en 2012 hubo varios casos registrados de agresión contra reporteros ciudadanos que carecen del mínimo de infraestructura empresarial o de redes de apoyo profesional a su labor, la protección gubernamental debe extenderse a ellos.

Este texto forma parte del informe anual ¿Por qué tanto silencio? Daño reiterado a la Libertad de Expresión en México 2012, que será publicado a finales del mes de junio. Es resultado del trabajo permanente de monitoreo, registro y documentación con enfoque de derechos humanos, de las agresiones a periodistas y medios de comunicación que Cencos realiza desde los años 80.

Podrás encontrar más información en el hashtag #PorQueTantoSilencio y a través de las cuentas @Cencos y de la Campaña Permanente de Protección a Periodistas @Campperiodistas en Twitter y Facebook previo a la presentación del informe.