La lucha por el poder generó la peor crisis humanitaria, económica y social en la historia reciente del país que posee las mayores reservas de petróleo. Ahora, la gente desconfía de los dos polos en disputa y, mientras tanto, los pueblos tejen nuevas alternativas para dejar atrás el conflicto

A simple vista puede parecer que Venezuela está dividida entre dos bandos que se asumen como autoridad a través de sus respectivos poderes públicos para gobernar. Cada uno tiene incluso sus propias interpretaciones culturales e históricas del país, al grado de que existen dos versiones gráficas de El Libertador, Simón Bolívar; por supuesto, cada bando tiene sus respectivos aliados internacionales, motivados por grandes intereses en los recursos que ofrece ese codiciado territorio ubicado al norte de Sudamérica. Pero una mirada más detallada, hacia abajo, lejos de la retórica y la propaganda, muestra a un pueblo con más coincidencias que divisiones. Son millones de venezolanos, cansados de los fracasos tanto del chavismo como de la oposición partidista, los que buscan una solución pacífica y entre venezolanos a la actual crisis. Muchos, de hecho, ven a los bloques en lucha como las dos caras de una misma moneda que amenaza sus vidas y, por eso, caminan ya en autonomía hacia otros horizontes.

Ése es el camino que siguen miles de personas, sobre todo en los pueblos campesinos y originarios de Venezuela que resisten en defensa de su territorio: “Esto es un juego donde hay un policía malo y un policía bueno y cada quien escoge a quien cree que es su policía bueno. Pero es un juego ilusorio: ambos están entregando el territorio, ambos están cancelando lo que ellos mismos crearon, que es el Estado nacional; esta capitanía general petrolera que es Venezuela, están entregándola a pedazos y están concursando para ver quién va a dirigir esta subasta, quién va a dirigir el saqueo, quién va a administrarlo internamente. Y nosotros no estamos ahí”, explica Juan Carlos La Rosa, director de Wainjirawa, una organización para la educación autonómica de comunidades indígenas, sector desde donde “estamos trabajando para construir nuestra propia salud, nuestra propia educación, nuestra propia economía local, nuestra propia alimentación, preocupados por otra visión de la soberanía ajena a la relación con el Estado colonial”.

En los sectores urbanos también hay una pérdida de confianza en las dirigencias de los dos bloques en lucha, así como rechazo a las soluciones armadas de la crisis: “Mientras vas entrando a zonas más pobres, lo que menos quiere la gente son salidas violentas, y la gente de los sectores populares tiene muy claro que, en cualquier escenario de violencia, quienes más pierden son los pobres”, señala el sacerdote jesuita Alfredo Infante. “La mayor aspiración del pueblo venezolano es vivir con normalidad, es decir, vivir una vida normal, porque vivimos en sobresalto. ¿Qué percibe la gente como normalidad? La gente me dice: ‘Mire, padre, nosotros desearíamos poder ganar el pan con el sudor de nuestro trabajo, no depender de una cajita de comida, poder ir al hospital y que se nos pueda atender, poder salir a pasear y tener transporte’, es decir, todo lo que en otro contexto suena como normal, aquí cada día nosotros tenemos que estarlo inventando”.

Un problema humanitario “muy real”

En lo que sí coinciden el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, es en que hay una grave situación humanitaria, aunque cada bando utiliza la crisis para sus propios fines. “En Venezuela existe un problema humanitario muy real”, dijo en abril de este año Mark Lowcock, coordinador de Ayuda de Emergencia en la Organización de las Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad de ese organismo. Según cálculos de la ONU, alrededor de siete millones de venezolanos, que representan a casi 25 por ciento de la población total (30 millones de habitantes), necesitan asistencia humanitaria, entre ellos 3.2 millones de niños, mientras que 1.9 millones necesitan asistencia alimentaria. La Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) estima que cerca de 3.7 millones presentaban malnutrición en 2018 (Europa Press, 7 de junio de 2019). La ONU también dice que 2.8 millones de personas necesitan ayuda sanitaria. El país lleva años sufriendo la escasez de medicamentos para enfermedades crónicas, así como el resurgimiento de enfermedades prevenibles y que se consideraban erradicadas, como la difteria, la malaria o el sarampión.

Otra crisis polémica es la migratoria, ya que, mientras el gobierno de Maduro ha negado su existencia, la oposición habla hasta de seis millones de venezolanos que han emigrado. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones, hay cuatro millones de venezolanos fuera de su país, un millón de los cuales emigró después de noviembre de 2018. En contraste, a finales de 2015 había alrededor de 700 mil venezolanos emigrados. El problema migratorio ha sido utilizado en la disputa geopolítica alrededor de Venezuela, ya que buena parte de esos venezolanos ahora vive en países vecinos con gobiernos antagonistas del chavismo: hay casi 1.3 millones en Colombia, 768 mil en Perú, 288 mil en Chile, 263 mil en Ecuador, 168 mil en Brasil y 130 mil en Colombia. Además de otros 350 mil que viven en Estados Unidos y 323 mil que residen en España, según datos del ACNUR.

 Con los pies hinchados y exhausto tras recorrer las montañas, el panadero César Gouveia, migrante venezolano indocumentado, duerme al lado de la carretera en Pamplona, Colombia. Foto: Reuters/Carlos García Rawlins

De la escasez a la hiperinflación

Los problemas humanitarios en Venezuela son consecuencia de una crisis económica que se agudizó desde el desplome de los precios del petróleo a partir de 2013, un duro golpe a la principal fuente de ingresos (hasta 95 por ciento) del país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo, una riqueza que años atrás permitió al gobierno de Hugo Chávez desarrollar amplios programas sociales, de vivienda y productivos. Pero la economía siguió con una alta dependencia de la importación de alimentos, insumos industriales y medicamentos. Entre 2014 y 2016 se agudizó la escasez de productos básicos. Los empresarios aumentaron los precios y comenzó una escalada inflacionaria que era respondida desde el gobierno con aumentos constantes en el salario mínimo. A mediados de 2017 ya había más productos en los anaqueles de las tiendas, pero a precios inalcanzables: la economía entraba en hiperinflación.

El grado de hiperinflación (incremento descontrolado de precios) en Venezuela varía según la fuente que se consulte. El Fondo Monetario Internacional y la Asamblea Nacional (controlada por los partidos de oposición) afirman que este año la inflación rondará los diez millones por ciento. No sólo es un incremento altísimo, sino que “está en camino de convertirse en el más largo periodo de aumentos incontrolados de precios desde el que se vivió en el Congo en la década de 1990” (The New York Times, 17 de mayo de 2019).

El Banco Central de Venezuela no publicaba indicadores económicos oficiales desde 2015, pero el 28 de mayo de 2019 sorpresivamente publicó datos con los que reconocía la trascendencia de la crisis: la inflación pasó de 180.9 por ciento en 2015 a 130 mil 60 por ciento en 2018, mientras que de enero a abril de 2019 los precios crecieron mil 47 por ciento. El organismo oficial también señaló que la economía se contrajo 47.6 por ciento entre 2013 y 2018. Además, las importaciones se desplomaron desde 57 mil 183 millones de dólares (mdd) en 2013 a 14 mil 886 mdd en 2018, un dato clave para entender el desabasto de productos. Esto coincide con el descenso en las exportaciones de petróleo: de 85 mil 603 mdd en 2013 a 29 mill 810 mdd en 2018.

A esta recesión económica y a la hiperinflación se agrega otro elemento que ha dificultado la productividad y la vida cotidiana: los apagones, que afectan tanto al saneamiento y la distribución de agua entre la población, como también a la disponibilidad de alimentos y la atención sanitaria en hospitales. Desde la oposición, nacional e internacional, se insiste en achacar tanto la crisis económica como la energética a los errores del régimen chavista y a la corrupción del gobierno; lo señalan como el fracaso de la experiencia socialista y usan la emergencia como argumento para presionar por un “cese de la usurpación”, como demandan los adversarios del chavismo, que acusan a Maduro de usurpar el poder en las elecciones presidenciales de mayo de 2018, cuyos proceso y resultados no fueron avalados por la mayoría de los partidos opositores.

Un ejemplo de esto ocurrió el 23 de febrero de 2019, cuando las fuerzas opositoras agrupadas en torno a Juan Guaidó —diputado y presidente de la Asamblea Nacional, quien el 23 de enero se autoproclamó “presidente encargado”, con el apoyo de los presidentes del Grupo de Lima (bloque de catorce países opositores al chavismo)— realizaron un concierto en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, como preámbulo de una operación mediatizada para introducir “ayuda humanitaria” al país, medida con la que esperaban iniciar el final del régimen de Maduro. Los cargamentos no entraron, el gobierno venezolano celebró su propio concierto en la misma frontera y selló sus puertas, rompiendo también relaciones con Colombia.

 Juan Guaidó (derecha), líder de la oposición venezolana y a quien muchas naciones han reconocido como  gobernante legítimo del país, durante una manifestación contra el gobierno de Maduro y para conmemorar el 1 de Mayo en Caracas, Venezuela. A la derecha, el presidente venezolano. Foto: Reuters/Carlos García Rawlins

Bloqueo y sanciones económicas

A la debacle se le suman las sanciones y los bloqueos económicos ordenados por Estados Unidos desde hace un lustro para debilitar al régimen de Maduro. En diciembre de 2014, el Congreso publicó la Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, que abrió las puertas para imponer sanciones específicas a personas que fueran responsables de violar los derechos humanos en el país. En febrero de 2015, la presidencia de Barack Obama comenzó a restringir las visas a varios funcionarios venezolanos. En marzo, Obama dictó la Orden Ejecutiva 13692, mediante la cual se declara a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”. Desde entonces ha ido escalando el alcance de las sanciones, que incluyen, en enero de 2019, el congelamiento de activos por 7 mil mdd de Citgo, una filial que tiene la paraestatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA) en Estados Unidos, además de cancelar las compras estadounidenses de petróleo venezolano y de prohibir a empresas y particulares hacer negocios con PDVSA o con el gobierno de Maduro.

Maduro sostiene que Venezuela sufre las consecuencias de una “guerra económica” promovida por Estados Unidos y auspiciada dentro del país por los sectores opositores. Señala como “armas” de esa “guerra” los sabotajes en el sistema de electricidad, el acaparamiento y la especulación por parte de las grandes empresas privadas y el “ataque” a la moneda nacional. En Venezuela, la venta de dólares está regulada por el gobierno, que otorga ciertos permisos a empresas o particulares para comprar divisas a precios oficiales, pero después de cumplir con largos trámites burocráticos. La población recurre con más frecuencia al mercado negro, o “dólar paralelo”, cuya variación toma como referencia el movimiento cambiario en páginas de internet externas a Venezuela.

Pascualina Curcio, economista y doctora en Ciencias Políticas en Caracas, quien es afín al chavismo, escribió un artículo con una detallada cronología de las sanciones y los bloqueos impuestos por Estados Unidos y sus impactos. “Paralelamente a la aplicación de medidas coercitivas, bloqueos, sanciones y apropiación de activos, el imperialismo ha estado atacando la moneda nacional, el bolívar, con el objetivo de inducir la inflación y afectar los niveles de producción nacional. Lo hace mediante la manipulación diaria del tipo de cambio a través de portales web cuyos dominios residen en territorio estadounidense, específicamente Miami”. Señaló que el impacto de la “guerra económica” contra Venezuela asciende a 114 mil 302 mdd. De éstos, 21 mil 450 mdd son “pérdidas ocasionadas por las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos financieros, los embargos comerciales, el robo de los activos de Citgo, los recursos que se dejan de percibir por tal acto de pillaje, el oro retenido en Inglaterra (reservas por mil 200 mdd que el Banco de Inglaterra se niega a devolver a Venezuela) y los euros bloqueados en Euroclear. La diferencia, es decir, 92 mil 852 millones de dólares, corresponde a lo que hemos dejado de producir como consecuencia del ataque a la moneda” (Impacto de la Guerra Económica contra el pueblo de Venezuela, 18 de marzo de 2019).

El efecto de las sanciones también fue reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presidida por Michelle Bachelet: “Aunque la economía de Venezuela estaba en crisis mucho antes de que se les impusieran sanciones a algunos de sus sectores […] las últimas sanciones económicas vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos de la crisis”, reconoce el informe sobre la situación en Venezuela que publicó el organismo el 4 de julio de 2019, a partir de entrevistas con 588 víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos, aunque advierte que “el Estado incumple su obligación de garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria”.

  Un manifestante sostiene la bandera de Venezuela afuera de un edificio de la Corte Suprema de Justicia. Durante la protesta por un fallo de la corte, los manifestantes atacaron con bombas molotov e incendiaron una sucursal bancaria dentro del edificio. Foto: Reuters/Carlos García Rawlins

Sin apoyo popular

A casi diez meses de que el joven diputado Juan Guaidó se autoproclamara “presidente encargado”, asegurando una pronta salida del poder de Maduro, los planes no le han salido bien a la oposición. Desde el fracasado operativo para introducir “ayuda humanitaria”, este sector no se ha cansado de llamar a las Fuerzas Armadas a desconocer al “dictador” Maduro y unirse a las filas de la “democracia”, pero hasta ahora los altos mandos de las Fuerzas Armadas siguen leales al chavismo. Para Maduro, las cosas tampoco han sido positivas: si bien se mantiene en el poder, su popularidad se ha desplomado y ha tenido que reconocer los problemas humanitarios del país.

Según las encuestas de opinión, tanto el bando opositor como el chavista han sufrido la pérdida de confianza de la población. Una encuesta de la firma Meganálisis, realizada en mayo pasado, señaló que 89.8 por ciento de los venezolanos quiere que Maduro deje el poder. Pero ese mismo sondeo también indicó que el respaldo a Guaidó ha venido decreciendo desde febrero, cuando tenía un reconocimiento de 84.6 por ciento, para descender tres meses después a sólo 49.8 por ciento, lo que significa que en ese lapso perdió 34.8 puntos porcentuales de respaldo (Proceso, 19 de mayo de 2019). Poco después, otra encuestadora, Datincorp, señaló que 70 por ciento de los entrevistados se muestra partidario de la renovación de todos los dirigentes del gobierno y del partido de Maduro (Partido Socialista Unido de Venezuela), mientras que 73 por ciento de los venezolanos también apoya la sustitución de los dirigentes opositores (La Vanguardia, 7 de junio de 2019).

Alfredo Infante, sacerdote jesuita del popular sector La Vega, de Caracas, y quien también dirige la revista SIC del Centro Gumilla de la Compañía de Jesús en Venezuela, comenta que “el descontento social es muy grande, de alrededor de 85 o 90 por ciento de la población; ese descontento se capitalizó a principios del año a través de la figura de Juan Guaidó y poco a poco ha ido disminuyendo al no ver mayores resultados. Creo que había unas expectativas muy altas con el cese a la usurpación, y al no acontecer, ha habido una desmovilización y un desencanto”.

“Lo más grave es que, estando en uno de los peores momentos de nuestra historia reciente, en esta emergencia humanitaria compleja que estamos viviendo hay una tendencia a la desmovilización política. Creo que, en ese sentido, no es un asunto de que la gente no está respaldando a la oposición, sino que, igualito, el gobierno hace manifestaciones y es lo mismo”, tiene poca convocatoria, pues “en lo político hay un desencanto muy grande y eso para mí es muy grave, porque es a través de la política como se pueden transformar las sociedades”.

 Un pollo de 2.4 kg costaba, en agosto de 2018, 14 millones seiscientos mil bolívares (equivalente a 2.22 dólares). Ése era el precio en un mercado informal en el vecindario de bajos ingresos de Catia. Foto: Reuters/Carlos García Rawlins

Sobre la situación actual del conflicto político, Infante explica que “nosotros, desde hace un tiempo, habíamos hecho un análisis y veíamos tres escenarios: un primer escenario de una solución política vía electoral, adelantando las presidenciales para entrar en un marco más legítimo, desde el punto de vista de lo macropolítico. El segundo escenario era la prolongación de estos dos gobiernos paralelos, uno por un lado, con Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, apoyado por la comunidad internacional, y otro con Maduro como presidente, con el aparato del Estado y las Fuerzas Armadas. El tercero era el menos deseable de todos, una posible intervención militar, que sería el peor de los escenarios. Le apostábamos al primer escenario, que es el de la negociación y el diálogo, y lamentablemente el tiempo ha ido pasando y hay una mayor incertidumbre y nos encontramos en la prolongación de los dos gobiernos paralelos. Este escenario nos introduce una incertidumbre muy grande, porque lo que se percibe cada vez más es que el gobierno tiene un poder de facto muy fuerte y que, lamentablemente, cada día la oposición pierde la capacidad de negociar una salida política al país”.

Después de que se suspendieron las conversaciones que el gobierno de Maduro mantuvo con el de Guaidó en Barbados, auspiciadas por Noruega, en septiembre de 2019 el oficialismo anunció el establecimiento de mesas de diálogo con representantes de otros partidos opositores, que tienen pocos representantes en la Asamblea Nacional. Infante dice que se trata de “partidos minoritarios que están apostando a una negociación más por la vía de conquistas parciales, lo que podría fortalecer más al gobierno” al abrirse una posibilidad para que el chavismo retome la Asamblea Nacional a través de próximas elecciones que se puedan acordar con este grupo opositor. “El problema grave en Venezuela es un tema de confianza”, y eso es “lo que hay que recuperar, y la base de una negociación no debe ser ‘quítate tú para ponerme yo’, sino para ver cómo garantizar gobernabilidad y cómo restablecer la confianza en el país, de modo que se puedan reactivar la economía, las instituciones públicas y todo”.

Infante advierte que las voces que aún apuestan por una intervención militar vienen desde sectores “extremistas” de la oposición, y eso es rechazado por la mayoría del país: “Desde el punto de vista de la población, lo que menos espera la gente es una salida violenta; la gente quiere paz, una salida pacífica y negociada”.

Acerca de lo que podría suceder con el conflicto a futuro, opina: “Creo que el escenario más probable es que el gobierno se mantenga en el poder, pese a toda la ilegitimidad, y que lo haga creando una oposición a su medida y dándole piso democrático o seudodemocrático a este nuevo escenario. A mediano plazo eso es lo que yo veo; creo que debemos prepararnos: se va a agudizar la emergencia humanitaria porque el gobierno no va a convertir su modo de plantearse la economía, y, como el tema de fondo es un asunto de confianza, mientras no haya un cambio visible de las figuras políticas, pues no se va a restablecer la confianza. No es el escenario deseable para mí; lo deseable sería que, realmente, los movimientos comunitarios y sociales se convirtieran en una fuerza y presionáramos para que los actores políticos realmente negociaran de cara al país, no sólo de cara a sus intereses”.

 Vista del cuarto de maternidad del hospital Felipe Guevara Rojas en El Tigre, Venezuela, en enero de 2019. Foto: Reuters/Iván Alvarado

Pese a esa desmovilización, ¿habría posibilidad, en esta situación de pérdida de confianza hacia los líderes de ambos lados del espectro político, de pensar en una reemergencia de movimientos sociales, obreros, sindicales, eclesiales, indígenas o vecinales, de organizaciones que no sigan lineamientos de estos bloques, sino que vayan más por el camino de la autonomía?

Creo que es lo que hay que pensar. No se les puede dejar la política a los políticos, porque si se deja la política sólo a los políticos, entonces la política siempre va a estar de espaldas a los intereses de la sociedad y los políticos estarán pendientes de las cuotas de poder. Necesitamos consolidar la sociedad civil, los movimientos sociales, eclesiales o religiosos, que, más allá de los intereses propios de cada sector, articulándonos como sociedad, podamos convertirnos en una fuerza política que exija a los partidos políticos un respeto mínimo por la política: una política que piense, que ponga al país en el centro, que ponga la situación humanitaria que estamos viviendo en el centro y que pueda, realmente, repensarse desde allí, y no tanto desde la distribución de cuotas de poder. Creo que ésa es la alternativa en la que tendríamos que trabajar. Y se está trabajando en eso, pero también es muy frágil todavía. A veces percibo que hay movimientos que están desvinculados de las bases comunitarias; entonces, si lo comunitario no se articula y se convierte en un movimiento social capaz de generar una fuerza política para negociar con los actores políticos, pues siempre vamos a estar patinando en el mismo charco, porque a veces se construyen movimientos sociales, pero que no tienen arraigo en las bases o en lo comunitario; o a veces se crean organizaciones que están sólo en lo comunitario, pero no se piensan como una fuerza social o un movimiento social que puedan convertirse en intérpretes también políticos y macropolíticos, aunque no pretendan el poder, pero que puedan hacer de contrapeso a los actores políticos para rehabilitar la política. Aquí no hay crisis política: aquí la política está en crisis. Quienes podemos revertir esto tenemos que ser las fuerzas sociales que podamos convertirnos en una opción política para resituar y rehabilitar el quehacer político.

Surgen alternativas en la crisis

En el caso de “las organizaciones indígenas, han sufrido en los últimos veinte años un difícil desmantelamiento. Con la llegada de Hugo Chávez al gobierno, hace veinte años, y la posibilidad de aperturas constitucionales para los derechos indígenas, digamos que bajamos la guardia, nos pusimos desprevenidos porque vimos la posibilidad de un horizonte de realización con reconocimiento de derechos, que era lo que esperábamos en el marco de la Constitución de 1999. Lo que sucedió, en términos de la política concreta estructural del Estado frente al movimiento indígena, fue la cooptación de esas organizaciones: quedaron organizaciones más o menos de este mismo tipo, pero con la virtud de que son organizaciones nuestras muy de base de comunidades y de sectores de territorios, de zonas y de regiones que les permiten mantenerse en pie. Sin embargo, no son en este momento sólidas o fuertes, porque fueron pensadas para relacionarnos con el hombre criollo, no entre nosotros”, afirma desde Maracaibo, al oeste de Venezuela, Juan Carlos La Rosa, director de Wainjirawa, una organización intercultural para la educación autonómica de comunidades indígenas.

“Frente a la coyuntura actual, la polarización presiona para que las organizaciones de base indígenas y campesinas que se mantienen en pie tengan una visión dentro de esa polarización —es como llamamos nosotros al enfrentamiento entre las dos partes, y ninguna de las dos partes nos representa—. Ambos lados de la polarización tienen una manera de relacionarse con una intervención o una injerencia de los capitales internacionales en nuestro territorio”, explica La Rosa, recordando la apuesta del chavismo por el extractivismo, que se vio coronada con el proyecto Arco Minero del Orinoco, que entregó más de 12 por ciento del territorio nacional, incluidas tierras de los pueblos indígenas, a empresas de Estados Unidos, China y Rusia, con lo que se devastaron grandes extensiones de terreno agrícola y empeoró la dependencia alimenticia del exterior, además de que se agravaron el hambre y la migración.

 Siawa, de la tribu indígena indígena Piaroa, estudia en la Universidad Indígena de Cano Tauca, en el estado sureño de Bolívar, en mayo de 2011. Como otros pueblos originarios del mundo, los indígenas venezolanos ven amenazado su hábitat y su forma de vida alrededor del río Orinoco. Foto: Reuters/Jorge Silva

Pese a todo, ya “han surgido alternativas en medio de la crisis: el caso más reciente que tenemos en este momento es la creación del Consejo General del Pueblo Pemón, que es una organización que agrupa una importante cantidad de territorio indígena de la nación Pemón en el sureste de Venezuela, en la frontera con Brasil y con Guyana. Este Consejo ve las cosas de otra manera: los hermanos Pemón avanzaron y dijeron: ‘Vamos a construir un gobierno propio y vamos a ocuparnos de nuestros asuntos’. ‘Lo ponemos como una cosa más en nuestra relación con el mundo que es importante’, siempre dicen, ‘sin los demás no estamos completos’. Han tenido avances sólidos y también, por supuesto, contradicciones, porque están aprendiendo”.

“Ésa es la realidad de las organizaciones indígenas, hay una enorme cooptación y un esfuerzo desde las bases de muchos de nosotros, de pequeñas organizaciones, para rehacernos. Eso por supuesto nos anula en términos de una voz política fuerte a escalas nacional e internacional. Los picos de conflicto, como la lucha del pueblo Yukpa (al oeste, en la frontera con Colombia) o la militarización del territorio Wayuu (también en el oeste), así como la crisis de emergencia de salud en Amazonas (en el sur), nos permiten vernos nacional e internacionalmente como luchadores rabiosos por nuestros derechos o como víctimas, digamos; ésas son las grandes posibilidades que se nos han presentado para tener un lugar en la opinión pública. Sin embargo, las conclusiones a las que vamos llegando en relación con lo que nos sucede, están por verse, están por emerger en las escenas nacional e internacional, y estamos haciendo un gran esfuerzo para que eso sea posible, para que se sepa cómo estamos pensando. Hay aquí un nosotros que tiene una propuesta que incluso le va a servir al resto del mundo criollo”. .

 Personas recorriendo las calles de Caracas durante un apagón en julio de 2019. Foto: Reuters/Manaure Quintero

Reservas codiciadas

:: Venezuela tiene las mayores  reservas de petróleo del mundo, que sumarían más de 300 mil millones de barriles, según información estadística de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (BBC, 1 de abril de 2019).

:: Venezuela tiene las reservas de gas natural más grandes en América Latina, que ocupan el octavo lugar mundial, con 200.3 billones de pies cúbicos normales, según la Agencia Internacional de Energía.

:: Casi 30 campos de oro en todo el país sitúan a Venezuela como la segunda reserva más grande del planeta. En el Arco Minero también tiene importantes reservas de diamantes y otros minerales, como el coltán, usado en la fabricación de los nuevos teléfonos inteligentes (Cadena Ser, 24 de enero de 2019).