Fenómenos como el deterioro de los sistemas de salud y el desencanto con la democracia sólo se pueden entender desde un análisis que tome en cuenta las dinámicas globales y las especificidades locales como un entramado de procesos que se influyen recíprocamente

La crisis sanitaria generada por la pandemia nos forzó a mirar desde otros ángulos muchas situaciones anómalas que habíamos normalizado a pesar de la vigilancia crítica que pretendemos ejercer en nuestro entorno. También nos obligó a concentrar nuestra mirada en asuntos tales como el deterioro de los sistemas de salud pública y la incapacidad de los sistemas privados para garantizar el derecho a la salud, que generaron malestar popular y evidenciaron, una vez más, los límites del Estado y del mercado, a la par de la falta de consolidación de soluciones creativas e instituciones idóneas para garantizar el bienestar personal, los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente.

Las instancias de regulación de la vida social, es decir, las grandes instituciones, no explican por sí mismas las complejas dinámicas globales ni las especificidades locales. El análisis no puede refugiarse en la aplicación de categorías estáticas; es necesario identificar los sesgos que vician la comprensión. Uno entre ellos, el nacionalismo metodológico, evidenciado por Ulrich Beck,¹ nos hace pensar problemas y soluciones desde la perspectiva de los Estados nacionales, una categoría incapaz de explicar problemas mundiales comunes, como la trascendencia del virus Sars-CoV-2, o el desencanto y la molestia de la gente contra un sistema de gobierno compartido por la mayoría, como es el caso de la democracia.²

Necesitamos encontrar las relaciones que existen entre los diversos ámbitos de la vida social, seguir los hilos que los unen y aceptar los límites difusos. Por esta razón, toda propuesta de política pública, si quiere pasar de los grandes enunciados a las transformaciones cotidianas, debe contar con un análisis profundo de las fuerzas y los intereses implicados.

Es necesario analizar el efecto de dichas políticas en función de la estratificación social, tan acentuada en América Latina y el Caribe a causa de la alta desigualdad. Esta constatación debe llamarnos la atención: no podemos seguir viendo nuestra realidad continental como una suma de dinámicas nacionales, sino como un entramado de procesos de escala variable.

De 2002 a 2014, junto al crecimiento económico, se lograron avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, estos avances parecen haberse sostenido en una estructura frágil. Numerosos países de la región aumentaron sus ingresos a partir de la reprimarización de sus economías. El continente se volcó de nuevo, aunque esta vez con mayor voracidad, a la extracción de minerales, hidrocarburos, agua y biodiversidad.

La evidencia muestra que el combate a la pobreza y la desigualdad sólo es posible en condiciones de crecimiento económico. Se trata de una condición necesaria, aunque no suficiente. Por otro lado, hay divergencias en cuanto a la forma de lograrlo. En algunos momentos ha implicado la aplicación de medidas de ajuste estructural que propician la retirada de los Estados para que los mercados se regulen por sí mismos. En otros, se concibe al Estado como un ente subsidiario ante las fallas del mercado. Sin embargo, ha faltado en el debate un enfoque de derechos humanos.

El debate persiste. El lento crecimiento previo a los efectos de la pandemia volvió a poner ante nuestros ojos la cuestión de las bases del desarrollo. Para algunos sectores, debe cimentarse en la atracción de inversión extranjera, la preponderancia del capital financiero, el ingreso a la revolución digital y la apuesta por la innovación y la competitividad. Frente a esta opción, otras voces emergen y exigen caminos alternativos en que se ubique a la persona y sus derechos como eje del desarrollo, así como la sustentabilidad y el bienestar colectivo sobre el individual.

El estancamiento económico a partir de 2014 implicó un nuevo aumento de la pobreza y un freno al avance en la reducción de la desigualdad. Sin crecimiento económico y sin un compromiso sostenido de los Estados para garantizar los derechos sociales, atestiguamos el incremento del malestar y de la insatisfacción de la población hacia ese conjunto difuso de instancias que condicionan el bienestar.

En un contexto en que los actores políticos pueden ser identificados cada vez con mayor facilidad, va al alza el descontento hacia los agentes que intervienen en la adopción de medidas políticas, económicas, culturales, territoriales o ambientales. Se percibe que las instituciones no actúan en función de la vigencia de los derechos de las personas, ni en razón del cuidado del ambiente, sino como garantes de intereses particulares.

Estos factores deben ayudarnos a pensar la crisis democrática en América Latina, que no implica rupturas catastróficas, pero sí debilidades estructurales. Riesgos como el caudillismo, el corporativismo, el clientelismo, el autoritarismo, la cooptación de las instituciones o los desvíos de poder toman formas específicas en lo local.

Sin embargo, hay signos que muestran posibilidades de transformación. La incorporación constitucional de derechos da testimonio de la voluntad de cambio para garantizar los derechos de las personas. Cientos de instituciones participativas se han creado en las tres últimas décadas, en un notable proceso de experimentación democrática. Miles de movilizaciones populares tienen lugar cada año y muestran la capacidad de resistencia de poblaciones y su disposición para hacer oír su voz. Con frecuencia, estos esfuerzos son estigmatizados y quienes participan en ellos continúan siendo víctimas de agresiones.

Parte de esta realidad crítica se presenta en el libro Crisis y desencanto con la democracia en América Latina,³ coordinado y editado por la Universidad Católica Andrés Bello. Esta obra se centra en el estudio de las percepciones que la ciudadanía tiene de la democracia en América Latina y analiza los factores estructurales que, en combinación con la agencia de actores políticos y sociales, determinan su evolución en la región.

Como todo estudio sobre un proceso en marcha, este libro va a la zaga de los acontecimientos, que se desarrollan a una velocidad extraordinaria. Sin embargo, esto le permite una distancia analítica que facilita entender mejor la dinámica de los fenómenos observados.

La enorme cantidad de movimientos sociales que han emergido en la región en los años recientes —y la movilización que no cesa aun con la pandemia en 2021— habla de una ciudadanía que no está dispuesta a dejar en manos de los políticos su destino, y que busca formas de incidencia en los asuntos públicos. Esto no es suficiente para consolidar la democracia, pero el impulso que de ahí viene es imprescindible. .

Notas al pie

1. U. Beck, La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 1998.

2. De acuerdo con el Índice de Democracia 2020 de The Intelligence Unit, este sistema de gobierno se practica de forma plena, imperfecta, o en un régimen híbrido en 110 de 167 países evaluados en el mundo. El índice se puede consultar en este enlace.

3. F. J. Virtuoso y Á. Álvarez (coords.), Crisis y desencanto con la democracia en América Latina, AB Ediciones-Universidad Católica Andrés Bello/Ausjal, Caracas, 2021.