Se calcula que por cada persona asesinada durante la guerra contra el narcotráfico hay diez víctimas con daño psicológico, de las que 20 por ciento desarrollará una enfermedad mental mayor. Terapeutas voluntarios atienden a esa población y a los secuestrados, a los extorsionados, a las familias de desaparecidos que todos los días padecen el yugo de la violencia en México.

La madrugada del 13 de agosto de 2009 quedaron regados casi cuatro mil casquillos en las calles de la colonia Cumbres Oro, en Monterrey. Los vecinos esperaban escondidos en los cuartos traseros de sus casas a que la policía atendiera una de sus 32 llamadas de auxilio. Era una pesadilla de disparos y granadazos que, durante una hora, intercambiaron grupos del crimen organizado sin que las autoridades se atrevieran a intervenir. Doce casas y seis vehículos quedaron como coladeras y los nervios de los colonos como la espuma: frágiles y temblorosos.

Al día siguiente, los vecinos solicitaron atención psicológica a la Secretaría de Salud. Los médicos atendieron la petición pero no tenían mucha idea de qué hacer y más bien iban a calmar los ánimos de la gente enojada con las autoridades, cuenta Gerardo Cantú Garza, psiquiatra de la dependencia.

Pocas horas después de la balacera, los psicoterapeutas llegaron a la colonia y pusieron un módulo de atención donde pudieron. Primer error: los criminales suelen regresar horas después a la zona que antes amenazaron. Cada médico, en solitario, acudió a ofrecer terapia de puerta en puerta. Segundo error: podrían estar entrando a la boca del lobo sin saberlo. Los médicos no discriminaron calles para ofrecer ayuda. Tercer error: podrían estar en una “zona caliente” (lugar controlado por delincuentes o con alto nivel de violencia).

El doctor Cantú Garza era entonces encargado de emergencias del hospital psiquiátrico y del área de enseñanza de la Secretaría de Salud, pero los errores cometidos durante la atención a los vecinos de Cumbres Oro y su creciente conmoción por lo que estaba sucediendo en Nuevo León lo llevaron a iniciar un trabajo voluntario a favor de las víctimas de la llamada guerra contra el narcotráfico.

Los dibujos que acompañan este reportaje fueron hechos por
niños de la escuela primaria Enrique Flores Magón, como parte de las
terapias que han recibido para procesar las escenas de violencia que han
presenciado.

Como él, personal médico de diferentes dependencias públicas e instituciones privadas se unieron al primer grupo de apoyo psicológico a secuestrados, extorsionados, mutilados, baleados y huérfanos de la violencia. Trece profesionales, trece voluntarios, trece terapeutas comprometidos que emprendían al que hoy se reconoce como uno de los primeros equipos de intervención en crisis enfocado principalmente a la atención de víctimas del crimen organizado.

Garza Cantú es ahora coordinador del equipo y mantiene otras responsabilidades en la Secretaría de Salud. Dice que la carga de trabajo no lo detiene porque se trata de una “lucha por  la supervivencia” en la que el trabajo de los terapeutas será determinante para que sane el pueblo mexicano.

“Al tema de la ayuda a las personas en crisis no le hemos dado la importancia que tiene”, afirma el psiquiatra. “En el futuro definirá la situación del país. Existen miles de personas altamente dañadas y no hay profesionales suficientes, en número ni experiencia, para atenderlos”.

“Es una parte del trabajo en la que se arriesga el pellejo todos los días, pues no sólo hay víctimas inocentes sino que, además, los mismos delincuentes son afectados de manera grave y necesitan atención, igual sus familiares”.

La magnitud del daño

El presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Fernando López Munguía, calculó en una entrevista en Radio Metrópoli, el pasado octubre, que entre 2003 y 2011 aumentó de 14 a 20 por ciento la proporción de mexicanos que padecen trastorno de ansiedad o depresión. El incremento está indiscutiblemente asociado a la violencia que vive el país, dijo. Sin embargo, aunque buena parte de la población de México vive con estrés por violencia, por ahora la prioridad en salud mental son aquellos que sufrieron directa o indirectamente (a través de alguien cercano) un hecho traumático.

El doctor José Navarro Góngora, director del Máster en Crisis y Trauma de la Universidad de Salamanca, España, y consultor de Psicología en la Unión Europea, asegura que por cada muerto a causa de la violencia en México hay que contemplar por lo menos diez víctimas más que necesitan apoyo psicológico. De estos, 20 por ciento desarrollará una patología clínica: depresión, alcoholismo, drogadicción, ansiedad o trastornos de personalidad.

Las cifras de homicidios relacionados con el crimen organizado en lo que va del sexenio del presidente Felipe Calderón  son poco claras o contradictorias.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó 67 mil homicidios entre el año 2007 y 2010, mientras que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) habla de casi 120 mil. En ninguno de los casos hay un desglose de cuántos asesinatos fueron consecuencia de la lucha entre o contra cárteles de la droga, aunque el Semanario Zeta publicó en diciembre de 2011 su propio conteo: 60 mil 400 “ejecuciones”.

Con base en los datos aportados por esta revista y la estimación del doctor Navarro —por cada víctima directa hay otros diez afectados psicológicos, dos de ellos graves—, esto significaría que habría por lo menos 600 mil personas afectadas por la violencia, 120 mil que padecen un trastorno mental mayor. Habría que sumar a los secuestrados, desplazados, desaparecidos, mutilados y extorsionados, entre otros miles que no murieron pero que también son víctimas del conflicto y de los que tampoco hay números claros.

Tampoco hay que olvidar a los que no desarrollan patologías clínicas pero sí alguna discapacidad emocional que les impide ser felices, insiste el doctor Navarro: los que ya no confían en casi nadie, los que tienen miedo de salir a la calle o de viajar por carretera por los secuestros y retenes.

La mayor prueba

En Nuevo León, los primeros terapeutas voluntarios dieron apoyo a vecinos de ocho comunidades donde hubo balaceras, ejecuciones o secuestros. Al mismo tiempo, sumaban pacientes a sus consultorios, se capacitaban con asesores internacionales y organizaban cursos especializados en atención a poblaciones en crisis.

En septiembre de 2010, con los errores aprendidos y mayores herramientas teóricas, empezaron a trabajar formalmente como Equipo de Intervención en Crisis. Pasaron pocos meses para que tuvieran que enfrentarse a una de las peores tragedias en la historia reciente de México: el incendio del Casino Royale.

La tarde del 25 de agosto de 2011, un grupo criminal incendió el casino con decenas de personas adentro. Murieron 52, la mayoría mujeres. Durante la noche, en la morgue de Nuevo León, había 400 personas que buscaban a sus madres, a sus abuelas, a sus hermanos, a los empleados del casino. En la escena: indignación, llantos, cadáveres sin identificar y funcionarios públicos sin explicaciones. 

“Eran 400 gentes que nos iban a linchar, con 50 profesionales que no estábamos haciendo nada”, narra Cantú Garza, quien llegó a las 9 de la noche con la encomienda de organizar los apoyos a las familias.

Para ese entonces, los terapeutas ya sabían que las primeras 72 horas de atención son determinantes en el proceso de duelo que viven las personas que pierden de forma inesperada a alguien. Diseñaron su plan de trabajo conforme a la guía “Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes”, que ofrece la Organización de las Naciones Unidas, a través de la IASC (Inter Agency Standing Committee).  

Psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales se distribuyeron entre las familias para guiarlos en el proceso de identificación y sepultura de cada víctima. El objetivo no podía ser eliminar el dolor, sino que los familiares se sintieran acompañados en él.

La intervención detectó en días posteriores por lo menos cinco familiares con trastornos clínicos mayores y, aunque fueron atendidos con terapias permanentes, a la fecha hay secuelas de drogadicción y violencia intrafamiliar, entre las víctimas indirectas del Casino Royale.

Las nuevas brigadas

El equipo aprendió de los errores cometidos en Cumbres Oro y creó un protocolo de seguridad para acudir a los lugares amenazados por la violencia. Con ayuda de los vecinos, los médicos estudian primero los riesgos. Antes de ir al lugar, acuerdan con los pobladores un sitio público con varias salidas de emergencia donde puedan instalar un centro operativo, hacen una lista de posibles pacientes y se apoyan en voluntarios de la misma comunidad, quienes los guían para encontrar a la población de mayor riesgo, es decir, quienes tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad mental a causa de una experiencia violenta.

Las medidas de seguridad ya son claras: usar bata blanca con logotipo de la Secretaría de Salud, no tomar fotografías ni hablar por teléfono, tener vehículos y choferes siempre listos para huir en caso necesario; no ir solos a las casas de los pacientes y, entre lo más importante, tener rutas de escape. Si hay tensión en la zona, le piden a la población que acuda al módulo de atención para evitar que los médicos corran mayores riesgos en las casas particulares. También hacen saber que la información que las víctimas les dan es confidencial. Aun así, no están exentos de riesgos.

 —¿Han tenido una emergencia o amenaza?

—Afortunadamente no, pero hemos estado muy cerca de eso —responde el doctor Cantú Garza—. Una vez estábamos trabajando y pasaban camionetas con gente muy extraña, que se nos quedaba viendo. Tú entras al pueblo y saben [los sicarios] a dónde vas y saben a qué hora sales. Pero de alguna manera se han detenido con nosotros. Vamos a muchas zonas muy “calientes”.

Los terapeutas han hecho brigadas de atención en los municipios de San Nicolás de los Garza, Juárez, Zuazua, Sabinas Hidalgo, Cadereyta Jiménez y Ciudad Anáhuac,  y en colonias de Monterrey como Cortijo del Río, San Jerónimo, Valle de las Brisas y Cañada de Cumbres.

Han trabajado con los niños de la primaria Enrique Flores Magón, que quedó en medio de una balacera en la colonia Estanzuela; con las mujeres que fueron baleadas en el centro comercial Plaza Morelos; con los periodistas amenazados y las familias de los asesinados.  Entre los 80 pacientes que ha atendido el doctor Cantú Garza está una mujer que busca a su hija desaparecida, un hombre que durante su secuestro fue amenazado con una motosierra prendida y al que le rompieron los huesos de las manos.

La pregunta obligada es cómo hacen los terapeutas para no terminar afectados también. La respuesta es fulminante: “Somos parte de la misma población que está altamente traumatizada”. 

Luego, agrega que por su condición de habitantes de Nuevo León, uno de los estados norteños que más padece los efectos del crimen organizado, se potencian los riesgos de trauma.

No hay antídoto definitivo, pero el psiquiatra sigue ciertas reglas que les ayudan a él y a sus compañeros a disminuir los daños: se abrazan y se preguntan cómo se sienten después de una sesión conjunta de trabajo, procuran no exponerse a escenas violentas transmitidas por la televisión, hacen ejercicio y tratan de divertirse con una película o libro de ficción.

Ante los daños psicológicos inevitables, la idea es que los equipos de intervención psicológica sean relevados cada dos años. Actualmente hay dos grupos activos y un tercero en capacitación.

Los pacientes

El 11 de octubre, César Díaz, de diez años, salió de su escuela primaria rumbo al centro de la ciudad. Iba en el camión cuando una bala le perforó el intestino. En el hospital, su madre narró a los medios de comunicación, que su hijo tenía pesadillas desde hace semanas por las balaceras que se habían hecho frecuentes en su colonia.

El Equipo de Intervención en Crisis llegó a la primaria Enrique Flores Magón para atender a los compañeros de César que debían procesar dos hechos violentos: la balacera que escucharon y un compañero inocente herido de bala. Los terapeutas les pidieron que dibujaran lo que más temen. Los dibujos son desgarradores: un niño encañonado por “un zeta”,  un niño tirado junto a un charco de sangre, un niño amordazado por un adulto, una niña dice tener miedo y no sabe si pasará el examen, una mujer en medio de una balacera, un hombre disparando hacia una primaria.

Armas, armas y armas.

En 2010, cuando empezaban a trabajar con este tipo de pacientes, Laura Cavazos, coordinadora estatal de Salud Mental y Adicciones de Nuevo León, dijo al periódico Hora Cero  que en el caso de las personas que escucharon o conocieron de una balacera, tienen miedo permanente a que la violencia entre a sus casas. 

“La sensación de ellos es que el incidente está ocurriendo en su domicilio, que se escuchan los pasos, los gritos, gente corriendo en los techos o patio de sus casas, entonces imaginan que de pronto esa gente va a irrumpir en su domicilio”, explica Cavazos. El miedo es mayor si hay niños pequeños en la vivienda.

Lo que hace un profesional, en palabras de Navarro Góngora, es ayudar al paciente a procesar el hecho traumático que le ha ocurrido, a “volver a reengancharse en la vida, a ver cómo continuar a pesar de lo sucedido”.

No quedar loco o con un trauma clínico no significa que no necesites ayuda psicológica, según el profesor de Salamanca. “Las versiones subclínicas de los impactos son muy serias: es que te arruinan la vida, y si no te la arruinan, por lo menos te la limitan mucho”.

Navarro Góngora ha visitado varios países en crisis por violencia o por catástrofes naturales. Después del incendio del Casino Royale, las autoridades de Nuevo León le preguntaron qué hacer. El doctor respondió: crear, desde las instituciones de salud pública, grupos permanentes de profesionales en atención en crisis, porque con los voluntarios no basta.

“Ahí estáis en crisis continua, de modo que necesitáis una estructura que esté altamente especializada en crisis porque el 20 por ciento de la gente que ha sido impactada por la violencia va a desarrollar algo realmente serio”, advierte el especialista español. Un país deprimido, estresado y traumatizado, tiene menos posibilidades de interrumpir sus cadenas de violencia y de superar sus miedos colectivos.

En Cumbres Oro, Nuevo León, las autoridades que se negaron a atender el llamado de auxilio de los vecinos, días después taparon los orificios de bala de las viviendas y corrieron a unos cuantos policías. Lo que no pudieron desaparecer fueron los recuerdos y los daños psicológicos de una población que hoy se sabe desprotegida e indefensa. Cuatro mil casquillos rebautizaron a la colonia: Cumbres Oro pasó a ser conocida como Cumbres Plomo. m