Académicos, periodistas y activistas han comenzado a organizarse para atacar la raíz de los más graves problemas en México: la corrupción y la impunidad. No es una tarea sencilla, pero, al mismo tiempo que va trazándolo, la ciudadanía ya está recorriendo el camino para terminar con una realidad insostenible

La corrupción en México descansa sobre dos mitos, de acuerdo con Jorge Alatorre Flores. El primero: en nuestro país tenemos leyes perfectas que sólo requieren ser aplicadas; el segundo: las leyes se regulan a sí mismas y, aunque la ley es dura, es la ley.

Se trata de mitos, porque las leyes perfectas no existen. Están llenas de huecos que la corrupción va acrecentando: fisuras que se convierten en grietas cada vez más grandes cuando la impunidad se instala. Y entonces tenemos una mezcla temible: leyes imperfectas que son aprovechadas por los intereses oscuros de la impunidad.

Eso que acaso pensemos como un ente abstracto, la corrupción, tiene diferentes realidades y facetas. Un policía que no hace su trabajo, un Ministerio Público que no integra una denuncia. O un empresario que ve el camino fácil para sus negocios cuando entrega una mordida. Un niño que copia en la escuela y sus padres que se lo festejan. O la manifestación más básica de la corrupción en el imaginario colectivo: el gobernante que se llena los bolsillos con lo que no es suyo.

Parece que, en México, los caminos de la corrupción son infinitos.

Por eso, diversos grupos de ciudadanos han decidido organizarse para combatirla. Y lo hacen desde diferentes frentes: la academia, el periodismo y las instituciones gubernamentales. Ésta es la historia de personajes e instituciones que buscan un México más justo y sin tantos mitos.

 Mario Villanueva Madrid, del PRI, fue gobernador de Quintana Roo de 1993 a 1999. Fue acusado de delincuencia organizada, asociación delictuosa e intimidación, y fue señalado por colaborar con Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. En Estados Unidos fue acusado de lavado de dinero y purgó una sentencia de 131 meses, aunque tomaron en consideración los años que ya había estado preso en México. Regresó al país y actualmente está internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Foto: Notimex

Vigilar al vigilante

Una de cada diez empresas en México ha sido parte de la corrupción. El INEGI reportó en diciembre pasado que, para 65 por ciento de las empresas, el principal motivo por el que se da la corrupción es la “remuneración” por “agilizar algún trámite”.

Los mexicanos consultados por el inegi consideraron que este mal es el segundo que más urge resolver, sólo después de la inseguridad. Y eso lo sabe Jorge Alberto Alatorre Flores, quien fue electo por un periodo de un año como el primer presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEA).

Este sistema trata de conjuntar el esfuerzo de varias dependencias gubernamentales que investigan el mal uso que podría darse a los recursos humanos y financieros del Gobierno.

Alatorre Flores es politólogo y maestro en Administración Pública y Ciencia Política con especialidad en Políticas Públicas e Innovación Gubernamental por la Universidad de Pittsburgh, y profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Hoy enfrenta un reto que no es menor: busca crear las bases de un sistema “que comenzará a dar frutos en cuatro o cinco años. Pero, para que funcione, debe pasar una década, en la que cada año se vayan realizando cambios, adecuaciones, nombramientos”.

Cuando el intercambio social y económico no está regulado, señala, las leyes terminan siendo explotadas por los más vivos, y ahí se instala la corrupción.

El SEA es un esfuerzo por ciudadanizar los procesos de vigilancia. Tanto así, que diversas organizaciones e instituciones académicas presentaron a sus candidatos a participar en estos esfuerzos. Aunque no salió elegido, el propio Rector del ITESO, José Morales Orozco, SJ, participó, junto con el rector de la Univa, Francisco Ramírez Yáñez, y Juan de la Borbolla Rivero, rector de la Universidad Panamericana, para impulsar el tema e intervenir directamente en integrar el comité seleccionador del SEA.

El sea busca una coordinación renovada y fortalecida entre las instituciones que tienen que atacar la corrupción. Ahí están inmiscuidas oficinas gubernamentales que no suelen hablarse entre sí: la Fiscalía, la Auditoría, el Instituto de Transparencia y la Contraloría.

Por otro lado, Alatorre Flores afirma que “las personas que aplican las leyes son personas que están claramente impregnadas a favor de las personas que promueven juicios”. Aunque la ley sea única, su interpretación es utilizada por los poderosos a conveniencia de sus intereses.

“Una de las fronteras para poder atacar la corrupción es el propio Poder Judicial. Este poder ha sido opaco y es arcano por naturaleza. Es difícil de comprender para las personas que no son expertas en Derecho. Esto permite que haya muchas resoluciones opacas, oscuras y que están de espaldas al interés de la ciudadanía”.

 Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de México Carlos Salinas de Gortari, fue detenido en marzo de 1995, acusado de ser autor intelectual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del Partido de la Revolución Institucional. Posteriormente fue acusado de enriquecimiento ilícito. En junio de 2005 es declarado inocente del cargo de asesinato, por lo que sale de prisión, y en julio de 2013 es exonerado del cargo de enriquecimiento ilícito.

Por eso, el SEA tiene como principal objetivo la articulación de las diferentes áreas del gobierno, para que la ciudadanía pueda entender los procesos y se pueda hablar un mismo idioma. El comité coordinador está conformado por ciudadanos con credenciales académicas, pero también por funcionarios de primer nivel. De acuerdo con el dictamen de operación del sea, lo integran: un representante del Comité de Participación Social, quien lo preside; los titulares de la Auditoría Superior del Estado, de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y de la Contraloría del Estado, así como un representante del Consejo de la Judicatura Estatal, el presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, así como el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa.

Alatorre Flores tiene el tiempo encima. Su nombramiento será vigente hasta septiembre de este año, cuando tendrá lugar la renovación del Comité de Participación Social, instancia del SEA que se encarga de revisar perfiles y hacer recomendaciones para los nombramientos.

Este académico sabe que no podrá ver cristalizado todo el SEA, aunque tiene el objetivo muy claro: la coordinación servirá para cerrar los espacios por donde se estaban fugando los corruptos.

Pero él quiere ir un poco más allá: fomentar la participación de cúpulas empresariales, de organizaciones civiles, de ciudadanos de a pie, “para que todos juntos podamos tener mayor incidencia en las decisiones que se tomen en contra de los funcionarios corruptos”.

El día que hablamos con él para este reportaje, Alatorre Flores estaba por salir a Chihuahua. La instrumentación del SEA ya busca replicarse en otros estados. Y no es que todo vaya a la perfección por acá, pero los costos que representa para la sociedad el hecho de que sigan haciéndose nombramientos “en lo oscurito”, van en aumento. Y por ello es indispensable la fiscalización ciudadana.

“Lo que pensé que podría hacer, en este primer año que ha sido muy vertiginoso, es incidir en restringir las opciones del Legislativo para poder elegir a profesionales de mérito, y no por sus relaciones políticas, para los espacios esenciales del Sistema Estatal Anticorrupción”.

En Jalisco tenemos una coincidencia afortunada, dice el académico: “Una sociedad que está cansada de seguir como espectadora de la corrupción, unos medios muy activos para denunciar dignamente los casos de corrupción. Y hay voluntad política para poder ir avanzando. Las metas para combatir la corrupción deben construirse incrementalmente. No todo se podrá hacer durante este primer año”.

Pero, por lo visto, el SEA nació demasiado pronto para los burócratas. Como si fuera un niño en las manos de padres demasiado jóvenes para entender lo que estaba pasando. Tanto, que ni siquiera hubo un análisis de las implicaciones presupuestales que tendría. Hoy tenemos un fiscal anticorrupción, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, que ni siquiera tiene oficinas para trabajar.

 César Duarte, del PRI, fue gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016. Actualmente se encuentra prófugo y fuera del país, por lo que hay una solicitud de detención con fines de extradición a Estados Unidos. Él y sus excolaboradores llegaron a sumar once órdenes de aprehensión, la mayoría por desvío de recursos y delitos electorales. Foto: AP

El presupuesto que se aprobó para el SEA fue de 40 millones de pesos, que nadie sabe a ciencia cierta cómo se gastarán. Aún hace falta nombrar a un magistrado del nuevo Tribunal Administrativo.

Y es que el problema era terminar de instrumentar el sistema antes de que llegaran las elecciones de 2018. Una vez que los políticos se fueran de campaña, el camino allanado se convertiría en un pantano.

“Lo que se hizo fue establecer una gran bolsa que no estaba empujando ninguna agenda de los miembros que estuvieran en el comité coordinador. Las que se encontraban ya en la ley, como el ITEI, la Contraloría, la Auditoria… pues cada quien impulsó un presupuesto desde su oficina. Nosotros no estábamos nombrados todavía”.

Con 40 millones de pesos en una bolsa, que nadie sabe a ciencia cierta quién la tiene, el SEA vive una circunstancia difícil. “Lo importante es ser funcionales en este primer semestre y establecer las bases del segundo año”.

Alatorre Flores tiene en mente cuatro metas básicas que quiere cumplir antes de que concluya su periodo, y le quedan poco menos de seis meses, por eso seguramente convendrá que consten aquí, para que las recuerde cuando lea este texto: 1) Cristalizar y transparentar todas las decisiones que se tomen en el sea; 2) sentar las bases de la coordinación entre todas las instituciones que participan en el SEA; 3) colaborar con la institucionalización de los esfuerzos que se están haciendo desde la sociedad en las diferentes mecánicas anticorrupción y poner cuotas y peso político a las decisiones y 4) establecer las bases de los principios de políticas anticorrupción homologados en las diferentes dependencias gubernamentales.

Prevención e investigación

“Ya nos dimos cuenta de que dejarle todo al gobierno no funciona”. Desde la academia, Alfonso Hernández Valdez ha reconocido que la corrupción es un problema que se podría resolver con la mirada vigilante de la sociedad civil organizada. Este investigador pasó de los pizarrones y las aulas a conformar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En julio de 2017, el académico del ITESO, especializado en transparencia y fiscalización, presentó su documentación para formar parte del sistema que podría aminorar el impacto de la corrupción en el país.

El sna tratará de funcionar igual que el SEA: el Comité de Participación Social es crucial en el engranaje. Son los ciudadanos quienes deben deliberar y llegar a consensos para recomendar a quienes tengan los mejores perfiles para ocupar los puestos que supervisarán los procesos de asignación de obras y vigilancia del gasto, así como para encargarse de la medición y el castigo de los posibles actos de corrupción.

“Es una apuesta de diferentes órganos de gobierno que involucra a la ciudanía. Es innovador porque uno de los elementos que se introducen en este Comité es que la parte ciudadana del sistema está encargada del funcionamiento”.

Hernández Valdez ve en la prevención y la investigación dos frentes que pueden ayudar a combatir la corrupción.

“Este sistema es importante porque es una apuesta institucional para abatir la impunidad”, afirma, pero reconoce que, al ser institucional, “llevará algo de tiempo que sus prácticas y sus resultados sean evidentes”. La apuesta a mediano y largo plazos es que ese ente abstracto llamado “sociedad civil organizada” pueda madurar y tomar las riendas del SNA. “Cambiar la perspectiva de la lucha anticorrupción”. En el corto plazo, lo que se busca es echar los primeros cimientos de un sistema que perdure y sea eficiente.

Entre los bloques con los que están construyéndose estos cimientos, señala el académico, están los formatos de las declaraciones de intereses y patrimonial que deben presentar los funcionarios públicos. “Si lo hacemos bien, si logramos colocar los contenidos de información, respetando la privacidad de las personas, y empiezan a llenarse los formatos conforme a lo que hagamos, en el mediano plazo podremos cruzar datos”.

La siguiente apuesta que se debe hacer es la conformación de una agencia especializada en investigar y sancionar todos los hechos en torno a la corrupción. “La integración de la Fiscalía es clave. Nunca hemos tenido un esfuerzo institucional planificado. Por eso es importante”.

 Elba Esther Gordillo fue presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hasta febrero de 2013, cuando fue detenida y acusada de desvío de fondos para su uso personal procedentes de las recaudaciones sindicales. Según se informó, los fondos fueron utilizados presuntamente para cubrir gastos personales, incluídos tratamientos de cirugía estética, compras en tiendas de lujo y la adquisición de propiedades inmobiliarias. En diciembre de 2017 salió de prisión para cumplir arresto domiciliario en su departamento de Polanco. 

Periodismo que denuncia

Hacer periodismo no basta. Mejor dicho: hacer sólo periodismo es insuficiente. Investigar los grandes problemas de corrupción en México se ha vuelto una tarea casi masoquista. Ejercer la profesión más hermosa del mundo, como la bautizó Gabriel García Márquez, les costó la vida a 12 personas en este país en 2017. Y, de nuevo: la impunidad y la corrupción están detrás de esta situación.

Salvador Camarena, egresado del ITESO, es el director de investigación periodística en una organización que ha atraído los reflectores por el modo en que trabaja: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Y se ha convertido en un dolor de cabeza para los exgobernadores que se hincharon los bolsillos con el dinero del erario.

Presidido por Claudio x. González, empresario y creador de Mexicanos Primero y uno de los enemigos públicos del presidente Enrique Peña Nieto, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha privilegiado la organización y la profesionalización de su trabajo para ocuparse de estos asuntos.

Camarena es una de las caras más visibles del proyecto. Egresado de Ciencias de la Comunicación, hoy tiene a su cargo un equipo de periodistas que han investigado casos como la intervención de la empresa brasileña Odebrecht en México, la corrupción que ha marcado la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre pasado, la “Estafa Maestra” y los Paradise Papers.

“Desde el primer momento se estableció la misión de que el periodismo tendría que tener dos objetivos: generar una unidad de investigación que ayude a visibilizar temáticas para plantear un debate en torno a la corrupción y trabajar de manera coordinada con otras áreas”, explica.

La originalidad de este proyecto radica en que sus contenidos noticiosos no compiten contra los generados por los medios de comunicación: aquí, el área de investigación se nutre de las notas del día a día de todos. “Pero la misión esencial es investigar y denunciar cuando haya una correa de transmisión en la corrupción. Primero debemos entender que la corrupción no es un hecho, sino un proceso”.

Luego viene el trabajo sinérgico con otras áreas de la organización. Pasar de la denuncia periodística a denuncias penales y ante los tribunales. “Tenemos un despacho de litigio estratégico, uno de investigación aplicada, otro de comunicación y movilización; y nosotros, el área de investigación periodística”.

Camarena afirma que “hay muy buenos y variados periodistas en México. Hay todo tipo de reportajes que se publican, pero en esta organización hemos pensado que la coraza de los políticos se ha vuelto resistente a la denuncia periodística fundamentada”.

El apoyo de otras áreas es lo que ayuda a perseguir un objetivo fundamental: bajar los índices de impunidad.

 Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera protagonizaron un escándalo por la adquisición de una casa, hoy conocida como la Casa Blanca, con valor de 7 millones de dólares. Su existencia se reveló en 2014 y entonces se dijo que la casa había sido comprada por la exactriz a un contratista del gobierno, por lo que había conflicto de interés. Al final, Virgilio Andrade, responsable de la investigación, anunció en 2015 que no había conflicto de interés en el caso.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se nutre del profesionalismo de abogados e investigadores que realizan trabajos a la par que sus colegas periodistas. “Nos ayuda trabajar en sinergia para que los políticos dejen de aplicar el aislamiento y desdén al periodista”.

Fundador del periódico Siglo 21, y uno de los columnistas más leídos en El Financiero, Camarena menciona que el periodismo ya no basta. “Si bien es una tarea satisfactoria para nosotros y vital para el conjunto de la sociedad, una denuncia periodística muchas veces es insuficiente para provocar la acción de la justicia. Es la acumulación de las denuncias, y su reverberación, lo que eventualmente hace que una denuncia periodística movilice a la autoridad”.

¿Qué es lo que hace que los resultados de una investigación como la llamada “Estafa Maestra” hayan terminado con denuncias ante tribunales? ¿Por qué esa investigación se convirtió en un libro, una historieta y un trending topic en Twitter? ¿Qué es lo que hace que un grupo de la sociedad se apropie de una historia y, a través de la publicación de un reportaje, se movilice?

Camarena no tiene una respuesta concreta. No hay recetas. Lo que sí sabe es que una investigación debe ser clara, exhaustiva, documentada y, sobre todo, creativa a la hora de publicarse.

“Cuando una investigación está bien hecha, se ve luego luego. ¿Qué hace falta? Sin menospreciar, quiero pensar que los lectores y las audiencias estaban un poco saturados de denuncias tras denuncias que no tienen el suficiente acompañamiento de documentos. Hay que ir despertando el interés de algunas audiencias”. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer: “Varias de las investigaciones han logrado impacto, pero estamos conscientes de que han logrado poca incidencia. Eso es insuficiente. La cuestión de fondo, y lo que queremos, es que nuestro trabajo incida en que baje la impunidad, y, la verdad, estamos muy lejos de eso. El objetivo es bajar la impunidad, que la denuncia de corrupción no se quede en el vacío”.

Transparencia e intervención ciudadana

Alberto Bayardo tiene el recuerdo casi en la punta de la lengua: hace poco más de diez años, cuando se postuló para ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un diputado impidió que las organizaciones civiles vieran cómo los legisladores votaban por Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en el primero de dos periodos que permaneció al frente del organismo ciudadano.

A Bayardo le parecía increíble lo que sucedió: los representantes del pueblo eligiendo al defensor del pueblo en el recinto legislativo que funciona como “la casa del pueblo”. Y todo en la más profunda opacidad. Lo recuerda con una sonrisa: “era como una disonancia cognitiva. Cuando pensamos que la 58 Legislatura iba a ser la peor, llegó la 59 y nos enseñó que nuestra capacidad de asombro no tenía límites”.

Desde hace poco más de una década, Bayardo coordina los trabajos del Observatorio Legislativo que tiene el ITESO. Con más de 70 alumnos que han podido diagnosticar, evaluar y analizar las últimas cuatro legislaturas, este proyecto busca reinventarse cada año, pues funciona como un Proyecto de Aplicación Profesional para los estudiantes de la Universidad Jesuita de Guadalajara.

Hace diez años, Facebook estaba tomando el impulso que le daría ser una herramienta fundamental en la campaña presidencial de Barack Obama. Twitter seguía en incubación, y aún quedaba lejos la popularidad que hoy en día han alcanzado plataformas como YouTube y Whatsapp. Pero en el mundo de la burocracia, donde lo que es lento camina más lentamente, el primer paso que tuvieron que dar los integrantes del Observatorio Legislativo fue crear conciencia de la opacidad en la que se movía el Congreso de Jalisco. Y había que hacerlo sin las herramientas tecnológicas que hoy se han popularizado.

 Javier Duarte de Ochoa, del PRI, fue gobernador de Veracruz de diciembre de 2010 a octubre de 2016, cuando pidió licencia al Congreso de Veracruz luego de ser acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito. Se dio a la fuga y fue detenido en abril de 2017 en Guatemala. Está preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y su juicio sigue en curso. A la fecha se han recuperado mil millones de los 35 mil millones de pesos que presuntamente fueron malversados durante su administración. Foto: AP

Bayardo recuerda que, después del desastre que fue la 59 Legislatura —la misma que se acababa el presupuesto en los primeros cinco meses del año, firmaba acuerdos notariales con fantasmas o votaba todo lo que mandaba el gobernador Emilio González a cambio de avalar cuentas públicas y realizar reformas a placer—, la que le siguió empezó a transparentar los primeros documentos legislativos. En un foro, el académico planteó la necesidad de crear mecanismos digitales para monitorear el trabajo legislativo. Lo que se buscaba era conocer algo básico: cuáles eran las iniciativas de ley presentadas en el Congreso. El impedimento fue “ridículo”. Los diputados ofrecían copias de 450 iniciativas que, en conjunto, podrían sumar más de 22 mil 500 documentos. A partir de ese foro se creó un sistema llamado Infolej (Información Legislativa del Estado de Jalisco), una plataforma donde se puede seguir el estado procesal de todos los documentos que gestiona el Congreso, en el Pleno, en las comisiones y hasta en Oficialía de Partes. Ése era el primer paso: la transparencia.

Desde aquella ocasión en que Bayardo fue testigo de la opacidad más burda en la toma de decisiones del poder legislativo, cuatro legislaturas han transcurrido. Muchas caras nuevas han llegado a las curules, otras se aferran a los espacios. De lo que está seguro el investigador es de que la fiscalización ciudadana sí funciona.

“Sí ha habido una mejora. Poco a poco se ha venido abriendo el Congreso a la ciudadanía”. Para muestra de ello, las dos recientes designaciones de comisionados y presidente del Instituto de Transparencia y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respectivamente.

Ese proceso de inclusión de la ciudadanía ayudó a que los diputados perdieran el miedo y pudieran abrirse en la selección del Comité de Participación social del SEA. “Esto habla de una apertura del Congreso, que empodera a la ciudadanía. Sí hay disposición, no hay que negarlo. También ha sido importante la voluntad política, que es una reacción a la demanda de los ciudadanos, y no es una reacción casual”.

Al final, de eso se trata este recuento: de cómo los ciudadanos caminan por un sendero poco conocido, pero empiezan a encontrar luz en medio de las sombras que generan la corrupción y la impunidad. No ha sido una tarea sencilla ni es una tarea solitaria. Pero son apenas unos cuantos bosquejos de lo que se puede hacer desde los espacios de la academia, del periodismo y de la acción ciudadana. Éstos son sólo algunos de los remedios contra la corrupción. Los nuevos remedios todavía están por inventarse. m.