México es uno de los últimos 12 países donde aún opera un sistema privado de ahorro para el retiro. Otros 18 países ya los renacionalizaron. A dos años de que se jubile la “primera generación Afore” con bajas pensiones, y mientras millones de trabajadores carecen de salarios o prestaciones que les permitan ahorrar, hoy en día se debaten las reformas al modelo, antes de que se declare una situación de emergencia que nos afectaría a todos

Cuando terminaba su licenciatura en Audiovisuales, Gabriel empezó a trabajar como freelance en una productora, donde permaneció desde 2010 y hasta 2015; ahí cobraba por honorarios, del mismo modo que cobra su salario desde hace cuatro años en el canal de televisión donde ahora trabaja. A sus 33 años, nunca ha recibido prestaciones sociales, como seguridad social, fondo para vivienda o ahorro para el retiro. Con un sueldo promedio de 10 mil pesos al mes, busca la manera de ahorrar para el retiro, pero sus ingresos no le alcanzan. “No pienso que logre jubilarme. Sé que tendré que trabajar hasta que pueda; no es lo que quisiera, pero así están las cosas”.

Gabriel es uno de los 15 millones de trabajadores que no cuentan con cobertura de seguridad social. Pertenece a una generación en la que, por las nuevas dinámicas laborales, muchos han debido optar por una ocupación informal, que no les ofrece la posibilidad de jubilarse dignamente con el actual sistema privatizado de ahorro para el retiro. Aparte están los otros millones de trabajadores que sí han cotizado en las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), pero que a partir de 2022, cuando comiencen a retirarse, recibirán una jubilación baja e insuficiente para vivir. Por su parte, Chile, el país donde surgió este modelo, arde, en buena medida por la inconformidad social con las pensiones. En México, la crisis está por sentirse. Pero aún estamos a tiempo de evitarla.

Si bien la crisis por las pensiones está latente, aún es vista por muchos como un problema lejano. Mientras, especialistas y partidos políticos ya plantean fórmulas para encarar el problema reformando el sistema actual. En el horizonte también asoma otra opción: revertir la privatización y reconstruir un sistema público de pensiones. Parece radical, pero sólo 30 países en el mundo adoptaron el modelo privado de ahorro para el retiro, entre ellos México; sin embargo, ante los fracasos, 18 de ellos ya los han renacionalizado, regresando al esquema de reparto definido, según un estudio reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En tanto se define el rumbo, muchos jóvenes siguen intentando abrirse camino en un mercado laboral flexible para tratar de ahorrar para el futuro. Hace tres años, Hannah Trejo contaba en estas mismas páginas cómo en sus últimos años de estudio de la carrera de Comunicación ya estaba preocupada por su vida laboral y la posibilidad de ahorrar.¹ Hoy Hannah tiene 23 años, se graduó, trabajó un año y siete meses en una empresa que vende tintas para tatuajes, donde recibió algunas prestaciones, pero no el registro en alguna Afore. Acaba de renunciar porque el salario de 9 mil pesos al mes no le alcanzaba para subsistir, mucho menos para pagar la maestría que cursa y ahorrar para algún día poder retirarse.

“Me preocupa muchísimo ahorrar para el futuro, por eso estoy buscando otras formas de ingreso que me dejen más dinero”, cuenta Hannah, quien emprenderá un negocio en el sector de la belleza con amigas; “a lo mejor me estoy alejando un poco de mi carrera, pero no me quiero esperar a tener hijos y, ‘¡chin!, tengo que pagar renta‘, y que me alcance para todo; no quiero esa vida, quiero tener lo básico para vivir y tener ciertas comodidades y poder ahorrar”. Antes de lanzarse al emprendurismo, buscó otro empleo relacionado con su profesión, pero “los sueldos promedio para los recién egresados y hasta los 35 años de edad andan entre 5 mil y 15 mil pesos, incluso para alguien con maestría; por eso preferí poner mi propio negocio”.

Gabriel también compagina su trabajo sin prestaciones en el canal de televisión con un negocio propio que acaba de lanzar, una productora de servicios audiovisuales. “El futuro siempre está como una preocupación latente. Creo que, como están las cosas, hay que aprender a multiplicar la riqueza, y el mejor patrimonio, más que una casa o algo así, es tener un negocio que justamente te esté generando dinero, porque sé que no me voy a poder jubilar”.

 María Luz Navarrete, retirada, tiene una pensión y aun así debe seguir trabajando. En la imagen lleva una camiseta con una leyenda de rechazo al sistema de ahorro para el retiro chileno.

De solidaridad a individualismo

A Hannah, a Gabriel y a millones de mexicanos más les toca valerse por sí mismos para ahorrar lo que puedan para jubilarse, lo que es una de las principales diferencias entre el actual sistema para el retiro y el de antes de la reforma de 1997 que introdujo las Afores.

“Es una cuestión intergeneracional. En el modelo anterior, los que están trabajando están jubilando a los que se están retirando; en el modelo actual, cada quien se jubila solo: por decirlo así, es un poco como ‘rásquese con sus propias uñas’, ‘usted aquí va a tener su cuenta individualizada en donde se le va a guardar su ahorro, y lo que usted junte, eso luego vemos para cuánto le alcanza’. En el modelo anterior era: ‘No, es responsabilidad de los que estamos trabajando ser solidarios con los que se están jubilando; por lo tanto, lo que yo doy ahorita para la seguridad social jubila a los que se están jubilando, y cuando yo me vaya a jubilar, los que estén trabajando me jubilan a mí, y así nos vamos jubilando unas generaciones a otras”, explica David Foust, maestro y doctor en Ciencias Sociales (Sociología) por la Universidad de Guadalajara e investigador en la Coordinación de Investigación y Posgrado del ITESO.

“El problema en buena medida se generó en los años setenta; el gobierno de Luis Echeverría promovió aquello de ‘la familia pequeña vive mejor’ y cambió la pirámide poblacional”, de manera que ahora la parte superior la conforman cada vez más adultos en camino hacia la jubilación y abajo hay cada vez menos jóvenes trabajando y cotizando. “Los que previeron esto dijeron: ‘El sistema actual entrará en crisis junto con la modificación de la estructura poblacional, el Estado no podrá hacerse cargo de eso; entonces transfiramos a los individuos la responsabilidad de jubilarse’. Así, el sistema ya no es transgeneracional, sino que se basa en lo que junte cada quien para lo que le alcance; ese esquema rompe la solidaridad intergeneracional, de manera que hay una ruptura también en términos de pacto social. No es la idea de ‘espérame, todos estamos en esta sociedad, en este conjunto humano, y por lo tanto esos viejitos son mis viejitos también y a ver cómo le hacemos, pero nos tiene que alcanzar para todos’”, señala Foust.

En 1997, el gobierno de Ernesto Zedillo introdujo cambios en la Ley del Seguro Social que estaba vigente desde 1973. Con la ley anterior, un trabajador tiene derecho a una pensión al cotizar como mínimo 500 semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que los del sector público lo hacen ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), y el gobierno hace los pagos. El monto de la pensión se calcula según el salario promedio que el trabajador tuvo durante los últimos cinco años. Pero partir de la ley del 97 hay que cotizar mil 250 semanas para retirarse, y la pensión depende del monto acumulado por el solicitante en la cuenta individual que lleva en una Afore, que son entidades privadas que administran los fondos de los trabajadores.

“Es un antes y un después muy notorio y grave, si lo vemos desde el punto de vista de los jóvenes. Antes, la ley permitía el retiro manteniendo el nivel de vida de los últimos años trabajados. Habrá que decir que luego se puso un tope en el imss de 25 salarios mínimos, y en el issste de 10 salarios mínimos: así empezó la dinámica para limitar las pensiones. Pero, incluso con el tope, un retiro o pensión con 25 salarios mínimos, en el contexto nacional de los ingresos, es bastante interesante”, explica el doctor Enrique Valencia Lomelí, académico de la Universidad de Guadalajara especializado en estudios laborales y desigualdad social. Aun con ese tope, el trabajador puede recibir una pensión de entre 21 mil 912 y 54 mil 772 pesos con el régimen de 1973. Pero ahora, “quienes se integran al mercado laboral difícilmente van a obtener una pensión cercana al nivel de vida de sus últimos cinco años de trabajo; probablemente obtengan una pensión cercana a 40 por ciento de sus ingresos. Es un impacto muy severo”. Además, tendrán que cotizar alrededor de 40 años, no 22.5 años, como prevé la ley, para poder mantener más o menos una pensión cercana a los salarios de los últimos años trabajados”.²

Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), a partir de 2022, las primeras personas inscritas en las Afores comenzarán a retirarse con una pensión de 4 mil 475 pesos, dado que una mínima parte de los cerca de 80 mil inscritos al año alcanzará las mil 250 semanas de cotización que se requieren. En contraste, las personas que aún están en el régimen de la ley de 1973 tendrán una tasa de reemplazo de 100 por ciento si ganan menos de siete Unidades de Medida y Actualización (UMA), cantidad que va disminuyendo hasta 25 UMA, con una tasa de reemplazo de 30 por ciento.³

David Foust advierte: “La realidad es que México tiene una de las tasas de reemplazo más bajas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). La tasa de reemplazo se refiere a qué tanto, cuando ya te vas a jubilar, es de tu salario último; es decir: vamos a suponer que yo estoy a 15 días de jubilarme y mi salario actual es de 15 mil pesos; si fuera así, la tasa de reemplazo sería de 100 por ciento. Si recibo 7 mil 500 pesos, la tasa de reemplazo sería de 50 por ciento. Pero la tasa de reemplazo mexicana anda más o menos en 25 por ciento, en promedio. Eso quiere decir que si tú estás recibiendo, digamos, 16 mil pesos de salario —que todavía es bajo, pero, lamentablemente, con respecto a los salarios en México, es alto—, con ese salario medianamente decente es muy probable que te toquen 4 mil pesos de jubilación”.

En Chile, donde a principios de los años ochenta, durante la dictadura de Augusto Pinochet, nació el sistema privado de pensiones que México emuló en los años noventa, el modelo de las Afores (allá nombradas Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP) ya ha demostrado los graves impactos que tiene para la población y los beneficios para las administradoras privadas. Marcel Claude, economista y académico chileno, explica que en 2007 “empezó a expresarse la crisis del sistema privado, porque la mitad de los trabajadores no iba a cumplir con una condición para tener una pensión mínima, que era tener 240 o 250 cotizaciones a lo largo de su vida; si tenían menos, entonces no tenían derecho a ninguna pensión. Más de la mitad de los trabajadores no cumplía con esta regla; por lo tanto, la mitad de los trabajadores iba a retirarse sin pensiones. Éstos son los eufemismos del sistema: se crea la pensión básica solidaria, es decir, el Estado crea una pensión mínima, “solidaria”, para aquellos que no iban a poder tener la pensión mínima que ofrecía el sistema privado. El Estado asume la responsabilidad por las afp; entonces, ¿con quién es solidaria la pensión, con el jubilado o con la AFP?”.⁴

Los cambios que se proponen

En octubre de 2019 se registraron las protestas sociales más grandes en la historia reciente de Chile contra las políticas neoliberales que han regido a ese país desde hace más de 40 años y que han generado una grave desigualdad, una de cuyas expresiones más notorias es el sistema privado de pensiones. Las movilizaciones ayudaron a impulsar la campaña “No + AFP”, que demanda revertir el sistema. Al mismo tiempo, en México se celebraba la Convención de las Afores, donde el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, abrió el debate para estructurar el próximo año una reforma al sistema de pensiones en México. Para esa reforma se discutiría la posibilidad de elevar la edad de retiro de los trabajadores, actualmente de 65 años, así como el incremento de aportaciones obligatorias a las Afores para que alcancen una pensión digna. Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó aumentar la edad de retiro, al calificarla como una medida neoliberal del pasado. Después, Herrera explicó que la propuesta de reforma incluye disminuir las comisiones que cobran las Afores y que éstas inviertan mejor los fondos de pensiones.

Reducir las comisiones de las Afores “se traduce en un reconocimiento tácito de que no se llevará a cabo una reforma que regrese el manejo de los fondos de pensiones al Estado, ni tampoco se cambiarán las reglas para tener acceso a una mejor pensión en nuestro país”, afirma Araceli Damián, profesora e investigadora de El Colegio de México, en un artículo titulado “Cambio cosmético al sistema de pensiones en la 4T”, y agrega: “Mientras que los trabajadores pagaron tasas exorbitantes por depositar sus ahorros para el retiro, las Afores, constituidas en un oligopolio, tuvieron ganancias extraordinarias que aumentaron de 9 mil millones de pesos a 32 mil millones de pesos entre 2000 y 2018, que, descontando la inflación, tuvieron un crecimiento neto en sus ganancias de 13 mil millones de pesos: más del doble que en 2000”.⁵

Otro problema del sistema privatizado es que las Afores invierten los fondos que administran, el dinero de los trabajadores, en el mercado financiero, en teoría para que los ahorros tengan mayores rendimientos. Sin embargo, buena parte de estos recursos se ha invertido en proyectos productivos fallidos o que han generado otros problemas sociales, como despojos de territorios o contaminación. “Las Afores están invirtiendo en pendejada y media”, explica Luis Ignacio Román Morales, doctor en Estructuras Productivas y Sistema Mundial en el área Ciencias Económicas por la Universidad de París VII y profesor en el Departamento de Economía, Administración y Finanzas del ITESO. Como ejemplo nombra a Abengoa, empresa española en quiebra que tenía la concesión para construir y operar la presa El Zapotillo y su trasvase, en Jalisco; la Villa Panamericana de Guadalajara y “el Nuevo Cancún”, o Chalacatepec, proyecto comercial inmobiliario en Tomatlán; es decir, “invierten en especulación de cualquier tipo para sacar ganancia a corto plazo. Así, entonces, estás apostando la vejez de la población en el casino. Eso es suicida”.

Román Morales enumera algunos de los problemas del sistema de pensiones, como el “fenómeno demográfico: vamos a tener cada vez menos gente joven y más gente vieja; dicho en otras palabras, cada vez será menos gente la que tenga que sostener a más gente”. Además, está el aumento en la esperanza de vida de la población y, con ello, los mayores pagos de pensiones; el auge de enfermedades más costosas de atender en la vejez, el deterioro del poder adquisitivo del salario y la inestabilidad en el empleo, por lo que “el dinero que pueda obtener la seguridad social por las cotizaciones de los trabajadores en términos reales es cada vez menor”. A ello se suma el encarecimiento de los medicamentos, por los mayores periodos de protección de la propiedad intelectual.

“La lógica con la que ha respondido hasta ahora López Obrador es que no se toca nada. En términos sociales creo que es correcto, pero en términos financieros esto va a reventar como una bomba. ¿Qué alternativas podemos manejar a nivel social? Indirectamente, algo se está haciendo. Por ejemplo, con las listas, dadas a conocer por [el Centro de Análisis e Investigación] Fundar, de [empresas beneficiadas por] condonaciones y cancelaciones de impuestos, las grandes farmacéuticas son buena parte de los grandes beneficiados. Primera alternativa: que paguen los impuestos, y algo que podría hacerse es que el producto de esos impuestos vaya directamente a la seguridad social”. También está la posibilidad de hacer un cobro a las empresas cuyos productos sean causantes de daños a la salud pública, como por ejemplo, los que provocan obesidad o contaminación. 

“Ya entrando directamente en la lógica del sistema de pensiones y también del de atención de salud, creo que la ruptura que hay entre el periodo de vida activa y el periodo de jubilación es, para mucha gente, un salto al vacío. A mí lo que me parecería correcto es generar, según la edad, una especie de proceso gradual de jubilación. Si tú dices, por ejemplo: ‘A los 65 años ya no puedes trabajar al 100 por ciento, pero tienes derecho a trabajar al 80 por ciento, y al mismo tiempo la seguridad social te empieza a pagar el equivalente al 10 por ciento de tu último salario; a los 66 o 67 años solamente puedes trabajar al 60 por ciento y la seguridad social te va a dar el 20 por ciento, y con eso ya tienes 80 por ciento del total, y así hasta los 70 años, cuando dejas de trabajar y la seguridad social te da el 50 por ciento restante. Con eso liberarías la mayor parte de los problemas financieros para el pago de pensiones y asegurarías para todo trabajador cuando menos 50 por ciento de su último ingreso”.

Por su parte, David Foust Rodríguez asegura que en México ya hay muchos diagnósticos para mejorar el sistema de pensiones y de seguridad social, pero destaca la propuesta del economista y político Santiago Levy y su equipo de trabajo, que plantea “un paquete básico de seguridad social —que ha ido ajustándose, porque originalmente no incluía guarderías y seguro de desempleo, y las diferentes críticas lo han llevado a incluir esos componentes, lo cual se me hace bueno—, que brindaría a todos los ciudadanos una seguridad social equivalente a ganar dos salarios mínimos. Es bajo, pero es más alto que las pensiones no contributivas actuales; es decir, es más alto que el programa de adultos mayores; garantizaría ese piso básico y, sobre ese piso, los que de por sí estamos cotizando arriba de dos salarios mínimos tendríamos de todas maneras garantizado lo que nos corresponde; no se trata de que ahora todo el mundo baje a dos salarios mínimos, pero lo importante es que todo el mundo tenga garantizado un piso básico”.

Foust reconoce que uno de los aspectos controversiales de esa propuesta es que incluye su financiación vía el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que afectaría de forma negativa al estrato más pobre de la población. Por eso se plantea una compensación al 20 por ciento que vive en condiciones de mayor pobreza, pero la pobreza se extiende hasta el 45 por ciento de la población. “Lo que mucho han propuesto es que se necesita una reforma fiscal, por decirlo así ‘compuesta’, que no sólo reforme el iva, sino también el Impuesto Sobre la Renta (ISR), de manera que el isr sea más progresivo, que se eliminen las diferentes posibilidades que tienen los ricos para deducir o para diferir el pago o no pagar, y que sea más efectivo el pago”, a fin de financiar la propuesta con ese recurso.

Renacionalizar, guía de la OIT

Entre 1981 y 2014, 30 países privatizaron de forma total o parcial sus sistemas públicos de pensiones. Catorce están en América Latina (incluido México), otros 14 en Europa Oriental y la antigua Unión Soviética, y dos en África. Ningún país de alto desarrollo privatizó su sistema. Hasta 2018, 18 de esos países habían revertido total o parcialmente la privatización de las pensiones. México aún está entre los 12 países que mantienen el modelo privado. “Considerando que 60 por ciento de los países que habían privatizado los sistemas públicos de pensiones obligatorias ha revertido la privatización, y teniendo en cuenta la evidencia acumulada de impactos negativos sociales y económicos, se puede afirmar que el experimento de la privatización ha fracasado”, afirma el informe “La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina (2000-2018)”, elaborado por el Departamento de Protección Social, Oficina Internacional del Trabajo y publicado por la OIT en 2019.⁶

El informe resume los efectos negativos en esos 30 países: “La privatización de las pensiones no dio los resultados esperados. Las tasas de cobertura se estancaron o disminuyeron, los niveles de las pensiones se deterioraron y se agravaron las desigualdades de género y de ingresos, lo que hizo que la privatización fuera muy impopular. El riesgo asociado a las fluctuaciones en los mercados financieros se trasladó a los individuos. Los costos administrativos se incrementaron, lo que resultó en menores niveles de prestaciones. Los altos costos de transición —a menudo infravalorados— crearon grandes presiones fiscales. Se suponía que la administración privada debía mejorar la gobernanza, pero, por el contrario, la debilitó. Se eliminó la participación de los trabajadores en la gestión. En muchos casos, las funciones de regulación y supervisión fueron capturadas por los mismos grupos económicos responsables de la gestión de los fondos de pensiones, lo que creó un grave conflicto de intereses; además, la industria de seguros, que en última instancia se beneficia de los ahorros previsionales, avanzó hacia la concentración. Por último, las reformas de las pensiones tuvieron efectos limitados en los mercados de capitales y en el crecimiento en la mayoría de los países en desarrollo”.

El informe también detalla los procesos de reversión de la privatización de las pensiones en los 18 países que lo han hecho. “Si bien las reversiones de la privatización de las pensiones necesitan más años para madurar, ya se pueden observar mejoras claras y mensurables en cuanto a sus efectos positivos en la reducción de las presiones fiscales y de los costos administrativos, los mayores niveles de cobertura y de las prestaciones, así como en cuanto a la reducción de las desigualdades de género y de los ingresos”. Incluso ofrece una guía, paso a paso, para que los países que mantienen el sistema privado puedan también renacionalizar las pensiones (véase Recuadro 3).

Sobre estos procesos de renacionalización, Luis Ignacio Román afirma que “ha sido tal el fracaso” del modelo privado, “que quienes lo han implantado se han visto obligados a echarlo para atrás, porque financieramente ha sido un desastre. Creo que habría que hacerlo, pero si lo planteas ahorita y lo dices abiertamente… si eso lo dijera López Obrador, mañana se devalúa el peso no sé cuánto, sería literalmente suicida; aunque sea correcto, no es algo que se pueda hacer. Creo que sí hay cosas que se pueden hacer, pero no son cambios radicales, un cambio radical generaría un choque de trenes, generaría una fuga de divisas súbita inconcebible. Por eso creo que es importante comenzar con apretones fuertes de tuercas, como garantizar el acceso a la seguridad social a las trabajadoras del hogar (2.3 millones) y trabajadores agrícolas (5.9 millones); impuestos muy fuertes a las empresas que producen los bienes que están generando el deterioro de la salud de la población… Si logras avanzar en eso, ya vas debilitando a los grandes grupos de poder económico, y si los logras debilitar, mañana va a ser mucho más fácil establecer medidas más duras que efectivamente sean más equitativas en favor de la población”.

David Foust considera que sí es factible revertir el sistema de pensiones, como plantea el informe de la OIT, pero “en la medida en que se asuma políticamente”. Explica que, aunque la propuesta de Santiago Levy “todavía considera que el esquema Afore es conveniente, no sería tan problemático tomar la propuesta esencial de Levy y, en vez de que sea una Afore, que sea un sistema público de ahorro, y revertir de forma parcial o regresar al esquema anterior. Pero no exactamente como era antes: hay que ajustarlo a la realidad actual. Un poco siguiendo los pasos de ese documento [de la OIT], que incluso es, tal cual, una guía, por pasos; está padrísimo, porque propone una agenda de reversión. Creo que es viable, creo que estamos a tiempo, creo que hay condiciones técnicas y políticas para hacerlo. Pero sí creo que a nivel ciudadano necesitamos platicarlo más, necesitamos conocer esta problemática, porque nos afecta a todos, porque el hecho de que, digamos, 56 por ciento de la población no está cubierto, quiere decir que a lo mejor tú sí estás cubierto, pero tu cuñado no, y vas a tener que hacerle el paro a tu cuñado, o tu cuñado va a tener que hacerte el paro a ti, o tu papá o tu mamá, si ellos no cotizaron o cotizaron poquito… Es decir, es medio falso pensar que ese 56 por ciento está separado del otro 44 por ciento” de la población que sí está cubierto por algún plan de pensiones. “La crisis nos va afectar a todos, tarde o temprano”. .

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1. MAGIS 453, agosto-septiembre de 2016.

2. Ibid.

3. Sin Embargo, 6 de septiembre de 2019.

4. Hispan TV, documental Crisis de las pensiones. El negocio de las AFPs.

5. Aristegui Noticias, 9 de septiembre de 2019.