En el proceso de 2006, que incluyó elección presidencial, las televisoras se embolsaron más de cuatro mil millones de pesos por la transmisión de spots. Para 2009, el presupuesto de los partidos en competencia será de alrededor de 3,600 millones. Por ello, la reforma electoral fue un acto de valentía de muchos legisladores de todo tinte partidista, y estableció la mediación del IFE entre los partidos y los concesionarios.

Desde el comienzo de las precampañas de 2009, Televisa y Televisión Azteca tomaron por asalto el proceso electoral. Ricardo Salinas Pliego, accionista mayoritario de Azteca, admitió que su empresa se coordinó con Televisa, su aparente rival, para colocar una serie de spots “en paquete”, superpuestos en los programas de mayor rating del primer fin de semana del proceso: programas de espectáculos y partidos de futbol.

Cada serie de cuatro o cinco anuncios apareció precedida de una leyenda que explicaba su transmisión a partir de exigencias del Instituto Federal Electoral (IFE), atendiendo la normativa electoral vigente. El hecho generó irritación en la mayoría de los televidentes, cuyos programas vieron interrumpidos, supuestamente para ceder espacios de propaganda tanto a los partidos como al propio IFE. De manera amañada y ventajista se les adjudicó la responsabilidad de una decisión de las televisoras, que de hecho fue un flagrante desacato al artículo 350 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Éste señala como materia de infracción, “la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos”.

La contundencia de la infracción demandaba una resolución de dimensiones proporcionales, que acotara las conductas libertinas de las televisoras. Pero el IFE vaciló. El poder de influencia de Televisa y TV Azteca se hizo aún más evidente cuando legisladores de diversos partidos optaron por defender públicamente a los concesionarios. Su postura llamaba la atención, pues los legisladores, como miembros de los partidos, eran los agraviados por el desacato. Todo parecía indicar que el hecho no pasaría de una llamada de atención a las televisoras, aunada a la exigencia de “portarse bien en lo sucesivo”. Pero un creciente sector de la ciudadanía exigió una determinación más enérgica de parte del IFE. Por ello, días después, el Instituto fijó una multa por 2.25 millones de pesos a Televisa; y por dos millones a TV Azteca: fue quitarle sendos pelos a un par de gatos, si se toma en cuenta que son empresas que facturan miles de millones de dólares al año.

El conflicto entre el Instituto Federal Electoral y los concesionarios de radio y televisión —que no sólo las dos empresas mencionadas hasta aquí— está abierto desde hace varios años, pero se recrudeció a raíz de una reforma aprobada en 2007. Hasta entonces, los partidos podían contratar sus anuncios directamente, con la única restricción teórica de no exceder los topes de campaña. Esa manera de hacer las cosas se prestó a opacidades y dobles contabilidades que encarecieron considerablemente las campañas electorales. En el proceso de 2006, que incluyó elección presidencial, las televisoras se embolsaron más de cuatro mil millones de pesos por la transmisión de spots. Para 2009, el presupuesto de los partidos en competencia será de alrededor de 3,600 millones. Por ello, la reforma electoral fue un acto de valentía de muchos legisladores de todo tinte partidista, y estableció la mediación del IFE entre los partidos y los concesionarios.

La reforma prosperó incluso a pesar de una andanada de falacias que las empresas esgrimieron en la voz de sus rostros públicos (Joaquín López Dóriga, Paty Chapoy, Javier Alatorre…), quienes se valieron de un foro sobre el tema, organizado por el Senado en septiembre de 2007, para denunciar supuestos límites a la libertad de expresión en caso de ser aprobada (como lo han hecho siempre que se les pretende normar). Ahora el IFE gestiona la colocación de spots, y de paso puede llevar una contabilidad más precisa sobre sus costos. Las televisoras no han desaprovechado oportunidades para contraatacar. Han tratado de desprestigiar al IFE y de anular los efectos de la reforma. Los millonarios ingresos que dejarán de percibir explican sus acciones, equiparables a las de un niño berrinchudo. Sucesos como éstos se repetirán si no se atienden algunos pendientes en materia legal.

El Estado en lo general, y el IFE en lo particular, necesitan instrumentos más eficientes, expeditos y contundentes para establecer contrapesos ante los poderes fácticos. Una vez que se diseñen y aprueben, será necesaria la disposición y la asertividad de los consejeros electorales para actuar con la energía que este tipo de hechos demanda. m.