Los derechos humanos son parte fundamental de la vida en una nación, son el respeto existente a la gente que habita el lugar, pero en México ha habido problemas para regularlos, ya que el gobierno no le dedica la atención necesaria.

Es un momento oportuno para evaluar el gobierno de Felipe Calderón. Ya pasó el primer año de su gobierno y se pueden hacer las primeras recapitulaciones de su gestión. El tema que interesa tratar aquí es el respeto a los derechos humanos, pero antes habrá que mencionar cuál era la situación en esta materia cuando Calderón recibió el país.

Los gobiernos emanados del PRI se caracterizaron por la represión política y la violación a los derechos humanos, fruto de un esquema autoritario y antidemocrático de gobierno que provocó lamentables y vergonzosos casos como la matanza de Tlatelolco en 1968, la guerra sucia de los años setenta, las muertes de activistas políticos a finales de los años ochenta y la masacre de Acteal en 1997, por citar algunos ejemplos. Cuando Fox gana la presidencia, uno de los temas urgentes en la agenda de la transición era abatir la impunidad del pasado, transformar el sistema de justicia penal y crear una cultura de respeto a los derechos humanos. En un principio hubo logros importantes, como la instalación de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), la realización del diagnóstico nacional de derechos humanos, la creación de instancias gubernamentales en la SEGOB y SRE; y la elaboración del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH). Sin embargo, a pesar de estos avances, la violación sistemática de los derechos humanos no sólo se mantuvo, sino que en algunos casos se recrudeció. La actuación del gobierno federal a lo largo de su primer año ha dejado dudas y preocupaciones en su compromiso por respetar y hacer valer los derechos. Varios son los hechos más notables que dan evidencia de esta preocupación:

Persiste la violencia política, y las expresiones y los movimientos sociales que buscan la transformación de la sociedad se siguen considerando como un crimen. El caso ejemplar fue la represión del movimiento social en el estado de Oaxaca. Algunos de los líderes más importantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) fueron tratados como criminales del mismo nivel que los grandes jefes de los cárteles del narcotráfico. Casos plenamente documentados de violación de derechos humanos perpetrados por las distintas policías a miembros de organizaciones sociales y de la sociedad civil, ni siquiera fueron considerados como tales; y las causas que dieron origen a todas estas movilizaciones continúan sin solución. Es decir, la pobreza y el autoritarismo en Oaxaca están intactos.

La impunidad en México persiste. Los casos más ejemplares en lo que va de este sexenio son: la absolución al góber precioso, Mario Marín, por la violación a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho y de las acusaciones de pederastia que pesan contra el gobernador de Puebla. El caso del gobernador de Oaxaca también atenta contra la demanda de justicia de la sociedad mexicana. Ulises Ruiz, antes, en y después del conflicto en Oaxaca ha sido responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos de activistas sociales y periodistas. La Red Oaxaqueña de Derechos Humanos denunció esta situación. Lo que hoy tenemos es que Ulises Ruiz sigue gobernando y sin ningún proceso en su contra.

Otro tema que causa honda preocupación es la creciente militarización de la seguridad pública en aras de combatir el narcotráfico. Esta estrategia no sólo no ha sido efectiva, sino que ha provocado que el ejército realice acciones que constitucionalmente no le corresponden, ha generado un aumento en los niveles de corrupción y deserción de esta institución; además de que se dieron casos graves de violación a los derechos humanos por parte de militares a población civil. En los gobiernos de Salinas de Gortari, Zedillo y Fox, miembros de las fuerzas armadas fueron trasladados a las dependencias de seguridad pública, y hoy es el mismo ejército quien patrulla las calles.

En la presidencia de Fox hubo un intento de diálogo y acuerdo del gobierno federal con la sociedad civil organizada en el tema de derechos humanos. Ese esfuerzo quedó en entredicho por la ausencia de compromisos claros por parte de las entidades gubernamentales. Con Felipe Calderón esta intención ha sido notablemente menor. La participación ciudadana en el tema está reducida a su mínima expresión. La interlocución en esta materia está prácticamente cancelada y buena parte de los organismos civiles de derechos humanos ve un retroceso en este campo.

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón no hay señales halagadoras de que se avance sustantivamente en el respeto de los derechos humanos. Los hechos apuntan a que tendremos otros seis años perdidos en esta materia. m.