Además de las omisiones y las complicidades por parte de las autoridades, las personas que buscan a sus seres queridos deben enfrentar el doble abandono de un Estado que no encuentra, o ni siquiera busca, a sus familiares, y que tampoco puede garantizar su seguridad

Cuando César desapareció, su hermano, Pablo, buscó cualquier indicio que lo llevara a dar con su paradero. En los dos meses siguientes trazo rutas, difundió la fotografía de su hermano, se unió a marchas, recorrió la ciudad, recibió llamadas anónimas con información, investigó, encontró la motocicleta de su hermano, identificó a los responsables. Y fue asesinado.

Lo mismo les pasó a Marisela, Leopoldo, Nepomuceno, Sandra, Bernardo, José, Miriam, Zenaida, María, Javier, Aranza, Nicanor, Brenda, Rosario, Blanca y Carmela: a todas estas personas les quitaron la vida por buscar a un ser querido. A todas les falló la autoridad.

“Que me vengan a matar aquí”, “No pienso parar, sólo muerta”, “Me van a matar en cualquier rato”, “Ya vienen por mí”, “Nos están asesinando por buscar”, “Parece que es delito buscarlos”. Estas frases las dijeron más de una vez los y las 17 madres, padres, esposas y hermanos. Las repitieron después de recibir amenazas, de ser agredidos, de ser perseguidos o vigilados, de enfrentarse con criminales que les advertían que debían parar la búsqueda de su familiar, dejar de calentar la plaza, no moverle más. Por meses y años enfrentaron en su camino el desdén de las autoridades y la persecución de los perpetradores. Abandonaron su vida para dedicarse a investigar, a desenterrar huesos, a buscar indicios, a perseguir culpables y pusieron a prueba a un Estado que hasta ahora no les ha hecho justicia.

El miedo es el mensaje

Los primeros tres asesinatos de personas buscadoras ocurrieron durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (en 2010 y 2011). Otras cinco personas buscadoras fueron asesinadas entre 2014 y 2018, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. En la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, han sido nueve las víctimas. Los homicidios ocurrieron en Chihuahua, Durango, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco y Puebla.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México permanecen desaparecidas 112 mil personas. La mayoría de ellas es buscada por sus familias.

Tras la desaparición de su familiar, estas 17 personas buscadoras se metieron a las entrañas de la barbarie, descubrieron redes criminales y, en algunos casos, la complicidad de funcionarios públicos. Su asesinato es un mensaje para todas las personas que han salido a buscar a su familiar.

Así lo considera Silvia Chica Rinckoar, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), quien explica que las agresiones contra las personas buscadoras —90 por ciento de las cuales son mujeres— tienen su origen en el hecho de que su labor deja al descubierto las lógicas de la criminalidad, pues la desaparición de personas es una práctica utilizada por los grupos delincuenciales para ocultar los delitos de alto impacto que, de manera impune, se registran en el país.

“A las personas buscadoras ya no les importa ser blanco de amenazas, porque su objetivo es encontrar a sus familiares y en la búsqueda están revelando lo que está pasando en esas zonas de estos contextos tan violentos. Cuando encuentran fosas en ciertas zonas, te preguntas: ¿por qué están ahí?, ¿quiénes están ahí?, ¿qué historia traen los cuerpos hallados?, ¿a qué grupos está señalando esa fosa? Se está abriendo una caja de Pandora y hay mucha responsabilidad, por el encubrimiento que pueden estar haciendo las autoridades. Por esta razón, del conjunto de víctimas que nos deja la violencia en México, los familiares de personas desaparecidas son a quienes más debemos proteger y tener siempre el foco sobre ellos”, dice la experta en derechos humanos.

Chica Rinckoar advierte que falta mayor trabajo para que la sociedad misma reconozca como defensoras y defensores de derechos humanos a las personas buscadoras, ya que son quienes tienen actualmente mayor incidencia política, han promovido marcos legales, exigido derechos, logrado cambios institucionales y hecho que comisiones internacionales acudan a revisar lo que pasa en México. “Están poniendo el dedo en la llaga y por eso son, dentro de todo el universo, quienes pueden estar más expuestos al riesgo”.

No obstante, pese a que el país ha enfrentado esta crisis humanitaria desde hace más de una década, la visibilización del asunto no ha tenido la relevancia que debería, se lamenta Alejandra Cartagena López, abogada, activista y académica del ITESO.

Esta falta de visibilidad, aunada a la estigmatización y a la criminalización de las personas desaparecidas, pero sobre todo a la impunidad, favorece la ejecución de acciones violentas contra familiares de personas desaparecidas.

“Lo que no habíamos visto eran estas amenazas directas a las familias, y que hay familiares que también han sido asesinados. Esto tiene que ver con la impunidad. Lo que hacen al amenazar a una buscadora, o asesinarla, es un mensaje para las demás: te va a pasar esto o aquello. Es tanta la impunidad que lo pueden hacer a plena luz del día”, detalla Cartagena.

La académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO (CUDJ), señala que, derivado de la desconfianza frente a la falta de resultados, las familias salen a buscar asumiendo los riesgos, pues es claro que las autoridades no buscan a los desaparecidos y muchas veces están involucradas, ya sea por omisión o por acción.

Criminalización versus visibilización

Otro aspecto que prevalece y afecta a las personas buscadoras es la narrativa del Estado en torno a que las personas que desaparecen “en algo andaban”. Esta criminalización, que en muchos casos ha alcanzado a los familiares, provoca que las familias den un paso atrás frente a lo que la autoridad les dice o que busquen por su cuenta y sin denuncia, ya que la investigación se centra sólo en descubrir lo que hacía mal la persona desaparecida.

Las consecuencias de esta narrativa quedaron documentadas en el Diagnóstico sobre la estigmatización hacia las personas víctimas de desaparición, sus familiares y las organizaciones que las acompañan, elaborado por el CUDJ, y en donde se advierte que estos señalamientos privan a las personas desaparecidas y a sus familias del derecho a la verdad y obstaculizan su acceso a la justicia.

“El asunto de la justicia es sumamente importante, pero para las familias lo más importante es localizarlos. Incluso, lo dicen: ‘No buscamos culpables, buscamos a nuestros hijos’. Me parece que ése es un mensaje sumamente fuerte frente a lo que estamos viviendo”, señala Cartagena, y detalla que desde el ITESO se han impulsado acciones tales como investigaciones, elaboración de documentos y diplomados, en un esfuerzo por contribuir en la construcción de puentes que conlleven a atender y acompañar a las familias para darles más visibilidad y no dejarlas en zonas de silencio donde pueden estar en mayor riesgo.

“Lo que nos interesa es construir y ver cómo, desde la academia, podemos aportar algo. Hemos visto el árbol, pero no hemos visto el bosque: ¿quiénes desaparecen?, ¿a quiénes desaparecen?, ¿dónde? ¿Y qué es lo que nos toca, como autoridad y como sociedad, hacer? Es decir, ¿quiénes están desapareciendo? Los jóvenes. ¿Por qué están desapareciendo los jóvenes? ¿Con qué se han encontrado en su cotidianidad? Hay una problemática de fondo gravísima”, dice Alejandra Cartagena.

“Y si me matan, ¿quién los va a buscar?”

En noviembre de 2022, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, recibió una llamada proveniente del penal estatal de Hermosillo: “Están ofreciendo 50 mil pesos por tu cabeza”, le advirtió un preso. No era la primera vez que era amenazada.

Pocos días antes había recibido mensajes de texto (SMS) intimidatorios, que se sumaban a las decenas de advertencias que recibió meses antes, derivadas de la búsqueda de sus hijos Marco Antonio, desaparecido en 2015 cuando se dirigía a su trabajo, y Alejandro Guadalupe, desaparecido tres años después, tras ser secuestrado junto a su hermano Jesús Adrián. De ellos, sólo Jesús regresó a casa. 

“Está pasando otra vez, he hecho las denuncias de cada amenaza que he recibido desde 2021 a la fecha y no hay ninguna información por parte de las autoridades. Sí me da temor, porque mis hijos no han aparecido, y si me matan ¿quién los va a buscar? ¿Cómo va a ser que yo me muera sin encontrarlos, que me convierta en una estadística más de las madres que han muerto en el camino de la búsqueda de sus desaparecidos?”, dice la activista.

Las advertencias que desde hace más de dos años ha recibido de manera constante Ceci Flores —oriunda de Bahía de Kino, Sonora— se han extendido a las integrantes del colectivo que fundó en 2019 y que hasta finales de 2022 había localizado más de mil 700 osamentas.

“Es muy lamentable que estén amedrentando a las madres, diciendo que a las que anden conmigo también las van a matar”, dice la buscadora, que en 2022 fue reconocida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo.

Ceci Flores es beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, ha sido obligada en varias ocasiones a salir de su tierra natal y ha sufrido diversos atentados. Pese a ello, asegura que no se va a detener en la búsqueda de sus hijos hasta traerlos de regreso a casa.

“A mí no me pasa por la mente ni por un segundo dejar de buscar, y se lo he dicho a mis hijos: ‘No voy a parar’. No puedo irme a mi casa y seguir con esas sillas vacías y sin la posibilidad de que vuelvan porque no los buscamos. Mi amor por mis hijos es más grande que el miedo. El miedo no me abraza, no lo dejo ni siquiera que me llegue”, advierte.

Aunque las autoridades no le han dado pistas respecto a la posible procedencia de las amenazas, para Ceci Flores es claro que son un actor implicado, dadas las omisiones en la búsqueda de personas desaparecidas y las labores de las colectivas y rastreadoras que a lo largo de México han localizado fosas clandestinas, casas de seguridad, osamentas, y han regresado a casa a personas desaparecidas, algunas de ellas con vida. “Siempre lo he comentado, yo le tengo más miedo a las autoridades que al cártel”, dice Flores, y señala que vivir estas situaciones “es sentir dolor, tristeza, impotencia y también preguntarnos: ¿qué pudimos hacer para evitarlo y no hicimos?, ¿qué pudieron hacer las autoridades para evitarlo y no hicieron? ¿Quién y por qué?”.

Para Silvia Chica Rinckoar es claro que quienes cometen los crímenes contra las personas buscadoras son los mismos grupos interesados en mantener ocultas las lógicas de la violencia

“¿Quiénes asesinan a las buscadoras? Quienes no quieren que haya luz, quienes quieren seguir ocultando debajo de las desapariciones un montón de violencias y otros crímenes asociados y quienes no quieren que se descubra una operación o una red criminal en cierta zona. Éstos son grupos de la delincuencia organizada y autoridades, generalmente coludidas con estos grupos”, dice la directora ejecutiva del IMDHD.

“Nos han fallado”

En el momento en que una persona desaparece, el plan de vida de los familiares se ve trastocado, pues vuelcan toda su atención hacia la búsqueda. Por ello, es urgente y fundamental el acompañamiento que se les pueda brindar desde la sociedad, para que las y los buscadores cuenten con herramientas, condiciones de cuidado y capacidades para enfrentar el riesgo latente de sufrir acciones que atenten contra su vida.

En la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo lugar en marzo pasado, Adriana Moreno Becerril, madre de Víctor Adrián Rodríguez Moreno, desaparecido a manos del Estado hace 14 años en Coahuila, advirtió: “La vida no nos ha alcanzado para revertir esto y no estoy segura de si nos va a alcanzar, porque muchas de nosotras hemos muerto en la lucha, hemos sido asesinadas, hemos sido desaparecidas. Ni los encuentran ni nos protegen. Nos han fallado”.

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“Ni los encuentran ni nos protegen”

Ante las omisiones y la complicidad de las autoridades, los trabajos de búsqueda que las fiscalías están obligadas a hacer los han solventado madres, padres, esposas, hermanos e hijos de personas desaparecidas. De estas personas buscadoras, 17 han sido asesinadas.

Estas son sus historias:

Marisela Escobedo
Marisela Escobedo Ortiz, enfermera de 52 años, fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua en diciembre de 2020, al terminar una protesta para exigir justicia.
Marisela investigó y logró llevar ante las autoridades a Sergio Rafael Barraza, responsable de la desaparición y el asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre, de 16 años. Pese a que confesó el asesinato y señaló el lugar donde cremó el cuerpo en 2018, fue dejado en libertad. Marisela insistió en hacer justicia y logró dar de nueva cuenta con el paradero del responsable, que ya entonces se había unido al cártel de Los Zetas. Luego de recibir amenazas con mayor intensidad, y siete días después de iniciar una protesta para exigir la detención del perpetrador, fue asesinada.

Leopoldo Valenzuela
Durante cinco meses, Leopoldo Valenzuela Escobar, don Polo, se dedicó a investigar el secuestro de su hijo, Leopoldo Valenzuela Gómez, de 29 años, quien fue sacado por varios sujetos encapuchados de una refaccionaria, propiedad de la familia, en septiembre de 2010.
Don Polo identificó a los responsables y el lugar donde tenían a su hijo. Aunque logró reunirse con el fiscal de Durango y con un comandante del Ejército, nunca atendieron sus peticiones de ir al sitio. El padre, de 80 años, los acusó de proteger secuestradores.
Un comando entró a su casa y lo asesinó de varios disparos. En 2011, el cuerpo de su hijo fue encontrado en una fosa dentro del sitio que pedía que fuera inspeccionado.

Nepomuceno Moreno
Cuando viajaba en su camioneta, Nepomuceno Moreno Núñez, don Nepo, de 56 años, fue interceptado por un comando que lo asesinó de siete balazos, en Hermosillo, Sonora, el 28 de noviembre de 2011.
Un mes antes, Nepomuceno, vendedor de mariscos, había participado en los Diálogos por la Paz en el Castillo de Chapultepec, donde denunció ante el entonces presidente Felipe Calderón la detención ilegal y la desaparición forzada de su hijo, Jorge Mario, de 18 años.
Don Nepo, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, logró comprobar que los secuestradores eran policías estatales. Dos semanas antes de ser asesinado denunció que era objeto de amenazas.

Sandra Luz Hernández
Sandra Luz Hernández, de 50 años, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 en Culiacán, Sinaloa, mientras buscaba a su hijo, Édgar García Hernández, de 25 años, quien en febrero de 2012 fue desaparecido por personas armadas que lo sacaron de su casa por la fuerza.
Vendedora de cosméticos por catálogo, Sandra Luz investigó y entregó a la Procuraduría de Justicia los nombres de los responsables de la desaparición de su hijo, así como toda la información relacionada con su ubicación. La investigación oficial nunca avanzó.
Dos años después de la desaparición, en 2014, Sandra recibió una llamada de un supuesto informante y pactó un encuentro. Fue asesinada en el trayecto.

Bernardo Carreto
El 22 de diciembre de 2015, Bernardo Carreto murió a manos de cuatro hombres armados que lo interceptaron por el puente de Tepozcuautla, Guerrero.
Bernardo buscaba a sus tres hijos, Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 20 y 23 años, respectivamente, quienes el 10 de mayo habían sido secuestrados y desaparecidos en un retén en la entrada de Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Tras la desaparición de sus hijos, el padre, de 49 años, se unió a colectivos y realizó búsquedas en campo junto a familiares de personas desaparecidas del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala.
Bernardo fue asesinado cuatro meses después de señalar con nombre y apellido a los responsables de la desaparición de sus hijos.

José de Jesús Jiménez
A pocos metros de la Fiscalía de Veracruz, José de Jesús Jiménez Gaona fue asesinado el 22 de junio de 2016 mientras circulaba en su auto.
Él buscaba a su hija, Jenny Isabel Jiménez Vázquez, de 23 años, quien desapareció en mayo de 2011. Lo último que se supo de ella fue que salió a cenar con unos amigos.
Tras la desaparición de su hija, José de Jesús se unió a labores de búsqueda en campo y junto con el colectivo de familiares de personas desaparecidas de Veracruz localizó en Córdoba, en el centro del puerto, quince fosas clandestinas con restos óseos.
Cuando fue asesinado, José de Jesús era vocero de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Miriam Rodríguez
Tras la desaparición, en enero de 2014, en San Fernando, Tamaulipas, de su hija Karen Salinas Rodríguez, de 16 años, Miriam Rodríguez acechó a los secuestradores y asesinos.
Ante las omisiones de la Fiscalía y después de dos años de investigaciones, la activista encontró los restos de Karen en una fosa común. Desde ese momento se hizo pasar por personas distintas para obtener información de los responsables de la desaparición y el asesinato de su hija.
Miriam entregó a las autoridades la información de nueve de los asesinos, los cuales fueron detenidos. En marzo de 2017 algunos de los perpetradores se fugaron del reclusorio de Ciudad Victoria y el 10 de mayo tres de ellos la asesinaron en su vivienda.

Pablo Iván Miramontes
Al momento de su asesinato, Pablo Iván Miramontes Vargas, de 30 años, buscaba a su hermano mayor, César Alejandro, de 33 años, quien desapareció en abril de 2018 en Guadalajara, Jalisco, después de salir de trabajar en una tienda de pañales a granel y acudir a un bar.
Luego de la desaparición, Pablo investigó y logró ubicar el último lugar donde estuvo su hermano, localizó la motocicleta en la que viajaba e identificó a los responsables, uno de ellos policía.
En julio de ese año, Pablo recibió una llamada de un supuesto informante, con quien acordó una cita. Dos semanas después su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina en Guadalajara.

Zenaida Pulido
En julio de 2019, la activista Zenaida Pulido Lombera, de 43 años, fue asesinada en la región costera de Michoacán cuando se dirigía a presentar una denuncia por amenazas de muerte en su contra.
La activista, que coordinó la quinta Brigada Buscando Encontraremos, en la región de Aquila, se unió a colectivos de búsqueda en 2015, doce años después de la desaparición de su esposo, Elidio Cisneros. Sus labores de búsqueda la llevaron a presentar diversas denuncias por desaparición de personas y a documentar casos de desaparición forzada.

María del Rosario Zavala
El 14 de octubre de 2020, luego de realizar labores de búsqueda en la colonia Coecillo, María del Rosario Zavala, de 43 años, fue asesinada en la puerta de su casa por dos sujetos armados. Ella buscaba a su hijo, Yatziri Misael Cardona Aguilar, de 16 años.
Horas antes, un joven se le había acercado para asegurarle que su hijo se encontraba en un punto de venta de droga cerca del lugar, pero por temor no le dio más detalles.
Yatziri desapareció el 23 de diciembre de 2019, luego de que cinco hombres armados ingresaron a la fuerza a la casa familiar en un intento de asalto del negocio que había en la planta baja de la vivienda. En la confusión, y entre amenazas, se llevaron al joven.

Javier Barajas
La noche del 29 de mayo de 2021 fue asesinado Javier Barajas mientras caminaba por las calles del centro de Salvatierra, Guanajuato.
El activista, de 27 años, se unió a colectivos de búsqueda cuando desapareció su hermana, Lupita Barajas Piña, de 32 años, tras salir de la casa de sus padres en febrero de 2020. Durante labores de búsqueda en campo, familiares de personas desaparecidas localizaron 79 cuerpos en una fosa clandestina. Cuatro meses después se confirmó que uno de los cuerpos correspondía a Lupita.
Tras encontrar a su hermana, Javier continuó apoyando en las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas y se integró a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato.

Aranza Ramos
Siete meses después de la desaparición de su esposo, Brayan Omar Celaya, el 6 de diciembre de 2020, en el Valle de Guaymas, Sonora, Aranza Ramos, de 28 años, fue asesinada.
Madre de una bebé de dos años, ella se había unido al colectivo Madres y Guerreras Buscadoras de Sonora, con el que realizaba jornadas de búsqueda en campo. Su última búsqueda la realizó en la comunidad de Ortiz, en donde, junto a integrantes de la Comisión Local de Búsqueda y colectivos, localizó un sitio de exterminio.
La noche siguiente al descubrimiento, el 15 de julio, un grupo armado ingresó a su vivienda y se la llevó por la fuerza frente a su madre, su hermana y su hija. Más tarde su cuerpo fue localizado sin vida.

José Nicanor Araiza Dávila
José Nicanor Araiza Dávila fue sacado por la fuerza de su casa en Villa de Cos, Zacatecas, en julio de 2021. Cinco días después, su cuerpo fue localizado sin vida.
Nicanor buscaba a su hijo, José Nicanor Araiza Hernández, de 27 años, a quien vio por última ocasión el 30 de septiembre de 2018, minutos antes de que recibiera una llamada que lo hizo salir de casa. Tras la desaparición de su hijo, el activista se unió a colectivos de búsqueda de Zacatecas, y se integró al Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda.

Brenda Jazmín Beltrán
El 17 de julio de 2022, Brenda Jazmín Beltrán Jaime, integrante del colectivo Guerreras Buscadoras de Cajeme, en Sonora, fue asesinada en un hotel de Ciudad Obregón.
La activista, de 37 años, buscaba a su hermano, Luis Heraldo Beltrán Jaime, desaparecido el 1 de noviembre de 2018 luego de que un comando armado lo secuestrara en la comunidad de Bácum.

Rosario Lilián Rodríguez Barraza
La noche del 31 de agosto de 2022, cuando regresaba a su casa después de asistir a una misa en honor a su hijo, Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, Rosario Lilián Rodríguez Barraza fue secuestrada por hombres armados a bordo de una camioneta y, un día después, fue localizada sin vida.
En la búsqueda de su hijo, desaparecido el 16 de octubre de 2019 en la Cruz de Elota, Sinaloa, Rosario se integró al colectivo Corazones sin Justicia y participó en brigadas de búsqueda junto a otras agrupaciones.

Blanca Esmeralda Gallardo
El 4 de octubre de 2022, cuando se dirigía a su trabajo, Esmeralda Gallardo fue interceptada por varios sujetos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.
La madre buscadora era integrante del colectivo La Voz de los Desaparecidos, al que se unió para buscar a su hija, Betzabé Alvarado, de 24 años, de quien supo por última vez en enero de 2021 mientras viajaba con una amiga en los límites entre Puebla y Tlaxcala.
Tras investigar la desaparición de su hija, Esmeralda aseguraba que no podía descartar que el caso tuviera relación con la trata de mujeres.

María Carmela Vázquez
La noche del 6 de noviembre de 2022, dos hombres armados a bordo de una motocicleta arribaron a la casa de María Carmela Vázquez, quien, al salir de su domicilio en el centro de Abasolo, Guanajuato, fue atacada a tiros.
María Carmela comenzó a buscar a su hijo, Osmar Zúñiga Vázquez, de 21 años, desaparecido el 14 de junio de ese año en el mismo municipio y se unió a los colectivos Hasta Encontrarte y Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato. La madre buscadora, de 46 años, participó en jornadas de búsqueda en campo en todo el estado.