En el curso de esta década, la alternancia en el poder en nuestro país ha servido para confirmar las limitaciones de la cuestión electoral. Demostró que las elecciones limpias son una condición necesaria pero absolutamente insuficiente en la construcción democrática. Por otro lado, la legitimidad obtenida (en aquellas elecciones verdaderamente limpias) tampoco asegura la capacidad del gobierno para gobernar. Pareciera que estamos frente a una situación de plena ingobernabilidad que, de acuerdo con el politólogo Samuel Schmidt, se ha convertido en parte constitutiva del Estado mexicano y amenaza con acompañarnos por mucho tiempo. Entramos al nuevo siglo como un país que persiste en alcanzar los primeros lugares de los peores indicadores (desigualdad, degradación ambiental, corrupción, impunidad, ilegalidad, entre otros). Simultáneamente, el fracaso global del mercado para proveer soluciones adecuadas en las áreas de inclusión, reducción de la pobreza, servicios públicos y protección ambiental, hace más relevante que nunca la necesidad de un modelo de gobernanza que tenga en su centro a la gente. Si bien el Artículo 39 de nuestra Constitución Política sitúa al “pueblo” como el origen y la razón de todo poder público, el Artículo que le sigue acota el poder ciudadano circunscribiéndolo a la representación por medio de los partidos políticos (algo así como “Sí, pero realmente no”). La clase política está cada vez más distanciada de la sociedad y a pesar del fracaso de la democracia representativa da la impresión de que el gobierno es el menos interesado en que se logren formas de representación cercanas a la sociedad. En Jalisco, los espacios formales de participación, como la Gran Alianza, han resultado ser actos teatrales para buscar legitimar acciones de gobierno. Instituciones que debieran serlo son cada vez menos ciudadanas, mientras que el Estado ejerce violencia institucional contra la ciudadanía. En el foro “Hostigamiento y criminalización de la participación ciudadana. Participar no es delito”, celebrado en Casa ITESO Clavigero en diciembre pasado, académicos, investigadores y activistas coincidieron al opinar que la activación ciudadana en Jalisco experimenta diversos grados de represión. Si bien es cierto que México no ha vuelto a presenciar una represión como la del movimiento estudiantil de 1968 y de los sucios años que siguieron, tampoco ha vuelto a surgir un movimiento de esas dimensiones, de forma que no sabemos con certeza cómo reaccionaría el sistema. Para el sociólogo Jorge Regalado, el patrón de represión observado es un reflejo de su institucionalización como estrategia política. Para nuestros gobernantes todo es lo mismo, sea la defensa del río Santiago, la lucha por un medio ambiente sano, por la sensatez en el desarrollo urbano o por una movilidad urbana sustentable, la defensa de derechos humanos o de los espacios y dineros públicos. Desde su perspectiva, los individuos detrás de estas causas son revoltosos que atentan contra la gobernabilidad. La realidad es que la resistencia social es una respuesta a los abusos del gobierno, verdad que, apunta Schmidt, ningún gobierno está dispuesto a aceptar. Es decir, el mundo al revés. El psicólogo social Jorge Gastón Gutiérrez precisa que el trasfondo es un inconmensurable miedo, pavor, a la efectiva organización social. Para pesar de la clase política actual, la participación ciudadana es esencial para la consolidación y el desarrollo de nuestra democracia. Contrariamente, como apunta el analista político Ricardo Raphael, la participación insuficiente produce una ciudadanía de baja intensidad, y ésta, a su vez, condena a la democracia a ser de mala calidad. Sin embargo, dadas las condiciones prevalecientes de desconfianza, de exclusión cultural y económica, junto con la pobreza de nuestro sistema educativo (entre otros inhibidores del compromiso ciudadano), la tarea parece poco menos que titánica. Aun así, dedicarnos conscientemente a remover estas barreras es lo mejor que podemos hacer. m.