En el marco de los diez años de la reforma constitucional, el canal de televisión del Poder Judicial transmitió un programa sobre las obligaciones y los deberes del Estado. Los participantes, entre quienes estaba Luis Arriaga, sj, coincidieron en afirmar que la ciudadanía debe conocer sus derechos para poder exigirlos

Hace diez años, en 2011, una reforma a la Constitución se propuso crear una nueva cultura de los derechos humanos en México. La garantía y la salvaguarda de estos derechos adquirió rango constitucional y desde entonces a la fecha, el país ha firmado gran cantidad de tratados internacionales en la materia. Sin embargo, sigue habiendo una gran brecha entre lo que dicen los documentos y la realidad que viven los ciudadanos. Ésta fue una de las conclusiones del diálogo “Obligaciones y deberes estatales en derechos humanos”, organizado por el Poder Judicial de la Federación y transmitido en el programa Tus derechos, del canal Justicia TV.

En el programa se contó con la participación de Palmira Silva, de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México; Ana María Zorrilla, del ITAM; José Pablo Abreu, del Tec de Monterrey, campus Santa Fe; y Luis Arriaga Valenzuela, sj, Rector del ITESO y presidente de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), quien comenzó recordando que entre las características de los derechos humanos podemos mencionar que son “universales, interdependientes y progresivos”, por lo que es responsabilidad de los estados “respetar y promover medidas de cumplimiento de los derechos humanos, así como garantizar las condiciones para el goce de estos derechos”. El Rector del ITESO comentó que si bien la reforma constitucional de 2011 implicó “un cambio de estructura del Estado, la realidad es que los derechos no son reconocidos. Hay una gran brecha y una crisis que no se resuelve con la reforma”.

Palmira Silva señaló que sigue siendo muy importante generar una maquinaria institucional y un marco jurídico para trabajar desde la prevención; mientras que, desde la perspectiva de José Pablo Abreu, es un deber de las autoridades “tomar medidas para garantizar el disfrute de los derechos. Hay que materializarlos”.

En una segunda ronda, Ana María Zorrilla remarcó que es fundamental que la educación esté centrada en los derechos humanos para que “cualquier persona, de cualquier edad y en cualquier lugar, conozca sus derechos, identifique cuando éstos sean violados”. José Abreu dijo que la educación en derechos humanos debe contemplar  que la gente conozca sus derechos, que las personas sepan cómo exigir su cumplimiento y que todos los ejerzan de manera responsable y respetando los derechos de otros.

Luis Arriaga, sj, opinó que una educación en derechos humanos debe ocurrir como parte de un “proceso integrador, un proceso que implica atender a la persona en todas sus dimensiones, y que estimule valores y la formación de un pensamiento crítico y antidogmático”.   .