Por ponerle un nombre, esta mujer se llamará Cuca. Habrá que decir que Cuca es afortunada. Tanto, que prefiere guardarse su identidad real, no vaya a ser que la fortuna se le espante, dice. Cuca trabajó mucho toda su vida, en la única compañía de teléfonos que existía en México hasta hace pocos años. Cuca recibe una jubilación de 16 mil pesos mensuales de la empresa, y casi cuatro mil más del Instituto Mexicano del Seguro Social (el IMSS).

Con su jubilación, Cuca está muy feliz.

En 1957, cuando era una adolescente, ingresó a las filas de Teléfonos de México. Diez años antes, esa compañía se había convertido en la única del país en ofrecer servicios de telefonía, tras la fusión de Ericsson en México y la International Telephone and Telegraph Company.

En su primera etapa en la empresa, Cuca trabajó como operadora. Hoy, ese oficio, que consiste en conectar el teléfono de una persona con el de otra, está en extinción, pero a finales de los sesenta estaba en apogeo y ella obtuvo el puesto de supervisora de 500 operadoras, “por examen, como era antes, no por escalafón”.

Se jubiló a principios de los años noventa, cuando había cumplido 34 años de servicio, pero apenas 50 de edad. Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) no “pintaban” en el país. Se retiró con 85 por ciento de su último sueldo, que cada año aumenta en la misma proporción que el de los trabajadores activos.

No es cuestión de suerte, admite Cuca. Es el sindicato. “Francisco Hernández Juárez, nuestro líder desde 1976, sabe pelear”. Sus detractores lo acusan de nepotismo, pero eso no le preocupa a ella.

Por esa pensión Cuca asiste con gusto a las asambleas, opina, vota. El 1 de mayo participó en la marcha mitin del Día del Trabajo.

“Ahí donde la ve, yo no soy la jubilada que más gana. Tengo compañeras que reciben 40 mil pesos nomás de la empresa, que en los últimos años reniega, porque ahora somos más jubilados que activos”. Por esa razón, siempre que toma la palabra en las asambleas, Cuca pide que los jubilados de Telmex no se atiendan en el imss. “Nosotros somos los de arriba. Podemos pagarnos la medicina privada. Hay que dejarle el Seguro Social a los de abajo”.

El día que Epifanio Aguilar se enferme más, la basura se acumulará afuera de media docena de residencias del poniente lustroso de Guadalajara, mientras que en su cuarto —en el oriente de la ciudad— es probable que el viejo se enfrente a la hambruna.

Epifanio, de 71 años, barrendero de escoba de popotillo, sin esposa, hijos, ni hermanos, tiene cinco dientes como defensa única ante la vida. Cinco dientes y 500 pesos semanales.

Es artrítico y por esa razón está inválido, desde hace varios años, del pie izquierdo, que arrastra como si fuera un grillete de hierro. Con ese bulto a rastras y apoyado en una muleta que alguien le regaló, barre las banquetas de una zona de casas grandes y parques continuos. Lo ha hecho durante medio siglo y no tiene esperanzas de retiro.

Por barrer, sus patrones, los dueños de las casonas, le asignan entre todos un sueldo de 500 pesos semanales, sin prestaciones de ley, que disminuyen cuando alguno de los caseros sale de vacaciones, e incluyen los 48 pesos que el viejo gasta en los autobuses que aborda —ida y vuelta— desde su casa, en la colonia San Joaquín, hasta Vallarta Poniente.

Cuando se baja del autobús debe caminar seis cuadras. Lo que una persona ágil andaría en cinco o diez minutos, a Epifanio le toma más de una hora, a causa de su grillete de carne y huesos deformes.

Epifanio invierte diez horas diarias en su trabajo. Por cada una, gana ocho pesos y treinta centavos. El sueldo se lo aumentan cuando lo ven muy malo. La única antigüedad que le reconocen es el saludo.

Pobre extremo como es, Epifanio dice que dos de las mejores experiencias de su vida han estado ligadas con la enfermedad. La primera ocurrió un día que se volvió medio loco porque le dieron toloache e ingresó al psiquiátrico de El Zapote. “Ya no estaba loco, pero quería seguir ahí: comía tres veces”.

La segunda sucedió en una crisis artrítica, durante la cual un hombre acomodado y acomedido lo internó en un sanatorio particular, donde el dolor se transformó en festejo: otra vez comía.

En el fondo de su optimismo, Epifanio sabe que cuando las reumas se manifiestan, la enfermedad se parece más al hambre que a la fiesta. Esos días pide dinero para librarla. “Lo bueno es que no tomo muchas pastillas. El doctor me dijo: ‘No me tome muchas, porque por una le alivian el pie y por otra le desbaratan las tripas”.

Cuando uno le pregunta a Epifanio cuándo se va a retirar, él calla. Se va a retirar el día que se muera.

Luis de la Vega trabajó toda su vida. Apenas cumplió 16 años, en 1941, se metió de obrero nocturno a la ya desaparecida fábrica de medias de seda para dama Treviño Martínez, en Guadalajara. Durante el día estudiaba contabilidad. Pronto, Luis se hizo de las cuentas de negocios pequeños. Luego llegó a la compañía Ingenio Tala, en 1950. Más tarde, ahí mismo escaló hasta el puesto más alto: administrador general. Hasta que lo corrieron, el 31 de marzo de 1980 —cómo se le va a olvidar—, cuando el gobierno federal tomó el ingenio.

Le faltaban seis meses para cumplir 30 años en la compañía. Ése y otros detalles que vinieron después, le aseguran a Luis de la Vega, con 88 años de edad y tres infartos en el camino, una jubilación de 2 mil 200 pesos mensuales.

“¡Seis meses! ¡Me faltaban seis meses para ajustar 30 años en el ingenio!”, repite. “Pero en eso, ¡zas!, el gobierno agarró los ingenios y mandaron pa’ Juárez a todo el personal de confianza, porque ellos tenían su propio personal”.

Había cumplido 56 cuando lo despidieron. Antes, pudo comprarse una casa en una colonia residencial. Sus siete hijos habían terminado o estaban por terminar la universidad. Él tenía prestigio como contador honesto. Pensó que podría empezar otra vez.

“Conseguí trabajitos, pero nadie me volvió a inscribir en el Seguro Social. Cuando me di cuenta, ya habían pasado dos años. Entonces alguien me inscribió con el salario mínimo. Me jubilé dentro del grupo de ingresos más bajo, aunque siempre aporté a las pensiones desde el grupo más alto”.

Con el salario mínimo trabajó hasta el 9 de junio de 1994, cuando le vino el primero de tres infartos. Tenía a cuestas 60 años de vida, la presión de una auditoría y un salario miserable. Luis de la Vega no volvió a tener trabajo remunerado.

“Y desde ahí, mucho tiempo sentí que no merecía volver a comer”. Y eso que ha tenido suerte; sus hijos se hacen cargo de él y de su esposa.

“¡Seis meses!”, repite, y eso que no le va tan mal como a otros. Y que ya no tiene que hacer filas de tres horas para que le den su cheque. “Ahora nos depositan en una cuenta. Antes dábamos un espectáculo muy feo. Unos no podían ni caminar y teníamos que cargarlos entre dos o tres”.

Con todo y las batallas perdidas, Luis de la Vega es optimista. Su gloria es su inteligencia, que tiene que ver con pesos y centavos. “¿Sabe qué? Cuando me piden una cuenta, yo se las tengo hecha antes de que me terminen de dar los números. Y le digo: nada bonita que es la jubilación, de a tiro”.

En México a los viejos les pasa todo. Cuando no tienen afecciones ortopédicas, desarrollan padecimientos respiratorios, neurológicos o del corazón. Eso debería ser suficiente para que los sistemas médicos y de pensiones funcionaran más o menos. En cambio, los dolientes deben padecer otra enfermedad que está fuera de control: la burocracia y la injusticia. Lo dice un médico de 73 años que sabe mucho de ancianos y de pensiones: el internista Fernando de la Cueva.

En los años setenta del siglo XX, tras haberse especializado en Estados Unidos e Inglaterra y trabajado diez años para el Ferrocarril del Pacífico, Fernando de la Cueva fue director del Sistema Médico de esa institución, responsable de la atención de miles de ferrocarrileros, desde Guadalajara, Jalisco, hasta Nogales, Sonora.

A principios de los años ochenta, el médico vivió una historia común tras el reacomodo de la burocracia federal de aquellos tiempos. El entonces presidente José López Portillo decidió un día que los ferrocarrileros debían ser atendidos por el IMSS. Fernando de la Cueva perdió su empleo en 1980, cuando tenía 18 años de antigüedad.

No volvió a tener protección del IMSS. Cuando cumplió los 65 le avisaron el monto de su pensión por cesantía: mil 700 pesos.

La ha podido librar porque los líderes ferrocarrileros lograron, no hace mucho, que los
extrabajadores se beneficien de jubilaciones extra. La del doctor es un poco más decente que la que recibe del Seguro Social.

Menos mal que es médico, porque si no, además de la raquítica suma de dinero tendría que vérselas con sus propios achaques. “El IMSS tiene un servicio de maravilla en todas las especialidades. El problema es llegar a ellas. Si en abril usted tiene un dolor en la vesícula, es probable que le den cita en diciembre. Si usted tiene la vesícula infectada, para diciembre ya se murió”, lamenta y continúa con el ejemplo: “Si usted decide acudir a un doctor privado, de los que se olvidaron de la clínica y quieren que el laboratorio les dé el diagnóstico, entonces la consulta ya le salió en siete mil u ocho mil pesos…”.

Por fortuna, hasta ahora las únicas enfermedades graves de Fernando de la Cueva son externas. Se llaman burocracia e injusticia. Mientras los políticos y sus compadres se jubilan con sueldos de 90 mil pesos, lamenta, millones de trabajadores se retiran con mil 700 mensuales: “Nadie puede sobrevivir dignamente con eso. Ni los que no pagan renta. Los viejos, mucho menos”.

Éste es el Club de los Jubilados y de los informales que llegaron a viejos. Acá el requisito más importante es el uniforme: pantalón azul casi negro; chaleco azul casi negro, zapatos negros brillantes, camisa blanca y delantal azul casi negro para las monedas. En este club, los jubilados gastan cinco horas diarias de sus últimos días empacando las compras de otros. A eso, sus patrones lo denominan “responsabilidad social”.

Sus patrones son peculiares porque no son sus patrones. No les pagan un sueldo, aunque sí deciden qué uniforme deben usar, cuánto permanecerán en el club y con quién hablarán. El salario de los empleados tampoco es salario, porque no son empleados. La rutina es que los dueños de los paquetes suelten unas monedas cuando traigan cambio y ganas.

A sus 70 años, este empacador —a quien llamaremos don Pedro— cumplió un lustro en el club. De joven fue obrero de Calzado Canadá durante veinte años, hasta que lo liquidaron en 1983. Ya era cuarentón y le sucedió que nadie volvió a darle trabajo con prestaciones. Un día llegó la vejez, con una jubilación mínima: mil 800 pesos mensuales.

Don Pedro trabaja desde mediodía hasta las cinco de la tarde, gracias a que en 2001 sus “patrones” firmaron un convenio con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) que le da permiso a los viejos de ser empacadores voluntarios, con las ganancias que su suerte y su carisma les otorguen. (En 2010, don Pedro tenía casi 11 mil homólogos en el país, según el Inapam.

En Jalisco, un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG) encontró 416 empacadores ancianos en las sucursales de una sola cadena de supermercados, revela el documento “Estado de funcionalidad de adultos mayores empacadores en tiendas de autoservicio”, de 2008.

Su promedio de edad era de 69 años, pero cuatro de cada diez tenían entre 72 y 87 años.

La investigación halló que 65 por ciento de los hombres y 30 por ciento de las mujeres colegas de don Pedro estaban jubilados o pensionados. Cuando los investigadores les preguntaron por qué trabajaban, ocho de diez tacharon el inciso “Por necesidad”.

Don Pedro y sus compañeros no lo toman tan a pecho. Dice que no sabe qué haría en su casa, mientras acá se relaja, hace amistades, completa “el chivo”.

En México, las jubilaciones padecen segmentación extrema. Hay más de 100 esquemas distintos y sólo cubren a 30 por ciento de los viejos. Algunos son:

• Los trabajadores del sector privado afiliados al IMSS, y se dividen en dos categorías: los que comenzaron a cotizar antes de 1997 y los que lo hicieron después. Se financian con aportaciones propias, del patrón y del Estado.

• Los trabajadores del gobierno federal y de los gobiernos estatales afiliados al ISSSTE, con aportaciones parecidas y divididos en dos, por las reformas de 1997.

• Los trabajadores del propio IMSS, con derechos distintos de antes y después de 1997.

• Los trabajadores del propio ISSSTE, igualmente divididos en dos grupos.

• El sistema para los trabajadores de Pemex. Lo pagan los impuestos de los mexicanos.

• El sistema para los trabajadores del sector eléctrico, de antes y después de 1997, de la Comisión Federal de Electricidad, y de Luz y Fuerza del Centro.

• El especializado para los militares. Lo paga el Estado.

• El sistema para los trabajadores del sector financiero público, con fondos especiales para cada institución (Bancomext, Banobras, Nafinsa, Banco de México), con esquemas distintos para los que comenzaron antes y después de 1997.

• Los 32 sistemas para los trabajadores de los gobiernos estatales y municipales, uno por cada entidad.

• Los sistemas para los trabajadores de cada una de las 60 universidades públicas del país.

• Los sistemas para los empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para los altos funcionarios del gobierno federal.

• Los esquemas que han generado decenas de empresas privadas para el retiro de sus trabajadores.

Fuente: Informe “Sistema de protección social en México a inicios del siglo XXI”, de Enrique Valencia, David Foust y Darcy Tetreault, para la Cepal.

• En 2007, la pensión mensual promedio para un jubilado del ISSSTE fue de 7 mil 231 pesos, mientras que la de uno del IMSS fue de 3 mil 664 pesos: una relación de casi 2 a 1. La de Pemex fue de 20 mil 825 pesos: 2.8 veces la del ISSSTE y 5.7 veces la del IMSS.

• En 2008, la pensión mensual promedio para un jubilado de Bancomext fue de 27 mil 425 pesos: 3.5 veces la del ISSSTE y de 6.8 la del IMSS ese año.

• En 2010, la pensión mensual promedio para un jubilado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue de entre 140 mil 686 y 175 mil 858 pesos, más prestaciones: 14.7 veces la del ISSSTE y 28.7 la del IMSS.

• En 2010, la pensión mensual promedio para un jubilado de la Presidencia fue de 145 mil 838 pesos, más 51 mil 053 en prestaciones: 291 veces la de un beneficiado por el programa 70 y Más de la Sedesol.