Entrevista con Fabienne Venet, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A. C. Desde hace 20 años trabaja en asuntos relacionados con refugiados, derechos humanos, género y fortalecimiento social, y ha sido consultora de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México

La masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010, no sólo puso de relieve la escalada de violencia de la delincuencia organizada contra esta población, también evidenció la complicidad y la corrupción de las autoridades mexicanas que, a pesar de firmar acuerdos internacionales y de ser reprendidas por la ONU  y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, continúan sin garantizar los derechos de los migrantes que pasan por México.

A dos años y medio de la tragedia, del surgimiento de un movimiento de madres de Honduras, Guatemala y El Salvador que buscan en nuestro país a sus hijos desaparecidos, y de la aprobación de la Ley de Migración y su reglamento, Fabienne Venet Rebiffé, directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración A. C., analiza el fenómeno.

Venet trabaja desde hace 20 años en asuntos relacionados con refugiados, derechos humanos, género y fortalecimiento social, y ha sido consultora de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México. Para ella, la “seguritización” de la agenda migratoria es preocupante porque trasluce la falsa idea de que las personas migrantes son una amenaza para México.

A unos cuantos kilómetros del ITESO, donde transcurre la entrevista, circula el tren de carga que los migrantes han bautizado como “La Bestia”.  Ese gran gusano de acero soporta el peso de miles de hombres y mujeres que trepan a su lomo en busca del sueño americano y es testigo mudo de los abusos de maquinistas, policías y agentes de migración, así como de los bajadores que los acechan durante el camino para robarlos o secuestrarlos.

Migrantes de Latinoamérica y Asia son descubiertos al ser vistos a través de los rayos-X de la policía fronteriza cerca de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Dos tráileres transportaban escondidas y hacinadas, como se ve en la imagen, a 513 personas indocumentadas. Foto: Reuters

¿Cómo se involucró en la defensa de los derechos de los migrantes?

Yo comencé porque me topé con la situación de los refugiados centroamericanos a finales de los ochenta y, de repente, me di cuenta de que era una migrante también, pero muy privilegiada en contraste con esas personas que habían tenido que salir contra su voluntad de su país.

Por principio, no hay que olvidar que la migración no es unidimensional. Hay una mezcla de causas que provocan que la gente salga. Así, una migración forzada o económica está acompañada por diversos motivos, inseguridades estructurales o violencias.

¿Los migrantes son utilizados como mercancía?

Como mercancía, como fuente de recursos, para el control territorial y social. Ejercer violencia contra los migrantes no genera en México un costo social, tristemente. Me parece que toda esa violencia tan extrema de los últimos años con la matanza de migrantes es, también, una estrategia de dar el ejemplo sin costo social. No se toca a la población local, pero sí se le muestra lo que pudiera pasar. Desafortunadamente, ocurre en un ambiente de impunidad y, pues, ciertamente, de corrupción.

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¿Cómo evalúa el papel del Estado mexicano frente al fenómeno?

El Estado mexicano tiende primero a negar lo que ocurre. Cuando se empezaron a denunciar los secuestros decía: “No es cierto, no hay pruebas”. Tiende a deslegitimar la información, a desconocerla. Es omiso en su tarea de protección, con lo que viola los derechos de los migrantes a la seguridad, a la vida y a la justicia.

El gobierno mexicano habla sobre coherencia para tener autoridad moral para solicitar una reforma migratoria y un trato diferente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Invierte bastante en protección consular en Estados Unidos y en el mundo, pero no garantiza protección a las personas migrantes aquí en México.

¿Y la sociedad?

No se puede hablar de una sola respuesta o de una sola actitud de la sociedad. Hay respuestas extremadamente generosas y valientes como, por ejemplo, el caso de “Las patronas”: mujeres que se organizan para ayudar y que afrontan riesgos también para hacerlo, que incluso comparten su economía, lo poco que tienen. Creo que estamos viendo cada vez más respuestas de ese tipo, de parte de grupos de población mexicana menos privilegiada y, por lo mismo, más solidaria.

El Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación lo mostró en la encuesta que publicó en 2011. Hay personas que no estarían cómodas teniendo en su edificio a un extranjero o que no quisieran a un extranjero como compañero de universidad o escuela. Me parece que una cuestión fundamental es que hay muy poca información sobre el tema migratorio en México. Es muy parcial porque no da cuenta de todas las facetas de la migración y de la diversidad de seres humanos que integran esa movilidad.

La migración se tiende a visibilizar desde el drama o desde el supuesto delito, es decir, bastante sesgada. Yo creo que hay drama, pero no todo es eso.

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¿Se mira la migración con prejuicios?

La migración enriquece también a la sociedad. Cuando se habla de facilitar la migración, de garantizar el acceso a derechos y, por tanto, a servicios a las personas migrantes, se escuchan argumentos como: es que ejercen presión sobre los servicios públicos, de salud y de educación.

Y si nos vamos a las cifras, que son muy poco conocidas, por ejemplo, el censo 2010 —que es la vara con la que se mide al país—, nos dicen que un poquito menos de 0.9 por ciento de la población que reside en México nació en otro país. Menos de uno por ciento, entonces… ¡qué presión, qué riesgo, qué gasto! Luego, si te vas también a los gastos del censo a los niveles educativos, a los datos sobre ocupación, niveles de ingreso, de ese poquito 0.9 por ciento de la población, encuentras que la mayoría son personas con niveles educativos elevados, muchos generan empleo, tienen un ingreso elevado. Entonces no cuestan al país, creo que al contrario, ¿no? Y la población en situación de exclusión, de precariedad, en realidad en términos numéricos, es poca. Se sobredimensiona, eso se malinterpreta o se proyecta una imagen distorsionada

¿Se sobredimensiona?

Recientemente, el Instituto Nacional de Migración (INM) publicó un informe en el que decía que la migración de tránsito había disminuido aproximadamente 70 por ciento entre 2005 y 2010. No recuerdo exactamente la cifra, pero se estaba hablando de un tránsito de poco más de cien mil personas. Lo que ellos calculaban son aproximaciones, obviamente, porque la migración que se realiza de manera irregular, por definición no la puedes cuantificar con mucha precisión.

Se dice de manera sostenida que 500 mil migrantes centroamericanos cruzan cada año México…

Bueno, el INM  nos dice que no es cierto, que son menos de 200 mil, que ha disminuido la población migrante y, en cambio, la imagen que se suele manejar es de olas de personas. Necesitamos tener mejor información porque si no son tantos, ¿cómo no vamos a encontrar una solución? Cómo decir que ejercen mucha presión sobre los servicios de salud si éstos son incapaces de decirte a cuántas personas extranjeras atienden.

Foto: Reuters

¿Cuál es su percepción de la Ley de Migración?

La Ley de Migración se queda corta. Se queda corta, por una parte, porque es una ley que atiende el control y la regulación migratoria y, en ese sentido, decimos que más que una ley de migración es una ley de extranjería, dado que, salvo para el caso de entrada y salida del país, no se ocupa de la migración mexicana. Es una gran deuda la construcción de una política, así como de instrumentos normativos para atender la situación de las mexicanas y los mexicanos que emigran y que regresan.

Además, no cambia el paradigma desde el que se aborda el tema, porque continúa vinculando la migración con la seguridad nacional. Entonces uno piensa: “Terroristas, delincuentes, traficantes”.

Nosotros pensamos que hay que vincular el tema migratorio con el de la seguridad, pero la seguridad humana. Es decir, poniendo como el centro de la preocupación, de la política y de la ley, los derechos humanos y a las personas mismas.

Por otro lado, la ley sí reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos, independientemente de su condición migratoria, lo que de por sí ya estaba reconocido con la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Lo preocupante es que no se desarrollan los mecanismos necesarios para que las personas puedan efectivamente acceder a ellos, más allá de lo que está escrito en el papel.

¿Hay algunos avances con la nueva ley?

Se simplifica la estructura del sistema migratorio en la medida en que se reduce a tres grandes categorías: de visitante, residente temporal y residente permanente, cuando antes había equis número de calidades migratorias y luego como otras 50 características. Era poco flexible y complicado.

Sin embargo, los requisitos para acceder a las condiciones de estancia —así se llama ahora lo que antes se decía FM 2, 3, 9—, dan una mayor selectividad. Se establecen un sistema de puntos y un sistema de cuotas. Un sistema de puntos en función de mercado laboral, el sistema de cuotas también en función laboral, pero muy orientado a personas altamente calificadas, a personas jubiladas, pensionadas, inversionistas, digamos que un perfil muy selecto. Para el resto de las personas con perfil más precario, se accede a una condición de estancia por unidad familiar o por oferta de trabajo. Ahí es donde los requisitos no han variado mucho y no dan mayor acceso, en la medida en que continúa la cuestión de comprobación de solvencia económica. Además, no sabemos cómo se va a calcular la solvencia económica de una persona. Ni la ley ni el reglamento contienen lineamientos al respecto, lo cual pone a las personas en condición de inseguridad o de poca certeza jurídica.

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Cuando se habla de una condición de estancia con permiso para realizar actividades remuneradas, entonces hay que contar con una oferta de empleo que indique el puesto de trabajo, el tipo de trabajo, la duración del empleo, la duración del desempeño, el ingreso que se va a devengar y que obliga a presentar una constancia de inscripción del empleador en un registro de empleadores del Instituto Nacional de Migración.

Hay algunas cosas buenas, como, por ejemplo, una posibilidad de regularización por razones humanitarias, pero digamos que en términos de un saldo nos parece que hay muchos claroscuros. Y que hay más oscuros que claros, todavía.

¿La nueva ley se aprobó cuando se ha acusado al gobierno [de Felipe Calderón] de no haber combatido la corrupción en el INM?

Creo que tocas un tema fundamental y que no ha sido suficientemente abordado ni resuelto con la ley y su reglamento. El INM es una institución con una crisis muy profunda que necesita de medidas muy profundas. Sus problemas están siendo abordados a nivel de las responsabilidades individuales. La ley establece un sistema de certificación de sus funcionarios mediante pruebas de control de confianza, que desde nuestro punto de vista son absolutamente insuficientes para resolver la problemática y que evaden el problema estructural. Se evalúa a la persona, pero no a la institución ni las condiciones que coadyuvan a la corrupción, a la impunidad y al mal desempeño.

Algunas organizaciones civiles incluso han propuesto que desaparezca.

Me parece que algo fundamental es la profesionalización real de los funcionarios del INM, porque estamos hablando de funcionarios, más de niveles medios y bajos, sin formación suficiente, sin incentivos y mal pagados. Se propone la creación de un sistema profesional de carrera migratoria en el que haya formación, actualización y una evaluación que sancione el mal desempeño e incentive el bueno.

Es una institución extremadamente opaca. Más desde 2005, cuando fue clasificada como una instancia de seguridad nacional. La seguridad nacional ha sido el pretexto para la opacidad en el acceso a la información, a las instalaciones de detención, al manejo presupuestal, al desempeño.

Poco se conoce, por ejemplo, del presupuesto que se asigna a la protección de las personas migrantes. Cuánto es, en qué se gasta. ¿En sueldos, en honorarios, en vehículos o en servicios directos a la población? No sabemos. Creo que tal vez el avance que se dio es en acotar mejor el mandato del INM, en la medida en que ahora no es la hidra en la que se había convertido… Se ocupaba de la definición de la política migratoria en todas sus vertientes, del control migratorio, de la protección a migrantes, de la repatriación de mexicanos, o sea, era una cosa sin pies ni cabeza. Hoy quedó más acotado con la ley, y el instituto tiene una función en materia de regularización, control migratorio y estancia de las personas extranjeras en el país. La parte de formulación de política migratoria quedó ubicada en la Secretaría de Gobernación.

¿México cumple con los acuerdos internacionales?

México no está cumpliendo con todas las recomendaciones internacionales que se le han formulado, sea desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o desde el Sistema de Naciones Unidas. Cuando estaban en discusión la Ley de Migración y su reglamento, el relator de la Comisión Interamericana hizo una visita a México y formuló varias recomendaciones, una de ellas con relación a la detención de personas migrantes que la ley llama alojamiento, cuando en realidad es una privación ilegal de la libertad. No podía ser una regla, tenía que ser absolutamente excepcional… y bueno, continúa siendo una regla.

El acceso de las personas migrantes a la justicia y al debido proceso es precario. Se menciona que sí tienen derecho pero no se dice cómo, cuándo, dónde y por qué. En las estaciones migratorias no tienen acceso a la defensa, no siempre se hace la notificación consular y no existe un cuerpo de defensores públicos que los puedan asesorar. Quienes tienen acceso son los abogados más corruptos.

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¿Cuál es el reto de la sociedad civil?

Romper las barreras para ejercer su derecho a la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas. Eso, yo creo que lo vamos a lograr a través de la coordinación, a través de trabajo legal de defensa, de documentación, de denuncia y de incidencia nacional e internacional.

Tenemos que incidir para que haya un costo político por la violación de los derechos humanos de las personas migrantes. Se necesita cambiar la percepción social, entender mejor quiénes son las personas migrantes, por qué migran, entender mejor que no son una amenaza y que independientemente de que tengan la nacionalidad o no, son sujetos de derecho. Hay que agregarles un valor más allá de ese valor que le ponen los gobiernos a las personas migrantes, que es el envío de las remesas y del voto. Es el valor de ser una persona, es el valor de contribuir a las sociedades, a las economías, es el valor de ser sujeto de derecho y de merecer protección y cuidado de las autoridades.

Óscar Martínez, periodista de El Faro, tiene un libro llamado Los migrantes que no importan. Es así en términos de percepción social, parece que los migrantes no le importan a nadie, nadie reclama, nadie los busca.

Sí los buscan y sí los reclaman. Hay un movimiento cada vez más importante de familiares, sobre todo de madres pero también de hermanos, de padres, de hijos, de hijas que los buscan, los reclaman y quieren justicia; que los quieren vivos o muertos, pero los quieren. Quienes no los ven ni los reclaman suficientemente son sus gobiernos de origen y los gobiernos de los países donde se encuentran. Hoy no podemos decir que sean personas sin voz, pero ahora hay que escucharlas.

¿Cómo califica la desaparición de migrantes en la administración de Felipe Calderón?

Yo creo que es una situación terrible para una madre o para una familia, no saber si su hijo, hermano o padre continúan vivos o están muertos. Es la peor situación que puede haber, porque es la incertidumbre y es la imposibilidad en un momento dado de hacer un duelo. Lo hemos visto tanto en el caso de migrantes como en el caso de otras personas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Ese movimiento de familias, de víctimas que afrontan la indiferencia, el cinismo y la omisión de las autoridades. Las madres y otros familiares son quienes entonces se ponen a investigar, desempeñan el papel de la autoridad con costos en términos también de su propia seguridad y de su economía.

Foto: Reuters

¿En estos años ha observado historias de esperanza?

Creo que sí. Primero, las propias personas migrantes están cada vez más organizadas y desarrollan mayor capacidad para defender sus derechos. Estamos viendo también una multiplicación de organizaciones civiles pro migrantes, sea que ofrezcan servicios de atención o de asistencia, sea que trabajen más en promoción, en incidencia o en defensa. Creo que en el ámbito legal, aunque todavía no termine de consolidarse, empieza a haber pequeñas victorias

¿Cuáles son los retos de universidades y profesionales?

Desde las universidades hay un gran quehacer. Primero desde la formación ética y humana de los estudiantes, de manera que se sientan más comprometidos con las causas sociales y de derechos humanos. Que no les sean tan ajenas, independientemente de que estudien negocios, derecho, comunicación o arte. Me parece que hay un gran reto en términos de promover más investigación orientada a la acción y al cambio social con las organizaciones civiles. Hay un papel importante de la academia en lo que es el monitoreo, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas. m