Debido a la pandemia, miles de millones de personas fueron obligadas a quedarse en casa y las actividades productivas, educativas y de entretenimiento se paralizaron. El mundo se confinó. Carolina Jiménez Sandoval, directora de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas, advierte acerca de la tentación de los Estados por coartar los derechos y las libertades políticas como consecuencia de las medidas de emergencia sanitaria

Un virus invisible al ojo humano detuvo al mundo en 2020 y trastornó los hábitos cotidianos como nunca lo habíamos imaginado. Más de media humanidad se ha visto recluida y obligada a detener la mayoría de sus actividades diarias. Con la justificación de imponer emergencias sanitarias o de salud por la propagación y el contagio del virus SARS-COV-2 que produce la enfermedad llamada covid-19, los gobiernos de todo el mundo impusieron severas medidas de confinamiento, distanciamiento social, restricción de movilidad y libre tránsito, además de que se detuvieron las actividades educativas, laborales, productivas y de entretenimiento en cada país.

Pero, además de las medidas que afectan la economía y las relaciones sociales cotidianas, hay riesgo de que la emergencia sanitaria y el confinamiento social atenten contra derechos y libertades políticas que se habían ganado a lo largo de muchos años, señala Carolina Jiménez Sandoval, directora de Investigación de Amnistía Internacional (AI) para las Américas, quien participó en el foro “Efectos del covid-19 en los derechos humanos: tendencias, inercias y retos estructurales”, organizado por el ITESO el pasado 29 de mayo.

Las medidas de cuarentena decretadas por los gobiernos van desde las más inocuas, como el llamado voluntario a quedarse en casa para evitar los contagios, hasta otras más coercitivas que llegan a la imposición del confinamiento obligatorio, severas multas por no respetar las ordenanzas gubernamentales, penas de prisión y amenazas represivas para hacer cumplir dichas regulaciones.

 Las fuerzas de seguridad de República Dominicana detienen a personas por incumplir el toque de queda y el distanciamiento social.

Carolina Jiménez, venezolana, doctora en Relaciones Internacionales, cita como medidas extremas la imposición de arrestos por violar la cuarentena en República Dominicana (60 mil detenidos), El Salvador (dos mil detenidos) y Honduras (30 mil detenidos); denuncia además la imposición de confinamientos obligatorios, de entre dos y cuatro semanas, a migrantes devueltos a Guatemala y El Salvador, que fueron confinados en centros de reclusión más parecidos a cárceles que a centros de resguardo de la enfermedad.

También en México han ocurrido casos extremos, como el asesinato de Giovanni López Ramírez, albañil de 30 años, detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (a 35 kilómetros de la Zona Metropolitana de Guadalajara), el 4 de mayo por no portar cubrebocas y quien fue entregado muerto a sus familiares al día siguiente. La divulgación de este caso, un mes después de ocurrido, desató una oleada de irritadas protestas por parte de la sociedad jalisciense los días 4, 5 y 6 de junio, protestas que fueron respondidas con represión por el gobierno local que encabeza Enrique Alfaro Ramírez. (No fue el único caso en el país: se sabe por lo menos de otros dos: el de Alexander Martínez, a manos de un policía municipal de Oaxaca, el 9 de junio, y el asesinato de Yair López por policías de Tijuana, el 27 de marzo, pero que se divulgó la primera semana de junio de este año.)

En Chile, el gobierno conservador de Sebastián Piñera logró que los parlamentarios afines aprobaran en el Congreso Nacional, el 17 de junio pasado, modificaciones al Código Penal mediante las cuales se imponen penas de prisión de hasta cinco años a los ciudadanos que incumplan las medidas de cuarentena y de toque de queda.

Y en varios países se ha propuesto el control de la cuarentena con dispositivos tecnológicos que violan completamente la privacidad y los datos personales de los ciudadanos, por ejemplo en Israel, Singapur, China, Taiwán y Corea del Sur. Mediante el uso de aplicaciones para teléfonos celulares, con la justificación de monitorear e identificar a usuarios que porten el temido virus, los ciudadanos aceptan entregar los datos de su teléfono móvil al gobierno, y éste, además de monitorear la expansión de los contagios, puede vigilar las actividades privadas de sus ciudadanos.

Otro resultado de la pandemia fue el uso de las fuerzas de seguridad, desde policías a ejércitos, para aplicar las medidas de emergencia sanitaria. Carolina Jiménez cita el caso extremo del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien presionó al parlamento de su país para aprobar una ley que le permite gobernar mediante decretos, sin supervisión parlamentaria y por tiempo indefinido.

 Luego de la muerte de Giovanni López mientras estaba detenido por la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Guadalajara vivió tres días de protestas durante los cuales hubo detenciones arbitrarias por parte de las autoridades. El viernes 5 de junio se reportaron desapariciones forzadas a cargo de policías vestidos de civil quienes impidieron la llegada de jóvenes a una concentración en la Fiscalía de Jalisco, muchos de los cuales fueron liberados en la periferia de la ciudad.

Como alzó la voz de modo casi solitario el filósofo político italiano Giorgio Agamben, la pandemia de coronavirus fue el pretexto para imponer Estados de excepción en Italia y en el resto del mundo.

En medio del riesgo que corren las libertades políticas de ser restringidas, irrumpió de modo luminoso la protesta social en contra de la muerte del afroamericano George Floyd, estrangulado por la rodilla de un salvaje policía de Minneapolis el 25 de mayo de este año. Este acto de brutalidad policiaca hizo que la gente saliera de la cuarentena y participara en la mayor protesta social contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos en 50 años.

Todo indica que la pandemia ha producido una crisis de derechos humanos por el conjunto de grupos cuyas garantías se vulneran: de tránsito, de trabajo, de migración, posiblemente de alimentación. ¿Qué tan graves son estas violaciones desde la perspectiva de Amnistía Internacional?

Definitivamente, lo que al inicio se entendió como una crisis de salud —porque, al fin y al cabo, se trata de un virus que genera una enfermedad que constituye una pandemia globalizada—, rápidamente se convirtió en una crisis de derechos humanos como tal. Por una parte, se han tenido que restringir ciertos derechos para combatir este virus, por ejemplo el derecho al libre tránsito, porque una de las maneras en que se combate el virus es justamente a través de la distancia física, y eso implica restringir la movilidad de las personas en las sociedades, e incluso la movilidad migratoria, con el cierre parcial o total de muchísimas fronteras en el mundo. Pero, más allá de medidas que se tomaron con el fin de combatir el virus, también estamos viendo otras que han terminado lesionando los derechos de las personas de una manera distinta, por ejemplo arrestos arbitrarios, o la poca atención a la violencia doméstica contra mujeres y contra niñas, que está incrementándose por la cuarentena.

¿Cuáles son las principales restricciones y violaciones a derechos humanos detectadas por Amnistía Internacional en América Latina?

Por una parte, las detenciones arbitrarias. En algunos países se han vuelto el primer recurso para implementar cuarentena. Consideramos que la detención es el último recurso que tiene el Estado para ejercer el control de una situación. Pero en un país como República Dominicana, donde tienes 60 mil detenidos, se detiene a una persona que no respeta el toque de queda. Ésa es la primera medida que el Estado está tomando. En El Salvador, hay más de 2 mil personas detenidas en centros de confinamiento. El tema de las detenciones para cumplir la cuarentena es muy preocupante, porque muchas veces no sabemos en qué condiciones están las personas privadas de la libertad.

 Una mujer es detenida en Santiago de Chile durante una manifestación para exigir apoyos de parte del gobierno. La movilización tuvo lugar a pesar de la cuarentena impuesta como consecuencia de la pandemia.

Se han aprovechado las medidas sanitarias para reprimir disidentes o detener la protesta social. Un caso concreto es Chile, donde hacia el final de 2019 había una oleada de manfiestaciones. ¿Qué podría decir acerca de la aplicación de emergencias sanitarias en relación con la represión a las protestas?

Creo que 2019 fue una película que nos mostró la multiplicidad de razones que tenemos los latino-
americanos para salir a la calle a protestar. En algunos lugares fueron protestas de mujeres por sus derechos; en otros, protestas de jóvenes; en otros más, contra la corrupción, como el caso de Haití; protestas por temas de derechos civiles y políticos, como en Venezuela o en Bolivia. Lo que vemos es una región donde los ciudadanos en 2019 estaban muy dispuestos a no permitir que las cosas se mantuvieran como estaban, como en Chile, para acabar o mitigar las desigualdades existentes. Y en la mayoría de los casos, y es una gran preocupación, la respuesta de los gobiernos fue parecida: fue de represión y no de establecimiento de diálogos entre los gobiernos y los ciudadanos. Independientemente de los gobiernos de que se tratara, de la llamada izquierda o de la derecha.

En 2020 tenemos, en el contexto del covid-19, cuando se restringe el movimiento de las personas, que ya ha habido protestas por alimentos. Con la crisis económica que se está desatando es posible predecir que nuevamente las personas saldrán a la calle a protestar para exigir, sobre todo, derechos económicos y sociales. Nuestra gran preocupación es que los Estados vuelvan a caer en las políticas represivas de 2019, pero incluso con mucho más fuerza, aprovechándose del nuevo contexto. Para muchísimas personas, la protesta es la única manera que tienen de ser escuchadas. Muchas están haciendo protestas virtuales, pero no todo mundo tiene acceso a internet, y no todo mundo quiere hacerlo de esa manera. Hay mucha gente que se siente reivindicada yendo a la calle a protestar y a exigir alimentación, educación, que bajen el costo del pasaje que aumentaron sin consultarle… Sin violencia, como los casos de las marchas del 8 de marzo. Lo deseable, como mínimo, es que los Estados estén a la altura de las circunstancias. Por eso Amnistía Internacional lanzó su campaña “Represión no es protección”: porque tiene que cambiar la idea de que el Estado nos reprime para protegernos.

 ¿Cómo califica el trato de los gobiernos a los migrantes en América en el contexto de la pandemia?

Por una parte, tienes a Estados Unidos, que es un país receptor de migrantes, que no ha detenido las deportaciones en tiempos de covid-19, ni liberado a personas. Muy pocas han salido de centros migratorios, y algunos centros se han convertido en focos de contagio, además de que han cerrado la frontera y con ello cualquier posibilidad de asilo, a pesar de que tanto la ley interna de Estados Unidos como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos exigen que una persona pueda solicitar asilo en cualquier circunstancia, independientemente de que haya o no una emergencia. La actitud que tiene Estados Unidos, la xenofobia comprobada de Donald Trump, ha florecido aún más en este contexto, y eso es muy triste. Por otra parte, tienes a los países de origen, como El Salvador o Venezuela, que internan a los migrantes que son retornados o deportados en estos centros de confinamiento, sin ninguna condición para que estén ahí dos semanas, mucho menos 40 días.

 Debido al aumento de la violencia en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ordenó que los presos fueran mezclados sin importar que pertenecieran a pandillas rivales. También obligó el confinamiento en condiciones de hacinamiento, a pesar de la pandemia. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresaron su preocupación ya que se estaba atentando contra los derechos de las personas privadas de su libertad.

A pesar de la cuarentena siguen dándose los ataques a defensores del territorio o activistas, especialmente en América Latina. Se han presentado casos en México, Colombia o Brasil…

Sí, desgraciadamente la violencia contra los defensores no está en cuarentena. Hemos visto el caso colombiano, donde continúa el preocupante patrón de ataques y asesinatos de líderes sociales y sigue habiendo muchísima lucha por el control de su territorio, de comunidades campesinas, etcétera. En México también continúan reportándose, tristemente, asesinatos de defensores, sobre todo de personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente. Esto quiere decir que ningún órgano de protección que se haya implementado hasta ahora ha sido verdaderamente efectivo, porque de lo contrario ya habríamos visto un cambio sustancial. Ya sabemos que América Latina es la región más peligrosa del planeta para defender derechos de la Tierra, como lo dijo una organización [Front Line Defenders] que lleva la cuenta de los asesinatos de defensores del territorio, y en países como Brasil, Colombia y México, lamentablemente, siempre se agranda esa lista. No estoy muy segura que este año vaya a ser muy diferente.

¿Cómo defender derechos humanos y libertades políticas en tiempos de cuarentena?

Creo que debemos confiar en que cada uno de nosotros es un agente de cambio. Obviamente, tenemos que ser creativos en este momento; probablemente en algún momento del año volveremos a tener la oportunidad de protestar pacíficamente en las calles, pero ésa no es la única forma de protestar que existe: el mundo virtual también nos da la oportunidad de usar las redes sociales y nuestras propias plataformas para alzar nuestra voz, para firmar cartas, para dirigirnos a los líderes políticos, para ser parte de webinars y hacer uso de los medios tradicionales. Creo que no hay que subestimar el poder de un individuo protestando, incluso en tiempos en los que estamos recluidos en nuestras casas. Los periodistas nos dan un gran ejemplo: siguen haciendo su trabajo y sacando a relucir muchas verdades que los Estados quisieron ocultar. Y eso a pesar de que también ellos, los periodistas, están recluidos. Las organizaciones no gubernamentales también estamos trabajando. Creo que cada quien tiene el poder individual de ser agente de cambio, y no debemos pensar que el hecho de tener una movilidad limitada implica que se limita nuestra capacidad de informar, de promover mensajes y de promover acciones.

 George Floyd, un ciudadano estadounidense y afroamericano, murió el 25 de mayo de 2020, luego de ser detenido por cuatro policías de Mineápolis. Durante el arresto, el policía Derek Chauvin sometió a Floyd contra el piso presionando su cuello con la rodilla durante ocho minutos. El hecho generó una oleada de indignación y una serie de protestas contra el racismo.

El filósofo político italiano Giorgio Agamben escribió, cuando empezaron las medidas sanitarias y de confinamiento en Italia y en el resto el mundo, que se trataba de verdaderos Estados de excepción. ¿Ve que a largo plazo haya peligro de que se pierdan libertades?

Corremos ese riesgo, pero no hay nada escrito todavía. Creo que a veces nos enfocamos sólo en pensar cómo va a ser el mundo postcovid-19: ¿va a ser un mundo donde los Estados tengan mayores poderes para abusar de ciudadanos? ¿O va a ser un mundo en donde más bien los Estados se pongan de acuerdo para construir nuevos consensos con sus ciudadanos y atacar las desigualdades? En realidad, creo que lo que va a pasar después de esta pandemia depende de las decisiones que se tomen hoy en día; por eso me parece tan importante que las personas se sientan como un agente activo de cambio a pesar del confinamiento y a pesar de las decisiones gubernamentales, y a pesar de que hayamos tenido que aceptar esas restricciones porque entendemos que son para combatir el virus. Es cierto que la tentación de los gobiernos de restringir las libertades de los ciudadanos está presente en muchos países. Pero eso no quiere decir que ése sea el nuevo statu quo, porque el nuevo statu quo todavía se está construyendo. Sí corremos riesgos de perder libertades por las que llevamos muchos años luchando, pero eso no está escrito todavía. Creo que las decisiones de ahora van a afectar cómo nos despertemos en el mundo postpandemia.

En ese sentido, podríamos ligar esta situación con lo que pasa en Estados Unidos, cuando en medio de la cuarentena la gente sale a las calles a protestar por el asesinato de George Floyd y contra los abusos policiacos y el racismo.

Lo que está pasando en Estados Unidos me para los pelos de punta. Creo que muchos Estados todavía tienen grandes espacios para lograr cambios, y que no podemos olvidar que nosotros tenemos derechos políticos y que a través de esos derechos podemos ver cambios de maneras pacíficas: que hay elecciones, que hay prensa, que hay redes sociales, que hay muchas maneras de expresar nuestro descontento, y esa expresión del descontento, cuando es masiva, a veces logra cambios a situaciones como las que describes. Todavía tenemos algunos lugares de lucha que no se han perdido y que hay que retener. Por ejemplo, el espacio ciudadano sigue siendo muy importante. En algunos países se logran cosas a través de los sistemas de justicia. Es cierto que nuestros sistemas de justicia tienen cierto grado de paralización, pero funcionan más de lo que a veces creemos. Por ejemplo, había más de 4 mil migrantes en estaciones migratorias en México, y diferentes organizaciones civiles impulsaron amparos y la Corte resolvió a favor de que estas personas fueran puestas en libertad por parte del Instituto Nacional de Migración. Es una manera muy inteligente de parte de la sociedad civil de impulsar un cambio, a través de procesos judiciales. Creo que todavía hay muchas vías para detener esas injusticias. Hay que usarlas creativamente. .