La impunidad es fruto del irrespeto a los acuerdos que nos hemos dado para convivir. Es la ceguera y la sordera que impiden aprender lecciones de las dificultades. Es el empecinamiento de los soberbios. Es el disfraz con que el poderoso quiere ocultar que va desnudo. Es la posibilidad de dañar sin consecuencias

Corre la campaña ‘No más sangre’ en México; la indignación por las más de 34 mil personas muertas violentamente en combate contra la delincuencia organizada de la administración federal. Corren los reclamos a las autoridades, sobre todo federales —casi nunca a las locales, y menos a los delincuentes, organizados o no.

Pero no se delibera si el cese de la lid se traduciría en un cese del fuego por todas las partes, o el cambio de estrategia implicaría negociaciones con los señores del narco, la trata de personas, y el tráfico de armas u otras formas de contrabando. (Porque estamos hablando de negocios ilícitos diversificados: esto ya indica que la mera legalización de las drogas no acaba el problema). Tampoco se aterriza en propuestas legislativas y administrativas, ni en acuerdos o pactos de todas las fuerzas políticas sobre cómo se operaría en un esquema federal donde los gobernadores se han vuelto intocables y la federación ni se da abasto ni acaba de responder bien, dados los llamados “daños colaterales” y la prolongada presencia del Ejército en este campo, que no es el que constitucionalmente le compete.

Surge una justificada indignación por las muertes inocentes: niños y niñas; migrantes; una mamá activista que pedía justicia para su hija asesinada; una poeta comprometida con las mujeres; jóvenes y niños matados en retenes militares o a las puertas de su universidad; quienes buscaban la rehabilitación por adicciones; los empleados michoacanos ejecutados y metidos en una fosa cuando iban de turistas a Acapulco; quienes murieron cumpliendo su deber o por las tareas que cumplieron sus familiares.

No se reclama por la vida de los caídos del lado “malo”, ni se pregunta qué los llevó a enlistarse en el crimen. No  se cuestiona qué pasará con sus viudas, huérfanos, familias en desamparo. Es como declararlos “no personas”. No se les atiende con una política pública. Tampoco parece haber compromiso con las familias de los agentes federales caídos (Gustavo Castillo, La Jornada, 18/x/2010).

Poco caben, en el desaliento y la polarización, las reflexiones pausadas sobre los distintos rostros de la violencia, que no es sólo penal. Uno de ellos es la impunidad: la falta de una respuesta efectiva, que inhiba la sucesión de delitos y demás vulneraciones de derechos, y sirva como ejemplo de un cambio en las reglas del juego. Dejar sin castigo a quien ha infringido una norma —civil, penal, administrativa, ambiental, comercial, o política— es dejar de aprovechar la ejemplaridad de un error.

Llegar al poder por la buena, ejercerlo bien, administrar impecablemente; no robar, matar, violentar, ni causar daño a los demás y al medio ambiente; no  engañar, son las formas en que distintas normas marcan límites e invitan a actuar.

La regla del juego años atrás era la impunidad, y son apenas promesas iniciales los pasos dados (como la reforma al sistema de justicia penal) para terminar con las fallas estructurales en dicho ámbito y sus efectos: la ineficacia procesal, policial, ministerial, legislativa, judicial y del sistema penitenciario.

Pero faltan signos claros en otros campos: devolverle su fortaleza de instituciones de Estado a los órganos bisagra de la democracia: organismos electorales, de transparencia, de derechos humanos. Edificar ciudades para la civilidad; ofertar empleos de manera que no se arrebate el alma a quien entrega las fuerzas de su cuerpo para crear riqueza; contar con sindicatos que no acaben de derrumbar la esperanza.

La impunidad es fruto del irrespeto a los acuerdos que nos hemos dado para convivir. Es la ceguera y la sordera que impiden aprender lecciones de las dificultades. Es el empecinamiento de los soberbios. Es el disfraz con que el poderoso quiere ocultar que va desnudo.

Es la posibilidad de dañar sin consecuencias. Entraña un poder corruptor: vulnerar a otros o al medio ambiente, sin castigo administrativo o político: sin multa para quien se pasó un alto o manejó ebrio; sin cese para quien se fue de juerga en día laboral; sin la obligación de pagar el sostén de los hijos a quien maltrató a su mujer o la abandonó; sin cobro de fianza al fraccionador que vendió terrenos fraudulentamente; sin cárcel o reparación del daño a quien explotó a sus semejantes como esclavos.

El cese de la impunidad va más allá de la sanción penal. Es la decisión social de vivir conforme a reglas que ayuden a vivir en paz. Es el pacto social de aceptar límites, elegir a quienes deban aplicarlos y someterse a ellos cuando se ha fallado. Parte de la violencia comenzará a disminuir cuando este rostro de la impunidad sea encarado bajo la luz ejemplar y educativa del respeto a nuestra propia palabra, a lo que nos constituye como nación, empezando por la Constitución. Esa que nos reconoce como iguales —hermoso principio largamente incumplido—, esa que debería ser abrevadero de fraternidad en estos tiempos en que esperamos, anhelamos y exigimos la paz. m

Guadalupe Morfín
(Guadalajara, 1953)
Abogada y poeta. Ha sido presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (1997-2001); comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2003-2006) y fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (2008-agosto de 2009).
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