El escaso aporte de las universidades privadas a la movilidad social no constituye una justificación para la falta de acción de las instituciones educativas frente a la pobreza y la desigualdad. En realidad, frente a ninguno de los problemas que constituyen el horizonte de nuestras sociedades.

La caída del producto interno bruto (pib) durante el segundo trimestre de este año, de 17.1 por ciento con respecto al trimestre anterior, además de reflejar la disminución de la actividad económica, nos convoca a preguntarnos si existen o no condiciones para hacer frente a los efectos adversos de la pobreza, así como al impacto desigual de este problema en diversos grupos sociales. Se trata de un asunto crucial para quienes nos dedicamos al ámbito de la educación universitaria, máxime cuando se trata de una institución confiada a la Compañía de Jesús.

El PIB no explica por sí mismo la existencia de la pobreza y la desigualdad. Amartya Sen¹ ha postulado que en una sociedad no sólo es necesario proveer de los bienes primarios necesarios a sus integrantes más pobres. El economista sostiene que hay que pensar también en las condiciones que propician que esos bienes permitan a estas personas hacer cosas, es decir, tener capacidades. No es lo mismo tener bienes que tener capacidades.

En relación con las políticas públicas, lo anterior implica que éstas deben buscar que las personas tengan a su alcance, no únicamente los bienes que les permitan subsistir, sino también aquellos que les generen la posibilidad de elegir lo que quieren hacer. Una política pública debe abrir posibilidades de realización para todas las personas.

Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó el Análisis de los programas prioritarios al primer año de la Administración 2018-2024. Este documento es una revisión de los 17 programas sociales orientados a apoyar a los sectores sociales cuyas condiciones los ponen en situación de gran vulnerabilidad y presenta recomendaciones ante los escasos resultados que tienen las políticas públicas adoptadas durante más de 20 años.

Este fracaso tiene hondas raíces. La situación socio-económica de las personas está fuertemente condicionada por el nivel de riqueza del hogar de origen. Nuestras estructuras y disposiciones personales parecen proclives a aceptar que “cuna es destino”, de manera que la probabilidad de seguir en la pobreza es muy alta para quienes han nacido en un hogar pobre, de la misma manera que existe una probabilidad baja de que quienes provienen de hogares ricos puedan caer debajo de su posición de origen.² Las personas que provienen de zonas rurales tienen mayores obstáculos en materia de movilidad social.

Habría que analizar en qué medida el paso de los estudiantes por estas universidades representa un factor de movilidad. A juzgar por las percepciones, que no deben ser determinantes, hay diferencias que no son remontadas porque se relacionan con el prestigio, la infraestructura, la capacidad de innovación, la ubicación geográfica y la calidad de la educación.³

“México exhibe uno de los indicadores más bajos de correlación entre ingreso, educación y movilidad social”, afirma Ricardo Raphael y añade: “Las barreras de entrada al sistema educativo y las muchas aduanas que hay que cruzar en el camino hacen que el origen social de la persona tenga consecuencias fuertes sobre su destino educativo y, a la postre, laboral. Puede afirmarse aquí que el sistema educativo mexicano en vez de movilizar galvaniza la posición de las personas”.⁴

Para afrontar esta situación se debe garantizar que el ingreso, la ocupación, las redes de apoyo y la educación sean factores de movilidad social, pero ello implica una profunda transformación de las estructuras sociales y económicas.

Desde la universidad tenemos la tarea de pensar y realizar acciones necesarias para que la educación contribuya al pleno desarrollo de la personalidad humana, que implica liberarse del miedo y de la miseria. Al hacerlo, damos de frente con un obstáculo que atañe a la educación universitaria, pues ésta sólo tiene sentido en una sociedad que cuenta con las condiciones para que sus integrantes puedan crecer en función de sus capacidades y de sus logros. Así se colige del artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos”.

Sin embargo, esto sólo se logra en sociedades en las que el sistema educativo, con la rectoría del Estado, rompe con la inercia de la transmisión intergeneracional de la pobreza. En México, como en otros países afectados profundamente por la alta desigualdad, esta lógica no funciona.

Ante las deficiencias de la educación pública, reales o percibidas, y la falta de cobertura universal, sectores medios del país recurren a la educación privada,⁵ que tiene poco peso en la movilidad socioeconómica debido a dos factores: en primer lugar, quienes pueden acceder a ella en general se encuentran ya en una posición de bienestar, de manera que su paso por la universidad no representa un cambio de posición social; por otra parte, la falta de acceso universal a la educación superior en instituciones públicas multiplicó el número de universidades privadas. Estas opciones amplían el acceso a la educación superior, pero no siempre cuentan con la calidad académica indispensable.

El escaso aporte de las universidades privadas a la movilidad social no constituye una justificación para la falta de acción de las instituciones educativas frente a la pobreza y la desigualdad. En realidad, frente a ninguno de los problemas que constituyen el horizonte de nuestras sociedades.

Una universidad inspirada en el legado ignaciano no puede ser ajena a las condiciones de su entorno, ni renunciar a ser un actor relevante dentro de la esfera pública. El padre Diego Ledesma, profesor del Colegio Romano en el siglo XVI, afirmaba que los educadores “contribuyen al correcto gobierno de asuntos públicos y la apropiada formulación de leyes”. El sentido de esta afirmación permanece vigente: la responsabilidad social de las universidades exige que éstas se pongan al servicio de las personas desde la solidaridad, la compasión y el compromiso. Una manera de impulsar esta intención es la incidencia eficaz en políticas públicas y la exigencia a los Estados para que atiendan de forma adecuada sus obligaciones en materia educativa.

Así, en el cumplimiento de sus funciones sustantivas, la universidad tiene un amplio margen de acción. Sus programas deben ser pertinentes socialmente. Es necesario no quedarse en la descripción de los hechos ni en las explicaciones interesadas que terminan por avalar inequidades. Al respecto, me parece pertinente recordar a Else Øyen,⁶ quien llamó la atención acerca de la importancia de realizar con extremo cuidado las investigaciones relacionadas con la pobreza en razón de que sus resultados pueden tener grandes consecuencias en la vida de este sector de la población.

No sólo necesitamos describir lo que tenemos ante la vista, sino atrevernos a emplear nuestras habilidades de análisis para poner a la luz los mecanismos actuales de producción —indirecta, pero sobre todo directa— de pobreza. Debemos también ser capaces, no únicamente de denunciar la desigualdad, sino también de proponer alternativas para combatirla. .

Notas al pie

1. Amartya Sen, Development as Freedom, Knopf, Nueva York, 1999.

2. Raymundo M. Campos Vázquez, Juan E. Huerta Wong y Roberto Vélez Grajales, Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C., México, 2012.

3. Óscar A. Martínez Martínez y M. Elena Vega Torres, “La marginación social y la perspectiva de la educación privada en México. Un estudio cualitativo”, Revista de Sociología, vol. 34, núm. 2, 2019, pp. 20-33, DOI: 10.5354/0719-529X.2019.51272

4. Ricardo Raphael, Mirreynato, la otra desigualdad, Planeta, México, 2014, p. 2016.

5. Adrián de Garay y Eduardo Navarro, “El rompecabezas de la educación superior privada. Algunas piezas locales para comprender las nuevas dinámicas del sector privado en México”,
El Cotidiano, vol.  34, núm. 213, 2019, pp. 106—122.

6. Else Øyen, “Investigación sobre la pobreza: los pobres merecen investigación de calidad”, en El rostro indígena de la pobreza (Virgilio Álvarez Aragón, comp.), FLACSO, Guatemala, 2003.