La defensa de los migrantes en la segunda era Trump

Foto: Matthew Rodier / SIPA

La defensa de los migrantes en la segunda era Trump

– Edición 503

Foto: Matthew Rodier / SIPA

Ante la llegada de la nueva administración republicana y un panorama nada halagüeño para las personas indocumentadas en tránsito rumbo a Estados Unidos, especialistas y activistas analizan posibles escenarios y acciones desde las organizaciones sociales

En las bocinas de un atestado Centro de Convenciones de Palm Beach sonaba un coro: “And I’m proud to be an American” (“Estoy orgulloso de ser un americano”), que forma parte de la canción God Bless The USA, de Lee Greenwood. Donald Trump avanzaba sobre el telón de fondo que formaba un puñado de banderas de barras y estrellas, y junto a él iban su familia y su equipo de colaboradores. 

Era su primer discurso como presidente electo, por segunda vez, de Estados Unidos, luego de que se confirmara su ventaja sobre la candidata demócrata Kamala Harris, tras una campaña en la que el republicano no se cansó de repetir que iniciaría un proceso de deportación masiva contra los inmigrantes sin documentos que viven en el territorio estadounidense: “Vamos a sellar nuestras fronteras y vamos a dejar que la gente entre en el país. Queremos que la gente regrese. Tenemos que dejarlos regresar, pero lo van a tener que hacer de manera legal. Tienen que venir, pero de manera legal”, aseguraba frente a sus correligionarios.

Era un tono en apariencia conciliador —en poco menos de 30 minutos de duración sólo mencionó el tema migratorio en esta frase—, propio de alguien que, a partir de enero de 2025, habrá de gobernar la nación más poderosa del mundo. Pero el optimismo duraría poco. Su hostilidad reapareció muy pronto y arreció en los días siguientes, esta vez con actos específicos.

Comenzó con los nombramientos de dos figuras radicales: Stephen Miller, exasesor y autor de algunas de las más severas directrices antinmigración en el pasado mandato de Trump, ahora en el cargo de subdirector de Política; y Tom Homan, exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), como futuro zar fronterizo a cargo del ambicioso plan de deportación masiva que, se calcula, afectará a alrededor de 11 millones de personas y contempla ir en contra de las llamadas “ciudades santuario”, sitios donde las políticas locales no colaboran con la ejecución de leyes federales de migración.

Vino después la designación como secretaria de Seguridad Nacional, área clave en las políticas de control fronterizo, de Kristi Noem, exgobernadora de Dakota del Sur, célebre por mandar a la Guardia Nacional destacada en su estado hacia Texas a fin de reforzar acciones de vigilancia y por ofrecerse a llevar ella misma alambre de púas a fin de parar la invasión migrante.

Un joven manifestante latino sostiene un cartel que dice: “Dejen de tratar de borrarnos”. Foto: Jacob Lee Green / SIPA

Ha habido otra serie de bravuconadas, como amenazar con instrumentar un arancel de 25 por ciento a las exportaciones de los países vecinos —México y Canadá— si no detienen la inmigración ilegal; ejecutar la Operación Aurora de deportación con el cobijo de una ley, promulgada en el siglo xviii y utilizada en tiempos de guerra, que contempla la expulsión de los enemigos invasores (esa ley sólo se ha aplicado en tres ocasiones: durante la guerra de 1812 contra el Reino Unido, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, contra descendientes de japoneses que radicaban en Estados Unidos); además, la promesa de la Oficina General de Tierras de Texas de donar un terreno de 500 hectáreas a la administración federal para la construcción de centros de deportación.

A esto se suma la incertidumbre por la probable desaparición de varios programas de protección a migrantes, como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA), que protege a los hijos de inmigrantes indocumentados, los dreamers, que llegaron siendo menores al territorio y que fue aprobada durante el mandato de Barack Obama; el programa Parole in Place, surgido apenas en junio pasado, durante la presidencia del saliente Joe Biden, que concedía la residencia a los cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses; el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que cuida a unas 330 mil personas refugiadas que en sus naciones de origen sufrieron hambruna, violencia o desastres naturales y cuyo beneficiarios son mayoritariamente originarios de El Salvador, Honduras y Haití; el parole humanitario, que permitió el asilo de migrantes de Venezuela, Cuba o Nicaragua que huían de regímenes considerados dictatoriales; o el fin de la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional (la OHSS, por sus siglas en inglés), durante el primer mandato de Trump, 2017-2021, fueron deportadas más de 1.5 millones de personas; esto representó poco más de la mitad de las 2.9 millones de deportaciones que hubo durante la primera presidencia de Obama, y menos aún que en su segunda (1.9), y está a la par de los 1.49 millones en la era Biden.

La diferencia radica en los tipos de deportaciones: las ejecutadas por mandato de Biden fueron en su mayoría devoluciones rápidas en la frontera, mientras que con Obama las deportaciones comenzaron a darse más desde el interior del país, tendencia que se mantuvo en el primer mandato de Trump con un matiz diferente, ya que dejó de ser prioridad expulsar a aquellos que habían sido condenados por un delito y el criterio se abrió a cualquier persona sin documentos, lo que implicó la separación de miles de familias y la detención de infantes. Algo que podría repetirse o incluso fortalecerse en este nuevo capítulo, si es que el presidente entrante logra superar los obstáculos presupuestarios y logísticos.

Una mujer porta un cartel que dice “Deportación masiva ahora”, durante la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Foto: Andrew Harnik /Getty Images / AFP.

La bestia está de regreso

“En términos de la política migratoria de Trump podemos decir que ya conocemos a la bestia, pero hay que entender que viene con mucho más poder y refuerzo. Aunque aún no está muy clara su política, lo que sabemos es que se planea hacer deportaciones masivas, ir en contra de los estados y ciudades santuario (como la ciudad de Nueva York o el estado de California), y que su enfoque no va a ser solamente el exterior de las fronteras, sino también el interior”, explica Marissa Montes, directora de la Clínica de Justicia para Inmigrantes de la Escuela de Derecho Loyola (LIJC, por sus siglas en inglés) de la Universidad Loyola Marymount.

Montes explica que las organizaciones sociales son conscientes de que deben preparar a la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos para un panorama desolador, e incluir, necesariamente, asesorías acerca de la vida después de la deportación.

“La gente no siempre conoce sus derechos; anticipamos que habrá no sólo deportación forzada, sino también voluntaria, forzando a la gente a firmar sus propias deportaciones. Debemos prepararlos para una vida en su país de origen. Si eres una persona indocumentada debes conocer tus derechos: qué pasa si tienes contacto con Migración, preparar a tu familia por si llegan a ser separados o deportados como unidad familiar. Es importante reforzar las campañas de doble ciudadanía, así como documentar a tus hijos en su país de origen, para permitir la reintegración de una manera más fácil. Para los que ya son ciudadanos de Estados Unidos, el acta de nacimiento no basta: recomendamos que también saquen pasaportes estadounidenses como comprobante adicional”, afirma.

La abogada vaticina un uso cada vez más frecuente de los Protocolos de Protección a Migrantes —reactivados en 2021—, una acción gubernamental de Estados Unidos por medio de la cual los ciudadanos y nacionales de países aparte de México permanecen en territorio mexicano mientras esperan audiencia migratoria.

“Con los migrantes en tránsito hay un problema jurídico: no podemos hacer mucho por ellos si no ingresan al país. Podemos brindar representación, pero ya cuando llegan. También creemos que se va a atacar a las visas humanitarias que ya existen en Estados Unidos. Eso va a ser un poco más complejo, porque se requiere un cambio legislativo, pero es algo que Trump anticipa hacer […] El mayor miedo es que la administración de Trump ha dicho que no nada más va a ir contra la comunidad migrante, sino contra la gente que apoya a esta comunidad. Pero como defensores no nos queda de otra, ya lo hicimos una vez”, añade.

Wilmer José Hernández Subero, codirector ejecutivo de FM4 Paso Libre y especialista en los ámbitos de movilidad humana, migración, protección internacional y refugio, contempla que el anuncio de la deportación masiva y las declaraciones altisonantes de Trump son un punto de partida de un panorama sombrío, sobre todo por el inicio de un bloqueo sistemático de acceso a las personas migrantes y refugiadas que intentan cruzar la frontera gracias a cualquiera de los alivios migratorios establecidos por la administración de Biden e, incluso, por la primera era de Trump.

Estas advertencias ocasionaron un incremento en la movilidad de personas que intentan desplazarse por el territorio mexicano y llegar cuanto antes a la frontera norte, asumiendo que son inminentes estos cambios y la rudeza en la política migratoria, para intentar ser partícipes de alivios migratorios vía las solitudes de asilo tramitadas por la aplicación de citas CBP One.

“La idea es tener una esperanza de ingresar a los Estados Unidos antes de que empiece la era Trump”, dice. “Como parte de una red de defensores de derechos humanos de las personas migrantes en México, hemos estado viendo con preocupación la situación y el comportamiento de los flujos migratorios, y el aumento del paso de personas desde el sur, el centro, el occidente y el norte”.

Para Hernández, es alarmante la tentativa de involucrar el uso de las fuerzas armadas en los operativos de deportación, pues esto puede desencadenar una ola sistemática de violaciones a los derechos humanos. “Hay una militarización de la acción, pero no nada más del lado de Estados Unidos, sino también del lado mexicano. Observamos cómo la Guardia Nacional cada vez va asumiendo más competencias, incluso en el ámbito de la movilidad humana”, menciona.

También se prevé el aumento de transmigrantes transcontinentales, o sea que no nada más provienen de la zona norte de Centroamérica, como tradicionalmente pasaba —Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador—, sino también de Venezuela, Cuba, Haití, Colombia, así como de África, de lugares como Ghana, Argelia, Guinea Bisáu, Guinea Ecuatorial o Mali, o población china que no se había visto antes en contextos de movilidad, porque ellos tienen sus propios círculos o comunidades de apoyo.

DACA son las siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Es una política migratoria de Estados Unidos que retrasa la deportación de quienes llegaron al país cuando eran niños y no tenían documentación o estatus legal migratorio; también otorga permisos de empleo. Foto: Erik McGregor/ SIPA

El impacto en México

La embestida de la bestia también tendrá repercusiones de este lado de la frontera. Karina Arias Muñoz, profesora del Programa de Asuntos Migratorios (Prami), del Centro Universitario de Incidencia Social del ITESO (Coincide), considera que las amenazas de Trump afectan a varios ámbitos, por ejemplo, áreas de la economía nacional y la seguridad interna, además de que encierran el peligro de desencadenar una crisis humanitaria.

“Independientemente de darse o no las deportaciones masivas, está la amenaza de los aranceles y de la renegociación del Tratado de Libre Comercio; es una amenaza muy fuerte ante la que México ya ha tenido una reacción [en la administración pasada], que fue: ‘Acepto, cierro mi frontera contigo, dejo que la gente se quede acá y acepto deportaciones’. Es algo de lo que tampoco se habla, pero México acepta deportaciones, no solamente de personas mexicanas, sino también de personas extranjeras”, explica la investigadora, quien considera que los aranceles y el control del narcotráfico siempre han sido moneda de cambio en la cuestión migratoria.

Para Arias Muñoz es importante señalar que no se espera que lleguen cinco millones de personas en tres días, sino de forma gradual. Por ejemplo, actualmente llegan tres vuelos de personas deportadas a la semana al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): “Si los vuelves seis o nueve vuelos, ya duplicaste o triplicaste el número de personas”, dice.

Eso será algo para lo que las autoridades nacionales, estatales y municipales, así como las organizaciones sociales, deben estar preparadas, especialmente en lo que respecta a la información, tanto en la etapa previa como en la posterior a la deportación. Se deberán fortalecer procesos de redes, tanto en México como en Estados Unidos, y contar con directorios actualizados, sabiendo qué organizaciones brindan qué servicios o en qué lugares, tanto allá como acá.

“No sabemos si las deportaciones vayan a seguir dándose al AIFA, que es un lugar complicado para la presencia de organizaciones civiles y de asesorías. O si vayan a regresar al modelo que tenían antes, que era que llegaran vuelos a los aeropuertos de Morelia y Guadalajara. Esa sería otra posibilidad para la atención, sobre todo del gobierno federal, que hace lo propio, pero también del gobierno estatal, que cuando se reactivaron esas deportaciones implementó un plan de recepción de personas”, menciona.

Una de las mayores ventajas que Hernández Subero considera que tienen las organizaciones civiles es que llevan años haciendo lo mismo, supliendo incluso la acción de protección consular o la que debería desempeñar cada una de las misiones diplomáticas con su conciudadanos. Tienen experiencia como garantes y voz de los derechos de las personas en movilidad.

De hecho, explica, muchas organizaciones ya van de la mano de actores clave, como la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas (ONU Migración) o el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), intentado avanzar en iniciativas de solicitud al gobierno mexicano para ratificar la idoneidad y la independencia de los órganos que trabajan en atender a quienes solicitan protección internacional en México, como es el caso de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que está ahora mismo en un limbo jurídico y que tuvo una reducción presupuestaria para 2025.

“A través de la Comar podemos obtener el reconocimiento de la protección internacional de una persona en México, el reconocimiento de su estatus como refugiado, y si se ralentizan o burocratizan sus trámites, o no da respuesta porque está colapsada y disminuida, pues el panorama es bastante difícil. Ese famoso muro que se prometía en el ‘Trump uno’, al final, fue el mismo México, con el trato a las personas y los procesos que contribuyeron a la retención del lado mexicano”, añade.

Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, que por dos años coincidió con el de Trump, también se insistió en la seguridad de la frontera sur de México, para contener desde ahí la ola migrante. Tanto Hernández Subero como Ruiz Muñoz creen que esas políticas seguirán.

“Creo que va a haber continuidad, coincidiendo con la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional, que ya es una instancia militar facultada por la ley para hacer control migratorio. Entonces, lo que podemos esperar es una mayor participación, pues lo que se hizo con la reforma fue constitucionalizar una práctica que ya existía”, admite Ruiz Muñoz, quien también opina que otro pendiente es conocer la política del Instituto de Nacional de Migración en función de las detenciones, pues ahora legalmente se puede detener y deportar a las personas desde México.

La participación de la Guardia Nacional en tareas de control migratorio es, para Hernández Subero, una peligrosa militarización de las acciones correctivas del Estado. Entraña la criminalización de la migración y no el tratamiento jurídico que se le debería dar: “La migración no es un delito. En todo caso, no tener documentos que prueben o justifiquen que la persona esté en México es sólo una falta administrativa”.

Foto: Erik McGregor / SIPA

La conciencia social

Las acciones que realicen las organizaciones no gubernamentales valen poco si no hay una concientización de la población acerca de este problema, en todos los sitios que forman parte del corredor migratorio, tanto en nuestro país como en los destinos del país vecino, donde hoy los migrantes son parte fundamental del motor económico, pagan impuestos y aceptan trabajos que muchos ciudadanos estadounidenses no quieren realizar.

“Al final, se termina estigmatizando de forma negativa a las personas en contexto de movilidad. Lo que hemos venido haciendo es tratar de desmitificar que vienen a quitarnos el trabajo, la tranquilidad o la atención médica. Son personas huyendo de situaciones muy adversas en sus países de origen. No toman una mochila y caminan por medio continente porque les place: lo hacen porque están huyendo de una situación extrema, tratando de buscar un futuro”, menciona Hernández Subero, para quien retener a alguien sin garantizarle la no violación de derechos ni el tratamiento del debido proceso es un acto ilegal e, incluso, en no pocos casos, implica una verdadera desaparición forzada de personas.

Una defensa, dos territorios

La defensa de los migrantes desde las asociaciones civiles y la academia es un asunto que compete a dos suelos: México y Estados Unidos. Pensando en esto, nació el Proyecto Binacional de Incidencia Migratoria, una colaboración entre la Clínica de Justicia para Inmigrantes de la Escuela de Derecho Loyola (LIJC, por sus siglas en inglés) de la Universidad Loyola Marymount y el Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos (Desoj), a través del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) del Centro Universitario de Incidencia Social (Coincide) del ITESO.

Esta iniciativa, que está en proceso de gestación y búsqueda de encargados del lado de Guadalajara, se propone alentar la integración de la población migrante y sujeta de protección internacional y/o en retorno-deportada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, con acciones de acompañamiento, actividades académicas, culturales y de integración a espacios universitarios con los que cuenta el ITESO.

“El proyecto de clínica binacional es algo que se ha estado gestionando desde hace ya tiempo, a petición de organizaciones como el Servicio Jesuita a Refugiados, que busca una participación de las universidades locales jesuitas, a fin de preparar a más estudiantes de Derecho, de Relaciones Internacionales, de Psicología u otras carreras en materia migratoria, para ocuparse de las necesidades de atención a la población y para que los estudiantes realicen un trabajo clínico durante su carrera”, explica Karina Arias Muñoz.

La idea es brindar apoyo con servicios de representación y acompañamiento jurídico en materias de protección internacional, justicia cotidiana y litigio estratégico a la población migrante y reconocida con el estatus de refugiada, en seguimiento a la petición de la Red Jesuita con Migrantes, en su capítulo México, de abrir este tipo de espacios en las universidades confiadas a la Compañía de Jesús.

“Esta clínica jurídica va a replicar la estructura que tenemos en Los Ángeles, lo que significa que será una clínica basada en la comunidad. Así que los asuntos jurídicos que vamos a llevar y la incidencia que tendremos dependerá de las necesidades de la comunidad. Tenemos proyectos en los que ya estamos trabajando: uno es la campaña de la doble ciudadanía, Jalisco tiene los números de retornados más altos de Estados Unidos, y la mayoría es de residentes de Los Ángeles. Por eso Guadalajara es tan importante geográficamente para hacer este tipo de trabajo”, explica Marissa Montes.

Según estimaciones del investigador Jorge Durand, en Estados Unidos hay alrededor de un millón de jaliscienses (9 por ciento del total de las personas de origen mexicano en aquel país). Esta cifra representa 11.34 por ciento de la población de Jalisco, si se sumara a los 8.3 millones de habitantes de la entidad. Según los cálculos, podría haber alrededor de 50 mil jóvenes de origen jalisciense formando parte del programa DACA.

Jalisco es también el principal estado que recibe población retornada, de acuerdo con el Inegi. En 2020 se identificó a 32 mil 520 personas, 8.69 por ciento del total nacional.

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MAGIS, año LX, No. 502, noviembre-diciembre 2024, es una publicación electrónica bimestral editada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, A.C. (ITESO), Periférico Sur Manuel Gómez Morín 8585, Col. ITESO, Tlaquepaque, Jal., México, C.P. 45604, tel. + 52 (33) 3669-3486. Editor responsable: Humberto Orozco Barba. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. 04-2018-012310293000-203, ISSN: 2594-0872, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número: Edgar Velasco, 1 de noviembre de 2024.

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