Nuestra CVJ debe presentar una forma alternativa de ligar la verdad con la justicia, dando prioridad a la víctima. El concepto sobre el que podríamos hacer este vínculo es el de justicia “a verdad sabida”, es decir, ubicar a sobrevivientes como fuente igualitaria de verdad y como titulares de derechos

El viernes 28 de octubre, el gobierno federal dio a conocer los nombres y perfiles de los integrantes de la nueva Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidas de 1965 a 1990 (CVJ).

La nueva Comisión, nuestra comisión, es en realidad un proyecto histórico con alcances fundacionales. Pretende voltear tanto al pasado, para esclarecer lo ocurrido durante la Guerra Sucia, como al futuro. Así, investigaremos y expondremos graves violaciones con miras a establecer una nueva cultura de derechos humanos.

Dado el mandato que establece el decreto presidencial que crea la CVJ, estamos dando prioridad a atrocidades individuales y no tanto a injusticias sistémicas. Por eso nos enfocaremos en las víctimas y en los autores de los crímenes.

Pretendemos dar con la verdad de los hechos, sin duda. Pero entendemos esta verdad como desvelamiento de los perpetradores y del régimen que los alentó y protegió. Esto porque nuestro objetivo primordial es el restablecimiento de la dignidad humana y cívica de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como la instrumentación de la justicia involucrada en el (re)establecimiento de un respeto moral igualitario para las personas, como las bases para una nueva cultura de derechos y una democracia básica.

La CVJ no forma parte del funcionamiento “normal” de nuestra democracia. Es un mecanismo extraordinario de verdad y justicia como proyecto fundante en el contexto transicional de consolidación de un nuevo régimen democrático, con derechos y responsabilidades, expresión de la determinación democrática y de la voluntad política de víctimas y sobrevivientes, acompañadas por el Estado.

Nuestra función “fundante” —decía la Comisión de la Verdad de Sudáfrica— está orientada hacia la verdad del pasado para enfrentarlo como sociedad, pero preferentemente dirigida a establecer un nuevo orden moral y político, sin impunidad, pactos de silencio ni crímenes perpetrados por autoridades. Si miramos al pasado, lo hacemos como proyecto de fundación histórica. Tratamos con el pasado con el objeto, también, de despejar el camino para un comienzo renovado.

Nuestra CVJ ha de tener un carácter público y democrático, como forma de funcionamiento y también como un ejercicio deliberado de educación política. Ha de priorizar el proceso de esclarecimiento de la verdad, por encima del producto que se espera (un informe final). En mi opinión, éste fue el error más importante de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Es difícil que podamos presentar “verdades” no reveladas anteriormente, aunque pueda haber algunas sorpresas. Pero hemos de mostrarlas desde el costo humano que significan y han significado las atrocidades cometidas, de suerte que la verdad sea presentada, no como un dato, sino como una catástrofe.

Por esto, pensamos que ha de funcionar primordialmente con base en audiencias en las que las víctimas y sobrevivientes puedan contar sus propias historias en un contexto no confrontacional. Esto será una expresión de reconocimiento de la urgente necesidad de restaurar su dignidad humana y cívica lastimada.

También convendrá que haya audiencias públicas “contextuales” que no se enfoquen en individuos en particular, como autores o víctimas, sino en describir dinámicas, tendencias, situaciones de los contextos en los que ocurrieron las violaciones graves a los derechos humanos.

La CVJ escuchará a muchos participantes en el conflicto de la Guerra Sucia: víctimas, responsables, actores sociales, sobrevivientes. Tiene que generar una verdad incluyente, que no sólo dé cuenta de las atrocidades cometidas, sino que también ayude a explicar el conflicto y los factores de persistencia. Es decir, su tarea es no sólo producir un informe, es también contribuir a un proceso de asimilación de esa verdad, que es mucho más amplio y se proyecta en el tiempo por venir.

La verdad estará enfocada, evidentemente, en la divulgación de las violaciones graves a los derechos humanos de los regímenes anteriores y de los conflictos del pasado. Mas no sólo se trata de obtener conocimiento de los hechos, sino de encontrar formas apropiadas para que sean reconocidos. En cierto sentido, estos hechos son ya conocidos. El problema está en que estas violaciones han sido negadas o justificadas.La cuestión no es tanto una falta de conocimiento como de rechazo de los implicados a reconocer la existencia de estas atrocidades políticas, su índole injustificable y su papel en ellas. Ésta es una cuestión política.

Negar es una demostración de poder político. Para las víctimas es una duplicación de la violación básica, una negación reiterada de su dignidad humana y ciudadana. A los agresores les sirve para definir su poder: no sólo están en posición de cometer atrocidades, sino que además pueden hacerlo con impunidad.

Por todo esto, esta cvj debe insistir en los procesos de reconocimiento público. Sólo esto puede restaurar en forma pública la dignidad de víctimas y sobrevivientes mediante el reconocimiento de la verdad de lo que les ha sido infligido. Que los perpetradores reconozcan de forma pública esas violaciones lanza también el mensaje de que ellos y ellas, también, están sujetos a normas básicas de responsabilidad.

Sin reconocimiento de las atrocidades políticas del pasado se daría la confirmación de la impunidad para los autores y una negación continua de la dignidad cívica y humana de las víctimas. De esta manera no es posible reconocer derechos igualitarios a víctimas y victimarios ni, por tanto, construir procesos democráticos que los implican.

Aspiramos a “judicializar” todas aquellas violaciones graves a los derechos humanos que podamos conocer. Pero no siempre será posible. La justicia penal tiene muchos requerimientos, así, por ejemplo, se fija sólo en lo que es relevante para la culpa o la inocencia criminal del autor de los crímenes. No atiende a la verdad de la víctima. Ésta es la experiencia de numerosas comisiones semejantes a la nuestra.

Por esto, nuestra CVJ debe, además, presentar una forma alternativa de ligar la verdad con la justicia, dando prioridad a la víctima. El concepto sobre el que podríamos hacer este vínculo es el de justicia “a verdad sabida”, es decir, ubicar a sobrevivientes como fuente igualitaria de verdad y como titulares de derechos. Esto implica, de nuevo, celebrar audiencias públicas que permitan el reconocimiento de víctimas que cuenten sus propias historias, con el derecho de enmarcarlas desde su propia perspectiva, para que sean así reconocidas como fuentes legítimas de verdad y de reclamos de derechos y justicia. La fuente de la justicia es la verdad narrativa, no la verdad jurídica.

Los agresores, en cambio, no son invitados a contar sus historias, sino a revelar y reconocer su parte en las atrocidades políticas del pasado.

La CVJ, por sus pretensiones y metodología, es interlocutora para la sociedad en general y, en particular, para las víctimas y sobrevivientes. Su presencia debe abrir un espacio de conversación amplio, que convoque a grupos humanos a enfrentar su pasado para construir un futuro más justo, democrático e incluyente. .

Referencias

:: André du Toit, “The Moral Foundations of Truth Commissions. Truth as Acknowledgement and Justice as Recognition as Principles of Transitional Justice in the Practice of the South African TRC”, en Robert Rotberg, Truth and Justice, Princeton University Press, 2000.

:: José Zalaquett D., “La reconstrucción de la unidad nacional y el legado de violaciones a los derechos humanos”, Perspectivas, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, vol. 2, número especial, 1999.