Ante el aumento de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en el área metropolitana de Guadalajara, la sociedad civil organizada realiza acciones como el proyecto Inclusión Digna.* Con ellas se busca atender la crisis y garantizar que las infancias tengan acceso a sus derechos básicos, aun con las carencias y las dificultades que se incrementan por la falta de una política pública que priorice la atención de las infancias y busque su integración en la sociedad

Son niñas y son niños y son adolescentes. Su presencia comenzó a volverse cotidiana en las esquinas de la zona metropolitana de Guadalajara. Estaban en las calles, en las esquinas. Primero se les veía acompañados de uno o dos adultos; después se les empezó a ver solos. Y han venido aumentando: cada vez son más. 

Como las plantas que crecen entre el concreto, pareciera que surgieron de la nada. Pero la cosa no pasó así. 

Hasta antes de 2010, las personas migrantes que cruzaban México con la mira puesta en Estados Unidos usaban la llamada ruta del Golfo. Así había venido siendo hasta que aparecieron los Zetas y, junto con ellos, el aumento de la violencia y los crímenes contra las personas en situación de movilidad humana, que alcanzó uno de sus puntos más altos en agosto de ese año, cuando en San Fernando, Tamaulipas, fueron encontrados los cuerpos de 72 personas que habían sido secuestradas y posteriormente asesinadas.

Durante una visita a Guadalajara en 2012, Alejandro Solalinde, que durante mucho tiempo fue una de las voces más reconocidas en el tema de la migración en el país, advertía que la presencia de personas en movilidad cruzando la zona metropolitana iba a aumentar porque, para evitar toparse con los Zetas, las personas estaban cambiando de ruta. 

Y así fue: la presencia de personas en tránsito se volvió cotidiana en las calles de la ciudad. Sin embargo, el cambio de ruta no fue el único de los cambios. Junto con la cada vez mayor presencia de adultos, comenzaron a aparecer también infantes: niñas, niños y adolescentes que poco a poco se fueron convirtiendo en un nuevo desafío. Y es que si no había políticas ni espacios para atender dignamente a los adultos, el aumento de menores de edad, acompañados o en solitario, ha venido a poner nuevos retos a la atención del fenómeno migratorio.

Infancia en movilidad

El reporte Niñas, niños y adolescentes migrantes en situación migratoria irregular, desde y en tránsito por México, realizado por la Secretaría de Gobernación y publicado en septiembre de 2022, documenta que, según los reportes del Instituto Nacional de Migración, en 2021 fueron canalizados para su atención a 77 mil 608 menores de edad, procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, principalmente. 

“Los flujos migratorios han cambiado a partir de la coyuntura geopolítica que hemos vivido.  De 2010 a la fecha, hay una diáspora de personas que ha mutado: de ser tradicionalmente los varones quienes emigraban, ahora vemos familias, y cuando una familia emigra, también lo hacen niñas, niños, adolescentes”, explica Luis Enrique González, director ejecutivo de FM4 Paso Libre, organización que surgió desde la sociedad civil en 2007 para atender a la población en situación de movilidad que pasa por el área metropolitana de Guadalajara, y que desde 2010 cuenta con un Centro de Atención desde donde se ha ido avanzando en el acompañamiento a las personas y su protección.

Karina Arias, académica del Programa de Asuntos Migratorios del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, señala que el tema de las infancias en movilidad es uno que debe analizarse desde diferentes aristas. “La migración de niños, niñas y adolescentes ha existido siempre, y tenemos diferentes casos, en diferentes momentos, tanto de migración interna como de migración internacional”, explica y añade que si bien en los tiempos recientes ha ido ganando visibilidad, lo cierto es que la migración de menores de edad “es algo que se viene reportando desde 2006, 2007, cuando las organizaciones civiles, tanto en Centroamérica como en México, reportaban cada vez más niños y niñas migrando, cada vez en edades más jóvenes. Si antes eran más adolescentes, de 15, 16, 17 años, cada vez empezó a haber más niñas y niños de 10, 12 años migrando, con sus familias o no acompañados”. 

Pero el aumento en el número de menores de edad en tránsito es apenas una de las aristas. Detrás de cada uno hay historias, situaciones y contextos que, explica Arias Muñoz, muchas veces no se toman en cuenta. “Es importante no sólo darse cuenta de que están viniendo, sino que hay que comprender las razones por las cuales las personas deciden salir de su país. Hay que entender que muchas de las situaciones estructurales que motivan la salida de las personas migrantes, incluso de niñas, niños y adolescentes, se han incrementado a raíz de muchas políticas y situaciones socioeconómicas”. 

Causas y efectos

Entender las causas que motivan la salida de las personas de su lugar de origen es, o debería ser, el primer paso para entender el fenómeno migratorio. Y parte de este entendimiento implica darse cuenta que muchas veces los mecanismos de protección que se han ido instaurando son desiguales. Luis Enrique González explica: “Si tú analizas  cómo se genera la movilidad humana, encuentras que ahorita hay una percepción positiva y todo el apoyo para las personas que abandonan su país de origen porque su vida corre peligro y que son sujetas de protección internacional como refugiados. Pero la migración económica no entra en la narrativa del refugio, cuando la economía es la peor de las violencias”.

El director ejecutivo de FM4 Paso Libre detalla que, con el objetivo de poner una base más pareja, organizaciones de la sociedad civil y académicas han pugnado por cambiar el concepto de personas migrantes por el de personas en situación de movilidad humana, para de este modo propiciar una atención que proteja a las personas “sin importar si eres migrante económico o si eres candidato a recibir asilo”. 

Y, por extensión, esto incluye también a las infancias. “Si eres niña, niño o adolescente, es distinta la manera en que los contextos van a ponerte en vulnerabilidad. Y eso es interesante porque también hay que entender que la vulnerabilidad no es un concepto inherente a la persona: vives situaciones que te hacen vulnerable o en contextos de vulnerabilidad”, redondea González Araiza.

Por eso, cuando se entra en contacto con una persona en situación de movilidad, es fundamental conocer su historia. Sólo así se puede saber qué tipo de atención se le puede brindar. Aldo Morales López, quien hasta marzo de este año encabezó la oficina en Guadalajara de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), explica que en muchas ocasiones “hay gente en situación de movilidad que casi de forma inmediata puedes pensar que es una persona que no necesita asilo porque está migrando, digamos, por razones económicas. El tema es que suele haber condiciones subyacentes, que en principio no son detectadas. Por ejemplo, viene una persona de El Salvador y dice ‘Es que no había trabajo y por eso vine a buscar un mejor futuro’. Eso es lo que dice en la primera entrevista, pero cuando vas profundizando resulta que como no hay trabajo, entonces la pandilla lo amenaza o lo quieren reclutar, y si no aceptas te torturan o te matan. Entonces ya hay una causa de violencia que constituye el temor fundado, que ya es motivo para solicitar asilo o buscar la protección internacional”.

Morales López agrega que en el caso de niñas, niños y adolescentes la situación “se agrava porque en principio puedes no detectar alguna situación que, en efecto, amerita la protección. Ahí es donde entra la labor de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene la responsabilidad de detectar esas situaciones y, con el criterio del cuidado del interés superior de las y los menores de edad, determinar si necesitan asilo”.

Detectar, resguardar, resolver

En México, la instancia responsable de velar por el bien de niñas, niños y adolescentes es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), tanto en el orden federal como en el estatal. 

Todavía hace poco las y los menores de edad que eran detectados por el Instituto Nacional de Migración eran derivados a las estaciones migratorias, donde, al no contar con áreas especiales para su atención, se les resguardaba en el espacio destinado a las mujeres. Sin embargo, desde hace un par de años, con la armonización de la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya no está permitida la privación de la libertad de las infancias, por lo que todos aquellos que son detectados por las autoridades migratorias deben ser enviados a albergues o centros de asistencia social donde se les debe brindar acompañamiento legal, educativo, psicológico y de salud, además de caminar hacia la resolución de su situación migratoria ya sea buscando que obtengan protección como refugiados, la reintegración al núcleo familiar o la repatriación. 

El procedimiento está contenido en el Modelo de atención de adolescentes migrantes no acompañados, en donde se reitera que se debe velar siempre por el interés superior de la niñez en movilidad.

En la teoría suena bien, pero la práctica es muy diferente.

Una vez que el Instituto Nacional de Migración (INM) pone a disposición de la procuraduría a las y los menores de edad, ahí se realiza un diagnóstico individual. “Se hace la escucha del adolescente y se toma su opinión respecto a la situación que está viviendo. De ahí partimos para implementar un plan de restitución de derechos y nos coordinamos con las embajadas o con los consulados de su país de origen para diseñar todo el proceso de atención y el plan de restitución de derechos”, explica María de Lourdes Sepúlveda, titular de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalisco.

Este primer contacto, añade la funcionaria, es el inicio de las dificultades, porque, detalla, “es difícil obtener información con los adolescentes. Muchas veces no te quieren dar ningún dato, o los datos que te dan son falsos. Ellos ya traen muy claro qué es lo que quieren hacer: cruzar al extranjero, porque quieren sacar adelante a su familia y sienten esa responsabilidad. Entonces, ellos traen una meta y piensan que tú les quieras coartar su proyecto de vida, aunque les digas que hay riesgos y a pesar de que ya muchas veces fueron víctimas de un delito”.

Sepúlveda Huerta dice que en 2022 la PPNNA recibió a 518 infantes y a 427 adultos que venían con ellos. En los primeros dos meses de 2023 ya habían recibido a 34 menores de edad y 29 adultos acompañantes. En teoría, deberían ser canalizados a un espacio seguro y adecuado para su atención. Y aquí viene otra dificultad, al menos en Jalisco: el estado no cuenta todavía con un albergue especializado en infancias, mucho menos en infancias en movilidad. Hasta ahora, la PPNNA ha venido trabajando con organizaciones de la sociedad civil, como FM4 Paso Libre, para que reciban a la niñez que es puesta a resguardo del estado.

“Tú no puedes mezclar poblaciones en un centro de atención humanitaria. Es decir, o atiendes mujeres, o atiendes familias compuestas o monoparentales o con ambos cuidadores. O atiendes niñez de cero a 12 años, o atiendes adolescentes, o atiendes adolescentes varones, o a adolescentes mujeres… ¿me doy a entender? La atención tiene que ser tan particularizada porque viven distintos contextos, pero la realidad es que no existe en Jalisco un albergue especializado en menores de edad, menos para menores de edad en tránsito.  Ahí tienes una falencia por parte del Estado”, expresa Luis Enrique González.

El director ejecutivo de FM4 Paso Libre dice que en el Centro de Atención al Migrante han tenido que adecuar espacios para poder recibir a las y los menores de edad que les canaliza la PPNNA. “Con todos los asegunes, hemos hecho lo posible para brindar atención. En la coyuntura de la pandemia recibimos alrededor de 76 adolescentes no acompañados”. González Araiza señala que han tenido que ir adecuándose a las circunstancias para dar una mejor respuesta a la realidad que enfrenta el tema de la migración en el estado. “Nosotros tenemos un espacio seguro, nuestro albergue es seguro, pero obviamente no está acondicionado para esta población. Tuvimos que adecuar una habitación para menores de edad, con un baño aparte, generar toda una serie de reglas. Es muy complejo”.

Con este escenario, María de Lourdes Sepúlveda dice que el gobierno de Jalisco ya cuenta con 24 millones de pesos para instalar el primer albergue especializado en infancias en situación de movilidad, que estará ubicado en el municipio de Guadalajara. “El proyecto que tenemos es muy ambicioso y por supuesto que va a crear un precedente. Este año tiene que quedar concluido y creo que va a ser muy importante que el albergue especializado pertenezca al estado”, dice la funcionaria. 

Gestionar la crisis

La falta de un espacio especializado hace que las organizaciones que están dando respuesta a la situación tengan que adecuarse sobre la marcha a las distintas situaciones que van enfrentando. Luis Enrique lo explica con una metáfora bastante elocuente: “¿Cómo gestionamos la crisis? Cómo se gestionan las crisis en México: las naranjas se acomodan como van cayendo. Así hemos gestionado todo. Por ejemplo, [en FM4 Paso Libre] para empezar no tenemos personal. Nuestra sede es una bodega que está acondicionada. Hemos hecho lo que podemos con lo que tenemos. No es que nosotros hayamos dicho ‘Nos queremos especializar y creamos un modelo para atender a la niñez’. ¡No! Jamás ha pasado así, primero la realidad nos atropella y luego vemos cómo la enfrentamos”.

Parte de ese enfrentar la realidad pasa por generar alianzas y estrategias. Luis Enrique González cuenta: “Hemos tratado de generar un diálogo muy horizontal con la procuraduría. Creo que, entre las instituciones de gobierno, con la que hemos tenido mayor interlocución ha sido con la procuraduría. Hemos tratado de trabajar y poner a disposición la organización. Por ejemplo, hemos llevado en conjunto capacitaciones a los funcionarios públicos”.

Los vínculos también se han tejido con otras organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, para capacitarse en la atención de las infancias, sobre todo lo que tiene que ver en cuestiones educativas, FM4 Paso Libre ha venido trabajando con el Colectivo Pro Derechos de la Niñez (Codeni), que atiende a infancias en situación de movilidad interna, es decir, que llegaron a la zona metropolitana de Guadalajara procedentes de otros estados del país, sobre todo del centro de México, Querétaro, Michoacán y comunidades wirrarikas del norte de Jalisco.

“La niñez atraviesa diferentes vulneraciones que lamentablemente no son nuevas, si no que son efecto de un sistema que a través de los años no ha podido consolidar un enfoque de derechos para niños, niñas y adolescentes, y que ha dejado de lado la importancia de los compromisos que hemos asumido como país al ser parte de convenciones como la Convención de los Derechos de los Niños. El Estado no ha cumplido por completo con ser garante de derechos”, dice Amanda Cabrera Lamas, directora de Codeni.

Tal y como ocurre con la migración internacional, es decir, aquella que implica que las personas abandonen sus países de origen, la movilidad interna también ha aumentado. En Codeni lo han detectado en el número de personas que atienden. “Observamos que hay mucha migración principalmente desde el sureste de México. La migración desde otros estados, muchas veces desde comunidades indígenas, ha estado presente desde hace un par de décadas o más y se ha sostenido. Y cada vez lo invisibilizamos más porque incluso las mismas personas buscan no ser identificadas como pertenecientes a algún pueblo originario casi en un sentido de supervivencia, para disminuir la discriminación de la que pueden llegar a ser objeto. Mucha de la población que atendemos proviene de etnias otomíes o purépechas y han decidido no heredar muchas cuestiones como el lenguaje con el fin de sufrir menos discriminación”, detalla Amanda Cabrera.

A través del proyecto Inclusión Digna, un equipo de educadores de Codeni ha trabajado con FM4 Paso Libre en un programa piloto que incluyó una serie de acciones educativas, recreativas y culturales para brindar acompañamiento a la niñez en situación de movilidad. Esta colaboración, explica la directora de la organización civil, es respuesta los nuevos escenarios que han tenido que enfrentar. “Lo hemos platicado con los compañeros de FM4 [Paso Libre]. Hace algunos años no era tan común que llegaran familias con niños, o que llegaran adolescentes no acompañados. Ahora se ha vuelto cada vez más común y por eso se están implementando este tipo de proyectos: para tener una atención desde un enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, con el que podamos brindar una atención integral, adecuada a su edad, a sus necesidades particulares y que las personas en movilidad no vean vulnerados, o más vulnerados, sus derechos mientras están en tránsito. Buscamos, en la medida de lo posible, acompañar el área educativa y que se mantengan jugando, que se mantengan tranquilos”.

Con el tiempo en contra

Como si se tratara de una cebolla, las capas de la atención de niñas, niños y adolescentes en movilidad se van descubriendo y complejizando conforme se va avanzando en el tema. Y, como las capas de la cebolla, también pueden hacer llorar.

Y es que el albergue y la atención especializada son apenas dos aspectos. El Modelo de atención de adolescentes migrantes no acompañados contempla tres escenarios de resolución para las y los menores de edad en tránsito. Uno es que obtengan la protección como refugiados en el país; otro, la reintegración del núcleo familiar, cuando lo hay, o la adopción; el tercero, el retorno asistido a su país de origen, un eufemismo para no mencionar la palabra deportación.

Una vez más, la teoría se ve rebasada por la realidad. Y es que aunque en el papel los tres escenarios lucen factibles, su aplicación dista mucho de serlo en la práctica. 

El primer paso, explica Luis Enrique González, consiste en establecer contacto con el país de origen para recabar información del menor. “La PPNNA lo primero que hace es solicitar información al país de origen a través de los consulados para confirmar que tenga un registro allá y pedir una constancia de identidad. Luego se investiga si tiene cuidadores en el país de origen. Y aquí es donde el engranaje empieza a dejar de funcionar, porque si no hay voluntad por parte del consulado, pues entonces estos trámites se van a alargar”.

En ese sentido, Aldo Morales explica que es necesario “fomentar una intervención pronta, expedita, de forma que se venza la burocracia del trámite. Hacer compatible el trámite con las necesidades de las infancias es bastante complejo y es algo urgente. A veces la procuraduría manda un correo electrónico y si la otra instancia tarda 48 horas en dar respuesta… la niña, el niño o el adolescente necesitan una intervención inmediata. Si los dejas 48 horas sin atención, eso supone un riesgo”.

Todas estas situaciones hacen que resulte complicado establecer un tiempo de intervención y resolución. María de Lourdes Sepúlveda dice que es complicado saber cuan largo va a ser el periodo en que el menor estará a resguardo de la PPNNA porque los tiempos “varían mucho desde el momento en el que el menor proporciona información o no proporciona nada, por ejemplo. También depende de las condiciones en las que lo pongan a disposición de la procuraduría, porque muchas veces nos ponen a disposición a los niños o a adolescentes que están en un hospital por alguna cuestión de salud. Entonces depende en qué condiciones vienen y si aportan información”.

Para Karina Arias, además de los cambios en las legislaciones como la armonización de las leyes, también es necesario hacer cambios operativos para agilizar los trámites. Pone como ejemplo lo que pasa con quienes son candidatos a recibir asilo o refugio. “Los trámites migratorios y los procesos de asilo no tendrían que tardar tanto, independientemente de la nacionalidad de las infancias. Tendrían que ser procesos mucho más ágiles y que se resuelvan de forma más expedita para que las y los menores de edad puedan tener certezas y que desde el Estado pueda brindárseles un contexto mucho más estable, con menos niveles de ansiedad y de incertidumbre”, dice la académica, quien explica que durante muchos años las autoridades no se cuestionaron sobre los impactos que tiene en un menor enfrentar un proceso migratorio. 

“Se trataba de anteponer la situación migratoria de un niño o una niña por encima de su bienestar y de la procuración de sus derechos humanos. Pero un contexto de privación de la libertad siempre tiene un efecto psicológico en una persona, y más en un niño o una niña que además no entiende bien, no dimensiona bien lo que está pasando. A mí me tocaba entrevistar a menores de edad que sea asumían como delincuentes, hablamos de todo un autoconcepto en el que ellos se asumían como malamente llamados ilegales y no como sujetos de derecho. Y claro que esto tiene implicaciones psicoemocionales en los niños y las niñas. Son efectos que se aprecian no solamente en lo inmediato, sino en el mediano y en el largo plazo, en cómo van creciendo”.

Los trámites pueden ser tan largos, que ha habido casos en los que el menor alcanza la mayoría de edad y entonces tiene que regresar a la casilla 0, porque ahora debe enfrentar el trámite como adulto. “Hay falta de recursos, de capacidades institucionales y entonces todo eso va empantanando los procesos, pero los niños y los adolescentes siguen creciendo y la realidad es que cuando el adolescente cumple 18 años, legalmente la PPNNA ya no tiene que hacer nada y si su proceso quedó a medias, ahora él mismo se tiene que gestionar. Hemos tenido casos así, de menores de edad que llegan a los 18 años y su proceso está todavía en trámite o que nunca supieron en qué iba su proceso, no se les ha dado un seguimiento. No hay capacidad en las instituciones y no hay voluntad política; ergo, no hay recursos”, explica Luis Enrique González Araiza.

De macetas a personas

La atención de las niñas, niños y adolescentes que pasan por el área metropolitana de Guadalajara está marcada por la paradoja: hay avances, pero esos avances lo que hacen es evidenciar que falta mucho camino por recorrer. Es necesario, por ejemplo, pasar de un modelo de atención que prioriza a los adultos, que es adultocéntrico, a uno que de verdad sea adecuado para las necesidades de las infancias y que les reconozca como individuos con derechos.

Karina Arias lo explica con una metáfora: “A pesar de que ya hay este reconocimiento en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en su armonización con la Ley de Migración, en las que se les enuncia como sujetos de derecho, en realidad siguen siendo objetos. Hay un término que a mí no me gusta mucho, pero que es muy ilustrativo: seguimos tratando a los niños y a las niñas como niños maceta, es decir, como algo bonito que debes cuidar, que es frágil, pero que nada más lo traes de un lado a otro, buscando ponerlo donde no se rompa, pero donde no lo dejas florecer. Es necesario que las niñas, los niños y los adolescentes puedan hablar, que dejen de ser un objeto y se vuelvan un sujeto de derechos humanos y de protección, pero de una protección real, no una que sólo diga ‘pobrecito y hay que cuidarlo y hay que darle comida’”.

Como en otros temas de la vida pública, muchos de los problemas en la atención de las infancias en movilidad no pasan por la ausencia de leyes. El problema, dice Amanda Cabrera, es la aplicación de estas leyes. “Las leyes de México pueden verse como completas. La Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por ejemplo, está alineada con la Convención de los Derechos de los Niños, está bien hecha, por así decirlo,  pero la tenemos desde 2012, si no me equivoco, y la aplicación aún deja mucho que desear”, dice la titular de la Codeni.

Para Luis Enrique González, la atención de las infancias en movilidad debe avanzar en tres direcciones: la primera, concretar la creación del albergue especializado en la atención de niñas, niños y adolescente, en donde tenga cabida también la niñez en tránsito; la segunda, armonizar las leyes federales con las leyes estatales y contemplar en esta armonización el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil; tercero, “hechos son amores, y presupuestos son realidades. Si no le metes lana, si no el asignas presupuesto, se queda en discurso”, señala el director ejecutivo de FM4 Paso Libre.

A final de cuentas, dice Karina Arias, es importante que tanto la sociedad civil como las autoridades de gobierno cambien la forma en que se gestiona el tema migratorio. “La ayuda humanitaria es necesaria, es importante, pero no lo es todo. Hay que dar ese saltito y ver cómo vamos trabajando en volvernos sociedades con una visión más de protección real de los derechos de niños, niñas y adolescentes; países que sean empáticos, solidarios, hospitalarios, para que entonces las infancias que están quedándose en países como México, en lugares como el área metropolitana de Guadalajara, realmente encuentren contextos donde se puedan desarrollar libremente y no vivan procesos discriminatorios o de desigualdades que replican aquellos que vivían en sus países y motivaron su salida. Hay que pensar más en términos de integración”, concluye la académica.

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