A pesar de que la Constitución consagra el derecho a tener un intérprete que hable su lengua materna durante cualquier proceso jurídico, la mayoría de los indígenas de México que denuncian un delito o son acusados de haberlo cometido está condenada a vivir una experiencia kafkiana: enfrentar un proceso sin comprender nada

Cuando era niña, Felipa Reyes Jiménez vio a su mamá peregrinar de una dependencia pública a otra sin poderse defender porque no hablaba español. Su familia, proveniente de la zona purépecha de Michoacán, había migrado a Guadalajara para vender muebles de madera. Los inspectores del Ayuntamiento los maltrataban, los extorsionaban, incluso llegaron a robarles su mercancía.

Entonces, Felipa se prometió que sería abogada. Y que trabajaría para aminorar esta desventaja que enfrentan los pueblos indígenas.

Egresada de Derecho por la Universidad de Guadalajara, Felipa trabaja hoy en la Comisión Estatal Indígena (CEI), donde hace “gestiones” —como ella dice— para tratar de que todos los indígenas tengan un intérprete. Ha auxiliado a personas en escuelas, dependencias de gobierno, hospitales y hasta en morgues.

Desgraciadamente, su esfuerzo es excepcional e insuficiente. Detenidos por un par de horas o hasta presos por años, la mayoría de los indígenas que han sido detenidos en Jalisco no tiene un intérprete certificado que hable su lengua materna. Lo mismo viven aquellos que fueron víctimas de un delito y que, al querer denunciar, no tienen quién les traduzca de su lengua al español.

 “Ni siquiera en las agencias del ministerio público de la región [norte de Jalisco], donde prácticamente cae un gran porcentaje de indiciados wixaritari, existen intérpretes”, lamenta el abogado Ramón Chivarras López, de la CEI. En el país hay 583 intérpretes certificados, según el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). Ninguno de ellos está en Jalisco. Si no hay intérpretes de la lengua wixárika, lengua materna del principal pueblo indígena del estado, tampoco para el zoque, náhuatl, tzotzil, zapoteco ni ninguna otra de las lenguas que hablan los indígenas que han migrado a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

 Raúl Hernández Abundio, defensor de derechos indígenas de Guerrero y considerado “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, junto a su traductor me´phaa-español (izquierda) y el juez y secretario de acuerdos (derecha). El 27 de agosto de 2010 Hernández Abundio fue absuelto y liberado. Foto: AlzatuvozporlalibertaddeRaul.wordpress.com 

En México, 15 por ciento de la población es indígena, según el Censo de 2010 del INEGI. Esta población habla 68 lenguas maternas distintas. El Artículo 2º de la Constitución Mexicana consigna su derecho a tener un intérprete en su lengua materna durante un proceso jurídico. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que, para garantizar este derecho constitucional, el Estado deberá apoyar a la formación y la acreditación profesional de intérpretes y traductores.

Al no tener un intérprete o abogado defensor que conozca su lengua, los detenidos se explican ante el Ministerio Público “como Dios les da a entender”, dice Felipa Reyes Jiménez.

Para los cursos de capacitación o diplomados de formación de intérpretes es necesario que cada entidad, en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), abra la convocatoria. En Jalisco, hasta el momento, no se ha realizado ningún curso de capacitación para futuros intérpretes, según confirmaron el Inali y la CEI.

El director de acreditación, certificación y capacitación del Inali, Genaro Cerna Lara, aseguró que “tenemos planeado realizar en los meses de julio y septiembre un proceso de formación de intérpretes para Jalisco”. Al cuestionarle por qué no había ocurrido esto antes, respondió que “son las cuestiones de prioridades. Tenemos estados donde hay una gran cantidad de hablantes de lenguas indígenas. Eso se va priorizando de acuerdo al número de personas hablantes de cada entidad federativa, así como los números de casos que se presentan en el censo penitenciario”. Según información del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en Oaxaca hay 77 intérpretes, en Chiapas 40, en el Distrito Federal 32, en San Luis Potosí 37 y en Veracruz 61.

Aunque los números pueden hacer pensar que en algunos estados las cosas no están tan mal, si los comparamos con el porcentaje de hablantes indígenas la perspectiva cambia: en Chiapas hay un intérprete por cada 37 mil indígenas; en Michoacán, uno por cada 19 mil; en Yucatán, uno por cada 11 mil.

Cerna Lara señala que un intérprete debe cumplir el estándar de “interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de impartición y procuración de justicia”. El instrumento del Inali evalúa estas habilidades de los candidatos por medio de un examen y de la simulación de un juicio oral. En este juicio, el intérprete debe demostrar que conoce los términos jurídicos en lengua indígena y en español.

 Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, miembros fundadores del municipio autónomo de Suljaa´ de Xochistlahuaca (Guerrero) fueron sentenciados a tres años y dos meses de cárcel. Imagen del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan y Radio Ñomndaa.

En la Comisión Estatal Indígena de Jalisco laboran diez personas con un presupuesto de cinco millones 754 mil pesos, y su misión, según el portal del gobierno de Jalisco, es “contribuir al desarrollo integral y sustentable de la población indígena en el Estado con respeto a su cultura y entorno, en apego a sus demandas y aspiraciones”.

Sin intérpretes certificados, la Comisión Estatal Indígena atiende a quienes necesitan uno de las siguientes maneras: Felipa Reyes habla purépecha, así que cuando la persona detenida habla su lengua materna, ella misma le auxilia; cuando el detenido pertenece a la comunidad indígena wixárika, Ramón Chivarras López, lo apoya. Y en el municipio de Colotlán hay dos voluntarios que auxilian en la traducción. Uno es estudiante de Derecho y otro de Antropología.

Los abogados de la CEI tratan de paliar las deficiencias institucionales a través de una red de personas que conocen o hablan alguna lengua indígena. Tienen un directorio con los datos de quienes han acudido a realizar algún trámite y, cuando necesitan apoyo para interpretar, los contactan y les piden colaboración voluntaria. También buscan ayuda en el Centro Rural de Educación Superior Estipac.

Chivarras explica que cuando un indígena no tiene un intérprete “se le están vulnerando las garantías de acceso a la justicia” y su derecho al debido proceso. En la mayoría de las ocasiones, señala, los casos de indígenas sin intérprete llegan con el defensor de oficio, que tampoco habla su lengua materna.

“Muchas veces el juzgador no entiende las características culturales de los pueblos indígenas y los distintos modos en que se desenvuelven las comunidades”, asegura el abogado wixárika Samuel Salvador Ortiz, de la Unidad de Atención de Comunidades Indígenas de la udeg. Por eso es necesario que los intérpretes no sólo tengan conocimientos legales, sino que conozcan los usos y costumbres de las comunidades.

Felipa Reyes coincide: como abogada indígena analiza el peso de las palabras que, durante una declaración, deben ser interpretadas por un conocedor de la cosmovisión de las comunidades. Por ejemplo, palabras como “metralleta” o “cigarro” no existen en el purépecha. Entonces, el intérprete “lo que hace es decir la acción”: para decir cigarro se explica que es algo con lo que se fuma, y para decir metralleta se hace referencia “a algo que daña”.

 Jacinta Francisco Marcial fue acusada de haber secuestrado a seis agentes de la AFI. Entre las irregularidades que documentaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está la negativa a que Jacinta tuviera un intérprete. Jacinta fue liberada en agosto de 2009, después de permanecer tres años en prisión. 

En 2013, la Procuraduría Social de Jalisco y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) firmaron un convenio para ofrecer asesoría y defensoría jurídica, para crear un padrón de presos indígenas y dar apoyo financiero para los procesos legales; sin embargo, hasta el momento no existe este padrón actualizado, uno de los puntos a los que se comprometieron a través de este convenio.

Lo anterior, en el marco del Programa para la Excarcelación de Presos Indígenas para que personas indígenas privadas de su libertad, o en riesgo de perderla y que no hablen español, dispongan de apoyo para el seguimiento de sus casos e, incluso, pago de fianzas por parte de la CDI.

Sin padrón actualizado en Jalisco no es posible conocer cuántos indígenas y en qué reclusorios regionales están, tampoco se tiene conocimiento del status de su proceso legal. Se solicitó entrevista con la delegación Jalisco de la CDI, pero no se tuvo respuesta.

Según los abogados entrevistados, hay entre 70 y 90 indígenas presos en los reclusorios de Jalisco. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012 documentó que “hay deficiencias en el servicio de intérpretes en los casos necesarios” en los reclusorios de Jalisco. m.

* Este reportaje ha sido publicado por Priscila Hernández en el marco de la Iniciativa Regional para el Periodismo de Investigación en las Américas, con el apoyo del International Center For Journalists (ICFJ) y Connectas.