Desde principios de 2008 se preveía que uno de los temas más importantes en la agenda nacional sería el de la delincuencia organizada y la ausencia de seguridad pública. Si analizamos esta coyuntura desde la perspectiva de los derechos humanos, podemos observar de forma cruda la vulnerabilidad social en la que nos encontramos. Esta situación atenta contra varios derechos que deberían estar garantizados para todos y genera una serie de efectos preocupantes.

Evidentemente, uno de los derechos que se truncan es el de la seguridad y la integridad física. Tanto las cifras y los estudios como la percepción de los ciudadanos, dan evidencia de que cada vez se cometen más delitos y aparecen nuevas modalidades de éstos. Pero no sólo esto: la disputa entre bandas criminales y de éstas con las distintas entidades gubernamentales provoca un clima de violencia que ya ha cobrado muchas víctimas en todos los bandos, incluso personas comunes que nada tienen que ver con estas confrontaciones, pero que tuvieron la mala suerte de estar en el sitio y el momento equivocados, como en los casos de Morelia o de Creel, en Chihuahua.

Otro de los derechos que no se han respetado en México, y que en esta coyuntura se hace manifiesto, es el del acceso a la justicia. Uno de los ingredientes indispensables para formar este caos es un sistema de justicia inoperante, ineficaz e injusto. De acuerdo con los estudios de Guillermo Zepeda (ITESO), la impunidad en nuestro país rebasa 90 por ciento de los casos. Además, los hechos demuestran que la clase política ha hecho un pacto de impunidad; es decir, que los delitos cometidos por los políticos (que son los que más nos cuestan) no se persiguen. Bajar los índices de impunidad es una condición sine qua non para resolver esta situación.

El disfrute de las libertades y del libre tránsito también se ha visto vulnerado. Las estrategias seguidas por el gobierno de Felipe Calderón para combatir a la delincuencia organizada asumen que estamos inmersos en una guerra contra todos (y sin límite de tiempo), lo que supone que todos somos susceptibles de delinquir. Si a esto sumamos que tampoco se tienen tácticas de inteligencia para perseguir a los delincuentes, los gobiernos optan por acotar los derechos de todos para asegurar —eso dicen ellos— los derechos de todos. Somos susceptibles de ser investigados, revisados, de que nos detengan sin razón e, incluso, de ser molestados por las autoridades por no tener apariencia de “gente bien”, configurándose el delito de “portación de rostro”.

El combate a la delincuencia organizada ha acarreado conflictos como los generados por la notable incompetencia de la clase política que, como solución “fácil”, decide militarizar la seguridad. Tres graves consecuencias resultan de ello: la desviación del Ejército de sus funciones originales para asumir otras para las que no está preparado, la violación del marco legal mexicano —la milicia tiene claramente descritas sus funciones—, y la comisión de serias violaciones a los derechos humanos, son pretexto de combatir la delincuencia.

Un elemento añadido que hace más complejo el escenario: de acuerdo con Edgardo Buscaglia, experto en seguridad y asesor de la ONU, 63 por ciento de los municipios de México tiene influencia del narcotráfico. De éstos, ocho por ciento está en pleno control de la delincuencia organizada. Todo ello representa un agravante: la clase política es impune, ineficaz, en un número significativo está coludida con las mafias y además le pasa el problema al Ejército.

El mayor riesgo sería llegar a un escenario de Estado fallido, es decir, un Estado que ya no tenga el control territorial y el uso exclusivo de la fuerza, que esté penetrado por el narcotráfico y no cuente con un sistema de justicia que funcione. Si el Estado ni siquiera es capaz de contar con sus pilares más profundos, no podrá garantizar los derechos humanos y tampoco impulsar el desarrollo del país. m.