A pesar de que la presión civil condujo a la formación de la Corte Penal Internacional, en La Haya, hace falta perfeccionar sus mecanismos para que los crímenes de ningún dictador queden impunes

La imagen es imborrable: Nuremberg, Alemania, 1945-1946. Líderes nazis, 24 en total, son juzgados por los jueces de los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, acusados de cometer crímenes de guerra y contra la humanidad. Aquel acontecimiento fue el detonante de lo que, décadas después, terminaría siendo la Corte Penal Internacional (www.icc-cpi.int), fundada en 1998. Conformada en la actualidad por 113 países, trabaja desde La Haya, en Holanda.

La Corte Penal Internacional se dedica a juzgar a personas que han cometido crímenes de guerra y delitos considerados de lesa humanidad. En esta Corte trabaja la brasileña Sylvia Steiner (São Paulo, 1953), representante de América en dicho organismo.

Rubia, robusta, abuela de unos nietos que asegura extrañar, pero por quienes no cambiaría la experiencia que vive en La Haya desde 2003, año en que Brasil la lanzó a las ligas mayores de la justicia internacional.

La impartición de justicia en este planeta aún deja mucho que desear, pero hay avances, subraya Steiner: “Se habla más que antes de las torturas y las desapariciones forzadas, sobre todo en América Latina”.

Torturas, genocidios, violaciones y matanzas son la materia prima con la que trabaja Steiner, cuya acción más importante ha sido firmar, en 2005, la orden de aprehensión contra de Omar al Bashir, actual presidente de Sudán, acusado de genocidio en Darfur. Al Bashir sigue libre, pero la justicia es paciente. 

El principal reto de la institución es lograr que sus procesos, que duran años y cuestan mucho dinero, consigan encarcelar a los culpables. A esto hay que añadir que su autonomía aún se ve limitada por las grandes potencias —China, Estados Unidos, Francia, y hasta países como Colombia y México— que piden que no se realicen investigaciones sobre “crímenes de guerra en conflictos internos” o que argumentan que la “seguridad nacional” lo justifica todo.

Debido a estas “sutilezas” diplomáticas denunciadas por diversos juristas en el ámbito mundial, y a que la Corte no puede iniciar investigaciones “de oficio”, algunos asuntos como los territorios ocupados en Palestina (conflicto interno), la muerte de miles de civiles en México (conflicto interno), la guerra de Estados Unidos contra Irak (seguridad nacional) o la esclavitud de millones de niños y mujeres prostituidos (ningún país la denuncia formalmente) están excluidos de la agenda de la institución. m.