Aunque la educación es un derecho humano fundamental, algo que puede ser considerado el primer paso para combatir la desigualdad y comenzar una reinserción más efectiva, la realidad es que las personas privadas de su libertad difícilmente pueden cursar estudios de educación media superior y superior. Sin embargo, hay ejemplos que demuestran que es posible brindarles las condiciones para que lo consigan

Pedro Esteban Gerardo Acosta tenía sólo 18 años cuando entró a prisión en 2002. No era parte del futuro que había planeado. Haberle prestado su coche a un amigo “que conocía desde pequeño” le valió una sentencia de 20 años en una prisión de Baja California. Cuando su amigo le pidió el auto, él sabía que no era para algo bueno, pero nunca imaginó que se trataba del secuestro de una joven, acción por la que terminó tras las rejas cuando apenas cursaba el cuarto semestre de la preparatoria.

“Ya que estaba ahí, pensé: ‘Como estaré aquí una temporada incierta, vamos a ver qué se puede hacer’. Entonces me muestran que hay un área educativa, y como a mí me faltaban pocas materias para terminar la preparatoria, se me dio la oportunidad y tomé esas materias”, cuenta Esteban Gerardo.

Así lo hizo y, conforme fue pasando el tiempo, se le dio la oportunidad de capacitar en computación a otras personas privadas de la libertad (PPL), dado que él tenía conocimientos previos. De este modo, se concentró en sus estudios y en capacitar a sus compañeros “para no pensar en el encierro todo el día”. Terminó la preparatoria y comenzó la licenciatura en Ciencias de la Educación en la prisión El Hongo, en Tecate, Baja California. Aunque no era una carrera que habría imaginado estudiar, “era lo que había”, y la terminó.

“Quizá si me la hubieran ofrecido en libertad no la hubiera elegido, pero ya para entonces yo tenía varios años dando clases a mis compañeros y ya me gustaban. Estuve pensando que cuando saliera podía seguir haciéndolo también afuera”, dice Esteban Gerardo. Y así fue: hoy está en libertad luego de haber cumplido su sentencia. Se tituló por medio del examen Ceneval, en el que obtuvo el primer lugar a escala nacional. Decidió estudiar la maestría en Educación.

Gracias a la educación formal, entendida como el aprendizaje estructurado y regulado que se imparte por medio de instituciones educativas reconocidas y con programas que cuentan con validez oficial, al salir de prisión, dice Pedro Esteban ingresó a la maestría en Educación gracias a una beca del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), que concluyó recientemente. También da clases en una universidad privada dedicada a las ciencias penales.

Educación y privación de la libertad 

La educación es uno de los derechos humanos fundamentales y debe ser ejercido sin importar el contexto en el que estén las personas, pues abona al pleno desarrollo de la personalidad y del sentido de su dignidad, según lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que en 1976 entró en vigor para los Estados miembros. Cuando una persona ingresa a prisión, pierde privilegios como ciudadana o ciudadano, pero no su derecho a la educación. Al tratarse de un derecho fundamental, se deben brindar las condiciones necesarias para que, de ser su deseo, pueda continuar con su educación, tal como Esteban decidió hacerlo.

El documento Aprender entre rejas: Aprovechar los beneficios de la educación en las cárceles, publicado en noviembre de 2022 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), menciona que “la educación debe prevalecer aún más en los contextos de población vulnerable, entre la cual se encuentran las personas privadas de la libertad”.

Para la UNESCO, la educación es todavía más importante debido a que brinda a las PPL la oportunidad de ampliar sus conocimientos y adquirir habilidades que permitan su reintegración al mercado laboral y la reinserción social una vez que salgan de prisión. Esto contribuye a reducir la posibilidad de reincidencia, así como los costos económicos y sociales que devienen de ella. No se trata sólo de pensar en talleres de capacitación para el trabajo, como lo señala el hoy maestro en Educación.

Esteban es un ejemplo de esto: hoy ha tenido la oportunidad de demostrar que la reinserción social es posible si, desde las celdas, se brindan las herramientas necesarias para seguir una vida “de bien” una vez que han recuperado su libertad.

Educar para mejorar las oportunidades

Cristian Ponce tenía 21 años cuando ingresó al penal de Mexicali. Una pelea de pandillas terminó con un hombre muerto, y las autoridades le dieron una condena de 40 años. “En ese entonces yo había estudiado hasta la secundaria. A mí me gusta mucho la ciencia, pero como me concentré en las pandillas, no pude estudiar más”, dice.

“Cuando entré a prisión, mi abogado me recomendó que estudiara, que me portara bien, que hiciera deporte para que pudiera salir más pronto, y así lo hice. Entendí que era ya una persona responsable de mis actos y entré a estudiar la preparatoria en el Cereso de Mexicali, donde estuve seis meses antes de que me trasladaran a la prisión del Hongo”, cuenta.

Cristian ingresó a ese centro penitenciario en 2002, antes que Esteban Gerardo. No había entonces las condiciones para estudiar la prepa, pero gracias a las “bibliotecas móviles” que les llevaban hasta las celdas, se mantuvo ocupado mientras llegó la oportunidad de cursar el bachillerato, convirtiéndose así en el primer graduado en esta prisión, en 2005.

Jorge Alberto Trujillo Bretón, doctor en Historia e investigador de la Universidad de Guadalajara, explica que la penitenciaría moderna surgió a finales del siglo XVIII en el contexto de la Revolución Industrial y “como una vía para corregir a aquellas personas que eran consideradas un problema para la sociedad”. Desde entonces, dice, la educación era vista como un medio para instruir a las personas y hacerlas útiles para la sociedad y la vida laboral.

“John Howards abona en el concepto de la humanización de la prisión, señalando nuevos medios para acompañar a las personas privadas de la libertad para convertirlas en individuos honestos, con educación y trabajadoras, utilizando, por ejemplo, la educación, la moral y la enseñanza básica”, añade Trujillo Bretón.

En el documento “El derecho a la educación en las cárceles como garantía de la educación en derechos humanos”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que en la sociedad aún existen márgenes de desigualdad de oportunidades para el desarrollo de las personas, como lo son el trabajo, la seguridad social, la salud y, por supuesto, la educación. Quienes padecen estas desigualdades, continúa el documento, son más proclives a la exclusión, la marginalidad y la violencia, situaciones que, en ocasiones, llevan a las personas a delinquir y a terminar en prisión, como fue el caso de Cristian Ponce, quien, pese a que siempre se ha interesado por la ciencia, no pudo continuar sus estudios después de la secundaria. “La cárcel es el lugar en el cual terminan aquellas personas que, en su mayoría, no han tenido educación, trabajo, salud y ningún tipo de garantías. El sistema los genera y excluye, creando mecanismos que responden a una lógica del poder que impera en ese momento”, indica la CIDH.

Esto puede apreciarse en los resultados del “Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023”, publicado en julio pasado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que brinda una panorámica del nivel de escolaridad entre las personas privadas de la libertad en los distintos centros penitenciarios del país. De acuerdo con el estudio, al cierre de 2022 había 226 mil 116 personas privadas de la libertad en alguno de los 314 centros penitenciarios de México, tanto del ámbito estatal como en el federal, de las cuales 224 mil 805 eran personas adultas y mil 311 adolescentes.

De ese total, 41 por ciento reportó tener como escolaridad máxima algún nivel de secundaria, seguido del bloque de personas que dijo haber estudiado sólo la primaria (24 por ciento). El 17.5 por ciento dijo haber estudiado hasta la preparatoria y sólo 9 por ciento la licenciatura o alguna carrera técnica. Menos de uno por ciento dijo contar con alguna maestría o un doctorado.

La CIDH señala que, si bien funcionan como resguardo de las personas que han delinquido o están en espera de que se determine su situación legal, los penales deben contemplar la educación como parte de su desarrollo interior. “El encarcelamiento, aunque se considere un castigo justificado, no debe llevar consigo una privación adicional de los derechos civiles, ya que el único derecho del que se priva al estar detenido es la libertad ambulatoria”. 

Por su parte, el “Modelo de Reinserción Social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”, orientado al respeto de los derechos humanos y publicado en 2019, señala que la educación no sólo es necesaria para conocer, sino también para entender, saber y ser. “Cuando la prisión cumple su fin, no es cuando la persona aprende a sobrevivir en ella, sino cuando logra vivir dignamente en el mundo exterior después de su puesta en libertad”, indica el texto de la CNDH.

El modelo de la comisión señala que, además de evitar la reincidencia ayudando a que al salir de prisión las personas puedan obtener un empleo con base en los grados académicos obtenidos, o ayudarles a continuar con su vida educativa en el exterior, la educación en los centros penitenciarios permite mantener ocupadas a las personas internas, mejorar su calidad de vida en reclusión, obtener o desarrollar conocimientos y mejora de actitudes.

A la graduación de Cristian Ponce asistió el entonces director de Seguridad Pública de Baja California, quien, al ver el interés de los graduados por seguir estudiando, ordenó que se encontrara el plan más adecuado para ofrecerles una licenciatura. El programa elegido fue la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).  

Cristian salió de prisión hace dos años y, gracias a los estudios formales que realizó en prisión, hoy es profesor en una universidad y en una preparatoria privadas, además de que ha comenzado a estudiar la maestría para seguir preparándose. 

Un derecho establecido en la Constitución 

El Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir”.

Aun así, estudiar algún grado académico es opcional: la PPL puede decidir si prefiere estudiar o llevar algún curso de capacitación para el trabajo (aunque pueda llevar ambas). De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, cada persona privada de la libertad deberá contar con un plan que incluya actividades deportivas, culturales, de trabajo (y su capacitación para el mismo), así como actividades educativas.

La más reciente “Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad”, publicada por el Inegi en 2021, documenta que hasta esa fecha, de las 220 mil 477 PPL mayores de 18 años, 48 mil 869 estaban estudiando en los centros carcelarios para obtener algún grado escolar (22 por ciento), siendo Ciudad de México la entidad con el mayor número de personas estudiando (11 mil 095), seguida por el Estado de México (7 mil 160) y Jalisco (3 mil 181). 

Del total de población privada de la libertad de 18 años o más, la mayoría estaba cursando la preparatoria (53.5 por ciento), seguida del bloque de secundaria (24.6 por cierto) y del de primaria (16 por ciento). De las PPL restantes, 5.2 por ciento estaba cursando algún nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Sin embargo, no en todas las prisiones se tienen las condiciones para que se pueda ofrecer educación formal a las PPL.

La Ley Nacional de Ejecución Penal establece que la autoridad penitenciaria, ya sea local o federal, deberá organizar por sí misma la administración y la operación del sistema penitenciario sobre la base de los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud, el deporte y, por supuesto, la educación laica y gratuita, para lo cual debe contar con la ayuda de las secretarías de Educación o con convenios con instituciones públicas o privadas.

Si bien la legislación establece que los centros penitenciarios deberán ofrecer la oportunidad de cursar algún nivel educativo, no se especifica alguna obligatoriedad para que se destinen recursos desde los sistemas de reinserción social, por lo que los centros penitenciarios trabajan principalmente con apoyo de las instituciones con las que han establecido mecanismos de cooperación. 

Por otra parte, aunque la ley indica que los centros penitenciarios deben trabajar de la mano de las instituciones públicas, por ejemplo, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el ámbito de la alfabetización, el hecho de no tener recursos destinados a la educación en los centros penitenciarios lleva a que las personas privadas de la libertad no cuenten con los materiales suficientes para sus clases.

De acuerdo con los resultados del “Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023”, publicado en julio pasado por el Inegi, sólo en 91 de los 314 centros penitenciarios del país se otorgaron útiles escolares a las personas privadas de la libertad.

Y después está el asunto de los tiempos. Dadas las condiciones en prisión, una carrera que en libertad puede cursarse en tres años, en un contexto de encierro puede llevarse cinco, debido a que no se tienen las condiciones adecuadas, como acceso a internet, ni libros para investigación. Y luego están los trámites: aunque Esteban y Christian concluyeron la licenciatura en agosto de 2012, su toma de protesta como licenciados se llevó a cabo hasta 2017.

“Éramos 26, pero sólo teníamos como cinco computadoras viejitas, no tuvimos jamás acceso a internet, estábamos en el estira y afloja con copias. Aunque los maestros nunca nos dejaron abajo con el material para investigar, conforme fueron pasando los años fuimos formando una pequeña biblioteca especializada con donaciones, tanto de familiares como de la universidad, que nos llevaban libros cuando se podía, porque no era posible estar haciendo traslados, y a los meses nos los cambiaban por otros”, cuenta Esteban.  

Durango, un caso de éxito  

El caso de Durango es especial. Si bien el modelo educativo en el sistema de reinserción social inició en los años noventa de la mano del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Durango (Cecyted), apenas este año fue considerado con mayor formalidad en el Plan Educativo 2023-2028 y con un presupuesto asignado de 250 mil pesos. También se contempla un programa especialmente diseñado para las personas privadas de la libertad, que incluye un diagnóstico actualizado y la probabilidad de instrumentar becas y la actualización de convenios. 

Édgar Ricardo Ortega Sánchez, director del Instituto Educativo Dolores del Río, extensión Santiago Papasquiaro, desde 2013 ha estado analizando y trabajando el contexto de la educación en el sistema penitenciario de Durango. Como parte de su tesis doctoral, y movido por una inquietud investigativa, ingresó al sistema para conocer cómo se desarrolla la educación en las prisiones de la entidad. 

A partir de ello, propuso una serie de estrategias para estimular mejoras, que fueron escuchadas por las autoridades y, entre otros puntos, fue posible instrumentar recursos curriculares propios: en 2019, un equipo especializado en educación trabajó en el diseño de dos libros de texto (Taller de lectura y Matemáticas) para primero y segundo grados de preparatoria, basados en ejemplos de la vida cotidiana de la prisión y con algunos de los internos como protagonistas, con el objetivo de que las personas privadas de la libertad aprendieran en su propio contexto y se sintieran más interesadas por el estudio. 

“Conseguimos que nuestro diseñador gráfico pudiera ilustrar los materiales dibujando las torres y a las personas uniformadas para explicar el teorema de Pitágoras. Además, hicimos un concurso de portadas en las entonces seis cárceles del estado y los dibujos ganadores son los que aparecen en los libros. Todo esto les motiva mucho: ver sus dibujos, sus apodos en los ejercicios de matemáticas; hay presos muy famosos en todas las cárceles y se les menciona en el libro y esto es parte del contexto y les ha gustado mucho”, señala Édgar Ricardo Ortega. 

La inclusión del proyecto en el Plan Educativo estatal es descrita por Ortega como algo “inédito, porque en ningún estado se contempla una estrategia exclusiva y recursos para las personas privadas de la libertad. Eso por ahora sólo existe aquí y vamos un paso adelante”, dice. 

Las bondades de los convenios 

Danielle Strickland, doctora en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) e integrante del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO, considera que, ante la falta de recursos que padecen los sistemas de reinserción social para poder brindar programas educativos, la mejor vía para hacerlo es la contemplada en la Ley Nacional de Ejecución Penal: mediante convenios y acuerdos que permitan garantizar el acceso a la educación de las personas privadas de la libertad. 

Esta opción representa una vía para abrir oportunidades a quienes tienen deseos de continuar con sus estudios y que por alguna razón no pudieron hacerlo, sin que esto represente un gasto extra para las instituciones. Sin embargo, añade la académica, es importante buscar mecanismos para que dichos convenios persistan ante el cambio de administraciones. 

Strickland coordina en México el Inside-Out International Prision Exchange Program, creado en 1997 en Filadelfia, Estados Unidos, con el objetivo de facilitar el diálogo entre personas estudiantes privadas de la libertad y personas estudiantes universitarias, y que puedan aprender unas de otras. 

“Lo más bonito del programa es que se logra abrir la visión de cada estudiante mediante el diálogo y la oportunidad de intercambiar ideas y compartir esa experiencia en la educación universitaria con personas tan distintas, con trayectorias de vida tan diferentes. Una persona privada de su libertad, en general, tiene un camino, una experiencia de vida muy distinta a la de un estudiante que llega desde el exterior. Lo que ocurre generalmente es que los estudiantes, en este caso, del ITESO, tienen muy buen bagaje de teorías, de reflexiones analíticas de su trayectoria educativa, y los estudiantes de adentro tienen vivencias que aportan y enriquecen el diálogo sobre diferentes cuestiones, del enfoque socioeducativo, de por qué hay violencias estructurales, de por qué enfrentamos tantos problemas de seguridad, que cambian la perspectiva de los estudiantes del exterior”, cuenta la académica. 

Aunque trabaja en el proyecto desde 2015, fue en 2018 cuando, con apoyo del ITESO, se impartió la primera capacitación al profesorado de Latinoamérica para dar pie a su instrumentación en el Reclusorio Metropolitano de Guadalajara. 

Desde el ITESO, Inside-Out logró convertirse en un Proyecto de Aplicación Profesional (PAP), con la certificación de cinco profesores y profesoras más, además de que se logró la creación de una revista penitenciaria, Rompemuros en la que se publican reflexiones autoetnográficas, narrativas audiovisuales y proyectos sonoros, entre otros productos a cargo de las y los estudiantes, tanto del sistema de reinserción social como del ITESO. 

“Se trata de un gran proyecto, porque no sólo es el asunto de la educación como oportunidad para esos estudiantes, sino también un esfuerzo para concientizar al público en general sobre cómo es la vida de quienes llegan a perder la libertad, de quienes están dentro de un centro penitenciario”, señala Danielle Strickland, y añade que, si bien el proyecto dejó de operar el año pasado, está en espera de que pueda reactivarse a la brevedad para continuar con el enriquecimiento personal y social de ambas partes, tanto de los alumnos de dentro como los de fuera. 

La apuesta de Jalisco

Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social en Jalisco, dice que actualmente cursan algún nivel escolar, desde educación básica hasta la licenciatura, poco más de dos mil personas privadas de la libertad. 

Explica que se cuenta con una licenciatura presencial en Derecho, con su propio Revoe (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), programa que es cursado por 260 PPL, cuyas clases son impartidas por personas funcionarias del Sistema de Reinserción Social, como, por ejemplo, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Daniel Espinosa Licón.

“En el Sistema de Reinserción Social del Estado recibimos a muchas personas en condición de analfabetismo, pero van evolucionando y escalando. Por ejemplo, tenemos mujeres que han llegado con nosotros con su primaria, pero ahorita ya están inscritas en la licenciatura en Derecho o en otras carreras en línea que tenemos a través de convenios con universidades. También ofrecemos la Ingeniería en Electromecánica, en Puerto Vallarta, por un convenio con el Instituto Mario Molina. Este año tuvimos incluso el gusto de que dos internas se graduaran de la maestría en Criminología”, apunta el director, y señala que si alguna persona privada de la libertad desea estudiar algo diferente a las opciones actuales, se busca la manera de generar el convenio y atender esa solicitud.  

Pérez Juárez dice que el sistema de reinserción social no se ha enfocado sólo en la educación formal, sino que también ha realizado una apuesta por la cultura, para que las PPL puedan desarrollar sus habilidades artísticas en disciplinas como teatro, pintura, baile, literatura y modelado, con resultados sobresalientes: por ejemplo, obtuvieron el segundo lugar nacional en el concurso de Alebrijes Monumentales, celebrado por el Museo de Arte Popular en noviembre pasado. 

Esto abona al cumplimiento del “Modelo de Reinserción Social de la Comisión Nacional de Derechos Humanos” (CNDH), donde se establece que, además de las actividades de “instrucción escolar”, deben incluirse actividades culturales y artísticas, pues se trata de instrumentos que contribuyen a la cohesión social y son un elemento generador de desarrollo que tiene la capacidad de mejorar y transformar el entorno social. 

“Todo esto ayuda a que se reduzca la reincidencia. En los cinco años que he estado al frente del Sistema de Reinserción Social he puesto en libertad a más de mil 600 mujeres y ninguna ha reincidido, mientras que, en el caso de los hombres, se han cumplimentado más de 22 mil libertades y sólo 16 han reincidido”. 

En busca de mayor compromiso 

Pese a los esfuerzos y al camino andado, todavía es necesario generar acciones que permitan a las personas privadas de la libertad ejercer su derecho a la educación, para lo cual es indispensable asignar recursos humanos y económicos específicos para este fin, pues la carencia de un apoyo sistematizado obstaculiza el trabajo del sistema educativo en prisión.

Por ejemplo, si bien para Cristian Ponce fue una gran oportunidad haber podido estudiar la preparatoria y la licenciatura en la prisión, considera que todavía falta dar más agilidad a los procesos, considerando que a las autoridades carcelarias les tomó un año gestionar la carrera, que ésta se alargó por cinco años debido a la falta de acceso a internet con fines educativos y que, pese a que su licenciatura concluyó en 2012, no fue sino hasta 2016 cuando se llevó a cabo su toma de protesta y su título llegó hasta 2020. 

“Desafortunadamente, al sistema penitenciario todavía le falta trabajar en la gestión, porque, por ejemplo, cuando estuve dentro me tocó ver que llegaron muchas personas trasladadas de otros penales del país y que, aunque tenían ganas de estudiar, no contaban con sus documentos para poder hacerlo. Hay otras que, aunque sean del mismo estado, no tienen relación con su familia y no hay quien les lleve los papeles que necesitan, como actas de nacimiento o certificados de primaria o secundaria. Las instituciones deberían tener comunicación con las autoridades carcelarias y educativas para poder apoyarles a obtener su documentación y que puedan hacerlo, porque al final ya todo se puede digitalizar”, dice Ponce. Apostar por la educación nunca será un mal gasto. “En educación, especialmente, las estrategias no funcionan sin dinero”, dice Édgar  Ricardo Ortega. Es importante tener esto en cuenta porque la educación formal en contextos de encierro, además de cambiar la vida de las personas privadas de la libertad que logran completar su formación académica, permite trabajar en un modelo que propicie la reinserción social y disminuya la reincidencia delictiva.