A partir de 2008 la humanidad entró en una recesión económica internacional. Si bien las principales economías mundiales se resistían a reconocer la crisis, a la larga tuvieron que hacerlo. Estados Unidos, Europa y China han tomado decisiones para rescatar de la quiebra a grandes sectores productivos. El caso más importante y paradigmático fue el de la industria automotriz en Estados Unidos, sector que representaba el boom industrial de los años cincuenta y que en este momento sobrevive gracias a los apoyos del gobierno estadunidense.

El efecto social de esta crisis ha recrudecido la pobreza y mermado la generación de condiciones y capacidades para el desarrollo pleno de la persona. Vienen a la mente imágenes como las que aparecieron en enero de una estación de trenes en China, cuando miles de campesinos regresaban a sus pueblos como consecuencia del cierre de fábricas.

En México estamos viviendo algo muy parecido. En enero, la producción industrial cayó 11.1 por ciento y con ello se generó una ruptura en el empleo. Se anunciaron paros técnicos, es decir, cese temporal de producción en algunas industrias, con la consecuente suspensión de los salarios de los trabajadores. Según las normas internacionales en derechos humanos, estos paros técnicos son ilegales, pero, específicamente en esta situación, podrían considerarse como una forma de contraer la producción de una empresa sin que los dueños sean forzados a cerrar, ni, por supuesto, a indemnizar a sus trabajadores, como el caso de la fábrica de General Motors en Silao, Guanajuato, que hace poco adoptó esta medida.

Esta situación genera un debate ético fundamental en tiempos de crisis. La vulnerabilidad económica nos pone a todos al borde del abismo. Muchos administradores, conforme al postulado de “salvar el barco”, plantean el tema en la disyuntiva “despidos colectivos o quiebra de la empresa”. En esta coyuntura puede ayudarnos a todos —empresarios, empleadores y ejecutivos administrativos— no olvidar el factor ético en el momento de tomar decisiones.

Generalmente los obreros de las industrias se ven dolorosamente afectados por la crisis, situación que empeora porque desconocen sus derechos y no tienen la capacidad jurídica para exigir indemnizaciones justas; pero no son los únicos. La revista Expansión advierte que los principales perjudicados por las crisis económicas son los profesionistas, pues los primeros puestos que se sacrifican ante una situación de este tipo son los de alto costo.

Entre los profesionales, 35 por ciento quedó desempleado desde finales de 2008, contra ocho por ciento de personas con sólo la primaria terminada. Además, la crisis golpea a las trasnacionales, principales empleadoras de profesionistas, según la misma revista: desde esa misma fecha se perdieron 571 mil empleos, la mayor baja de los últimos seis años. De éstos, 42 por ciento pertenece al sector servicios, 20 por ciento al comercio y 15 por ciento a la industria manufacturera, según datos del International Business Times.

La empresa Right Management calcula que los tiempos de recuperación de estos puestos de trabajo también afectarán en mayor medida a los puestos medios y altos; en consecuencia, mientras los empleados con rango salarial bajo tardarían menos de cuatro meses para encontrar trabajo, un alto ejecutivo con nivel salarial mayor a 30 mil pesos podría estar hasta 18 meses sin trabajo.

Todos somos vulnerables. Hoy tenemos empleo, pero no sabemos qué podría pasar mañana. Esta situación puede propiciar la reflexión y una actitud ética con nuestros empleados. Finalmente, todos tenemos derecho a condiciones laborales justas y adecuadas, a la estabilidad en el empleo, a la igualdad de remuneración y a la aplicación del principio de no discriminación laboral. m.