El ITESO lidera un proyecto para visibilizar la impunidad en el país, a fin de que desde la sociedad se impulsen acciones que deriven en su reducción

Según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, en 2017 la corrupción le costó al país más de siete mil 218 millones pesos. En ese mismo año, el Estado debía asignar al menos el doble de esa cantidad para cubrir los gastos por reparación de daños a víctimas de homicidio, de acuerdo con la cifra promedio de compensaciones otorgada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

El anterior es sólo un ejemplo de lo que cuesta la impunidad, entendida como consecuencia de un sistema de impartición de justicia que no sirve, pues no deriva en castigo alguno para quien infringe la ley. Alejandro Anaya Muñoz, coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO, asegura que “el problema de la impunidad es que no figura dentro de las principales preocupaciones de la población en general”, como sí lo hacen la inseguridad, la estabilidad económica y, más recientemente, la corrupción.

En este contexto, el investigador emprendió el proyecto Los costos de la impunidad, en colaboración con Creatura, una consultoría internacional dedicada a la investigación, la facilitación y la documentación de procesos de incidencia impulsados por organizaciones de la sociedad civil. El enfoque se centra en lo que le cuesta al país la impunidad, en términos humanos y económicos. “La gente se preocupa por la inseguridad, pero no hace ese vínculo entre delincuencia e impunidad; no reconocen que parte del problema es que no hay un sistema de justicia que funcione”, asegura Anaya Muñoz.

“Para muchos, la estrategia más importante para abatir la impunidad es reformar desde los cimientos a la Procuraduría General de la República —ahora Fiscalía— y a las procuradurías estatales. Ésa es la piedra angular de todo este sistema de justicia que no funciona”, asevera, y añade que únicamente 2 por ciento de los actos criminales en México se sanciona penalmente. Sin embargo, advierte que la actual administración federal ha preferido centrarse en la instrumentación de la Guardia Nacional, más que en hacer que el aparato de investigación dé resultados.

Investigadores de El Colegio de México, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) también han participado en el proyecto.

Hasta el momento han encontrado que los índices de impunidad tienen una correlación directa con los desplazamientos y desapariciones forzadas, así como en la comisión de delitos de todo tipo, puesto que quienes deciden infringir la ley lo hacen a sabiendas de que es poco probable que reciban un castigo, señala el profesor del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO. Para la realización de este proyecto, iniciado en enero de 2018 y que terminará con el primer semestre del año en curso, se contó con recursos de la Fundación Ford. .

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