Entre 2018 y 2024, 13 millones 400 mil personas dejaron de estar en situación de pobreza. ¿Qué funcionó? ¿Qué falta por hacer? ¿Es posible seguir reduciendo este fenómeno?

La señora Lucía recorre el pasillo por enésima vez. Es viernes; ha trabajado sus ocho horas diarias desde el lunes y aún le faltan las del sábado para cumplir con su semana laboral. Lleva el balde de agua y el trapeador en las manos; los guantes, en su mandil. Lo mismo barre pisos que sacude escritorios, recoge botes de basura que lava baños.

Es tan activa que pocos dirían que acaba de cumplir 65 años. Tiene que serlo: necesita los poco más de 3 mil 700 pesos que recibe a la quincena luego de pagar impuestos y otras aportaciones. De ahí debe salir para pagar la luz, el internet, el gas, la comida.

“Lo único bueno que yo tengo es que carne casi no como, cuando mucho una vez a la semana y, allá, de rareza. ¿Sabe qué es lo que como? Para desayunar, nopales con huevo; ejotes, también los cuezo y con huevito; o huevito solo, frijoles con queso. Y la comida, cualquier cosa, hasta un aguacate: llego, le pongo un chilito verde, hago mi guacamole y eso me como. Dos, tres tortillas y eso como”, cuenta Lucía —que no se llama Lucía, pero no puede arriesgar su trabajo, sobre todo estando tan cerca de la jubilación.

Durante mucho tiempo laboró como obrera. Luego, se separó de su marido y, para hacerse cargo de sus cuatro hijos, buscó una vacante que no implicara un traslado largo, uno de los favores que sí le hacía su esposo. Fue trabajadora del hogar, pero hace una década que se enfoca en labores que le den seguridad social, para así garantizar su retiro.

De sus hijos, tres hicieron su vida y poco ven por su mamá. La menor, de 29 años, sigue con ella, pero está desempleada desde mayo.

“Según ella, es influencer y se mete y hace los TikTok. Le dan que 100 pesos, que 200 pesos; con lo que compra sus cigarros, pues, de pilón, fuma”, cuenta.

Lucía no cree que el número de personas en situación de pobreza haya disminuido. Los únicos que han salido de la pobreza, dice, son los políticos que, además, “no hallan en qué gastar el dinero. Ya vio ahora que trajeron a Pepe [Aguilar] para el Grito”, señala, en alusión al espectáculo montado por el gobierno jalisciense de Pablo Lemus para los festejos del Día de la Independencia en Guadalajara. “¿Y la gente? Como borregos”.

Entonces, ¿qué es ser pobre?

Es una pregunta para la que no hay una sola respuesta. Desde hace más de medio siglo tiene lugar un debate internacional acerca de cómo medir este fenómeno y a quiénes incluir en la medición.

Una interpretación, la más usada en el mundo, se decanta por establecer cuánto dinero necesita una persona para cubrir lo más esencial. Así, se traza la línea de pobreza por ingreso: un monto de dinero por debajo del cual se considera que una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas.

Por ejemplo, el Banco Mundial actualizó este año su línea internacional de pobreza y la ubicó en tres dólares al día. Toda persona que obtenga menos de ese monto sería pobre.

Sin embargo, este método tiene limitaciones: qué hacer cuando la gente tiene dinero, pero vive en un lugar en el que no hay acceso a alimentos. O sí puede pagar por servicios de educación y salud, pero no hay una escuela o una clínica disponibles.

Por ello, México ha decidido medir la pobreza de una forma mucho más compleja. Esta metodología fue establecida por la Ley General de Desarrollo Social de 2004 y dio origen al ahora extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el organismo encargado de esa medición hasta este año.

Esta metodología indica que la medición debe ser multidimensional, lo que significa que no sólo considera el ingreso (la parte estrictamente económica), sino que también entiende la pobreza como una cuestión social y como un fenómeno que afecta la capacidad de las personas para ejercer sus derechos básicos, como la educación, la salud y la vivienda, explica Paloma Villagómez Ornelas, profesora investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Esto es resultado de un amplio debate que se ha dado desde los años noventa, cuando se creó el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México. Este debate se fue afinando hasta que el Coneval propuso medir las necesidades insatisfechas a partir de un enfoque de derechos.

Examinaron los derechos que garantiza la Constitución y los clasificaron en seis grandes apartados: derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la seguridad social, derecho a la educación, derecho a la vivienda con calidad y derecho a los servicios de la vivienda, como agua potable, drenaje, electricidad, precisa Ignacio Román Morales, académico en retiro de la Escuela de Negocios iteso, profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit y asociado de Oxfam, una confederación internacional de organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 90 países.

Grosso modo, la tipología es la siguiente:

Quienes tengan tres carencias o más, es decir, a quienes no se les respeta la mayoría de sus derechos y, además, sus ingresos no alcancen ni para comer, están en pobreza extrema.

Las personas que no están en pobreza extrema, pero que tienen al menos una carencia y no cuentan con el dinero para adquirir la canasta básica, están en pobreza moderada.

A la suma de quienes están en pobreza moderada y pobreza extrema se le llama pobreza multidimensional, “que va tanto por el lado de los ingresos como por el lado de las carencias reales”, agrega Román Morales.

Hay otros dos grupos: el primero es el de las personas en vulnerabilidad por ingreso, que tienen acceso a todos sus derechos, pero no tienen dinero; por ejemplo, una persona adulta mayor que no era vulnerable, pero que dejó de ganar un sueldo y no tiene pensión. El otro lo integran quienes sí tienen dinero que les permite adquirir la canasta básica completa, pero que no cuentan, por ejemplo, con acceso a la salud o a la seguridad social. De ellos se dice que están en vulnerabilidad por carencias. En ambos casos, están en riesgo de caer en situación de pobreza.

Finalmente, está la gente a la que se le respetan todos sus derechos constitucionales y, al mismo tiempo, puede adquirir la canasta básica. A ellos se les considera no pobres y no vulnerables.

Aunque el Coneval fue extinguido este año y ahora quien mide la pobreza es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “en términos gruesos, diríamos que se mantiene, básicamente, la misma metodología, la misma lógica, desde hace aproximadamente 15 años”, dice el académico.

“Es de los poquísimos casos en los que yo diría que más bien son las normas internacionales las que, poco a poco, se han ido adaptando a la metodología que propuso México”.

¿Qué dicen los resultados?

En agosto pasado, no hubo medio de comunicación que dejara de difundir los datos: según el análisis que el Inegi hizo de su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, entre 2018 y 2024, el porcentaje de personas en situación de pobreza en México cayó de 41.9 a 29.6 por ciento. Esto significa que salieron de la pobreza 13 millones 400 mil personas.

En ese lapso, dejaron de estar en pobreza moderada 11 millones 700 mil mexicanos, mientras que un millón 700 mil salieron de la pobreza extrema.

Luego de tantas críticas a las políticas sociales, cifras tan alentadoras causaron, cuando menos, suspicacia.

Con todo, Román Morales señala que, aunque no se descarta que los gobiernos puedan manipular los datos, hay varios factores reales que explican esta reducción. En esto coincidieron todos los expertos entrevistados para este reportaje.

“No podemos atribuirle la reducción de pobreza, evidentemente, a transas del gobierno”, dice. De hecho, el análisis de las razones es muy interesante: a pesar de que los programas sociales son la cara más visible de la política social de la administración pasada (y de la actual), la reducción de la pobreza se debe, sobre todo, al aumento en los salarios mínimos, que terminó empujando los sueldos, tanto en el sector formal como en el informal, si bien en distinta medida.

“Por ahí, 55 de cada 100 pesos que subieron los ingresos de los hogares en el país vienen de la parte laboral, y solamente alrededor de 14 de cada 100 pesos se explican por la parte, por ejemplo, de programas sociales”, precisa Máximo Ernesto Jaramillo Molina, profesor del Departamento de Economía, Administración y Mercadología (deam), de la Escuela de Negocios iteso, y profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG.

En el sexenio anterior, el salario mínimo general fue de 88.36 pesos diarios en 2018 a 248.93 pesos en 2024, con aumentos anuales de entre 15 y 22 por ciento, muy por arriba de la inflación.

“Si yo soy un trabajador que se encuentra en condiciones de informalidad y gana cierta cantidad de dinero, es muy posible que hace 10 años me conviniera más estar en informalidad que estar trabajando en un sector formal, pero con bajos ingresos”, indica Román Morales.

“Ahora no, ahora resulta que sí es preferible estar en el sector formal porque el ingreso mínimo del sector formal ha aumentado y, además de eso, pues tengo la seguridad social y tengo las prestaciones”.

Paloma Villagómez agrega que esto se suma a mejoras en algunas de las condiciones sociales que, debido al aumento en el ingreso, volvieron a ser asequibles para algunos hogares.

“Si la capacidad económica, si el poder adquisitivo de los hogares, aumentan, pues serán capaces de satisfacer en mayor medida estas otras necesidades básicas”, explica. “Este cambio claramente muestra que es población trabajadora, pero que trabaja en condiciones muy precarias y que, en cuanto uno mejora esas condiciones laborales, tienen un efecto notorio en la calidad de vida”.

El problema, agrega Jaramillo Molina, es que, debido a que esta medición es un balance de varias dimensiones, puede invisibilizar tanto ciertos avances como ciertos retrocesos.

“Es importante mencionar que sí que hay retroceso, sobre todo en la carencia de acceso a servicios de salud. Esa mejoró con respecto a 2022: ese año, 39 por ciento de la población tenía esa carencia; en 2024, 34 por ciento. [Pero] esto es mucho más que en 2018, cuando era 16 por ciento”, precisa.

Además, recuerda, la pobreza extrema no disminuyó tan rápidamente como la pobreza moderada: “En porcentaje de la población, era 7 por ciento en 2018 en pobreza extrema; ahora es 5.3 por ciento en 2024. Igual, cuando vemos solamente la pobreza extrema por ingresos, pasó de 14 por ciento a 9.3, lo cual es bueno, pero, en términos de cómo se ha movido la pobreza moderada por ingresos, es bajo”.

Como sea, todos los expertos entrevistados coinciden en que, una vez que aumentaron los salarios, la gente se benefició más de su trabajo. Es decir, cae por tierra la idea de que a las personas pobres las mantiene el gobierno.

¿Y los programas sociales?

Desde este año, doña Lucía recibe su Pensión Mujeres Bienestar, que entrega 3 mil pesos bimestrales a las beneficiarias de entre 60 y 64 años.

Ahora que cumplió los 65, se pregunta si la inscribirán automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, para recibir 6 mil 200 pesos cada dos meses. Tiene que hacerse al ánimo de pedir un día de descanso para ir a preguntar en una sucursal del Banco del Bienestar o directamente en la Secretaría del Bienestar. Como sea, al igual que muchos beneficiarios, le tendrá que pedir ayuda a uno de sus hijos para retirar el apoyo. “Soy bien miedosa para ir al banco, porque digo: ‘¿Qué tal y me los arrebatan ahí saliendo?’”, cuenta.

Insignia de la política social de los dos últimos sexenios, los programas sociales tienen sus críticos. Entre ellos, a Katia, una profesionista dedicada al mercadeo digital que recibe 7 mil 900 pesos mensuales libres —apenas por arriba del salario mínimo— por una jornada de trabajo en casa, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. “A mí me parece muy delicado que, en vez de que sea asistencia social, es asistencialismo”, dice esta mamá independiente, que también usa un seudónimo por miedo a perder su ingreso.

La profesora investigadora de la Universidad Panamericana Nora Ampudia Márquez también mira los programas sociales con escepticismo. “No están resolviendo la pobreza, no están empoderando a la población, no le están generando habilidades y capacidades para que, en el mediano plazo, por sus propios medios pueda salir de la pobreza y deje de depender de los recursos públicos”, dice. “Necesitan una política de combate a la pobreza más integral, que comprenda los programas de salud y alimentación. No simplemente subsidios generalizados, porque se desperdician recursos, porque mucha gente que no necesita el subsidio lo está cobrando”.

En sentido contrario, Paloma Villagómez, Max Jaramillo e Ignacio Román recomiendan, si bien, con algunos ajustes, profundizar la estrategia.

“El hecho de que se hagan transferencias a grupos muy diversos de población para garantizar derechos básicos, para mí eso es Estado de derecho, no es populismo y no es regalo”, dice Román Morales.

En lo que todos coinciden es en que, paradójicamente, los programas sociales están fallando en llegar a los hogares más pobres. Para comprender esto, es necesario saber que los economistas dividen los hogares de México en grupos llamados deciles: el decil I agrupa al 10 por ciento de los hogares con menos ingresos; el decil II, al 10 por ciento un poco mejor, y así sucesivamente hasta llegar al decil X, en el que está el 10 por ciento de los hogares más ricos.

Lo lógico es que sea más urgente llegar al decil I;sin embargo, debido a factores como dónde viven estas personas, el hecho de que no cuenten con clínicas o escuelas en sus poblaciones o que no tienen acceso a servicios financieros, hace muy complicado alcanzarlas.

“Los grados de pobreza, en particular de pobreza extrema, que nos quedan con estos resultados son muy bajos; afortunadamente, por supuesto. Pero eso quiere decir que las personas que están en esa situación presentan unas condiciones de vida, quizá, con carencias mucho más profundas; en contextos quizá más aislados, a los que a la política social, como se está manejando ahorita, le va a costar más trabajo llegar”, indica Paloma Villagómez.

Max Jaramillo, también autor del libro Pobres porque quieren. Mitos de la desigualdad y la meritocracia (Grijalbo, 2024), recuerda que esta es una tendencia que se observó desde el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: la cobertura de los programas sociales que entregan recursos monetarios aumentó menos entre los más pobres.

“Esto se debe, básicamente, a que el principal programa que ha habido durante los últimos sexenios es el de la pensión de adultos mayores. Al final de cuentas, sí que es bueno porque es universal, no discrimina a nadie, pero no está empujando más rápidamente a los más pobres”, señala. “El problema es, tal vez, haber empezado por los adultos mayores, porque, aunque tengamos una intuición distinta, en realidad donde hay la mayor incidencia de pobreza en términos demográficos es en los niños, en las niñas y los adolescentes”.

La reforma fiscal

Profundizar en los programas sociales casi siempre lleva a una discusión añeja: la necesidad de una reforma fiscal progresiva.

Aunque a todos los contribuyentes les parece que pagamos muchos impuestos, la recaudación del país es una de las más bajas de la región. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Brasil obtiene por impuestos el equivalente a 32 por ciento de su Producto Interno Bruto; en Argentina, 27.8 por ciento, y el promedio de América Latina y el Caribe es de 21.3 por ciento. En México, apenas se recauda 17.7 por ciento.

Lo complicado es que una reforma progresiva implicaría gravar a quienes más tienen y no enfocarse en a quienes siempre se aprieta en estos casos. “México es el único país de la OCDE donde el principal pagador de impuestos son las personas físicas y no las grandes empresas”, dice Román Morales.

Así, sería deseable que la tasa de impuestos sea mayor para quienes más tienen, es decir, las empresas multimillonarias. “Pero eso implica justamente quitarse el miedo a decirles a los más grandes poderes monopólicos: ‘Oigan, pónganle’. Porque hasta ahorita la lógica es que lo que necesitamos hacer es fomentar la confianza de los inversionistas. Y la confianza de los inversionistas es que hagan lo que quieran, como quieran, cuando quieran, donde quieran”, señala.

No se puede hacer nada sin la reforma fiscal, agrega Max Jaramillo, quien propone otras ideas: “Hay muchos otros países que cobran impuestos a la riqueza neta, impuestos a las herencias multimillonarias”.

Para que esta reforma sea una realidad se requiere voluntad política. Por el momento, parece que en México hay escasez de ella. “Honestamente, yo no veo más que obstáculos políticos a que medidas como una reforma fiscal con un enfoque más progresista sean posibles”, indica Villagómez.

“No es una elite política distanciada de la elite económica, como se trata de proyectar en cierta narrativa. El poder político y el poder económico en este país siguen estando absolutamente de la mano, sólo que ahora se han hecho más visibles ciertas polarizaciones y hay una reestructuración, un reacomodo, de las elites, tanto políticas como económicas”.

Y, dado que parece que no hay condiciones para que una reforma de este calado ocurra, hay voces que defienden un enfoque más ortodoxo.

“La reforma correcta no es tanto aumentar los impuestos, sino gastar bien. Necesitamos una reforma de gasto público, porque la reforma de los impuestos está saturada; o sea, siempre se van por el camino fácil: elevemos los impuestos”, argumenta Nora Ampudia.

“Si existiera una exigencia en la ley que dijera que cada peso gastado (por el gobierno) genere, por lo menos, 20 centavos más, yo creo que otro gallo nos cantaría”.

¿Y quién piensa en los empresarios?

En tanto, si la principal razón por la que disminuyó la pobreza fue el aumento en los salarios, habría que asomarse a lo que dicen los empresarios.

“El costo laboral no sólo es el salario: es la prima vacacional, es la cuota al seguro social, es la pensión; cada vez que el empresario tiene que pagar un salario mayor, su costo laboral aumenta más que el salario mínimo”, advierte Ampudia. “Esos patrones prefieren pasar a la informalidad. Y por eso estamos viendo crecer tanto la economía informal”.

José, propietario de una pequeña empresa industrial con más de 50 años en operación —quien también prefiere el anonimato, no sólo suyo, sino el de su compañía y el de su sector—, comienza a resentir la situación.

“Ya van dos años que nos pasa que tenemos revisión del contrato ley: subimos los salarios, llega enero, entra el nuevo mínimo, y los tenemos que subir de nuevo. Entonces, estamos teniendo doble aumento de sueldos en un año”, cuenta.

“Teníamos, anteriormente, muy escalonado el tabulador de salarios: había puestos que ganaban, en promedio, dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, cuatro, y ahora ya me dicen: ‘Oye, es que aquí la compañera que tiene seis meses ya está ganando casi lo mismo que yo, que tengo seis años’”.

Para el industrial, su empresa ya no tiene espacio de maniobra: “Si prosiguieran así los aumentos o, peor aún, que quieren aumentar la prima vacacional o los días de aguinaldo, sería el acabose y ahí más bien estaríamos pensando cómo liquidar la empresa, porque no va a dar”.

Aunque Paloma Villagómez cree que aún hay margen para que las empresas compartan con los trabajadores más de la riqueza que generan, también opina que es improbable que la actual administración las presione con firmeza. “Claramente, hay señales de que están cuidando esa relación con los empresarios”, considera.

Mientras las estrategias a mediano y largo plazos se afinan, hay medidas claras que el gobierno federal puede tomar para seguir combatiendo la pobreza. Por ejemplo, Villagómez destaca la importancia del control inflacionario para que el efecto de los aumentos salariales no se pierda en la compra de productos más caros.

Además, las autoridades deben fortalecer la infraestructura pública de prestación de servicios básicos, como educación, vivienda y salud, y no sólo intentar aumentar el poder de compra de quienes los requieren.

“Es decir, el mercado no puede seguir siendo la solución o el lugar en el que satisfacemos todas nuestras necesidades. Si es verdad que como país defendemos que esas dimensiones básicas que están incluidas en la medición de la pobreza son derechos, el Estado tiene que proveerlos, no nada más deben estar disponibles para quien pueda comprarlos”, indica.

Por su parte, Max Jaramillo, también fundador del proyecto Gatitos Contra la Desigualdad, hace hincapié en que para redistribuir la riqueza, el gobierno debe ayudar primero a generarla.

“La austeridad que han promovido los gobiernos de Morena y la disminución en la inversión en infraestructura han sido fundamentales; [la caída en] la inversión pública, en general, ha sido fundamental para seguir en esta inercia, en la que llevamos décadas, de bajo crecimiento”, señala. “El Estado no debe ser nada más un cajero que le dé dinero a la población directamente, sino que debe promover la inversión pública”.

Y mientras algo de esto ocurre, personas como Katia, a quien el aumento en los salarios no la ha beneficiado, ni en ingreso ni en mejora de condiciones laborales, seguirán teniendo desconfianza. “La verdad es que hay mucha gente sumida en la pobreza y sin esperanza de salir de ahí”, dice la profesionista.

Para saber más
:: Pobreza multidimensional. Presentación de resultados.
:: ¿Derechos o privilegios? Una mirada a la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares desde las desigualdades.
:: Gatitos Contra la Desigualdad.