Las reformas promovidas por la nueva administración y por la actual legislatura en torno al aparato estatal de apoyo a la ciencia y la tecnología han generado numerosas inquietudes. Aun cuando siempre sea necesaria la discusión de la pertinencia social de la investigación y el desarrollo en todos los sectores, ¿qué puede esperarse ante las nuevas políticas en la materia?  

Desde el gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006), el compromiso incumplido con la ciencia y la tecnología en México es que el Estado destine 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a su desarrollo, tal como recomienda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sin embargo, durante todo el siglo XXI se ha dado una preocupante tendencia a la baja en este rubro. Para 2019, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recibió 24 mil 764 millones de pesos, 9 por ciento menos de lo que recibió en 2018, lo que apenas representa 0.4 por ciento del PIB.

A esta reducción presupuestal se añade la incertidumbre ante las decisiones que ha tomado la nueva administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, especialmente al nombrar como nueva directora del organismo a María Elena Álvarez-Buylla. Entre las críticas de la comunidad científica nacional destacan la falta de claridad acerca los recursos asignados a proyectos de investigación, algunos de los cuales han quedado detenidos, así como todo lo relacionado con las becas para estudiantes de posgrado, además de la suspensión directa de fondos dedicados a la innovación y al desarrollo científico y teconológico en las empresas y, por si fuera poco, lo que se considera una “intromisión ideológica” en este ámbito, acorde a las políticas del actual gobierno.

Pero el principal punto de desencuentro, de acuerdo con expertos en la materia, consiste en las reformas propuestas por diputados y senadores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que determinarían las decisiones acerca de los proyectos por apoyar a partir de criterios no científicos, así como la pérdida de la autonomía del campo científico, sobre todo a raíz de la posible desaparición del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología.

Nombramientos polémicos e “ideologización” de la ciencia

Durante el tercer y último debate presidencial del proceso electoral de 2018, el 12 de junio de ese año, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador anunció a la bióloga María Elena Álvarez-Buylla, ganadora del Premio Nacional de Ciencias en 2017, como directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Tras suplir a Enrique Cabrero en diciembre de 2018, la relación entre la nueva directora y la comunidad científica se ha venido deteriorando.

Los nombramientos de personas sin suficientes credenciales profesionales para ocupar puestos dentro del Conacyt, así como la falta de información en la operación de los programas del organismo, han sido dos fuentes de malestar para los científicos, señala Adrián Acosta Silva, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA), de la Universidad de Guadalajara.

 El empresario Carlos Slim, María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt; Enrique Luis Graue Wiechers, rector de la UNAM, y Andrés Manuel López Obrador. Foto: lopezobrador.org

“Hay molestia por la poca claridad con los programas y políticas que pretenden impulsar en los próximos años. Sólo hasta hace algunas semanas se empezaron a abrir algunos de los fondos tradicionales del Conacyt para proyectos y concursos. Y no se ha dicho nada sobre algunos fondos estratégicos que habían funcionado bien, como los mixtos; no ha salido el Fondo de Investigación para Ciencia Básica y, en general, el enojo se debe a que no se sabe bien qué está ocurriendo”, asegura.

Entre los nombramientos criticados está el de David Alexir Ledesma como subdirector y coordinador de Comunicación e Información del organismo —renunció el 14 de febrero de este año, tras la polémica desatada—, así como el de Edith Arrieta Meza, quien ocupó brevemente la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), pese a ser una diseñadora de modas no apta para el cargo.

También ha habido oposición a la postura de la actual directora del Conacyt contra el desarrollo de alimentos transgénicos por los supuestos daños que provocan a la salud humana, lo que se considera una actitud contraria a las evidencias científicas que hay acerca del tema.

“Durante muchos años ha llevado una línea de activismo político e ideológico que tiene que ver con la oposición a organismos transgénicos genéticamente modificados, y este activismo la ha llevado a extremos que contrastan con el rigor de sus investigaciones”, explica Martín Bonfil Olivera, divulgador de la ciencia y miembro de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Desde la llegada del nuevo gobierno federal, el Conacyt ha insistido en cambiar el enfoque de los apoyos a científicos hacia proyectos con impacto social o que ayuden a la sociedad. Sin embargo, se considera que esta visión afecta el cometido primario de la investigación científica, que es crear nuevo conocimiento, y entraña el peligro de “ideologizar” la ciencia.

“Evidentemente, la gran mayoría de los investigadores aspiramos a que nuestras investigaciones aporten a un mayor impacto social o económico, eso sigue siendo importante y no podemos estar en desacuerdo. El problema, me parece, es la ideologización de la ciencia y la tecnología en aras de un impacto social muy ambiguo”, considera Acosta Silva.

Bonfil Olivera, por su parte, señala que esa visión de la ciencia como solucionadora de problemas sociales implica afectar algunos campos científicos cuya utilidad no resulta evidente a primera vista. “Ése puede ser el mayor daño que se le puede infligir a la investigación científica por parte del nuevo Conacyt”, indica.

Los efectos de la reducción del presupuesto

Con una disminución de 84 por ciento en su presupuesto —de mil 700 a 257 millones de pesos—, el Programa de Estímulos a la Innovación para incrementar la productividad de las empresas (PEI) es el principal perjudicado con la reducción de recursos a la ciencia y la tecnología en México.

Sin embargo, ésta no es la única preocupación de la comunidad científica, que reporta proyectos de investigación detenidos y, en general, escaso interés del actual gobierno en cumplir con la meta de 1 por ciento del PIB para el sector.

“El PEI se utilizaba para usar los recursos públicos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, y para apoyar a empresas en su diseño de productos; éstas concursaban por esos recursos mediante asociaciones con universidades y centros de investigación”, explica Francisco Urrutia, actualmente responsable de vinculación estratégica del ITESO y, hasta hace unas semanas, coordinador de Investigación y Posgrado. Aunque esta reducción puede ser preocupante, “tanto empresas como universidades y centros tendremos que buscar otras fuentes de financiamiento, ya sea estatal o a través de organismos internacionales, fundaciones, etcétera”.

Hasta el momento, ni el Conacyt ni las universidades han reportado retrasos en los pagos de becas de posgrado a estudiantes de carreras en México y en el extranjero —un problema que sí tuvo lugar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto—. Sin embargo, la incertidumbre en el reparto presupuestal del Conacyt ya ha incidido indirectamente en la investigación científica nacional.

 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dará becas de 3 mil pesos mensuales a jefas de familia para que terminen sus estudios superiores. La asignación de la beca considera la situación económica de la aspirante y el desempeño académico. Las becarias deberán contar con firma electrónica y con una cuenta bancaria específica para recibir los recursos. Las beneficiarias deberán mantener un promedio mínimo de 8 y no reprobar materias. Foto: Conacyt

“Sé que hay estudiantes que estaban planeando pedir una beca para hacer un posgrado en el extranjero y que, ante el actual panorama, están cancelando ese plan y buscan otras opciones de vida, porque ser un estudiante de ciencias en el extranjero parece una opción poco segura”, explica Bonfil Olivera, de la UNAM.

También se reportan, aunque de manera no oficial, afectaciones a proyectos de instituciones como El Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

“Lo que he sabido, por parte de maestros y colegas, es que hay proyectos parados por falta de recursos. Estamos terminando el primer tercio de 2019 y una parte significativa de estos proyectos está parada, o con la incertidumbre de si se apoyarán proyectos nuevos que en 2018 se plantearon a Conacyt”, asegura Acosta Silva. El investigador de la udeg agrega que la incertidumbre se agrava al ser este organismo el principal proveedor de recursos a la ciencia y la tecnología en México, y ante los escasos apoyos de la iniciativa privada y los gobiernos estatales. “Con todo y los bajos recursos o el escaso impacto de sus programas, Conacyt es el gran financiador de la ciencia pública de este país. Cuando hay una orientación que parcializa o cancela proyectos, sin ofrecer alternativas, la molestia es mayúscula porque buena parte de los proyectos de investigación básica y aplicada y de desarrollo tecnológico y experimental dependen del organismo”.

“De alguna manera, los científicos guardan un silencio un poco atemorizado, porque todos dependen de los recursos del Conacyt y no quieren armar una protesta que pudiera acarrearles consecuencias. Pero esta situación no va a sostenerse mucho más”, señala Bonfil Olivera.

Pérdida de autonomía, peligro de la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología

En noviembre de 2018, Gilberto Herrera y José Luis Pech, senadores de Morena, presentaron una iniciativa de reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología. En síntesis, éstas otorgan al Estado la capacidad para evaluar los programas de actividad científica, así como para determinar y financiar líneas de investigación prioritarias, cuyos resultados deben ser útiles para todos los sectores de la sociedad.

Tres meses después se presentó una nueva iniciativa, encabezada por Ana Lilia Rivera, senadora de Morena. Además de modificar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, la propuesta reafirma explícitamente el alejamiento de la ciencia del sector privado por un nuevo esquema que privilegie la investigación nacional de largo plazo con incidencia directa en los problemas sociales.

De acuerdo con la iniciativa, el objetivo de las reformas es “fomentar la soberanía científica, donde la tecnología y la innovación no tengan como objeto principal la vinculación con el sector privado ni se constituyan como piedra angular para la competitividad”.

Sin embargo, el punto más problemático de la iniciativa de la senadora es la desaparición de hasta diez cuerpos colegiados que apoyaban la conformación de políticas públicas en ciencia y tecnología, entre ellos el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), un organismo asesor autónomo que, además de evaluar el presupuesto para la ciencia, propicia el diálogo entre legisladores y autoridades federales y estatales, y difunde los principales logros de la ciencia en México mediante conferencias, congresos y participaciones en medios de comunicación.

Otros organismos que desaparecerían con la aprobación de la nueva Ley de Ciencia serían el Consejo Consultivo de Ciencias, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia y la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).

“En resumen, hay diversos artículos de la ley que son alarmantes, pues se otorgaría a la directora la posibilidad de vetar proyectos de investigación que no sean ‘socialmente pertinentes’, y probablemente habría un sesgo en contra de la investigación que no coincida con la ideología contra los transgénicos de Álvarez-Buylla”, explica Martín Bonfil Olivera, de la UNAM. “Parecería que están empobreciendo a la ciencia y quitándole libertad para meterla dentro de un único molde, con el Conacyt como el único rector de lo que es válido o no es válido, y recortando mucho la inversión en ciencia y tecnología”.

Para Acosta Silva, la reforma posee muchas ambigüedades: “No queda claro qué va a pasar con la investigación aplicada; hay una orientación hacia la investigación básica que muchos cuestionaríamos, y no se sabe qué va a pasar con la innovación de desarrollo experimental, o cómo va a afectar esto a la autonomía de las universidades, que es donde se lleva a cabo la mayor parte de la investigación científica del país”.

Desde el ITESO también se advierte que la desaparición del Foro Consultivo Científico y Tecnológico sería un retroceso para la autonomía de la ciencia y para la descentralización de las decisiones en el gobierno. “Abogamos por un diálogo con ánimo colaborativo entre el Conacyt, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y las autoridades estatales, de manera que podamos sumar, más que disputar o restar, a fin de construir una alianza entre la sociedad civil, las empresas, la academia y los medios de comunicación, para, entre todos, fortalecer la ciencia y la tecnología en México”, puntualiza Francisco Urrutia.

 En los Programas de Fortalecimiento Académico para Indígenas, el Conacyt implementa tres instrumentos de apoyo enfocados específicamente a estudiantes de comunidades indígenas que desean realizar o que ya están realizando estudios de posgrado. En la imagen, Marissa López Martínez, wixárika; María Rafaela Justo Elias “Rogelia”, nahua; Guadalupe Vanessa Domínguez Samuel, proveniente de la comunidad  zoque-nahua; Marisol Hernández Hernández, nahua; y Aquilina Luna Santos, mixteca: seis mujeres indígenas que serán capacitadas por la UdeG y el Conacyt para ingresar a un posgrado. Foto: udg.mx

Ciencia que se vincule con la sociedad

Aunque comparte la preocupación por la reducción de recursos para el desarrollo de la investigación científica, Urrutia descarta afectaciones a las becas de posgrado y a los sueldos de los profesores ligados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por parte del nuevo Conacyt, y coincide con la nueva visión de una ciencia al servicio de la sociedad propugnada por la Cuarta Transformación. Además, considera “prematuro” juzgar los efectos de las nuevas políticas.

“El gobierno anterior veía la inversión en ciencia y tecnología como un capital que debía contribuir al desarrollo económico y, eventualmente, al bienestar de la ciudadanía”, explica. “El actual Conacyt va en concordancia con el enfoque de investigación e innovación responsable (RRI, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, donde, a través de su Comisión de Investigación, se define una agenda de retos prioritarios en las convocatorias para fondos de investigaciones”.

De darse una correcta instrumentación de las nuevas políticas públicas de la ciencia de acuerdo con su interés social, para Urrutia esto embonaría con el enfoque jesuita: que la ciencia esté comprometida con la sociedad. “Definir un conjunto de problemas prioritarios, sociales, medioambientales, que se quieren atacar con el apoyo de la ciencia y la tecnología, tiene que ver con la comprensión de lo que en el ITESO llamamos pertinencia social de la investigación. Es un enfoque con el que estamos de acuerdo en el Sistema Universitario Jesuita”.

El académico considera que se debe buscar una mayor difusión de los logros científicos, tecnológicos y de innovación, a fin de que la ciencia tenga el suficiente apoyo público y cuente con fundamentos para que se incremente su presupuesto. Sería un modelo similar al de Canadá, país donde se logró un consenso social de apoyar con más dinero la ciencia y la tecnología gracias al “Reporte Naylor”, que calculó y divulgó la incidencia de la investigación científica canadiense en la vida de sus ciudadanos.

“Mientras las universidades, los centros de investigación, las empresas, el gobierno y la sociedad civil, los actores a los que nos interesa que haya más y mejor investigación y desarrollo científico, no seamos capaces de comunicar al ciudadano común en sus términos cómo el desarrollo y la innovación contribuyen a mejorar su vida y su bienestar todos los días, difícilmente contaremos con el apoyo de la ciudadanía para defender el presupuesto”, señala Urrutia.

Actualmente, diez de los 27 posgrados ofertados por el ITESO pertenecen al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (cuatro doctorados y seis maestrías), lo que representa un tercio de los 850 alumnos de posgrado.

Los débiles lazos entre la industria y la ciencia

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en México existe un vínculo débil entre industria y ciencia, debido a la “baja proporción de investigación y desarrollo financiados por la industria, y las escasas actividades de patentes realizadas por las universidades”, señala el reporte Perspectivas de la OCDE en Ciencia, Tecnología e Innovación 2016. El organismo internacional también detectó poco desarrollo en las infraestructuras de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y las conexiones a internet por la falta de competencia económica.

Además de las TIC, México presenta un pobre desarrollo en nuevas tecnologías relacionadas con el medio ambiente, con “un deterioro significativo” en los últimos diez años. Sin embargo, el país muestra progresos en algunos sectores prioritarios. “México es notoriamente activo en los sectores aeroespacial, automotriz y de alimentos y bebidas, y muestra una relativamente fuerte especialización en biotecnología”, registra el estudio.

El respaldo a la innovación y la investigación científica en empresas, a través del Programa de Estímulos a la Innovación del Conacyt, representó una caída de dos terceras partes en Jalisco. Mientras que en 2016 se apoyó un total de 67 proyectos de empresas radicadas en el estado, con un monto total de 598.7 millones de pesos —314.9 millones puestos por el Conacyt—, en 2017 sólo se invirtió en 25 proyectos, con un recurso de 217.28 millones de pesos, 110.7 millones puestos por el máximo organismo federal de ciencia y tecnología, señala un reportaje publicado por El Informador.

No obstante, Jalisco fue la segunda entidad con más apoyo del PEI desde 2009. Un total de 397 empresas fueron apoyadas con un monto de 5 mil 335 millones de pesos —2 mil 213 millones de las arcas públicas—, sólo por detrás de Nuevo León. .