Desde 1994, los Foros SUJ, encuentros en torno a los derechos humanos organizados por el Sistema Universitario Jesuita, han propiciado avances significativos en torno a las necesidades más urgentes en la materia. Su razón de ser está en el trabajo de promoción de la justicia que caracteriza a las universidades confiadas a la Compañía de Jesús

Verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición: éstos son los elementos de la justicia transicional, y son los temas de los que se hablará en el ITESO, del 20 al 22 de octubre de 2021, durante el 16º Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita, el Foro SUJ.

Desde 1994, el encuentro itinerante es convocado cada dos años por los rectores de las universidades que han integrado lo que hasta 2006 fue el Sistema Educativo Universidad Iberoamericana-ITESO y hoy es el Sistema Universitario Jesuita (SUJ). En 2021, la organización le toca al Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO.

Se trata de la que es quizá la actividad conjunta más importante del Sistema y una de las más prestigiosas de México en torno a los derechos humanos, afirma Carlos Armando Peralta Varela, profesor investigador del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

Ya desde finales de los años ochenta del siglo XX, las universidades del suj comenzaron a integrar la defensa y la promoción de los derechos humanos como un elemento central en sus labores de enseñanza y en la investigación académica que realizan desde distintos campos del conocimiento.

Organizado por la Universidad Iberoamericana de León, el Primer Foro SUJ se realizó en 1994, recuerdan Carlos Peralta y Paulina Itzel Fernández Romero en Reflexiones sobre los Foros de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita. SUJ-ITESO. La educación universitaria jesuita y la promoción de los derechos humanos en México.

Aquel año, el horizonte del país lucía nublado. En enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) había irrumpido en la paz aparente de Chiapas, y descubierto una versión de la realidad de la vida de los pueblos indígenas mexicanos que muchos desconocíamos. En esta versión había pobreza extrema, falta de oportunidades mínimas para un desarrollo con respeto, dignidad y justicia, y una situación de esclavitud moderna, en la que varios grupos originarios continúan en 2021. Aquel enero, al mismo tiempo que sucedió la aparición pública del EZLN, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que algunos especialistas en economía consideraban desventajoso para México. Y el país estaba en quiebra: estaba por terminar el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la devaluación del peso y la crisis económica y política que dejaría atrás, luego de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI a la presidencia de la República, y del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu.

Sí. Había temas de conversación.

Como señalan Carlos Peralta y Paulina Fernández, desde que se realizó el primer foro hasta ahora, la discusión, la práctica y la exigencia ciudadana de los derechos humanos ganaron un terreno valioso: surgieron instituciones públicas y ciudadanas para su defensa; se elaboraron nuevas leyes y hubo reformas fundamentales a la Constitución. Del otro lado de la barda, miles de habitantes del país nos acostumbramos a tener y a exigir derechos que antes no se contemplaban.

Aun así, en México se recrudeció la violencia a la velocidad de unas 72 mil personas desaparecidas entre 2006 y junio de 2021, según la Secretaría de Gobernación, y en un panorama general de graves violaciones, que merecen una discusión constante. Justo eso pretenden y han logrado los foros bianuales de las universidades de la Compañía de Jesús en México.

Veintisiete años después de que se realizara el primero, los Foros SUJ son una puesta en común de las acciones que realizan estas casas de estudio en torno a los derechos humanos; ofrecen espacios de reflexión y generan propuestas importantes; respaldan de manera pública a organizaciones y personas defensoras en condiciones vulnerables y son el marco de pronunciamientos públicos de los rectores sobre los temas que se abordan durante los encuentros, escriben Peralta y Fernández.

Más allá de eso, y según la compilación que hacen estos investigadores en las Reflexiones sobre los Foros de Derechos Humanos…, las reuniones han colocado dentro y fuera de las universidades temas de los que apenas se hablaba cuando ocurrieron los foros, y que ahora son puntos centrales en la discusión pública del país.

Por ejemplo, en 1994, Martha Micher Camarena, del colectivo Palabra de Mujer, de León, Guanajuato, participó con la ponencia “Mujeres y derechos humanos hacia la Cumbre Mundial de la Mujer en Beijing, 1995”. En 1998 ya se discutía en torno a la incorporación de la perspectiva de género en el mapa curricular de las universidades, así como acerca de los derechos sexuales y el derecho al medio ambiente saludable, antes de que la mayoría tuviera conciencia del cambio climático.

En 2000, cuando las grandes poblaciones de migrantes de paso por México eran invisibles, se abordaron las políticas y el entorno violatorio de los derechos de este grupo. También la impunidad y sus consecuencias; la criminalización de las alternativas de supervivencia de la población pobre y el derecho de las personas que habitan las ciudades a un desarrollo urbano que les permita una vida digna.

En 2002 se añadió la internacionalización de la justicia; en 2004 se habló de la impunidad, la violencia y y la reparación del daño; en 2006, del derecho al agua y a la educación intercultural; en 2008, del comercio internacional ligado a los derechos humanos; en 2010, de la presa El Zapotillo y otros megaproyectos de desarrollo; en 2012, de la resistencia desde la comunidad, el arte, el periodismo; en 2014, de la violencia estatal y la exigibilidad de los derechos; en 2016, del empleo precario, la verdad y la justicia; en 2018, de las herramientas y experiencias de los defensores de los derechos humanos (véase el recuadro 1).

Desde 1994, el Foro SUJ ha entregado a organizaciones ciudadanas el Premio Tata Vasco, que consiste en una escultura que va pasando de los anteriores ganadores a los más recientes y un simbólico estímulo económico (véase el recuadro 2).

La defensa de los derechos, sello de la educación jesuita

Todo empezó en 1975. Durante la trigésima segunda reunión de su órgano de gobierno más importante, la Congregación General, la Compañía de Jesús decidió tomar una orientación nueva. Hasta entonces, su fin principal había sido el servicio de la fe. Ahora también sería la promoción de la justicia.

Fue una decisión histórica, como recordaría 25 años más tarde, en una conferencia en California, Peter Hans Kolvenbach, SJ (1928-2016), quien más tarde fue General Superior de la Compañía; no implicaba sólo a los jesuitas que ya estaban trabajando en el apostolado social, sino a toda la comunidad alrededor de ellos. Eso incluía a las universidades.

Hoy suena romántico. En 1975 sonaba arriesgado. México estaba en plena guerra sucia; habían transcurrido cuatro años desde la matanza de estudiantes conocida como “el Halconazo”, el 10 de junio, Jueves de Corpus, de 1971, a manos de un grupo paramilitar cercano al gobierno de Luis Echeverría. En Argentina estaba a punto de comenzar una dictadura militar que, al mando de Rafael Videla, dejó miles de personas muertas y desaparecidas. En Chile gobernaba ya otro militar, Augusto Pinochet, quien en los últimos años de su vida debió enfrentar un proceso por crímenes de lesa humanidad. En Guatemala había comenzado un periodo de genocidio que iba a extenderse hasta 1996, con un saldo de unos de 200 mil muertos…

En 1975 algunos grupos de jesuitas trabajaban ya en comunidades pobres, campos de refugiados y cárceles. Pero ésa no era la labor principal de la Compañía, aunque sacerdotes como Pedro Arrupe, SJ, se lamentaban porque la inacción ante las desigualdades económicas en América Latina contradijera las enseñanzas del Evangelio, según el recuento del padre Kolvenbach.

La promoción de la justicia que se sigue buscando hasta nuestros días desde las universidades no consiste en obras de caridad ni de filantropía, sino en acciones que requieren un compromiso con las personas pobres. Sí, pero, a mediados de los años setenta, decir “la misión de la Compañía de Jesús hoy es el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta” sonaba subversivo, relató muchas veces Kolvenbach, testigo en la primera fila.

En las universidades jesuitas esta idea se traducía en la exigencia de elevar el nivel educativo y, de manera simultánea, formar “a la persona completa en la sociedad con el mundo real”, en experiencias educativas que “toquen el corazón”, y en las cuales las comunidades académicas y de estudiantes dejen entrar en su vida “la realidad perturbadora de este mundo”, para que aprendan a pensarlo críticamente y “responder a sus sufrimientos”.

Treinta y nueve años después de aquella Congregación General, en 2014, el documento especial “La promoción de la justicia en las universidades de la Compañía”, publicado en el número 116 de la revista Promotio lustitiae, retomó este compromiso de la educación superior jesuita. El documento incluye la interrogante de a qué tipo de sociedad es conveniente en los tiempos que corren y qué tipo de universidades requiere la sociedad. Y la respuesta es que cuando las universidades proporcionan sólo una “racionalidad instrumental”, la educación deriva en injusticia y exclusión, pues los profesionales acumulan saberes, haberes y poderes para los mejor situados en la escala social. En cambio, se propone la enseñanza de saberes para el desempeño profesional solidario y responsable. Algunos medios son los servicios a la comunidad, la reflexión sobre la realidad y la generación de “ciudadanos del mundo” que apoyen a aquellos de quienes se puede esperar más.

A este documento se sumó en 2019 una declaración de Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús, explicó en mayo pasado Alfredo Castillo Romero, quien fue secretario general del SUJ durante 15 años y hoy dirige el Medio Universitario de la Ibero Puebla. Dichas Preferencias son: la atención en los jóvenes; el discernimiento, como lo propone Ignacio de Loyola; la promoción de la esperanza, y la puesta de atención en los descartados —los hombres y las mujeres que están al margen de las políticas económicas y sociales—. Ninguna podría entenderse sin la inclusión de los derechos humanos como “un elemento fundamental de la formación en nuestras universidades”.

Los Foros suj son parte del plan, con propósitos que cada vez se delinean de manera más clara: 1) la promoción de espacios de reflexión sobre los problemas sociales y las crisis económicas, de justicia y libertad; 2) la generación de políticas públicas que atenúen estas crisis a través de la convocatoria de masas críticas; 3) la articulación de los movimientos civiles y 4) el involucramiento de las comunidades académicas y de estudiantes del Sistema Universitario Jesuita en estas reflexiones.

A través de distintos programas, y según sus posibilidades, la defensa de los derechos humanos se aborda en las siete universidades que son parte del SUJ.

En la Ibero Ciudad de México, el Centro Meneses promueve la justicia social en los pueblos de Santa Fe y, entre otros, trabaja en los programas de asuntos migratorios, derechos humanos, género e inclusión, interculturalidad y asuntos indígenas, seguridad ciudadana y sustentabilidad.

En la Ibero Puebla existen observatorios de violencia social y de género, participación social y calidad democrática y, entre varias instancias más, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría busca la defensa y la promoción de los derechos en la formación, la investigación y la vinculación.

Desde su Programa de Derechos Humanos, la Ibero León trabaja en el acompañamiento de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas; la Ibero Tijuana incide en cuestiones como la migración y el medio ambiente; la Ibero Torreón investiga y actúa en asuntos migratorios, y participa en el diseño de políticas públicas relacionadas con este fenómeno; y el Instituto Superior intercultural Ayuuk, en Oaxaca, forma a profesionales interculturales originarios de las comunidades indígenas de esa entidad.

En Guadalajara, el ITESO, desde distintas áreas y departamentos, produce conocimiento y realiza investigación/acción en temas como el derecho al agua, la migración, los asuntos indígenas, la formación ciudadana, la defensa del territorio, la generación de leyes nuevas, la igualdad de género, las desapariciones forzadas de personas, la tortura y las ejecuciones y la seguridad ciudadana, entre otras áreas.

“Los derechos humanos en las universidades del suj no son un accesorio, sino parte central de su misión educativa”, afirma Alfredo Castillo. Dentro de este compromiso, “en México nadie más ha hecho un trabajo como el de los Foros SUJ”.

2021, el momento de la justicia transicional

En pausa un año por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, el tema del Foro SUJ que se realizará en el ITESO entre el 20 y el 22 de octubre es resultado del discernimiento de los rectores de las siete casas de estudios superiores que forman el Sistema.

Los asuntos que preocupan hoy a las universidades de la Compañía de Jesús en México son la inseguridad, la precariedad de las instituciones del país, la impunidad persistente, la dificultad de las víctimas para acceder a la justicia y a una reparación integral de los daños, así como la imposibilidad de garantía de que no se repetirán las graves violaciones a los derechos humanos, relata Alejandra Nuño Ruiz Velasco, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ), que organizará el encuentro.

Las personas que integran el Centro decidieron que la justicia transicional es el paraguas para los temas citados.

Centrada en la dignidad de las víctimas de los países que están saliendo de conflictos o de guerras, la justicia transicional aborda mecanismos extraordinarios a las instituciones del Estado, que en ese momento no pueden reaccionar de manera ordinaria.

Tiene cuatro elementos: la verdad, la justicia, la reparación de los daños y la garantía de no repetición.

Alejandra Nuño recuerda que, aunque son perfectibles, en América Latina existen ejemplos de la aplicación de procesos de justicia transicional que le dan esperanza a México. Uno de ellos es Guatemala, donde, después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, de la publicación del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica
—el Informe Remhi— y del trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Verdad y Justicia, comenzó un Programa Nacional de Resarcimiento y se logró enjuiciar a varios expresidentes de la nación.

Otro ejemplo son los Juicios de la Verdad en Argentina. Impulsados en 1998 por víctimas y familias de personas desaparecidas durante la dictadura, lograron que tiempo después el Ministerio Público encarcelara a varios integrantes de la Junta Militar. Y uno más es Perú, donde se logró revertir las condenas contra cientos de personas que habían sido acusadas injustamente de terrorismo y traición a la patria, y encarcelar por corrupción al expresidente Alberto Fujimori y a su mano derecha, Vladimiro Montesinos.

Estos países han sufrido mucho antes de sus procesos de justicia transicional. ¿Se puede empezar antes?

Se debe. Pero un proceso real y eficaz necesita la voluntad política de distintos actores, para que cualquier mecanismo e instancia que se genere tenga un asidero genuino. La dignidad de las víctimas está en el centro; lo peor que puede pasar es que un proceso no tenga fuerza, esté mal planeado y no sea viable.

En octubre de 2021, la posibilidad de la justicia transicional caminará por el ITESO, a través de exposiciones, mesas de trabajo y exhibiciones de documentales y otras expresiones artísticas, que se realizarán de forma presencial o virtual, según el estado de la pandemia de covid-19.

En el fondo, lo que se discute en los Foros SUJ es la esperanza. .