Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en Guerrero, Vidulfo Rosales ha acompañado a los padres de los normalistas desaparecidos en la búsqueda del paradero de sus hijos y en la exigencia de justicia

A finales de 2011, Vidulfo Rosales Sierra asesoró a los familiares de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, que habían muerto en un enfrentamiento con la policía durante un bloqueo a la Autopista del Sol, en Guerrero. Con ese antecedente, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en el sureste del país, se convirtió de nueva cuenta en el representante y vocero de los padres de los normalistas tras los hechos violentos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, que derivaron en la desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de otros tres.

A un año de lo sucedido, Rosales Sierra desestima los intentos de la Procuraduría General de la República por cerrar la investigación con una teoría que afirma que los cadáveres de los estudiantes fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero. Esta charla ocurrió tres días antes de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diera a conocer su informe, que vino a poner en tela de juicio lo que, hasta ese momento, había sido calificado como “verdad histórica” por parte de las autoridades encargadas de la investigación.

A casi un año de los hechos en Iguala, ¿cuál es el balance de las investigaciones?

Lo que nosotros podemos verificar y analizar es que los avances han sido escasos, han sido limitados. A pesar de que hoy en día tenemos más de cien detenidos, esas detenciones no han necesariamente servido para saber la verdad de lo ocurrido. Ésas son hoy en día nuestras preocupaciones y más aún porque creemos que se encuentra en disputa la verdad. La Procuraduría General de la República (PGR) ha establecido una línea que para ellos es la verdad, pero nosotros seguimos en la búsqueda de la misma y por eso urgimos a que las investigaciones continúen. Sin embargo, para ellos ya terminaron.

¿Cómo está la relación con la PGR luego de que intentara dar el carpetazo a la investigación con el anuncio de la que es conocida como “verdad histórica”?

Jurídicamente, la “verdad histórica” no ha sufrido modificación alguna. La Procuraduría sigue sin abrir líneas adicionales de investigación. Aunque dice que está abierta a cualquier línea que sea necesaria, lo cierto es que en los hechos es otra su actuación. Sin embargo, las relaciones con la autoridad se han restablecido un poco, tanto con la Secretaría de Gobernación como con la PGR. No obstante, la esencia de la investigación sigue inamovible.

¿Cómo está el ánimo de los padres?

En malas condiciones. La tristeza y la desesperanza campean en los padres. Pero se mantiene el espíritu de continuar la lucha por encontrar la verdad, por la búsqueda de justicia. Eso permanece intacto y es lo fundamental en medio de todo.

¿Qué procesos se están siguiendo en contra de los detenidos?

Ellos están siendo procesados por diversos delitos. Entre los delitos que los relacionan directamente con los hechos de Iguala, se les acusa de secuestro. Sin embargo, no están siendo procesados por desaparición forzada, y eso es lo que denunciamos.

La PGR envió a Innsbruck nueva evidencia para que sea analizada. ¿Qué opinan de ello? ¿Qué expectativa tienen?

La expectativa que nosotros tenemos está puesta en lo que pueda aportar la investigación que hacen los expertos del GIEI de la CIDH. Para nosotros es vital lo que puedan sugerir en su informe porque puede abrir una ruta distinta en la investigación. Las ropas que se enviaron, las irregularidades que se han descubierto, son elementos que fortalecen la investigación y obligan a la autoridad a continuar en la ruta de averiguar qué pasó el 26 de septiembre en Iguala.

¿Cuál es el estatus de la búsqueda?

La búsqueda está suspendida en la vía de los hechos. Por eso estamos esperando que se tracen líneas o cosas distintas. Nosotros tenemos incapacidades físicas y económicas para realizar una búsqueda a la altura de las circunstancias. Eso no nos ayuda. Necesitamos una búsqueda profesional, con elementos tecnológicos y eso podría hacerlo el Estado con su capacidad.

¿Cómo ven las reacciones que ha provocado este caso en la sociedad civil, que ha salido a las calles a manifestarse?

Es una muestra de la indignación que vive el país. Ayotzinapa condensa todas las problemáticas que vive México. Ahí se condensa la desaparición forzada como un hecho orquestado desde el Estado contra las personas. Se condensa la corrupción de las elites y de la clase política, el autoritarismo, la falta de acceso a la justicia, las violaciones al derecho a la protesta y a la libertad de expresión, el olvido en que se encuentra la educación pública. Toda esa gama de problemas se ve reflejada ahí y por eso todos los mexicanos nos sentimos agraviados, indignados con lo que ahí pasó.

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El domingo 5 de septiembre pasado, el GIEI dio a conocer el informe de sus investigaciones. Entre los hechos que se difundieron, destacan la existencia de un quinto camión que fue omitido en los informes e investigaciones de la PGR, la certeza de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tuvieron conocimiento de los ataques, así como el Ejército, y el dato que acaso sea el más significativo para los padres: que los normalistas no fueron quemados en el basurero de Cocula.

Durante una rueda de prensa con los padres de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales señaló que es necesario “relanzar y diseñar nuevos planes de búsqueda. Los expertos han dado pautas y rutas claras de por dónde se pudiera buscar a los muchachos. La investigación de la pgr no tiene sentido porque concluye en Cocula, y si en este momento esa conclusión ha quedado destruida, por eso hablamos de una reestructuración para que se abran nuevas líneas de investigación”. m.