Alejandra Nuño, directora del nuevo Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, explica cómo una universidad puede hacer contrapeso a la impunidad y a la violencia que aquejan a la sociedad

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar”, señaló el escritor uruguayo Eduardo Galeano. A esta frase recurre Alejandra Nuño para invitar a la comunidad universitaria “a que caminemos juntas y juntos en esta utopía por un mundo mejor para todas y todos”. Ella es la directora del recién creado Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, del ITESO.

“En derechos humanos, las abogadas y los abogados hemos tenido un rol sustancial, pero sin las psicólogas y los psicólogos que acompañan a las familias, sin los trabajadores sociales que, por ejemplo, ven que la desaparición forzada conlleva una serie de problemáticas para las familias, o sin los arquitectos que nos digan cuándo la vivienda es inadecuada, sin los ingenieros químicos o ambientales que nos hablen de la contaminación del ambiente y del agua, no lograríamos tener una visión integral de la realidad”, dice Nuño al hablar del carácter multidisciplinar que tendrá el Centro.

La también egresada de la carrera de Derecho detalla que harán investigaciones y asesorarán a instancias internas, colectivos y organizaciones; además, se tendrá la posibilidad de colitigar o de litigar casos, con la finalidad de incidir en favor de los derechos humanos en los ámbitos local y nacional.

“Lo han dicho varias instancias internacionales: estamos en una crisis de derechos humanos, y eso nos obligaba a tener una propuesta tal vez más ambiciosa que la que antes se tenía”.

 En octubre de 2018, Alfonso Navarrete Prida, entonces secretario de Gobernación, anunció que aún se desconocía el paradero de más de 37 mil 400 personas desaparecidas desde 2006. Según la cndh, más de tres mil 900 cuerpos han sido hallados en más de mil 300 fosas clandestinas desde 2007. Desde 2013, la hoy Fiscalía General de la República ha contado con una unidad especializada para la investigación y el procesamiento de desapariciones, que hasta agosto de 2018 había iniciado mil 255 investigaciones, pero solamente había presentado cargos en once casos, aún sin condena. Fuente: hrw.org

Para ello, se hizo un diagnóstico en el que participaron investigadores, profesores y directivos del ITESO, a fin de conocer los temas que se estaban trabajando en la Universidad; también se llevaron a cabo entrevistas con organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas y periodistas. Con estos insumos se definieron los cuatro programas que atenderá el Centro: atención a víctimas de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales; seguridad ciudadana y justicia; violencia de género; y derecho al agua y al territorio.

Cuando Alejandra Nuño se refiere a las llamadas graves violaciones de derechos humanos que tienen que ver con tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, hace un paréntesis para señalar que el concepto debería ser más amplio.

“En los últimos tiempos, el derecho internacional habla de graves violaciones y las ha centrado en estas tres: tortura, desapariciones y ejecuciones. Lo son, sin duda alguna, no hay discusión sobre su complejidad y su relevancia; pero el Estatuto de Roma (de la Corte Penal Internacional) habla de masividad; yo pienso, por ejemplo, en el desplazamiento forzado, o bien en las crisis en materia de salud o de educación, que han generado rompimientos a la democracia. Entonces, me parece que al encasillar las violaciones graves solamente en estas tres dejaríamos fuera otros problemas importantísimos, que en este país o en otros han sido tremendamente relevantes”.

La problemática es enorme. ¿Por qué una universidad debería involucrarse?

Precisamente porque el problema es enorme y la experiencia nos ha dicho que los modelos de transformación de realidades más exitosos tienen que ver con la colaboración de diferentes sectores y actores. Con instituciones, por supuesto; el Estado es el responsable último de garantizar y respetar los derechos, con la sociedad civil, con las víctimas.

También la academia tiene un rol fundamental que consiste en ser crítica, propositiva; en acompañar procesos y ver la potencialidad que tienen el alumnado, el profesorado y la comunidad universitaria de involucrarse en problemáticas tan severas como las que estamos viviendo en México.

El ITESO quiere estar, no quiere ser ajeno a esta realidad, y quiere, desde la vía más académica, universitaria, hacer un aporte que ha sido sustantivo; por ejemplo, si uno ve en el litigio internacional, las universidades han desempeñado un rol fundamental al hacer publicaciones que sirven como pruebas. También al documentar casos que a veces las organizaciones no alcanzan a sistematizar, y al plantear propuestas más integrales para la atención de una problemática. El ITESO, como universidad comprometida con esta realidad, tiene mucho por ofrecer, por ejemplo, en términos de talleres, de capacitaciones, de clínicas.

 Alejandra en el curso “Documentación y peritaje en casos de tortura” en el ITESO. Foto: Roberto Ornelas

¿Cuáles son los primeros retos por enfrentar?

El primero, para mí, es conocer el ITESO desde adentro. Somos una comunidad universitaria inmensa, y el reto para mí es ver cómo nos podemos articular de la manera más eficiente para lograr propuestas y alternativas eficaces.

También las expectativas que podamos crear. Cuando se inaugura un centro con esta potencia, en un momento en el que hay una necesidad increíble de acompañamiento en materia de derechos humanos, es muy probable que nos saturen de casos, de solicitudes de apoyo, etcétera, y el asunto aquí es cómo dosificarnos.

El reto también es tener claro el distintivo universitario que tiene este Centro, que no es una organización de derechos humanos. Sí acompañará, porque para el Centro es relevantísimo lo que hacen las organizaciones y los colectivos. Pero el desafío es encontrar nuestra identidad, y así desempeñar un rol fundamental de acompañamiento, de propuestas, y, cuando sea el caso, de crítica constructiva para poder avanzar hacia un mundo mejor para todos y para todas.

Para Alejandra Nuño, quien fue parte del equipo representativo de voleibol del ITESO, el mejor equipo no es aquel en el que se juega mejor de manera individual, sino “el que se puede complementar de la manera más adecuada en un partido y ante la adversidad: lo he visto tanto en mi vida deportiva como en la profesional”.

Además de Alejandra, el “cuadro” del equipo que hoy conforma el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, lo integran Sonja Perkicˇ, quien colaboró en el diagnóstico previo; Mariana Espeleta, profesora del ITESO, y Miguel Ángel Álvarez, quien también está en la Clínica Ignacio Ellacuría, SJ. Entre los colaboradores están los profesores David Velasco, sj, y Alejandro Anaya.

“Con ellas y ellos vamos a empezar algo sencillo, modesto, pero me gustaría que más personas se sumen a esta iniciativa, porque estoy segura de que trabajo no nos va a faltar. Creo que lo que también va a ser muy interesante será vincularnos con el Sistema Ibero-UIA. El apoyo de las universidades y escuelas jesuitas sería de la mayor trascendencia en estos momentos, como lo ha sido, por ejemplo, en la UCA salvadoreña en los años ochenta, o en la UCA nicaragüense: diferentes momentos en los que las universidades han sabido estar del lado de la verdad y la justicia”.

 Entre 1980 y 1992 en El Salvador murieron más de 75 mil personas y desaparecieron otras siete mil, mientras que cientos de miles quedaron lisiadas o sin hogar. Ignacio Ellacuría, SJ, Rector de la Universidad Centroamericana (UCA), y sus compañeros trabajaron durante más de dos décadas denunciando injusticias y abusos, a pesar de las amenazas y los atentados que sufrieron. Según el jesuita, el trabajo de la universidad, “más que formar estudiantes, más que hacer investigación, es ponerse a resolver el problema inaceptable de injusticia en el país y en toda el área centroamericana”. Los jesuitas fueron considerados por la derecha y el ejército salvadoreños como corrosivos teólogos de la liberación y cómplices de los comunistas. Foto: Archivo

¿En qué momento nace este centro?

Es crucial, porque tenemos una realidad que cada vez nos supera más; también porque en el iteso tenemos un Rector que ha hecho una apuesta clarísima en materia de derechos humanos. Pero también es crucial porque día a día hay personas que no duermen por pensar en dónde está su ser querido desaparecido; hay mujeres que sufrieron violencia de todo tipo y nunca fueron apoyadas por las instituciones.

Hay una emergencia humanitaria de tal calibre que en este momento era impostergable hacer algo más articulado dentro de la universidad.

Esta labor ya inició con actividades como el curso “Documentación y peritaje en casos de tortura”, dirigido a representantes de las fiscalías de Derechos Humanos y de Desaparecidos de la Fiscalía General de Jalisco, así como a representantes del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y de los colectivos Por Amor a Ellxs y Familias Unidas por los Desaparecidos Jalisco, además de estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO. También se llevó a cabo una conferencia con expertos guatemaltecos, quienes compartieron sus estrategias en la tarea de identificación humana que ha reducido la cifra de desaparecidos en su país.

En el acto inaugural, el pasado 28 de agosto, Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Ana Carolina Chimiak, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, dieron la bienvenida al Centro.

Para Ana Carolina Chimiak, es momento de “cambiar el paradigma del papel que debe tener la sociedad civil. Es hora involucrar a los profesores y estudiantes en la defensa de los derechos humanos”. Y para Jan Jarab, el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, sj, es una “muestra de la vocación transformadora del ITESO. Los retos nos interpelan a ser más creativos y a formar nuevas estrategias de incidencia”.

 Personal de la Fiscalía de Derechos Humanos de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura; peritos de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas; personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses; estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO y dos psicólogas independientes durante el curso sobre documentación del delito de tortura. Foto: Roberto Ornelas

Germen jesuita

Cuando Alejandra Nuño echa un vistazo a los acontecimientos que la trajeron a la dirección del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ, es visible que su trayectoria en derechos humanos tiene el ADN de alguien que desde preescolar se formó en instituciones jesuitas.

Primero estuvo en el Instituto de Ciencias hasta la preparatoria, y de ahí se vino al ITESO, en el otoño de 1994, con una idea muy clara: “El Derecho puede transformar realidades”. Sin embargo, en ese entonces en la Universidad no se impartían materias en derechos humanos; de hecho, en México no se hablaba tanto de ellos. Pero hubo un par de tareas que terminaron de encaminar a Alejandra en su vocación.

La primera fue una investigación para la materia de Economía, en la preparatoria del Ciencias, que la llevó a conocer la lucha por el campo mexicano del movimiento El Barzón, que se manifestaba por las calles de la ciudad con sus tractores. Fue en sexto de preparatoria cuando tuvo que hacer una investigación en equipo. Ella y sus compañeros fueron a la Glorieta del Álamo, desde donde los integrantes del movimiento se irían a la Ciudad de México. “Sin querer, empezamos a platicar con un señor y después nos dimos cuenta de que era el secretario general del Barzón. Nos empezó a explicar la injusticia de los subsidios”. Entendió que su lucha era justa: “El tema de la agricultura me parece que es muy relevante, y el campo mexicano nos da de comer a todos y a todas, y aun así siempre lo dejamos ahí”.

La segunda tarea fue la toma de unas fotografías en Chiapas, durante el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Alejandra estaba en esa entidad visitando a un tío que es sacerdote, y fue al bosque con su cámara, acompañada por su hermano y un primo —ella tenía 17 años—. Cerca de donde se encontraban había instalaciones militares que ella no había visto. Elementos de la milicia se le acercaron para decirle que no podía tomar fotos, se llevaron a su hermano y a su primo, y después los dejaron ir. Entonces conoció la arbitrariedad.

“Mi familia siempre ha sido solidaria con migrantes, también con personas de Chiapas que venían a Guadalajara con algunos médicos. Pero esos dos acontecimientos me marcaron mucho”, cuenta.

A lo anterior se suma la experiencia de haber visto que muchas personas perdieron su casa con la devaluación que ocasionó el llamado “error de diciembre” en 1994. “Yo veía a mi papá y a mi mamá súper preocupados; me preguntaba cómo era posible que alguien no pudiera pelear contra los bancos, era una tremenda injusticia lo que estaba sucediendo. Todo eso me animó a decir: ‘El Derecho tiene que ser una solución, la justicia tiene que resolver estos casos, intentemos, a ver qué pasa’, y así empecé”.

Se fue a la Universidad de Essex, Inglaterra, a estudiar una maestría en International Human Rights Law. A su regreso trabajó para el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), litigando y asesorando en casos de violación a los derechos humanos ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. En el Cejil fue directora de la Oficina para Centroamérica y México.

En su trayectoria destaca el hecho de que fue consultora independiente, en un periodo en el que participó en la definición de estrategias jurídicas (locales e internacionales) de incidencia y de comunicación en diversos temas de derechos humanos; además de acompañar a víctimas, sobrevivientes y familiares en diferentes procesos de exigencia de verdad, memoria, justicia y reparación. .