Después de tres años y ocho meses, Alberta Alcántara y Teresa González recuperaron su libertad por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 28 de abril de 2009, los cinco ministros de la primera sala del tribunal las absolvieron al votar el proyecto de resolución presentado por la ministra Olga Sánchez Cordero. La intervención de la Suprema Corte en este caso ha sido relevante para corregir las irregularidades que existieron en el proceso.

La detención y la injusta sentencia de 21 años de prisión de Alberta y Teresa se originan en los abusos cometidos por seis agentes federales de investigación, que el 26 de marzo de 2006 llegaron al tianguis dominical de Santiago Mexquititlán, pueblo ñhañhú del sur de Querétaro. Con prepotencia despojaron a los comerciantes de la mercancía que ahí vendían. Pero no fue fácil, ya que éstos opusieron resistencia, exigieron que los policías se identificaran y mostraran la orden que respaldaba su actuación. Por tratarse de un operativo irregular, los agentes no pudieron consumar el abuso y se vieron obligados, tras varias negociaciones, a pagar los daños causados. Una vez hecho esto el incidente pareció terminado.

Sin embargo, los agentes y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones que fueron avaladas por el juez Rodolfo Pedraza Longi, quien ordenó la detención. Alberta y Teresa fueron arrestadas con engaños el 3 de agosto de 2006. Posteriormente se enterarían de que las acusaban de haber secuestrado a seis agentes federales que pretendieron abusar de los comerciantes de Mexquititlán. El proceso penal estuvo lleno de irregularidades: pese a ser mujeres indígenas no se les otorgó el derecho a contar con un traductor o intérprete, tampoco fueron aceptadas las pruebas que daban cuenta de su inocencia; en cambio fueron aceptados los testimonios de los agentes a pesar de sus contradicciones evidentes. Fue un proceso en el que ellas estuvieron siempre en desventaja, y así lo sostuvimos quienes asumimos su defensa integral.

La inequidad —que el sistema penal debiera corregir— acentuó la marginación y la exclusión que existen hacia quienes son parte de grupos vulnerados en su dignidad por su género, pertenencia étnica o condición socioeconómica. Es decir, las instituciones en México no son capaces de garantizar a las personas mejoras notables en su condición; más bien acentúan las condiciones de desventaja en que se encuentran en el seno de una sociedad regida por criterios de dominación y exclusión.

La Suprema Corte ha intervenido de manera extraordinaria para poner alto a abusos que ocurren cotidianamente. Los jueces y las demás autoridades involucradas en los procesos penales deben considerar con toda seriedad el mensaje que se les ha enviado: que no es posible actuar con ligereza, mucho menos con ánimo de venganza, cuando lo que está en juego es uno de los bienes más estimados por las personas: la libertad.

No se trata de una libertad entendida genéricamente, sino de las múltiples afectaciones que el abuso del poder estatal implica para las personas: alejarlas de su familia, de su lugar de residencia, privarlas de momentos valiosos de su vida, truncar los proyectos personales, además de la sensación de miedo y vulnerabilidad que invade a quienes participan en hechos que son luego castigados por quienes detentan el poder.

Teresa y Alberta exigieron, junto con los comerciantes de Santiago Mexquititlán, sus más elementales derechos. Por su “atrevimiento” fueron castigadas. Por fortuna se ha puesto un alto a los abusos cometidos contra ellas. Sin embargo, es necesario que la sociedad siga insistiendo con el fin de detener los atropellos cometidos día con día por las autoridades. No basta con señalar culpables, es necesario mantener la atención sobre la actuación de quienes procuran y administran justicia. Pero, más que nada, es fundamental no dejarse vencer por el miedo y asumir que la única manera de construir una sociedad más justa es reconocerse ciudadanos con derechos y exigirlos. m.

Luis Arriaga, sj

Abogado especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En la actualidad es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ac (Centro Prodh), un organismo civil dedicado a la defensa y la promoción de los derechos humanos en México, fundado por la Compañía de Jesús en 1988.