Con casi 30 años de trabajo en media docena de empresas, María es una veterana en las áreas de producción de la industria electrónica en Jalisco. Sus años más difíciles fueron cuando “anduve en casi todas las agencias” de subcontratación de personal para las manufactureras, por eso conoce bien la diferencia entre trabajar con un contrato “de planta” directamente para el fabricante y estar subcontratada por un tercero. No duda al afirmar que el modelo también conocido como outsourcing “no debería existir”.

“María” no es su nombre real, pidió mantenerse en el anonimato porque valora el contrato de planta que tiene desde hace 13 años en una de las trasnacionales más grandes y no quiere sufrir represalias. Pero los testimonios de trabajadores como ella son especialmente importantes ahora, cuando el Congreso discute una reforma laboral, impulsada por el gobierno federal, que propone prohibir el outsourcing de personal, una práctica que emplea a, por lo menos, cinco millones de personas en México.

El modelo de la subcontratación ha sido tradicionalmente usado y defendido por el sector empresarial, debido a los beneficios en materia de costos que trae consigo la flexibilización de la contratación; pero también ha sido criticado por los obreros y las organizaciones sociales, porque degrada la calidad del empleo, genera abusos y viola uno de los derechos fundamentales de los trabajadores: la estabilidad en el empleo.

Este debate se intensificó en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A mediados de 2019 se presentaron varios proyectos, principalmente por parte de legisladoras del partido Morena, para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) y regular el outsourcing, pero fueron cuestionados por el sector empresarial y criticados desde el sindicalismo independiente dado que no proponían eliminar la subcontratación.

En noviembre de 2020, López Obrador anunció una reforma que sí establece prohibir legalmente el outsourcing de personal. La propuesta fue rechazada por el sector empresarial, pero días después se anunció un acuerdo entre el gobierno, 10 dirigentes de organismos privados y 10 sindicatos para posponer la reforma hasta febrero. Cuando se firmó el acuerdo, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, agradeció la pausa porque “nos dará el tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en cuanto al tipo de nóminas que van a buscar” (Reforma, 10 de diciembre de 2020).

Aunque otras cámaras empresariales, como la Coparmex, no firmaron ese acuerdo y se mantienen en contra de la reforma, a estas alturas hay un reconocimiento amplio, incluso en la iniciativa privada, de las malas prácticas que ocurren alrededor del outsourcing y que afectan a millones de personas y al erario público. También parece que hay coincidencia en cuanto a que la reforma será aprobada; por eso, ahora las expectativas y las dudas están en su contenido final y, principalmente, en los alcances que pueda tener para impulsar la cultura laboral basada en los derechos humanos de los trabajadores.

“Precarización espantosa”

La reforma es una respuesta del gobierno “a una serie de prácticas indebidas o abusivas de ciertos patrones, que utilizaban el modelo de subcontratación, no para buscar el trabajo especializado que abonara a su actividad económica, sino para eludir dos obligaciones; una es la PTU, es decir, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, ese 10 por ciento que los patrones tienen que dar a sus trabajadores sobre la utilidad que tienen en el año y, la otra, para evadir impuestos y el cumplimiento de obligaciones de seguridad social”, explica el doctor Juan Carlos de Obeso Orendain, académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO.

El especialista dice que muchos patrones recurrían a la subcontratación para “adquirir facturas falsas o, en su momento, hacer ciertos pagos o reintegros a los trabajadores que no contaban como parte del salario base de cotización para el Seguro Social y, una vez que los trabajadores terminaban su vida laboral, pues tenían prestaciones mucho más bajas”.

En el sector empresarial también reconocen malas prácticas en la subcontratación, aunque insisten en que se distinga entre el “outsourcing legal y el ilegal”. Cuando se acordó posponer la reforma, Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), dijo que respaldan al gobierno para desaparecer el outsourcing ilegal, porque daña la competitividad de las empresas y a las finanzas públicas al evadir el pago de impuestos. Mientras, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) señaló que 900 empresas ofrecían el servicio de subcontratación, de las cuales 337 estaban registradas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 100 estaban dadas de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y sólo 40 pagaban impuestos (Forbes, 24 de noviembre de 2020).

La AMECH, que agrupa a 24 agencias del sector, insiste en que la también llamada tercerización de personal “es el proceso por el que una empresa delega la administración de personal a un tercero, experto en la materia. Se trata de un esquema legal que está regulado en México por la Ley Federal del Trabajo, la Ley del imss y la Ley del Infonavit; también lo regulan muchos países e incluso la Organización Internacional del Trabajo” (OIT), pero “suele confundirse con el outsourcing irregular o ilegal que llevan a cabo algunas empresas, o lo que se conoce como los ‘outsourcing fiscales’” (Reporte AMECH “Tercerización de Personal”, julio de 2019).

El doctor Luis Ignacio Román Morales, académico del Departamento de Economía, Administración y Finanzas del ITESO, explica que “originalmente, la subcontratación está justificada para el desarrollo de trabajos especializados y fundamentalmente de carácter temporal: en otras palabras, tareas que no son regulares de una empresa. ¿Cuál es la bronca? Que durante muchísimos años se ha utilizado esta figura legal, pero al haber ambigüedad en el carácter de esos servicios especializados, pues… a río revuelto —a falta de inspectores—, ganancia de pescadores, y entonces se fue generalizando, no para tareas de carácter temporal, eventual y especializado, sino para tareas de carácter general y en distintos niveles de calificación, sobre todo hacia los niveles de calificación menores. Así se generaliza una precarización laboral espantosa, y, por lo tanto, la elusión no solamente de derechos estrictamente laborales, sino fiscales y de seguridad social”.

“Un peso de utilidades, y en cheque”

María ha sido testigo del proceso de degradación de la subcontratación. “Yo empecé a trabajar en la industria electrónica en 1992, en AT&T, donde se producían teléfonos y contestadoras telefónicas. Ahí fue directa la contratación por la empresa. Incluso, antes de entrar ahí me vine del pueblo a Guadalajara y trabajé en una mercería, y también ahí fue directo, no fue por agencias, porque ahorita ya hasta en las jugueterías, todo es subcontratado”.

Su primera relación con el outsourcing ocurrió hace 25 años, cuando fue contratada por una agencia para laborar en Solectron, trasnacional que acababa de instalarse en Jalisco. “Aquello era un mover gente de una agencia a la otra, y sí nos descontrolábamos, porque no sabíamos quién era nuestro patrón, si la agencia o la empresa; pero los directivos sí tenían ya su planta”.

“Después, la empresa empezó a dar contratos de planta y sí se veían las diferencias entre el personal de planta y el personal de agencia. Para empezar, el fondo de ahorro: la agencia nunca ha dado; utilidades, tampoco. Siempre ha dado las prestaciones mínimas de la ley. Por ejemplo, el aguinaldo: pues nada más son los 15 días, cuando está uno por agencia, y si la agencia dice que va a dar reparto de utilidades, les puede pasar como a mí, cuando estaba por agencia en Benchmark, y me llegaron a dar de utilidades un peso, y en cheque. Dije: ‘¡Qué!, ¿cómo voy a llegar al banco a cambiar un cheque por un peso?’. Para mí, es una burla”.

En 2002 fue subcontratada otra vez, ahora para una empresa que hacía piezas de plástico para impresoras. En ese momento se vivía un boom del outsourcing: “Cada quien hizo sus agencias, y como vieron que el gobierno las empezó a ayudar con los impuestos, entonces también ahí fueron cambiando de razón social, y los afectados fuimos los trabajadores, porque nos daban de baja en el Seguro Social y ni cuenta nos dábamos”.

Así estuvo durante algunos años más, “pasaba de agencia en agencia y cada que entraba en una, me decían: ‘Nosotros no somos su patrón, nosotros solamente les vamos a pagar’”, y eso causaba confusión en el personal, que no entendía si debía seguir las instrucciones del personal de la agencia o de la empresa para la que laboraban.

Ahora lleva 15 años trabajando en una de las trasnacionales más grandes en Jalisco; los primeros dos años fue subcontratada y después tuvo un contrato de planta con la empresa. Afirma que el personal contratado por outsourcing sufre discriminación e inestabilidad en el trabajo, “porque cuando bajan los proyectos o la producción, a los primeros que corren son a los de agencia, o si tienes faltas o llegas tarde, uno tiene la incertidumbre de que te van a correr. La diferencia es que no se siente uno seguro en el trabajo… aunque con planta tampoco, porque también a veces dicen ‘Vamos a correr’, y agarran parejo”.

María dice que gracias al contrato de planta pudo obtener un crédito del Infonavit para comprar una casa, pero “a la mayoría de los trabajadores que son de agencia no les dan el crédito para casa, y si se los dan ha de ser con muchos requisitos”, debido a que son obligados a firmar contratos temporales (la mayoría son mensuales) durante años, sin posibilidad de generar antigüedad en su trabajo.

También opina que los subcontratados son más vulnerables ante malos tratos y represalias. Los empleados que reclaman sus derechos suelen ser “boletinados” por las agencias en listas que éstas se comparten. “Yo tengo una hija que trabajó en una agencia de subcontratación, y ella me platicaba que, antes de contratar, investigaban esa lista; sí existe esa lista, y ahí decía ‘apto’ o ‘no apto’. Como ella también tenía sus jefes, pues tenía que seguir esa lista. Ésa es una práctica de la agencia y también de la empresa, porque las empresas mandan la lista a las agencias”.

Amapola López es coordinadora de la Coalición de Ex Trabajadoras(es) y Trabajadoras(es) en la Industria Electrónica Nacional (CETIEN), una organización que surgió a partir del cierre de la planta de Hitachi, en Jalisco, en 2007, que dejó desprotegidas a casi cinco mil obreras subcontratas; dice que “el outsourcing es un ataque contra la clase trabajadora, puesto que ayuda a los empresarios a crear confusión sobre quién es el patrón, genera inestabilidad y elimina o reduce las prestaciones de ley, por ejemplo, las vacaciones. Los contratos que nos vienen dando mes a mes, año por año, no nos dejan avanzar en las vacaciones ni hacer antigüedad, y hay una discriminación terrible hacia la clase trabajadora, porque parece que hubiera trabajadores de primera y de segunda al ser subcontratados, a pesar de que tienen las mismas actividades en los mismos puestos”.

Un diagnóstico brutal lo ofreció Miguel Reyes Hernández, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana, en la presentación del informe “El sexenio del empleo precario y los bajos salarios”, elaborado con el Instituto de Investigación para el Desarrollo con Equidad (Equide), de la Ibero Ciudad de México, cuando afirmó que la reforma de 2012 “fortaleció la contratación y el despido a bajo costo e incluyó el outsourcing como un mecanismo central. Les quitó derechos a los trabajadores y es un desastre en materia de desarrollo. Lo único que ha generado es la persistencia de grandes capas de población trabajadora en la situación de pobreza” (Sin Embargo, 24 de octubre de 2018).

Por todos los abusos que se cometen alrededor del outsourcing, Luis Ignacio Román opinó que, “a reserva de ver cómo vaya a quedar en febrero la discusión fiscal, me parece que la iniciativa de la reforma es correcta, porque era una manera de negar principios básicos, en términos de desarrollo de la persona humana. Todos los elementos esenciales de los principios doctrinarios de la Ley del Trabajo se podían violar en la forma en la que se aterrizó directamente la lógica de la subcontratación laboral”.

¿Qué propone la reforma?

La nueva iniciativa “realmente es una reforma que viene más fiscal que otra cosa”, opina Juan Carlos de Obeso, ya que las autoridades detectaron que desde 2012, cuando se legalizó o regularizó el outsourcing en la Ley Federal del Trabajo (LFT), “se ha triplicado el número de factureras, se ha multiplicado el no pago del PTU”, y por eso ahora buscan prohibir todo el modelo y transitar a un régimen exclusivamente de trabajo especializado.

En la reforma, el gobierno permite que ciertos trabajadores puedan “auxiliar” en otra actividad económica, pero sólo con autorización previa de la Secretaría del Trabajo y Bienestar Social (STPS). “Básicamente, ésa es la propuesta, tratar de combatir el abuso o los esquemas agresivos de subcontratación, transitar a un modelo de trabajos especializados, obras especializadas; volver a llevar un control por parte de la autoridad administrativa para que valide la especialización, propiamente, y, sobre todo, endurecer, hacer más agresivas las sanciones en caso de que un patrón pretenda hacer un esquema de subcontratación prohibido o pretenda eludir sus obligaciones con sus trabajadores aduciendo el nuevo modelo”.

Josué Rosendo y Hugo Mendoza, de las áreas de Investigación y Formación Educativa, respectivamente, en el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), coinciden en que la reforma busca regular la prestación de servicios especializados, “sobre todo lo que tiene que ver con transporte, comedor, seguridad privada, limpieza”, pero las empresas ya “no podrían contratar servicios especializados para la producción, no podrían contratar operarios o supervisores de producción, porque no es un servicio especializado”.

Los especialistas del Cereal dicen que sus dudas sobre la reforma están relacionadas con los mecanismos de vigilancia y de inspección, para evitar que las empresas simulen la prestación de servicios especializados, sobre todo porque “el gobierno de López Obrador ha despedido a los supervisores de la STPS, cuando la realidad demanda que se empleen más supervisores para que realmente preserven las garantías de este nuevo marco jurídico que se pretende aprobar”.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá un papel importante. “Para lograr que este modelo de prohibición y de tránsito los patrones lo tomen muy en serio, lo voy a decir con mucho respeto, le pones un candado fiscal muy agresivo. Si contratas un modelo de subcontratación prohibido, los gastos que tú hagas no son deducibles para ISR ni acreditables para IVA. Segundo, si lo que tú dices que haces es especializado, necesitas contar con la autorización de la STPS; si no tienes esa autorización, entonces aquel que te pague no va a poder hacer deducible ni acreditable el impuesto. Si ese que te está pagando, que es el contratante, no puede hacer deducibles ni acreditables los pagos, lo que va a pasar es que va a tener un adeudo fiscal, y si ese adeudo supera los 8 millones de pesos, o el monto de operaciones que tienes con tu contratista es mayor a 8 millones, entras automáticamente en un régimen de excepción, que es delincuencia organizada, lavado de dinero, prisión preventiva oficiosa y extinción de dominio”, explica De Obeso.

Mientras hay pocos inspectores en la STPS, en el SAT “tienes a una autoridad que ya está tecnificada, con una máquina, digámoslo así, y automáticamente puede estar revisando tus operaciones; ya toda la estructura está hecha para sancionar de manera muy agresiva a aquel que se quiera pasar de listo”.

La AMECH ha señalado que la reforma no terminará con las malas prácticas. Héctor Márquez, presidente de la asociación, ha manifestado que ellos están “de acuerdo con frenar a los factureros, pero en la iniciativa no viene cerrado ese candado. Dice que se aplicarán sanciones, pero, ¿cómo los frenamos? Muchas de esas compañías no tienen en su objeto social el servicio de la subcontratación de personal; esperemos buscar cambiar su redacción para cerrar la puerta a esos evasores” (Reforma, 3 de diciembre de 2020).

Hay más interrogantes sobre la reforma. “¿Qué va a pasar con las trabajadoras y los trabajadores que están ahorita contratados con esta modalidad?”, se preguntaron los especialistas del Cereal, ya que el riesgo latente es que “se pueden generar despidos masivos porque la agencia de contratación va a tener que liquidar a todos sus trabajadores. El otro riesgo que se corre es que las agencias no se quieran responsabilizar por el pago y el cumplimiento de las indemnizaciones”.

De hecho, “recientemente han estado llegando al Cereal trabajadores de la electrónica que tienen mayor antigüedad y los están contratando por medio de la subcontratación, pero las empresas para las que laboran no están asumiendo el rol de patrón sustituto. En diciembre empezó la prórroga [para la reforma], pero algunas empresas ya están en esta idea de ‘Vamos a intentar regularizarnos antes de que empiece la reforma’; pero en eso están despidiendo a los trabajadores de mayor antigüedad”.

La reforma también podría afectar a las empresas más pequeñas, donde, a diferencia de las grandes, “los costos laborales sí son una parte mucho más elevada de sus costos totales y ahí sí puede haber una mayor vulnerabilidad para la empresa, fundamentalmente en periodos tan difíciles como el que estamos pasando ahorita. En otras palabras, aunque lo que se está haciendo a mi parecer está bien, tiene que haber otra modificación legal, otra lógica de estratificación que permita una mayor capacidad de la micro, la pequeña y la mediana para enfrentar condiciones difíciles y que, efectivamente, las empresas grandes y gigantes sean la punta de lanza de la mejora de las condiciones laborales”, opina Luis Ignacio Román.

El académico propone establecer mecanismos de transferencia de recursos de las empresas más grandes a las pequeñas y las medianas, “por ejemplo, a través de un cambio de la estructura de aplicación del reparto de utilidades, con una estrategia de reparto de utilidades a niveles regional o sectorial”, de manera “que las ganancias de las empresas más poderosas también beneficien al reparto de utilidades, a la estabilidad de los trabajadores de las empresas que se encuentran en condición más difícil, porque la gran bronca ahorita, que es el reclamo empresarial —y, curiosamente, en buena medida proviene del empresario grande o de las cámaras—, es decir: ‘¡Es que con esto van a generar despidos y desempleo!’. A ver: si la mayor parte está en empresas corporativas, no me digan que esas empresas no pueden mejorar la estabilidad y las capacidades en un país con una distribución del ingreso, de la riqueza y del mercado tan elevada como en México, no me frieguen”.

Juan Carlos de Obeso opina que después de que sea aprobada la reforma “tenemos que ver la respuesta de las empresas en cuanto a cómo van a cumplir con los requisitos, es decir, si efectivamente van a transitar a un esquema de especialización […] aunque es una reforma que busca sustancialmente proteger al trabajador, lastimosamente a veces la respuesta de las personas ante una reforma así es hacer ajustes más administrativos, corporativos, para cumplir, antes que realmente atender a sus trabajadores y darles las mejores condiciones de vida —que, a fin de cuentas, creo que todos estaríamos de acuerdo con eso—. El problema es que hay poca cultura en esto, y mucha gente lo que va a decir es: ‘¿Cómo le hago para volver a eludir?’. Ése es el gran problema. Veamos lo positivo de esta reforma, veamos qué es lo que pretende y asumamos un compromiso con los trabajadores”.

“Oxígeno puro”

Para avanzar en la dignificación del trabajo, De Obeso enfatiza que “hay muchas cosas que tienen que cambiar, tiene que haber una reforma mucho más amplia de lo que parece. Yo creo, no soy especialista, pero creo que tienen que cambiar criterios tradicionales de productividad, como es el caso de la antigüedad y el tipo de empleo. Por ejemplo, la PTU es algo que se discute mucho, es una prestación que se les da a los trabajadores, consistente en 10 por ciento sobre la utilidad —incluso utilidad que no tenga nada que ver con la fuerza de trabajo—; yo puedo tener utilidades por otro tipo de ingresos que no son propiamente por lo que hace el trabajador, y le tengo que dar 10 por ciento. No estoy contra los trabajadores, pero hay aspectos sustanciales de la misión de la Ley del Trabajo que tendrían que evolucionar”.

Luis Ignacio Román comenta que siempre existirán los mecanismos elusivos, “siempre habrá salidas tangenciales, la reglamentación técnica específica hará que siempre haya salidas, pero es mejor que haya una regulación auténticamente protectora de los principios fundamentales del trabajo antes que una ley permisiva para que esos principios no se apliquen. Eso a mí me parece positivo […] sí estoy optimista, sin pensar que la realidad se cambia de un instante a otro. Creo que puede haber una labor muy viva de modificación de las relaciones entre capital y trabajo en México, y, bueno, no es sólo la reforma laboral, es la incorporación de todo lo que es la regulación laboral en el T-MEC, la firma del Convenio 98 de la oit; es toda la reforma del teletrabajo; es la incorporación de trabajadores jornaleros y del hogar en los salarios mínimos; es el aumento de los salarios mínimos reales; es decir, si lo vemos como conjunto, me parece que en un país que tiene tal concentración del poder económico como México, esto, hablando en épocas de covid, es oxígeno puro”.

Amapola López dice que en la CETIEN “tenemos la esperanza de que se elimine” el outsourcing, porque eso “ayudaría a que se pagara más justamente a las trabajadoras y trabajadores y a que se les respeten sus prestaciones […] También nosotros, como clase trabajadora, tenemos la responsabilidad de conocer las leyes, porque ésa es una de las cosas que nos han dañado, no conocer las leyes”.

Reitera que “el outsourcing de por sí es violencia; te podría decir que es su segundo nombre, son unos vampiros que chupan la sangre de la clase trabajadora, la debilitaron en todos los aspectos. El outsourcing no debe existir ni aunque digan que lo regulan, ni aunque fueran a respetar los derechos; aun así ya está dañando a la clase trabajadora, es una violación constitucional al empleo estable, empezando por ahí”.

María también opina que el outsourcing “no debería existir porque son empresas que no están produciendo, más bien ganando dinero a costa de las trabajadoras y trabajadores. Nosotros somos los que producimos, somos la mano de obra, y ellos tan sólo administrando al personal sacan todo su dinero, pero es dinero que deberían pagar a las trabajadoras, debería llegar a nuestros bolsillos en salarios y prestaciones mejor pagadas, o bonos”.

María y Amapola López opinaron que las empresas podrían contratar de manera directa a sus empleados y seguir siendo rentables. Josué Rosendo, del Cereal, dice que en México hay trasnacionales que sí han contratado directamente a todos sus empleados y cumplen con el reparto de utilidades. “Sí se pueden garantizar los derechos de los trabajadores. El trabajo no es una mera cuestión de subsistencia: es el epicentro de la vida, de tus capacidades cognitivas, emocionales, creativas. Creo que el trabajo debe dejar de ser sufrimiento y una carga, y más bien ser algo sustancial de la vida, aunque suene utópico”. .