¿Tiene salida el colapso del sistema penitenciario mexicano? Algunos estados han logrado revertir la tendencia a la sobrepoblación carcelaria y despresurizar sus sistemas penitenciarios

En el sistema penitenciario mexicano estallan las contradicciones e insuficiencias de todo el sistema penal; de su discurso y de sus políticas; de los derechos abstractos, a la ineficacia de las garantías concretas.

Los criminólogos suelen referir que alrededor de cinco por ciento de los delincuentes es responsable de 60 por ciento de los delitos de alto impacto (bandas activas de secuestradores, de sicarios y dedicadas al robo de vehículos). Si el número de internos va en aumento y los delitos de alto impacto no disminuyen, es evidente que no se está capturando a los responsables de los delitos más graves.

Hacinamiento

76 por ciento de los internos del país vive en situación de sobrepoblación y hacinamiento. En 22 de los 387 centros penitenciarios (5.7 por ciento) se concentran 104 mil seres humanos (40 por ciento de los internos del país). Esta evidencia dantesca la encabezan los penales de Chalco (483 por ciento), Ecatepec (471 por ciento) y Puente Grande, Jalisco (316 por ciento).

Autogobierno y corrupción

En el país hay ocho internos por cada custodio. Si consideramos los turnos, permisos, comisiones y vacaciones del personal, se puede colegir que esta relación llega a ser de 24-35 internos por custodio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado que, en alrededor de 60 por ciento de los centros penitenciarios, los que mandan son los internos.

Violencia

En este contexto, los homicidios, los motines, las riñas, las fugas y otras incidencias van al alza. Se han llegado a registrar más de 100 homicidios en los centros penitenciarios del país en algunos años. Los actos sangrientos de Topo Chico, Apodaca y Altamira en el pasado reciente, son cúspides de esta espiral de violencia e impunidad.

¿Tiene salida este colapso del sistema penitenciario mexicano? Estados que han logrado revertir la tendencia y despresurizar sus sistemas penitenciarios, han instrumentado tres principales directrices: dejar al sistema penal únicamente los delitos de mayor impacto y afectación a las víctimas (fortalecer la justicia alternativa para delitos menores); evitar que las personas que por primera vez son procesadas penalmente y que cometieron un delito no violento tengan un antecedente penal (la suspensión del procedimiento a prueba), para así poder reinsertarse en la sociedad; e impulsar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que contempla áreas especializadas e imparciales que evalúan el riesgo de fuga de las personas acusadas, así como un sistema de audiencias que permite argumentar abiertamente acerca de las medidas cautelares más adecuadas. En los estados que han logrado desarrollar todo el potencial de este nuevo mecanismo se estima que, durante 2014, 15 mil personas evitaron la experiencia de la prisión preventiva. Baja California pasó, en cuatro años, de una ocupación penitenciaria de 180 a 103 por ciento. Baja California, Nuevo León, Morelos y Yucatán han logrado reducir entre 35 y 50 por ciento su tasa de prisión preventiva. Políticas que reconocen que se puede despresurizar la prisión sin afectar la seguridad de la sociedad. m.