Ante la connivencia de los criminales con el Estado, los familiares de los desaparecidos en México no tienen más remedio que buscarlos por su cuenta. Gobernanza Forense Ciudadana es una organización surgida de esa realidad desesperada para ayudarles a encontrar una explicación a su pesadilla

A Juani Solís le entregaron un cuerpo que supuestamente era el de su hija, Brenda Damaris González Solís, en una bolsa negra, como las de la basura. Le dijeron que estaba muy destruido, que no lo velara. La presionaron para que lo cremara. Pero Juani tenía dudas. Su hija había desaparecido junto con un muchacho con el que había salido a un bar en Santa Catarina, Nuevo León, el 31 de julio de 2011, y poco más de un año después, en octubre de 2012, la Procuraduría del Estado encontró 166 piezas óseas en una fosa clandestina. En una de las bolsas que les dieron a las familias había dos cráneos, por lo que los restos fueron revueltos. ¿Cómo habían sabido identificar quién era quién? Las tallas de la ropa encontrada en la fosa no correspondían con las de los muchachos. Y, además, no había clara coincidencia entre las fechas de la desaparición y el grado de descomposición de los cuerpos.

La familia del acompañante de su hija decidió cremar los restos que las autoridades le dieron, pero Juani pidió consejo a otras mamás de desaparecidos en Nuevo León, agrupadas en la organización Fuerzas Unidas por los Desaparecidos de Nuevo León (Fundenl).

“Nosotros no sabíamos nada de identificaciones”, relata Letty Hidalgo, madre de Roy Rivera, un muchacho que fue secuestrado en su propia casa por un comando de hombres armados el 11 de enero de 2011, y del que no ha vuelto a tener noticias. “Pero, por alguna razón, un instinto, le dijimos que si no estaba convencida, si tenía dudas, que no cremara el cuerpo, que lo enterrara. Luego ya veríamos”.

Juani y su familia sepultaron el cuerpo en el panteón de Santo Cristo. No le pusieron nombre a la lápida. Y entonces siguieron su penoso camino de búsqueda, como miles de familias mexicanas, con un nuevo objetivo: exigir a las autoridades que les permitieran hacer un peritaje independiente que les diera alguna certeza.

Juana Solís buscó a su hija, Brenda Damaris González, durante un año, luego de que desapareciera en octubre de 2011. En 2012 las autoridades le informaron que habían encontrado los restos de Brenda en una fosa común. Juana recurrió al Equipo Peruano de Antropología Forense para hacer nuevas pruebas de ADN, ya que había evidencia de errores en las realizadas por el forense oficial. En la imagen, marcha con una fotografía de su hija y una playera que pregunta “¿Dónde están?”. Foto: Reuters.

Miles y más miles

La verdad puede ser un exquisito tema de discusión para académicos y teóricos, pero para miles de familias mexicanas es un asunto muy básico: saber dónde están sus hijos, qué les pasó, por qué.

La desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre pasado, parece haber encendido la indignación y la movilización de la sociedad civil y de la comunidad internacional, pero es apenas un capítulo más de la trágica historia reciente, que ha dejado alrededor de 120 mil muertos y 25 mil desaparecidos durante los últimos ocho años.

La realidad es que ni siquiera hay una cifra exacta de desapariciones. Al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación reconoció que en el país había 26 mil 800 personas desaparecidas entre 2006 y 2012, aunque, meses después, el titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró ante el Senado que habían “depurado” la lista y que eran ocho mil. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) habló de 24 mil 800 personas desaparecidas hasta junio de 2013.

Organismos internacionales de derechos humanos han criticado severamente al Estado mexicano por no ser capaz de tener un registro confiable de casos. “La lista demuestra la deplorable falta de metodología y procedimientos claros de las autoridades para recabar datos fiables del ámbito nacional sobre las desapariciones denunciadas. Estas deficiencias no sólo han ocultado la verdadera naturaleza y la magnitud de las desapariciones, sino que también han socavado gravemente las investigaciones sobre desapariciones, incluida la capacidad de localizar e identificar a las víctimas”, aseguró Amnistía Internacional en el informe “Enfrentarse a una pesadilla. Las desapariciones en México”.

A pesar de las inconsistencias del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, Amnistía Internacional asegura que el conteo “confirma una constante de desapariciones y desapariciones forzadas sistemáticas”. A lo que añade un dato escalofriante: en 40 por ciento de los casos, nunca se abrió una investigación criminal.

Un corte más reciente al conteo oficial, publicado por Animal Político el 20 de noviembre de 2014, daba la cifra oficial de 23 mil 605 casos, de los cuales 40 por ciento ha sido denunciado durante el actual sexenio.

Otro dato: a finales de noviembre, 2014 era ya el año con más desapariciones en México: 5 mil 098 personas.

El Estado, coludido con los criminales

La última noticia que la familia González Solís tuvo de Brenda Damaris fue por teléfono. La muchacha se comunicó con su hermano Antonio para pedirle ayuda porque habían tenido un accidente automovilístico. Después de darle los detalles de su ubicación, Brenda Damaris le dijo a su hermano que estaba llegando una patrulla de tránsito de Santa Catarina, un municipio de la Zona Metropolitana de Monterrey. Antonio escuchó que una voz masculina le ordenaba a su hermana que colgara. Media hora después, cuando llegó al lugar que su hermana le había indicado, no encontró rastro de ella.

La buscaron en hospitales, en cuarteles y cárceles. Nadie supo de ella. Al día siguiente, su camioneta fue hallada en un barranco en la carretera a Saltillo. Tenía cinco balazos, pero no había sangre.

La familia de Brenda Damaris la buscó por todos lados, durante un año. En los primeros días de octubre de 2012 se enteraron de que había aparecido una fosa en la Huasteca. Juani se desplazó para ver si podía averiguar algo y tuvo un enfrentamiento con los militares que ahí custodiaban. La acusaron de llevar una “narcomanta”, cuando lo que llevaba era un mensaje con la fotografía de su hija.

Este patrón de comportamiento, en el que agentes del Estado, ya sean agentes de tránsito, policías municipales, estatales o federales, militares o marinos, están involucrados activamente en la desaparición de personas, y después obstaculizan, por acción u omisión, la búsqueda de respuestas que emprenden los familiares, no es una excepción, sino una constante.

En febrero de 2013, Human Rights Watch publicó un informe especial titulado “Los desaparecidos de México”. De los 250 casos de desapariciones investigadas por la organización, en más de 140 casos (56 por ciento) hay evidencia de participación de agentes del Estado, ya sea de manera directa, o bien indirectamente “mediante su colaboración o aquiescencia”. Es decir, se trata de desapariciones forzadas.

Para Ximena Antillón, investigadora del área de derechos humanos de Fundar y experta en temas de desaparición en el país, no es posible entender la crisis de las desapariciones en México sin remontarse a la impunidad que ha prevalecido aquí desde el periodo conocido como “guerra sucia” en los años setenta y ochenta.

“La impunidad, la falta de persecución a estos delitos y la corrupción han permitido que la delincuencia organizada utilice la desaparición como un método de control del territorio”, asegura. En este sentido, Antillón habla de un proceso de “privatización” de la desaparición forzada.

De las desapariciones estudiadas por Fundar, la organización señala que hay cuatro tipos, según los responsables: a) militares cumpliendo funciones de seguridad pública; b) policías federales, estatales o municipales; c) fuerzas de seguridad en connivencia con la delincuencia organizada y d) la delincuencia organizada.

Lo que el expresidente Felipe Calderón hizo durante su gobierno fue invisibilizar la responsabilidad del Estado. En el discurso oficial, el enemigo siempre era la delincuencia organizada, cuando hay evidencia abrumadora que demuestra que la línea entre “los buenos” y “los malos” no es tan clara.

Graciela Pérez busca a su hija, Milynali Piña Pérez, y a cuatro de sus sobrinos. Los jóvenes desaparecieron cuando pasaban por Tamaulipas, rumbo a San Luis Potosí, procedentes de Estados Unidos. En la imagen se ve el rostro de los muchachos y su hija, mientras Graciela sostiene documentos oficiales. Foto: EFE

Para Antillón, el caso Ayotzinapa ha mostrado con claridad los vínculos entre políticos y delincuencia, aunque en un grado “bastante inverosímil”. “Si la investigación está apuntando hacia Abarca [el expresidente municipal de Iguala, Guerrero, la ciudad donde tuvieron lugar los hechos,] es un político de bastante bajo rango, es un presidente municipal. Ahí tienen muchísimo qué rascar…”.

La falta de tipificación del delito de desaparición forzada —inexistente en 19 estados— impide investigar de forma adecuada los casos. “Se investiga como secuestro, como privación ilegal, pero no se investiga como una estructura jerarquizada del Estado, la cadena de mando, la responsabilidad de los policías y los militares y otros agentes”, dice la investigadora.

Esta estructura de corrupción es a la que se enfrentan los familiares que son orillados a investigar por su cuenta la desaparición de sus seres queridos. Por eso corren riesgos, son amenazados, asesinados. “Por algo los periodistas han sido blanco de la represión”, asegura Antillón, “porque ellos son los que se han metido a develar estos vínculos”.

Una iniciativa esperanzadora

“¿Cómo es posible que sigamos esperando que el mismo Estado que comete los crímenes sea el que se dé sanción, la haga cumplir y busque a los responsables?”, cuestiona Ernesto Schwartz, director de Gobernanza Forense Ciudadana, una naciente organización civil que busca, precisamente, revertir esta concepción “esquizofrénica” de la justicia y los derechos humanos.

“Hay mucha ineptitud, omisión, cohecho, colaboración, de todo”, sentencia el también investigador de la Universidad de Durham, en Inglaterra. “Hoy no hay nadie en este país que te pueda decir qué está pasando. No hay evidencias para nada”.

Schwartz es antropólogo de la ciencia, uno de esos científicos sociales que estudian cómo se construyen socialmente las nociones de verdad y fiabilidad entre los científicos. Mientras estudiaba el sistema forense colombiano —que, como el de México, carecía de toda credibilidad durante los años de violencia más cruda, en la década de los ochenta—, se sintió conmovido al conocer la historia de Fabiola Lagarde, madre de un militante marxista detenido, desaparecido el 3 de octubre de 1984 y ejecutado extrajudicialmente. ¿Cómo fue que esta mujer, secretaria bilingüe de Medellín, atravesada por el dolor por la pérdida de su hijo, se convirtió en una de las primeras defensoras de derechos humanos en usar evidencia de ADN? “Aunque ella no es un perito y ella no hizo ningún piqueteo ni la secuenciación de ADN, fue gracias a su percepción y a su entrenamiento que se pudieron controvertir las pruebas que presentaba el Estado”, relata Schwartz.

Mientras se realizaba la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las autoridades fueron descubriendo más y más fosas clandestinas. En la imagen, tomada el 21 de noviembre, se aprecia a familiares de los desaparecidos en una de las fosas de La Joya, en Guerrero. Foto: Reuters

Muchos de los peritos colombianos de aquella época habían ayudado a borrar evidencia de graves violaciones a derechos humanos contra la población civil, en lugar de ayudar a esclarecer la verdad. Schwartz pone como ejemplo la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, en noviembre de 1985, por el grupo guerrillero M19. El ejército decidió lanzar misiles contra el Palacio, aun cuando había ministros y empleados capturados como rehenes. Murieron muchas personas y luego ejecutaron extrajudicialmente o desaparecieron a los testigos, borraron evidencia. “Imagínate que eso pase en el Senado, hoy. O en la Suprema Corte”, dice Schwartz. “Por eso perdieron toda credibilidad”.

Ernesto y su compañ era, Arely Cruz, vieron que en todos los rincones de México surgían liderazgos parecidos a los de la señora Lagarde en Colombia: personas que no tenían un historial de activismo político ni de participación en la vida pública y que, después de convertirse en víctimas, se transformaban en detectives, forenses, abogados, líderes de opinión, defensores de derechos humanos. ¿Qué pasaría si los procesos forenses, en lugar de estar en manos del Estado, que sistemáticamente los ignora, estuvieran en manos de los familiares de los desaparecidos?, se preguntaron.

Así, idearon comenzar con el proyecto de Gobernanza Forense Ciudadana.

Consiguieron un primer financiamiento de la Singularity University, con el que se establecieron como organización civil e hicieron un trabajo de investigación preliminar con las organizaciones de familiares que ya existen en México, en colaboración con Alejandro Vélez, editor del portal Nuestra Aparente Rendición y activista por los derechos humanos. Después consiguieron un segundo apoyo económico, del Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido (Economic and Social Research Council), con el que han comenzado a trabajar en las primeras fases del proyecto.

El primer paso fue formar un grupo de familiares de desaparecidos que tomaran en sus manos el proyecto. Letty Hidalgo forma parte de este grupo, junto con otros 15 familiares de todo el país. “Detrás de cada familia hay un una organización, por lo menos un colectivo”, dice. Se reunieron a principios de septiembre de 2014. “Nos dijeron: este proyecto es de ustedes. Si quieren trabajarlo, aquí está. No les va a costar”. Este grupo acordó que, como primer paso, deberían trabajar por establecer un Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas. “El Estado no sabe o no quiere saber [cuántos son.] Las cifras nunca les cuadran. Nadie sabe quién está buscando, cuántos son. Si no se sabe, cómo los vamos a encontrar”.

El registro está abierto en línea, para que cualquier ciudadano pueda consignar su caso. Los datos se resguardan en un servidor de la Universidad de Durham, de manera confidencial y segura.

El segundo paso es establecer un biobanco de muestras de ADN para los familiares. En este momento, Gobernanza Forense tiene dinero para realizar mil 500 muestras, sin costo para las familias. (La organización ofreció a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa hasta 500 pruebas sin costo, independientes de las que, por ley, debe aplicar el gobierno). Estas muestras se guardan en el laboratorio Bode Technology, de Washington, apartadas de los datos personales, y sólo se tiene acceso a ellas a través de un número confidencial, de modo que la identidad de las personas, así como las de sus desaparecidos, permanezcan separadas por motivos de seguridad.

La idea, explica Ernesto Schwartz, es que una vez que se cuente con un padrón más confiable, los mismos familiares elijan 450 casos que estén más cerca de su resolución, para empezar a trabajar en el cotejo de esas muestras genéticas con los cuerpos y muestras genéticas de cuerpos no identificados en todos los servicios médicos forenses del país, que, según Letty Hidalgo, son aproximadamente 15 mil.

Pero ésa será otra batalla política.

Leticia Hidalgo muestra la foto de su hijo, Roy Rivera, quien desapareció en julio de 2011 en Monterrey, Nuevo León. Al igual que Juana Solís, en su playera lleva impresa la causa de su lucha. Foto: Reuters

Coadyuvar para encontrar respuestas

Franco Mora estudiaba historia cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú preparaba su informe sobre la violencia armada entre 1980 y 2000, periodo en el que los distintos conflictos armados entre el Estado peruano y las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru produjeron 70 mil muertes y 8 mil desapariciones, según cifras oficiales (organizaciones civiles hablan de 15 mil desaparecidos).

Franco había sido activista por los derechos humanos desde que estudiaba la preparatoria y se había enrolado en la universidad para estudiar Historia, cuando se inscribió a unas clases de arqueología y escuchó sobre el trabajo que los arqueólogos especializados en identificación de restos humanos estaban haciendo para revelar la verdad. “Me pareció una forma importante de combinar mi activismo político-social con una problemática de mi país. Había personas desaparecidas, había personas que estaban buscando respuestas. Se necesitaban manos. Y yo consideré que era lo que necesitaba hacer en ese momento”.

Después de muchos años de estudio, se enroló en el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), una organización civil que realiza investigaciones forenses con fines judiciales y humanitarios en todo el mundo. Además de trabajar en múltiples casos en su país —el epaf proveyó la evidencia forense que se usó para condenar al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión por la masacre de La Cantuta, en 1992, en la que murieron nueve estudiantes y un profesor—, los forenses peruanos han colaborado en muchos otros casos de violaciones a derechos humanos, como en el tribunal para la ex Yugoslavia, Kosovo, Filipinas, Congo, Nepal.

Franco, coordinador del área de investigación forense e identificación del EPAF, estuvo en México en mayo de 2013 como perito de coadyuvancia para el caso Rosendo Radilla, un caso de desaparición forzada en Guerrero durante la “guerra sucia” por el que el Estado mexicano recibió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009. Fue entonces cuando se enteró de que la familia de Brenda Damaris necesitaba hacer un peritaje ciudadano para comprobar la identidad de los restos.

A través de las gestiones de Alejandro Vélez, las piezas cuadraron: la familia González Solís y Fundenl hicieron lo más difícil, el trabajo político, para conseguir que la Procuraduría de Nuevo León aceptara el peritaje de parte (aunque no quiso pagarlo); el EPAF puso el trabajo técnico y Gobernanza Forense el dinero. El 10 de septiembre de 2010, en la ciudad de Monterrey, se realizó la exhumación de los restos de Brenda Damaris González que le habían entregado a Juani Solís. Las muestras de ADN se enviaron al laboratorio de Bode Technology, en Washington, para su análisis.

Unión ante las promesas incumplidas

Guadalupe Aguilar busca a su hijo José Luis Arana Aguilar desde que desapareció en Tonalá, el 17 de enero de 2011. Guadalupe comenzó explorando con lámparas y palos los terrenos baldíos alrededor de la ruta que habría de seguir su hijo. Recorrió hospitales, morgues, basureros. Hizo las pesquisas que le correspondían a la Procuraduría de Justicia de Jalisco. Viajó a Colima en pos de rastros. Increpó al expresidente Calderón en un acto público en Guadalajara y consiguió que éste le prometiera ayuda, pero no pasó nada. Se entrevistó con los tres candidatos presidenciales en 2012. Todos le prometieron ayuda; ninguno la ayudó. Participó en la Caravana por la Paz, encabezada por el poeta Javier Sicilia, a través de Estados Unidos, en septiembre de 2012. Marchó, ayunó, gritó en plazas públicas. Y aún no sabe nada de José Luis.

Ahora es una de las líderes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (Fundej) y forma parte del equipo de familiares que dirige Gobernanza Forense Ciudadana. “Al perder la esperanza de encontrar vivo a mi hijo, prefiero aunque sea encontrar su cuerpo”, dice. Gobernanza Forense le ofrece la esperanza de continuar su búsqueda y legitima frente a las autoridades todo el esfuerzo que ha hecho desde el principio. “Estamos de acuerdo en que todo se basa en las evidencias, y nosotros, por haber buscado desde el principio a nuestros familiares, estamos llenos de evidencias, por eso nos vamos a poner a trabajar”.

La misa por los desaparecidos oficiada el 2 de noviembre pasado en la catedral de Guadalajara, convocada por Fundej y en la que el cardenal Francisco Robles Ortega apenas se refirió a ellos, sirvió para que varias familias con las que Fundej no había establecido contacto, sumaran sus datos al registro ciudadano de Gobernanza.

“Tenemos muchas personas que se han registrado, que quieren el apoyo de Gobernanza, porque hay muchísimas fosas en Jalisco. Es el segundo lugar en desaparecidos”, asegura.

Y sí, según las cifras oficiales, en Jalisco hay 2 mil 150 casos (sólo detrás de Tamaulipas); 49 por ciento de estas desapariciones ocurrieron durante el actual sexenio.

Juana Solís atestigua los trabajos de exhumación de los restos de su hija, Brenda Damaris González, a cargo del Equipo Peruano de Antropología Forense. Foto: Reuters

Entre noviembre de 2013 y marzo de 2014 fueron hallados 116 cuerpos en distintas fosas clandestinas en el estado de Jalisco (Pedro Mellado, “Dolor sin consuelo”, diario Mural, 12/10/2014). La respuesta de las autoridades locales y federales ante estos crímenes ha sido “muy mala”, dice Lupita Aguilar. “Como en todo el país”.

“Nos han minimizado, solamente salen a darnos información muy escueta de lo que encuentran, cuando nosotras estamos hambrientas, sedientas de más datos, precisos y concisos […] Ni siquiera sabemos cuántos eran hombres, cuántos mujeres, de qué edades aproximadamente, cuánto tiempo de fallecidos, cuántos han sido identificados, cuántos sin identificar, cuántos están completos. Miles, miles de preguntas que hay y no cumplen nuestras expectativas de información”.

Lupita Aguilar llama a la gente que ha tenido miedo de denunciar o que ha denunciado, pero ha sido convencida por las autoridades de no hacerlo público con el pretexto de no entorpecer las investigaciones, a que se acerquen a Gobernanza y registren su caso en el biobanco. Los registros son anónimos, seguros, insiste.

Invertir los roles de poder en la investigación forense

La idea de Gobernanza no es tan fácil de aceptar. Ernesto Schwartz comenta que desde el principio han encontrado cierta oposición, sobre todo de los expertos. “Cómo crees que van a hacer asuntos forenses, nos dicen. Podrán, a lo mucho, auditar, y eso si eres súper exitoso, pero hacer un biobanco y gobernarlo, eso nomás el Estado”. Ernesto compara estas reacciones a la oposición que tuvo Steve Jobs cuando estaba haciendo la computadora personal: “Esto es de geeks, de especialistas. ¿Tú crees que el ama de casa va a hacer esto, lo va a entender? No, estás perdido”.

Detrás de esto hay una visión que vuelve a victimizar a los familiares, acusa Schwartz. Ellos no pueden tocar evidencia, no pueden enterarse del caso. En muchas ocasiones, se les presiona para que no hablen con la prensa para, supuestamente, no entorpecer las investigaciones. “Se les trata como víctimas, meros proveedores de muestras y de información, que, además, todo lo que tocan lo hacen caca”.

“Si te pones a pensar, es un argumento de autoridad. Si esto no fuera ciencia, serían los territorios mágicos tribales. Sólo el chamán, el iniciado en esas artes, puede entrar a esos territorios. Y cualquiera que entre a ese territorio está destinado a echar a perder todo: el ritual, el pueblo, la cosmovisión que lo mantiene unido”.

Schwartz y su equipo, por el contrario, creen que la ciencia forense está hecha para ser sencilla, a pesar de que implica cierta complejidad. “Uno necesita tener cierta educación en matemáticas, pero lo puede hacer. No se necesitan supercomputadoras ni posdoctorados. Uno puede ser un perito con la prepa terminada y siguiendo procesos”.

A pesar de que nosotros asociamos la palabra forense a secuenciaciones de ADN, balística y otros experimentos que vemos en series de televisión como csi, Schwartz reivindica la raíz más elemental de la palabra forense, que viene de foro: el sitio en el que los ciudadanos se encontraban y reconstruían los hechos a través de procedimientos retóricos, normalmente ligados a una disputa por la justicia.

“Lo que vemos en el caso de Ayotzinapa no es forense. No hay forma en que ninguno de nosotros pueda controvertir el hecho de que [los cuerpos incinerados] sean o no sean los normalistas”. Lo que hay que hacer es abrir los procesos, transparentarlos. “El sistema colombiano no ganó credibilidad porque se profesionalizaron sus forenses. Eso es una mentira. Ganó la credibilidad cuando se hizo la comisión de búsqueda e integró a todos los familiares que estaban buscando y les empezó a abrir la puerta para que vieran los sistemas forenses”.

“Nosotros creemos que ésta es la innovación más importante para hacerle frente a las crisis humanitarias en el mundo, y es una innovación bien sencilla. En el fondo, es invertir los roles de poder que hay en la ciencia forense”.

El riesgo del desaliento

Para Franco Mora, sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Hay que trabajar muy duro para que las pruebas que encuentren los familiares puedan convertirse en evidencia. Y esto es muy complicado, tomando en cuenta que las leyes y los reglamentos de cada Procuraduría son distintos. Sería fácil que las autoridades descalifiquen el trabajo del biobanco ciudadano, con el argumento de no se han seguido sus procedimientos burocráticos. “Se requiere hacer un trabajo de incidencia política, porque necesitas que el Estado se comprometa a reconocer lo que estás haciendo”.

Para ello es necesario que Gobernanza Forense siga trabajando con equipos especializados en la búsqueda. “Si fuera tan sencillo, mejor todos cogemos nuestras palas y nos vamos a abrir la tierra por todos lados sin tener en cuenta contextos”. En ese contexto, el epaf ya trabaja en colaboración con otras organizaciones mexicanas y sigue en el proceso de capacitación al naciente Equipo Mexicano de Antropología Forense.

Ximena Antillón lo dice con mucha claridad: “El Estado tiene que reconocer su incapacidad para enfrentar la crisis de restos no identificados. Por un lado están miles de desaparecidos pero, por el otro, ni siquiera hay un registro confiable de cuántas fosas comunes, de las que están en los panteones, hay en el país. Ya no hablemos de las fosas clandestinas”.

“En el contexto de Ayotzinapa se ha planteado la necesidad de que el Estado busque asistencia técnica internacional que pueda fortalecer las investigaciones, pero que también pueda ser un mecanismo de control sobre ellas”, dice Antillón.

Si el trabajo de Gobernanza no consigue resolver jurídica y políticamente algunos casos, se corre el riesgo de que los familiares se desanimen y que el proceso que está iniciando no sea más que una muestra de ADN más, como las que ya les tomaron en las Procuradurías, que tampoco se traduzca en resultados.

“Sí, es un riesgo que estuvimos discutiendo”, reconoce Letty Hidalgo, “pero es un riesgo que estamos tomando. Y lo estamos tomando queriendo que los funcionarios se den cuenta de que debemos formar un solo equipo, que no se vean ofendidos. Lo único que estamos haciendo es buscando a nuestros hijos y cooperando con ellos”.

La determinación de las madres frente al desdén de las autoridades es claro: “La PGR minimiza la acción de nosotros los ciudadanos. Lo que no saben es que nosotros, por haber buscado desde el principio a nuestros hijos, somos quienes podemos encontrarlos”, dice Lupita Aguilar.

O dicho en palabras de Letty Hidalgo: “Los servidores públicos nos tienen abandonados, el Congreso se representa a sí mismo, la policía cuida a otros y no a los ciudadanos. Ya basta de tanto quejarnos; vamos a hacerlo por nosotros mismos”. m.

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ACTUALIZACIÓN: El 16 de febrero de 2015, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) dio a conocer que finalmente habían podido identificar plenamente los restos de Brenda Damaris González, cuya historia se cuenta en este reportaje. En este enlace se puede leer el comunicado emitido por el equipo peruano.