Aunque expertos reconocen avances en la creación de leyes para proteger a las víctimas de un delito, son insuficientes para reducir la impunidad. Las personas siguen percibiendo una justicia lenta, corrupta y poco confiable

En México, nueve de cada diez personas no denuncian los delitos, y sólo de tres a cinco delitos de cien que se cometen terminan con una sentencia condenatoria para el delincuente.

Aunque expertos reconocen avances en la creación de leyes para proteger a las víctimas de un delito, son insuficientes para reducir la impunidad. Las personas siguen percibiendo una justicia lenta, corrupta y poco confiable; a su vez, la justicia carece de recursos suficientes para hacer efectiva la protección a las víctimas que le exige la ley.

De acuerdo con Jorge Tejada Montaño, académico de Derecho Penal del ITESO, los ciudadanos no tienen confianza en las autoridades, no perciben rapidez en el tiempo de hacer efectiva la justicia, temen represalias de las autoridades, o consideran que no tiene sentido poner una denuncia porque no les harán caso.

Francisco Javier Flores Pérez, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Guadalajara, señala dos principales problemas en la atención a víctimas: “No conocen sus derechos ni que hay leyes especiales para atender a personas víctimas de un delito, y existe falta de confianza en las autoridades, se manda una señal de que no se investigan de manera exhaustiva las denuncias que se presentan”.

Además, los sistemas de justicia penal en México carecen de presupuesto y capacitación para hacer valer la ley y castigar a los delincuentes. Para Jorge Tejada, “los casos muy graves de violaciones a derechos humanos y la victimización por delincuencia organizada o común se presentan con drama y gravedad, no sólo en las ciudades, sino a todo lo largo y ancho del país. Se deben crear centros especializados de atención, con infraestructura, dormitorios, consultorios, (pero) no se tiene sensibilidad ni dinero para facilitar esto”, señala.

También hay carencia de abogados, jueces, policía investigadora, magistrados, actuarios y secretarios capacitados que hagan valer la ley, aparte de que, muchas veces, no reciben un salario adecuado o están rebasados por el trabajo. “Históricamente ha habido una falta de atención a las áreas de administración y procuración de justicia del Estado mexicano”, critica Flores Pérez.

 “Las víctimas han sido un tema olvidado por la justicia en México”, señala Jorge Tejada. “Antes, la justicia se concentraba en la condena de un imputado. A la víctima no se le daba intervención, no se le preguntaba, no acudía con abogados; incluso, cuando quería resolver el problema mediante diálogo o conciliación, se le obligaba a sufrir todo un proceso, cuando se hubieran podido resolver las cosas de otro modo”.

El primer avance legal para empoderar a las víctimas tuvo lugar en 2008, cuando se realizó una gran reforma penal al sistema de justicia mexicano, que privilegió el diálogo entre agresor y víctima. En Jalisco se dio un paso con la Ley de Atención a Víctimas, aprobada en el Congreso del Estado en enero de 2014.

La entidad ocupa el tercer lugar nacional en el número de personas desaparecidas, con dos mil 390 casos, sólo detrás de Tamaulipas y el Estado de México, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. De allí que la aprobación de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, por parte del Congreso de Jalisco, sea un primera medida para ofrecer justicia y apoyo a las víctimas de este delito grave, coinciden los expertos.

Tejada pide que esta nueva Fiscalía cuente con presupuesto y personal capacitado. “Además, este personal debe tener capacidad para coordinarse con otras autoridades y la Federación para acceder a bases de datos de servicios médicos forenses, o trasladarse vía terrestre o aérea”, añade. m.

Qué hacer si se es víctima de un delito

:: Acudir a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, dependencia adscrita a la Secretaría General de Gobierno, ubicada en Palacio de Gobierno.

:: Denunciar el delito en alguna de las agencias de Ministerio Público, que dependen de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para que éste los derive al Sistema Estatal de Atención a Víctimas.